Guerra contra las filtraciones

Estados Unidos busca una nueva ley que escude a la prensa

La Administración Obama lidera lo que se ha denunciado como “una guerra contra las filtraciones” que ha salpicado a varios informadores. Las revelaciones de WikiLeaks o la Agencia de Seguridad Nacional desafían la definición actual de periodistas como profesionales protegidos ante la justicia.

 

CRISTINA F. PEREDA*

Washington.- Varias instituciones norteamericanas, desde el Congreso hasta el Departamento de Justicia, intentan definir los derechos y las protecciones que merece la práctica del periodismo más allá del blindaje que aporta la libertad de prensa. El esfuerzo ha chocado con varios obstáculos al coincidir en los últimos años con filtraciones de información clasificada por parte de WikiLeaks, que destapó las actividades internas del Departamento de Estado y secretos de las guerras de Irak y Afganistán, o Edward Snowden, que desnudó las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). El nuevo contexto mediático tampoco ha ayudado. La tecnología y la democratización del acceso a internet facilitan la publicación de información sin que el autor dependa de un medio tradicional, surgiendo además nuevas categorías profesionales.

¿Quién es periodista? ¿Cuál es el límite de esta definición? ¿Hasta dónde llegan sus privilegios y protecciones ante el poder? ¿Se protege su estatus del profesional o el trabajo que ejerce? Estas son algunas de las preguntas que debate Estados Unidos, un país donde la libertad de prensa está amparada por la Primera Enmienda de su Constitución y los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes.

A pesar de esos privilegios, sin embargo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, diferentes leyes introdujeron un nuevo factor para la incertidumbre: las protecciones pueden quedar anuladas en nombre de la seguridad nacional. Si la Administración Bush impulsó la Ley Patriótica que más libertades recortó a los estadounidenses en las últimas décadas, Barack Obama, el candidato que prometió transparencia en su campaña electoral, ha sido acusado de liderar una “guerra contra las filtraciones” que dificulta el trabajo de los periodistas.

La acusación corresponde además a un veterano que sabe lo que es trabajar con fuentes secretas para destapar –y vigilar– las actividades de un Gobierno: Leonard Downie, el director de The Washington Post cuyo liderazgo le ha valido 25 premios Pulitzer. “La guerra contra las filtraciones y otros esfuerzos para controlar la información son los más agresivos que he visto desde la Administración Nixon”, escribió Downie en un informe para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El veterano reportero se refiere a la iniciativa del Departamento de Justicia para perseguir a miembros del Gobierno que filtren información secreta y que en varios casos ha salpicado a los medios. Bajo el mandato de Obama se creó un programa que exige a los trabajadores del Gobierno que colaboren en la prevención de esas filtraciones a la prensa, lo que implica vigilar las actividades de sus compañeros. El resultado, amparado por una Ley de Espionaje de 1917, ha sido la acusación contra seis empleados y dos personas subcontratadas que enviaron información a reporteros, incluidos Snowden y Chelsea Manning.

Más del doble de acusados en los dos mandatos de Obama que en todas las Administraciones anteriores juntas

“Aquellos de quienes sospecha que han podido comentar con periodistas cualquier asunto que el Gobierno ha clasificado como secreto son objeto de investigaciones, incluidos exámenes con detectores de mentiras y escrutinio de su correo electrónico e historial telefónico”, decía el informe. El número final de acusados durante los dos mandatos de Obama es ya más del doble que todas las Administraciones anteriores juntas.

Por primera vez en la historia, fue encarcelado un exagente de la CIA, que reveló la identidad de un compañero ante un periodista de The New York Times. Fue John Kiriakou, el exespía que reconoció públicamente el tratamiento que recibían los sospechosos de Al Qaeda en varias prisiones secretas. También fue el primer empleado del Gobierno que confirmó el uso de la técnica de ahogamiento simulado.

Kiriakou ha pasado 30 meses en prisión, y a su salida aseguró que a partir de ahora dependerá de la prensa revelar “toda la historia” relacionada con los programas de tortura de la agencia estadounidense, “porque el Gobierno no lo quiere contar”, según declaró al Bureau of Investigative Journalism, una organización creada en Londres en 2010. Su condena puso de relieve las nuevas dificultades de la prensa para conseguir información clasificada. Kiriakou es un ejemplo de quienes hacen de enlace entre el Gobierno y los periodistas y que ahora pueden haber quedado en peligro por la ofensiva de la Administración Obama.

“Ahora me preocupo por las personas a las que llamo, porque esos números se pueden rastrear a través de un historial de llamadas”, denunciaba un periodista entrevistado para el informe de la CPJ. “Dejamos un rastro digital que hace que sea mucho más fácil para el Gobierno encontrar esos contactos”, explicaba. Otro profesional reveló que hay una “zona gris” entre la información clasificada y no clasificada y que la mayoría de sus fuentes se encuentran en ese terreno confuso en el que pueden ser imputadas.

