La tentación de las ‘leyes mordaza’
Dos proyectos de ley en tramitación parlamentaria –el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el de Seguridad Ciudadana– y otro en cartera –el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– plantean serias amenazas a los derechos a la libertad de expresión y a la información.
NEMESIO RODRÍGUEZ*
Hay pocos gobernantes que, a lo largo de su mandato, no hayan tenido la tentación de legislar para limitar los derechos a la libertad de expresión y a la información, sobre todo en épocas de graves problemas sin resolver como la que vivimos en nuestro país, en el que a la durísima crisis económica se une la pérdida de prestigio y credibilidad de las instituciones, derivada fundamentalmente de la inoperancia de los partidos en repudiar y atajar los casos de corrupción y del incumplimiento generalizado de sus programas electorales.
Algunos gobernantes ni siquiera han necesitado una crisis para caer en dicha tentación. La tenían en mente desde el primer momento. Fue el caso de Silvio Berlusconi, dueño de la televisión italiana en sus distintos mandatos, ya que a la propiedad de sus tres canales privados sumaba el control gubernamental de la RAI, la cadena pública.
Berlusconi, procesado en varios casos de corrupción, nunca soportó la labor crítica de los medios. De hecho, promovió en 2010 una ley para intentar impedir las filtraciones de investigaciones judiciales y limitar la publicación de las escuchas telefónicas. Bautizada como “ley mordaza”, preveía penas de prisión y multas para los periodistas que la vulneraran.
“Matar al mensajero” supone impedir que el ciudadano ejerza su derecho fundamental a estar informado y vetar que el periodista cumpla con su función de informar. En definitiva, se niega el derecho a conocer de las personas y se les coarta el derecho a opinar y a decidir. Creen que si imponen una capa de silencio sobre los problemas, estos dejarán de existir.
A medida que se agrava la crisis, la prensa, los periodistas, pasan a convertirse en sospechosos
A medida que se agrava la crisis, la prensa, los periodistas, pasan a convertirse en sospechosos. Sospechosos de publicar demasiada información sobre los escándalos de corrupción, sospechosos de vigilar en exceso el comportamiento de los políticos, sospechosos de exigirles responsabilidades.
La sospecha conduce a caer en la tentación de idear medidas para poner freno a tanta oferta informativa crítica con el poder. Hay que parar esto, se nos está yendo de las manos el control de la prensa, levantemos barreras, impongamos censuras, limitemos derechos. El gobernante pone a sus ministros a trabajar y no hace falta ser adivino para anticipar que el resultado de tan sesudo análisis será menos libertad de expresión, menos derecho de información, menos independencia de los medios, más dificultades para el ejercicio libre del periodismo.
Ya lo decía Napoleón: “Cuatro periódicos hostiles son más peligrosos que mil bayonetas”. Otros sostienen que mencionó “tres” y no “cuatro” diarios, pero el número no importa. Importa la percepción del poder sobre la prensa. Si es hostil, es peligrosa; si está de nuestra parte, la batalla se organiza contra las mil bayonetas.
Napoleón no es que estuviera muy preocupado por la hostilidad de la prensa francesa hacia su persona. Su secretario privado, Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, lo refleja en sus memorias tituladas Napoleón íntimo. Una de sus misiones era leerle la prensa mientras su ayudante le afeitaba. “Solo prestaba atención a las noticias contenidas en los diarios ingleses o alemanes. Cuando le leía los diarios franceses, me interrumpía diciéndome: ‘Deja, deja, ya sé lo que contienen. Escriben lo que yo quiero’”.
Muchos gobernantes quisieran que la prensa se limitara a publicar lo que ellos desean. Pero la misión primordial de la prensa es otra: precisamente, controlar a los poderes y, sobre todo, sus excesos. Las “bayonetas de la prensa” deberían estar solo para eso. Caladas, deberían hurgar en los recovecos donde los poderes tratan de ocultar la verdad; afiladas, deberían pinchar las conciencias de los políticos para que dejen de manipular o para que abandonen la cosa pública cuando sus vergüenzas –en forma de corrupción, abusos, prepotencia, mentiras– quedan al descubierto; pulidas, deberían atravesar las barreras que levantan los poderes para dificultar la capacidad de denuncia del periodismo; erizadas, en fin, deberían aguantar las presiones y rechazar el acoso feroz de los que quieren colar la propaganda como información o la publicidad como información.
En los últimos meses, hemos asistido en España a varios intentos de fundir el acero de tales “bayonetas”. El Gobierno parece empeñado en aprobar nuevas normas contra el ejercicio libre del periodismo. Con la excusa de “proteger derechos”, se cercenan otros.
Con la excusa de “proteger derechos”, se cercenan otros
Dos ministros se han destacado en esta misión: el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el del Interior, Jorge Fernández. Dos proyectos de ley en tramitación parlamentaria –el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el de Seguridad Ciudadana– y otro en cartera –el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– plantean serias amenazas a los derechos a la libertad de expresión y a la información, como lo viene denunciando la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) desde el momento en que tuvo conocimiento de su preparación.
