Libertad de prensa en la televisión pública alemana

El Constitucional alemán limita la presencia de políticos en la dirección de la televisión pública

El tribunal ordenó la reducción drástica de la influencia de los partidos en los entes públicos de radio y televisión, tras constatar que la actual estructura de sus órganos de control no es acorde con la libertad de prensa que establece la Constitución. “La televisión pública no puede convertirse en una televisión estatal, sino que tiene que representar toda la variedad de opiniones que hay en la sociedad”, concluyó.


ROSALÍA SÁNCHEZ*

Cuando en los pasillos de la Konrad Adenauer Haus, la sede de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, alguien menciona a “la roja”, no se está refiriendo a la camiseta de la selección española de fútbol, sino al canal de televisión pública regional alemana WDR, cuyas siglas corresponden a Westdeutscher Rundfunk Köln y que presta su servicio en el Land de Renania del Norte-Westfalia. La WDR es uno de los miembros y el mayor contribuyente de la organización conjunta de radiodifusoras públicas de Alemania y funciona bajo una ley de radiodifusión propia (Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln), que la define como una institución pública sin ánimo de lucro, regula sus órganos de dirección y define los principios por los que debe regirse.

El apodo de “la roja” se lo ha ganado a pulso, a base de severos, cuando no despiadados, tratamientos a las políticas de los cancilleres alemanes conservadores, aunque cualquiera de sus periodistas defiende sin dudarlo entre colegas que “eso es muy cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que ni uno de sus presidentes ha tenido nunca carné de partido político”, como nos dijo Fritz Pleitgen, que fue su máximo responsable entre 1995 y 2007.

Pero el Tribunal Constitucional alemán no estimó que la no militancia política de sus directivos resulte un seguro a todo riesgo para la independencia de la radio televisión pública que garantiza la ley fundamental de este país, por lo que en una sentencia emitida el 25 de marzo de 2014 ordenó una reducción drástica de la influencia de los partidos políticos en los entes públicos alemanes de radio y televisión, tras constatar que la actual estructura de sus órganos de control no es acorde con la libertad de prensa que establece la Constitución.

“La televisión pública no puede convertirse en una televisión estatal, sino que tiene que representar toda la variedad de opiniones que hay en la sociedad”, aseguró el vicepresidente del Constitucional alemán, Ferdinand Kirchhof, encargado de presentar la sentencia. El dictamen estableció en términos muy concretos la reducción de la presencia de personas cercanas a los diversos ámbitos de la política, entendida esta en sentido amplio, en el Consejo de Administración y en el Consejo de Televisión de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) y sentó una jurisprudencia que obligará progresivamente a reformar los órganos directivos y de supervisión y control de los medios alemanes de titularidad pública.

Según la estructura actual, los partidos políticos designan, directa o indirectamente, al 44 % de los miembros de esos organismos, y el Tribunal de Karlsruhe señaló en esa sentencia como plazo hasta 2015 para que esa presencia quede reducida a solamente un tercio del total como máximo, añadiendo que “lo deseable es que sea reducida al mínimo”.

Los límites que establece el Constitucional a la presencia de los políticos en los medios públicos se extienden a las influencias indirectas, dado que el texto añade que los políticos no deberán influir en la designación de representantes de otros grupos sociales en el Consejo de Administración y el Consejo de Televisión.

Actualmente, el Consejo de Televisión de la ZDF, segunda cadena de la televisión pública alemana y al que se refería en concreto la sentencia, tiene 77 miembros, entre los que hay representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, el Consejo Central de los Judíos en Alemania, los agentes sociales, organizaciones de defensa del medioambiente y la Confederación del Deporte Alemán. Además, cada uno de los 16 estados federados tiene un representante y el Gobierno federal tiene tres. Los partidos, por su parte, envían al consejo directamente doce representantes.

Los partidos solo podrán designar un tercio de los miembros de los consejos

Las funciones de este Consejo de Televisión son supervisar la programación y las líneas maestras de la cadena, responder a quejas, aprobar el presupuesto diseñado por el Consejo de Administración y elegir al presidente. A partir de ahora y según esta sentencia, sus miembros no solamente no deben pertenecer a ninguna organización política ni haber ejercido responsabilidades políticas en el futuro, sino que además no pueden haber sido designados a través de decisiones de cargos políticos, apreciación que servirá de cortapisa a las relaciones entre, por ejemplo, sindicatos o autoridades religiosas y determinados partidos políticos afines.

