Resulta indudable que la libertad de expresión está siendo golpeada en España –en mayor o menor medida– por la falta de autonomía financiera de los medios de comunicación y –muy conectado con la crisis económica– por el drama de la destrucción de puestos de trabajo en la profesión periodística y la precariedad laboral.

La fulgurante y violenta irrupción de este grupo terrorista en el tablero geoestratégico de Oriente Medio ha colocado a los periodistas y a los medios ante un panorama inédito desde el punto de vista profesional, ético y deontológico.

Pese a los recortes generalizados de los últimos años en el sector público, la Administración General del Estado tiene previsto para 2014 un gasto de 146 millones en publicidad institucional (41,1) y campañas comerciales (105,9). Aún hay mucho dinero en juego, y muy poca transparencia y detalle en las partidas.