Los periodistas tenemos la obligación de transmitir información veraz de interés general o relevancia pública, de manera que el derecho a comunicar y a emitir libremente información no nos otorga un poder ilimitado sobre cualquier ámbito de la realidad, sino que solo legitima cierta intromisión en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con la formación […]

En la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.º 459/2019, de 14 de octubre, recaída en la Causa Especial 20907/2017, seguida contra diez dirigentes políticos de la Generalitat Catalana y dos líderes de asociaciones culturales, se recoge que los encausados y sus defensas plantearon durante el proceso la vulneración de […]

Con carácter general, puede decirse que la libertad de expresión en España ha gozado de buena salud en los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. Los periodistas y los medios han disfrutado en estas cuatro décadas de una amplia libertad para desarrollar su trabajo profesional. La jurisprudencia, por su parte, ha hecho […]

De la primavera “rota” del diario Madrid, pasando por la primavera “floreciente” de la recuperación de las libertades y la primavera “gris” de la ley mordaza, han transcurrido cuatro décadas de avances y de retrocesos en la libertad de expresión.

El término “discurso del odio” proviene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la cual el Consejo de Europa ha normado en su doctrina legal, se ha recogido después en las concretas leyes penales de algunos Estados y, asimismo,  interpretado, con distinto acierto, por los diferentes tribunales de justicia nacionales.

Mientras los políticos franceses enarbolaban públicamente la bandera de la libertad de expresión tras el atentado contra Charlie Hebdo, se han dedicado sistemáticamente a limitarla, en nombre siempre de la lucha contra el yihadismo, con el beneplácito de buena parte de la población.

Resulta indudable que la libertad de expresión está siendo golpeada en España –en mayor o menor medida– por la falta de autonomía financiera de los medios de comunicación y –muy conectado con la crisis económica– por el drama de la destrucción de puestos de trabajo en la profesión periodística y la precariedad laboral.

Dos proyectos de ley en tramitación parlamentaria –el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el de Seguridad Ciudadana– y otro en cartera –el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– plantean serias amenazas a los derechos a la libertad de expresión y a la información.