“Esta sentencia es buena para la ZDF y para la televisión pública alemana en general”, fue la reacción del intendente de la cadena, Thomas Bellut. “Ayudará a impulsar un contenido televisivo más independiente y de más calidad, que aportará a nuestro producto un valor añadido con el que no pueden contar muchos otros canales de televisión que surgen por todas partes y que no puede aportar tampoco la información gratuita al alcance de cualquiera en internet”, afirmó Bellut tras conocer la decisión de los jueces, llevando el agua al molino de la supervivencia de los medios públicos en la era de la digitalización. “No podemos perder de vista que, si no somos capaces de ofrecer un producto informativo de una calidad excepcional y totalmente fiable, la radio televisión pública podría estar destinada a la desaparición; y, con ello, nuestra sociedad democrática sufriría una pérdida irreparable”, argumentó.

La historia de esta sentencia, que da un importante paso en la expulsión de los políticos y de su influencia en el día a día de la televisión pública alemana, comenzó con una polémica decisión que tuvo lugar en 2010 contra el entonces redactor jefe de la ZDF, Nikolaus Brender. El Consejo de Administración de la cadena, dominado en ese momento por la CDU, decidió no renovar el contrato a Brender, que se había mostrado bastante díscolo en varias ocasiones y contra quien pujaba además el lobby del Tour de Francia, después de negarse a retransmitir en directo los finales de etapa de la carrera ciclista a raíz de los escándalos de dopaje.

Los redactores jefes no suelen ser destituidos con los cambios de Gobierno

Fue entonces cuando el estado federado de Renania-Palatinado y la ciudad-estado de Hamburgo salieron en defensa de Brender y presentaron un recurso, alegando que consideraban excesiva la influencia de los partidos políticos en el Consejo de Administración de la ZDF, en cuya composición, de 14 miembros, cinco son designados por los estados federados y uno más por el Gobierno federal, mientras que los ocho restantes son elegidos por el Consejo de Televisión y no pueden pertenecer a ningún Gobierno ni a ningún parlamento.

Hay que aclarar aquí que el puesto de redactor jefe de un canal público de televisión alemana es considerado una institución prácticamente inamovible y que los profesionales que gozan de ese reconocimiento no suelen ser movidos de sus sillas con los cambios de Gobierno, de modo que sobreviven a sucesivas legislaturas y es muy frecuente que se jubilen en el cargo. El caso de Brender causó gran polémica y las asociaciones de periodistas salieron en su defensa. En su opinión, la sentencia del Constitucional ha sido posible gracias a las peculiaridades históricas de la fundación de la televisión pública alemana.

Antecedentes y legalidad
“El derecho de la radiodifusión pública alemana tiene un origen muy particular. Después de la guerra, en una Alemania todavía ocupada, los aliados pusieron gran énfasis en que la ley contuviese todos los detalles necesarios para garantizar que la televisión no serviría de mecanismo de propaganda política, después de lo sucedido en el Tercer Reich. Habían visto una radio capaz de arrastrar masas detrás de Hitler, de arrastrarlas a la guerra, y su objetivo fue una ley que garantizase sin fisuras la independencia. Fue una gran suerte”, aclaró Brender, que recordó que los alemanes le deben en gran parte la estructura legal de su televisión pública al periodista británico Hugh Greene, que estuvo detrás de la redacción de las primeras normativas. “Otras legislaciones han estado más marcadas por los principios del libre mercado, pero en Alemania, en ese momento, no había libre mercado ni nadie sabía si lo habría con el paso del tiempo, por lo que nuestra legislación nació con un concepto muy diferente”.

