Cuatro décadas de buena salud democrática

La libertad de expresión en España, sólida garantía de buen funcionamiento de la democracia

Lucía Méndez
Ilustración: Maravillas Delgado

Con carácter general, puede decirse que la libertad de expresión en España ha gozado de buena salud en los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. Los periodistas y los medios han disfrutado en estas cuatro décadas de una amplia libertad para desarrollar su trabajo profesional. La jurisprudencia, por su parte, ha hecho –por lo común– una interpretación generosa y garantista del artículo 20 de la Constitución.

LUCÍA MÉNDEZ*

La Constitución española reconoce en su artículo 20 la libertad de “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” y de “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, sin “censura previa”, con el solo límite del Código Penal. Con carácter general, puede decirse que la libertad de expresión en España ha gozado de buena salud en los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. Los periodistas y los medios han disfrutado en estas cuatro décadas de una amplia libertad para desarrollar su trabajo profesional, y las sentencias de los tribunales –desde los jueces de instrucción al Tribunal Constitucional– han considerado la libertad de expresión como uno de los derechos más relevantes a proteger.

La jurisprudencia ha hecho –por lo común– una interpretación amplia, generosa y garantista del artículo 20 de la Constitución. A tono con las democracias más antiguas y consolidadas, las instituciones democráticas españolas han protegido con firmeza la libertad de expresión y el derecho a la información de los intentos de presión de los poderes públicos o económicos, y las asociaciones profesionales han desbaratado los diversos intentos de legislar para poner coto a esos derechos, en beneficio de quienes prefieren que el periodismo no les vigile. Que los ha habido, y por parte de Gobiernos de distinto signo. Los medios han jugado un papel fundamental como vigilante de los abusos del poder en España.

Basta repasar las hemerotecas, o las videotecas, para encontrar la huella de los grandes escándalos de corrupción –políticos, económicos o financieros– que siempre fueron descubiertos y denunciados por los medios. La labor profesional de la prensa española, por ejemplo, fue decisiva en el ocaso y final de los presidentes Felipe González y Mariano Rajoy. Los escándalos que dañaron al PSOE de los años 90 y al PP de los 2000 –y que, a la postre, son la causa del declive del bipartidismo imperfecto que gobernó desde 1978– fueron descubiertos por los periodistas. La protección del derecho a la información de los ciudadanos ha sido reforzada por los tribunales en estos 40 años de democracia. En todos los sentidos, la libertad de expresión en España ha sido una sólida garantía de buen funcionamiento de la democracia, con respeto a la difusión de todas las ideas y opiniones, incluso de las contrarias a la democracia misma.

Endémico control político-partidista de las televisiones y radios públicas

Como asignatura pendiente en esta materia, hay que señalar el endémico control político-partidista de las televisiones y radios públicas. Los partidos no han querido despolitizar los entes ni cumplir la obligación de neutralidad exigible a todo servicio público, tanto en lo que se refiere a los medios estatales como a las corporaciones que dependen de los distintos Gobiernos regionales.

La legalidad vigente que atribuye a la Junta Electoral Central la potestad de establecer el minutado de la información de cada partido en las campañas electorales es un residuo del pasado, cuya eliminación ha sido exigida por asociaciones, colegios y consejos de redacción de las televisiones y radios públicas, sin que los partidos hayan movido un solo músculo para dejar de controlar las informaciones sobre sus campañas electorales.

Esta carencia, el afán de los partidos por controlar la información y otros episodios puntuales no pueden empañar el balance positivo general de estos 40 años en materia de tolerancia y respeto hacia el derecho a la libertad de expresión.

Preocupante el enrarecido ambiente que se respira ahora en torno a la libertad de expresión

Y es, precisamente, el aire de tolerancia y el respeto que se ha respirado en España durante las últimas cuatro décadas lo que convierte en extraño y preocupante el enrarecido ambiente que ahora se respira en torno a la libertad de expresión, de opinión o de creación.