James Risen, otro veterano periodista del Times, se vio involucrado en uno de los últimos casos en los que la Administración Obama ha desafiado las protecciones a la prensa. Tras una sentencia judicial que negó su inmunidad, Risen peleó ante la justicia una citación para declarar en un caso que también afecta a la CIA. El Gobierno investigaba si una fuente de la agencia proporcionó datos sobre su intento fallido para desbaratar el programa nuclear iraní a Risen, que en 2006 publicó su investigación en State of War, un libro sobre el trabajo de la CIA durante la Administración Bush. Tras más de siete años de enfrentamiento entre el Times y el ex fiscal general, Eric Holder, Risen evitará finalmente tener que comparecer ante un juez.

La resolución de estos casos no impidió nuevas investigaciones. En mayo de 2013, Justicia reconocía que había logrado órdenes judiciales secretas para recolectar el historial de llamadas de más de 20 líneas telefónicas de la agencia Associated Press. El objetivo era conocer si se estaba filtrando información sobre una operación encubierta de la CIA en Yemen.

EE. UU. buscaba casos como los de Snowden o Manning, dos personas que desde el interior de la maquinaria gubernamental expusieron datos comprometidos. Tanto en las acusaciones contra ellos como en los siguientes casos similares, el Gobierno se ha escudado en una diferencia clave en lo que esos empleados significan para las autoridades y para la prensa. Snowden o Manning eran fuentes de información, pero para el Gobierno son trabajadores federales que han traicionado a EE. UU. al divulgar información confidencial.

A pesar de la notoriedad de casos como el de Julian Assange, Manning y Snowden, numerosos periodistas estadounidenses se enfrentan a causas judiciales que ponen en duda estas protecciones. En 2006, la Universidad Brigham Young contabilizó más de 8.000 citaciones judiciales a periodistas por parte de diferentes organismos estatales y federales.

Para la CPJ, “la guerra contra las filtraciones a la prensa a través de órdenes judiciales secretas contra medios de comunicación, los argumentos de que filtrar documentos clasificados a la prensa constituye un acto de espionaje o de ayuda al enemigo y las crecientes limitaciones de acceso a la información de interés público reducen el debate libre y abierto que es necesario en todas las democracias”.

Desde los atentados del 11 de septiembre, el argumento tiene una vuelta de tuerca más en nombre de la seguridad nacional. La estrategia del Departamento de Justicia podría servir para saltarse esa protección que permite a los periodistas no revelar sus fuentes. Al recolectar sus historiales de llamadas y otras comunicaciones, como en el caso de espionaje a AP, los investigadores pueden identificar qué personas han proporcionado datos sensibles sin necesidad de citar a un reportero para que lo explique ante un juez.

El Gobierno quería saber de dónde salían los datos clasificados, buscaba un nuevo Kiriakou, otro Manning. Lo que logró fue un amplio rechazo por parte de la prensa que le obligó a revisar sus métodos –los medios deben ser informados de esos procedimientos por antelación– y reabrió el intermitente debate sobre las leyes escudo.

La legislación estadounidense contempla “privilegios” para los periodistas que no existen para el resto de los ciudadanos y que les protegen del Gobierno en el caso de que este requiera información de sus fuentes. Sin embargo, esa protección, que existe en la mayor parte del país, varía en función de los Estados, y no todos reconocen el “privilegio” absoluto de los periodistas.

La función de la “ley escudo” –todavía pendiente de aprobación en el Congreso– sería funcionar a nivel federal para unificar esta variedad de criterios. El concepto tomó este nombre porque ampliaría estas protecciones y serviría de refuerzo, aumentando la confianza de las fuentes a la hora de hablar con un periodista, de la misma manera que un paciente sabe que sus datos son confidenciales y que los médicos no pueden revelarlos públicamente.

Numerosas organizaciones, respaldadas por varios senadores demócratas, consideran que la legislación actual es insuficiente. Uno de los precedentes legales más importantes se remonta a 1972, cuando una sentencia del Tribunal Supremo afirmó que el Gobierno sí puede exigir la revelación de esas fuentes “cuando demuestre una relación sustancial entre la información que busca y los intereses del Estado”. En el caso de no dar los datos de la fuente o proporcionar notas que haya tomado durante su investigación, y a falta de una protección mayor, el periodista puede ser condenado a prisión.

La Sociedad para la Protección de los Periodistas (SPJ) argumenta en defensa de una nueva ley que la protección añadida no sería en realidad para el informador, sino para sus fuentes. En ausencia de ese “escudo”, aseguran, ciudadanos que pueden revelar datos sobre el funcionamiento del Gobierno, o de cualquier empresa, podrían quedar en peligro al revelar la información. La falta de protección, además, haría que fuentes potenciales sean menos propensas a revelar datos.

El Congreso de EE. UU. estudia desde 2013 dos proyectos de “ley escudo”

El Congreso de EE. UU. estudia desde 2013 dos proyectos de “ley escudo” para la prensa que se refieren a las “personas cubiertas” por esa protección para referirse a los trabajadores de medios tradicionales. La figura del periodista es la de quien “ejerce el periodismo como medio de vida”. En el caso de la ley que estudia el Senado, quedaría protegido quien “habitualmente recopila, prepara, recolecta, fotografía, archiva, escribe, edita, informa o publica información acerca de eventos locales, nacionales e internacionales y otros asuntos de interés general”.