En Alemania, la televisión comenzó a emitir en 1935. El Gobierno nazi asumió todas las competencias sobre este medio de comunicación y lo utilizó sin pudor como instrumento de propaganda. El régimen jurídico de la televisión tras la II Guerra Mundial es, en efecto, una reacción frente a la experiencia nacionalsocialista. En 1950 comenzaron las emisiones de la cadena pública ARD. Por entonces, Alemania era una nación culturalmente fragmentada debido a su régimen federal y a la división del país tras la derrota. En este sentido, la televisión fue concebida como un importante elemento de cohesión social, a través de un régimen fuertemente descentralizado que no tiene precedentes ni elementos comparativos en el resto de Europa. Esos mismos principios se mantuvieron a partir de 1984, en la reforma legal que fue necesaria para que, además de las cadenas públicas, apareciesen las privadas.

La televisión fue concebida como un importante elemento de cohesión social

La ley alemana establece una severa independencia de la televisión pública respecto a los poderes públicos. Su régimen de televisión está determinado, en mayor medida que en ningún otro país, por las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y por la interpretación que de las mismas haga el Tribunal Constitucional, que no contempla la libertad de televisión como una manifestación de la libertad de expresión, sino como un derecho autónomo. Todo el derecho alemán de la televisión vigente encuentra su justificación última en el hecho de ser la televisión el “medio” y “factor” que mayor influencia ejerce en el proceso de formación de la opinión pública y, por tanto, en el funcionamiento del estado democrático. En este sentido, la función de la televisión consiste en garantizar un proceso abierto y libre de formación de la opinión individual y pública y se concreta en la prestación del servicio esencial de televisión. Este servicio se define por la universalidad de las emisiones, una programación que informe, forme y entretenga y el pluralismo y el equilibrio en la información. La libertad de televisión como derecho fundamental no es entendido como un derecho de libertad en el sentido clásico, sino como una libertad al servicio de una función: hacer posible y proteger la formación libre de la opinión pública. Es contemplada legalmente como una libertad que se ejerce frente al Estado.

El arma política más potente
“Pero los políticos habían ido extendiendo su influencia a través de los representantes de la sociedad, teóricamente independientes, con presencia en los consejos”, explicó Brender. “Por ejemplo, Franz Josef Jung se ha sentado en el Consejo de la ZDF, no en calidad de exministro de Defensa de la CDU, sino como presidente de una comisión”, denunció. “Todavía recuerdo los problemas que nos causó hace diez años, cuando en el programa Frontal 21 desvelamos que la tesis americana de las armas de destrucción masiva de Iraq tenía graves fisuras”, rememoró, sumamente crítico con el control de los medios que ejerce el Consejo de Radiodifusión y Televisión, constituido por representantes de los parlamentos de cada estado federado, de los partidos políticos y organizaciones económicas, culturales y religiosas.

Estos representantes son quienes ejercen el control social sobre la radioteledifusión de derecho público, posiblemente el arma política más potente en la sociedad alemana por motivos culturales y económicos. En Alemania sigue siendo de mala educación llamar a alguien por teléfono entre las 20:00 y las 20:15 horas, porque ese es el horario del telediario de máxima audiencia, Tagesschau, respetado con mayor sentido religioso que la mítica hora de la siesta en España. En cuanto a sus necesidades económicas, financiadas por un canon obligatorio que pagan los ciudadanos de mínimo 18,70 euros al mes pero que fácilmente alcanza los 30 euros por hogar, los canales están obligados a comunicar sus necesidades a la Comisión para la Revisión y Determinación de las Necesidades Financieras de las Entidades de Radioteledifusión (KEF). Esta institución independiente determina la cuantía de los recursos asignables conforme a los criterios de necesidad, rentabilidad y economía. Pero cada parlamento tiene la última palabra para determinar qué monto se le asigna a cada señal.

Además de estas garantías financieras y la garantía de independencia territorial, también muy valorada por sus directivos, la televisión pública alemana contará a partir de ahora con un mayor grado de emancipación de los partidos políticos. “Estamos muy satisfechos con esta sentencia” –aseveró el actual presidente del Consejo de Administración de la ZDF, Kurt Beck, miembro del Partido Socialdemócrata–, “porque refuerza el papel de la radiotelevisión pública en Alemania”. “Es un reconocimiento a los controles internos”, consideró Ruprecht Polenz, representante de la CDU. “La política y el Estado deben distanciarse de la radiotelevisión pública en beneficio de los profesionales independientes”, concluyó el vicepresidente del Constitucional alemán, Kirchhof.

* Rosalía Sánchez es corresponsal en Berlín.

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