En los últimos años, distintos organismos internacionales y asociaciones profesionales han denunciado los riesgos y peligros a los que se enfrenta este derecho fundamental en nuestro país. Empezando por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) o las asociaciones profesionales de periodistas, y acabando por el Europarlamento o el Consejo de Europa. La tormenta perfecta que sacude los cimientos de los medios de comunicación desde 2008 –crisis de modelo de negocio como consecuencia de la revolución digital y brutal reconversión tecnológica– está en el origen del primero de los riesgos que advertía el IPI en su informe de 2015. La transformación de los diarios –cunas del periodismo que nació con las democracias–, motivada por el desplome de los ingresos publicitarios y la caída en picado de la difusión convencional, condiciona de hecho la labor informativa y la línea editorial. Difícilmente se puede gozar de libertad para informar y opinar si no se dispone de independencia económica. O si para seguir saliendo a la calle se tiene que depender de los poderes económicos y financieros, debido a la abultada deuda acumulada en los años de la fiesta de la especulación y el crédito fácil. Es incuestionable que la libertad de expresión puede verse condicionada –en mayor o menor medida– por la falta de autonomía financiera de los medios.

Estrechamente vinculado a esta crisis –e igualmente negativo para la buena salud de la libertad de expresión– aparece el drama de la destrucción de puestos de trabajo en la profesión periodística y la precariedad laboral que aqueja al sector. El empleo precario es un horizonte más que seguro para todos aquellos jóvenes que aspiran a dedicarse al periodismo. En los diez años de la crisis, se perdieron 15.000 puestos de trabajo en los medios de comunicación españoles. Dos tercios de los profesionales entrevistados para los informes que anualmente elabora la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) identifican el desempleo y la precariedad laboral como la mayor de las amenazas para la profesión periodística. En este proceso de destrucción de recursos humanos que parece no tener fin, se han producido denuncias que afectan de lleno a la libertad de expresión. Las listas de despedidos en los sucesivos expedientes de regulación de empleo han sido elaboradas en ocasiones con el criterio empresarial de librarse de periodistas incómodos para las empresas editoras, sea por mantener una actitud crítica con los directivos de los medios o por exigir autonomía en su labor profesional. La libertad de los periodistas puede verse ciertamente afectada por la posibilidad de quedarse en la calle o de autocensurarse para no tener problemas.

La ley mordaza, mayor amenaza de los últimos años contra las libertades públicas

La aprobación de la denominada ley mordaza por el Gobierno de la mayoría absoluta del PP es, en opinión de las asociaciones profesionales tanto nacionales como internacionales, la mayor amenaza de los últimos años contra las libertades públicas. El texto legal se encuentra en trámite de reforma en el Congreso para derogar aquellos artículos que cercenan estas libertades.

En el último año, otro tipo de crisis está afectando a la salud de la libertad de expresión en España, en su vertiente creativa, y de manifestaciones públicas. La imagen del propio país se ha visto afectada para mal fuera de España por algunas decisiones judiciales cuestionadas y cuestionables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que, en contra de lo decidido por los jueces españoles, quemar fotos del rey no es un delito, sino una forma de libertad de expresión política. El caso Fariña, en el que un juez ordenó el secuestro de un libro del periodista Nacho Carretero, nos devuelve a los tiempos anteriores a la Transición. Asimismo, algunas decisiones de jueces españoles están siendo cuestionadas por instituciones europeas. El Europarlamento ha abierto una investigación sobre la libertad de expresión en España. Los informes del Consejo de Europa tampoco nos dejan en buen lugar.

El asunto que ha causado mayor controversia pública y debates cruzados es el protagonizado por el cómico televisivo Dani Mateo, denunciado por una asociación policial por una escena de humor emitida en La Sexta en la que simulaba sonarse los mocos con la bandera española. El juez admitió a trámite la querella por un presunto delito de odio. La práctica totalidad de la opinión pública considera disparatado que el humor pueda ser un delito. Pero el creciente papel de las redes como prescriptoras de oleadas de opiniones y presión sobre los personajes públicos ha situado al cómico en el ojo del huracán. España es un país con mucha tradición humorística en la que los cómicos se han reído hasta de su propia sombra. El humor vivió una época dorada durante la Transición, cuando aún no había democracia plena. Son muchas las voces que lamentan que, después de cuatro décadas, un cómico pueda verse en problemas judiciales por una broma. Los mismos que opinan que vamos para atrás en cuanto a la salud de la libertad de expresión. 

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