La necesidad de una renovación democrática en nuestro país es una demanda recurrente desde que los escándalos de corrupción demolieron la credibilidad de las instituciones y de sus líderes. La sociedad exige más transparencia, quiere saber el cómo y el porqué de las cosas. Quiere explicaciones y respuestas a sus problemas. Demanda que los responsables públicos sean los primeros en dar ejemplo de austeridad y de honradez y se preocupen más por el bienestar de los ciudadanos que por el suyo propio.
La prensa, siempre que sea crítica con el poder, tiene un papel fundamental a la hora de transmitir estas demandas y de promover un debate cívico y abierto sobre los problemas que acucian a los ciudadanos.
Llevamos mucho tiempo soportando actitudes de los responsables públicos que intentan todo lo contrario, con las abominables ruedas de prensa sin preguntas, las manidas declaraciones “institucionales”, usadas casi siempre para eludir preguntas en casos conflictivos, o las declaraciones enlatadas.
No bastaba con esas restricciones y en esta legislatura surgen tres intentos de “leyes mordaza”. La primera, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está de momento en barbecho ante la avalancha de críticas recibidas, sobre todo de las organizaciones periodísticas, con la Asociación de la Prensa de Madrid a la cabeza.
El proyecto de ley tenía que nacer del informe de un grupo de expertos, designados por el ministro de Justicia. La frontal oposición de la APM, expresada en un documentado informe enviado en julio del pasado año a Ruiz Gallardón, paró su amenaza principal: la autorización a los jueces o tribunales para vetar la publicación en los medios de noticias sobre investigaciones judiciales cuando la información pudiera comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.
La norma perfilada por los expertos no se quedaba en el veto, puesto que advertía que el incumplimiento de la orden judicial tendría “consecuencias penales”. Este artículo introducía un “cambio radical” en la publicidad de las actuaciones procesales, al extender a los medios de comunicación el secreto o el deber de reserva sobre la investigación de los delitos.
Ante las críticas, Gallardón aseguró que en el futuro proyecto de ley no aparecería la referencia a las “consecuencias penales”.
Pero Ruiz Gallardón no es un político que abandone fácilmente sus objetivos. Meses después, la “mordaza” reaparecía en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este anteproyecto permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que considere perturbado su sosiego y ecuanimidad. El no acatamiento de la orden de cese de la información conlleva penas de prisión y multas.
La APM salió al paso de esta especie de censura previa señalando que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma. “No se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes, aunque ello sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad”, afirmó en un comunicado.
También alertaba de que, si esta norma es aprobada y convertida en ley, toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de realizar su trabajo.
El anteproyecto de ley incorpora otras normas que afectan directamente a la libertad de información, ya que impone a los jueces el deber de abstenerse de hacer valoraciones de actualidad en los medios sobre asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales.
Los jueces pierden la libertad de dar explicaciones de lo que hacen, de lo que juzgan y de las razones de una determinada actuación judicial. Compartimos el punto de vista de las asociaciones judiciales en el sentido de que la norma (artículo 49.2 del anteproyecto) instala una clara limitación de la libertad de expresión de jueces y magistrados y, de paso, impide a los ciudadanos tener conocimiento de lo que hacen y deciden aquellos. Un conocimiento que se transmite a través de los medios de comunicación.
La tercera “ley mordaza” proviene del Ministerio del Interior. La APM tampoco se quedó callada. La Ley de Seguridad Ciudadana pretende sancionar a quienes difundan o graben imágenes de los policías en las manifestaciones.
La APM rechaza que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público, pues “dichas coberturas son una parte importante del interés informativo de los medios, por lo que cualquier intento de sancionarlas vulneraría los derechos a la libertad de expresión y de información”.
En la APM creemos que esta norma es innecesaria. Ya hay suficiente jurisprudencia en nuestro país para abordar los casos en los que un ciudadano pueda ver comprometido su derecho a la intimidad por una determinada información.
Lo que necesitamos son leyes que promuevan la transparencia
Los periodistas sabemos cuándo estamos vulnerando los derechos de los demás; entre otras cosas, porque los códigos éticos y deontológicos de la profesión son muy claros en ese apartado. Y también sabemos que los derechos a la información y a la libertad de expresión no amparan la comisión de delitos.
La prensa puede desempeñar un papel fundamental en la inaplazable regeneración del país si la dejan, nos dejan, funcionar como garante de la existencia de una opinión independiente y libre, impulsada por la difusión de información veraz, de interés general y comprobada. Y, por supuesto, alejada de los poderes.
No necesitamos, señores ministros, nuevas normas y sanciones. Necesitamos leyes que promuevan la transparencia y faciliten el acceso de los periodistas a las informaciones. Somos conscientes de que hay abusos y excesos en el ejercicio de la libertad de información, pero para sancionarlos están los tribunales.