Coincidiendo con las dos leyes pendientes de aprobación en el Congreso, el Departamento de Justicia realizó uno de los intentos más recientes para regular la actividad del periodismo y las protecciones que merece ante la ley. Uno de sus objetivos fue concretar quién encaja en la definición de periodista, lo que dejaba fuera a blogueros, reporteros independientes o freelances y aquellos que no cuentan con una remuneración estable por sus informaciones. Según Justicia, los periodistas serían los “miembros de los medios de comunicación”.

La Fundación Frontera Electrónica (EFF), una organización que aboga por los derechos de libertad de prensa en internet, denunció que, a pesar de que Washington lideraba un esfuerzo para aumentar la protección a la prensa, también estaba reduciendo el número de personas que pueden permitírsela. “Si salen adelante estas dos normativas, el Congreso creará dos categorías de periodistas: la prensa institucional reconocida por el Gobierno y todos los demás”, declaró entonces el portavoz de la EFF. “Ese es un escudo bastante flojo si lo que realmente queremos es proteger la libre circulación de información”, afirmó.

El debate sobre las leyes inspiró una conversación secundaria sobre los límites de la definición de un periodista

El debate sobre las leyes inspiró una conversación secundaria, pero no menos importante, acerca de cuál es el límite de la definición de un periodista. El nacimiento de nuevas plataformas, el aumento de recursos tecnológicos para que millones de ciudadanos de todo el mundo puedan difundir información en un instante, así como las nuevas oportunidades de difusión, convierten en un reto cualquier intento de delimitar la actividad de un reportero.

Para la SPJ, la idea de otorgar licencias a periodistas para oficializar quién está protegido y quién no “puede derivar en una forma de censura que ya existe en otros países”. Su propuesta es que las “leyes escudo” definan la actividad periodística y no tanto quién la ejerce. La alternativa que propone la EFF consiste en que la protección se centre en la práctica del periodismo y no en la profesión en sí.

En 2011, un juez de Oregón negó el derecho a no revelar sus fuentes a una bloguera, al considerar que sin estar “vinculada” a un medio de comunicación no podía beneficiarse de la “ley escudo” estatal. Una ley federal que regulase la actividad, ya sea correspondiente al autor de un blog o a un reportero de The New York Times, en vez de su relación laboral con un medio, habría permitido que la bloguera tuviera los mismos derechos.

Ambas propuestas reconocerían, por ejemplo, la protección de Glenn Greenwald, el periodista que sirvió de enlace entre Snowden y el diario británico The Guardian, que, junto con The Washington Post, publicó la exclusiva sobre la recolección masiva de datos que realizaba la NSA. Alan Rusbridger, el exdirector de The Guardian, admitió que gran parte del éxito de este trabajo, que les valió un premio Pulitzer en 2014, se debió a su voluntad de trabajar con periodistas no tradicionales.

The Guardian ya se había dado cuenta de que el mundo de la información será creado en el futuro por personas que no son solo periodistas y que el poder liberador de la tecnología supone que serán distintos tipos de profesionales los que publiquen lo que nosotros hacíamos hasta ahora, y que sería interesante adueñarnos de ello en vez de bloquearlo”, aseguró el exdirector al recoger el Premio Tully a la Libertad de Expresión en la Universidad de Siracusa.

Greenwald era entonces un periodista estadounidense independiente que había colaborado con la web Salon.com, pero que en ese momento residía en Río de Janeiro. Según Rusbridger, numerosos medios de EE. UU. “no tocarían [a Greenwald] ni con un palo” por el riesgo de que no estuviera vinculado con una gran publicación. “Por eso, creo que la historia [de la NSA] está relacionada con la contratación de Greenwald. Cuando Edward Snowden quiso contactar con periodistas no fue al Times ni a otro medio convencional, recurrió a alguien que consideraba que iba a ser justo con su material”.

Las filtraciones de Manning a WikiLeaks y de Snowden a The Guardian pusieron de relieve la inmadurez de los sistemas informáticos estadounidenses que debían guardar la información clasificada más sensible. En ambos casos, dos informáticos muy jóvenes lograron adentrarse en sus redes, revelando al Pentágono dónde se encuentran algunos de los puntos más débiles de su infraestructura y de una manera inesperada hace solo una década. Entre ellos y los medios de comunicación había, además, intermediarios y periodistas independientes, como la organización WikiLeaks y el caso de Greenwald.

Charles Schumer, el senador demócrata responsable de una de las “leyes escudo” que se están debatiendo y principal líder en este debate, se ha visto obligado a admitir que su proyecto de ley “probablemente no sea suficiente” para proteger a figuras como Greenwald. Como el avance de la tecnología digital que ha permitido estas filtraciones históricas, salpicando la imagen de EE. UU. en el exterior durante los últimos años, las posibilidades que garantiza la red han puesto de manifiesto también la necesidad de nuevas categorías de protecciones para los diferentes actores implicados en las filtraciones.

 

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