Estado del periodismo en América Latina

Los peores enemigos del periodismo latinoamericano: narcotráfico, populismos y multinacionales extractivas

José Crettaz
Fragmento del Mapa de la Libertad de Prensa 2016, elaborado por Reporteros Sin Fronteras.

La amenaza más grave en los últimos años fue el narcotráfico, con un número creciente de asesinatos y ataques. Los medios también fueron golpeados en esta región por los regímenes populistas, mediante la distribución arbitraria de subvenciones públicas, la persecución judicial y la sanción de leyes. Además, grandes multinacionales aplicaron estrategias cuestionables en el trato con los periodistas y medios. Pese a todo ello, el periodismo latinoamericano goza de una gran vitalidad.

 

JOSÉ CRETTAZ*

Ninguna amenaza ha sido más grave que el narcotráfico para el periodismo latinoamericano en los últimos años. Una amenaza que crece y se concreta en cada vez más asesinatos de periodistas, atentados contra medios de comunicación y graves ataques, no solo en México y Honduras –los países más peligrosos para la profesión en el subcontinente–, sino también en Brasil, Paraguay y hasta Argentina. Un fenómeno nuevo asoma de forma incipiente, pero con cada vez más casos: periodistas perseguidos en sus ciudades de origen que buscan refugio en países más seguros y entidades civiles dedicadas a su acogida.

No obstante, en la última década, los medios de comunicación también han sido golpeados en esta región por los regímenes populistas que dominaron la primera parte del siglo XXI, mediante distintas herramientas como la distribución arbitraria de subvenciones públicas, la persecución judicial y la sanción de leyes que, con el argumento de la “democratización de la comunicación” o la “desconcentración de la propiedad”, restringieron las libertades de expresión y de prensa. Además, esas normas se aplicaron de manera sesgada: ejecutando radicalmente la letra de texto legal para los adversarios políticos y flexibilizando esos rigores para los amigos. En algunos países, como Venezuela y Ecuador, la persecución alcanzó a los ciudadanos de a pie en las redes sociales e internet.

Mientras tanto, a veces en connivencia con Gobiernos, grandes multinacionales petroleras, mineras o agroquímicas han aplicado estrategias cuestionables en el trato con los periodistas y medios, y en no pocos casos se han registrado intentos de extorsión económica con el resultado de una opinión pública desinformada acerca de la peligrosidad de ciertas actividades.

Pero, a pesar de las amenazas y de la falta de protección, el periodismo latinoamericano goza de una gran vitalidad, con figuras independientes que han popularizado la investigación en televisión como Jorge Lanata, en Argentina, o Carmen Aristegui, en México, quienes han logrado picos de audiencia. Además, nuevas camadas de profesionales han contribuido a mejorar la calidad y la circulación de la información de interés público, impulsando nuevas herramientas como el periodismo de datos y la participación en alianzas internacionales como las que revelaron las filtraciones de los papeles de Panamá, Swiss Leaks y WikiLeaks. Poderosos líderes políticos y económicos han tenido que rendir públicamente cuentas de sus actos como consecuencia del trabajo periodístico, que sigue siendo débil en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, alejadas de los grandes centros urbanos y sin fuentes de financiamiento que aseguren la independencia editorial.

También hay experiencias innovadoras en los modelos de financiamiento del periodismo, como la fundación Ciper en Chile o los programas de fomento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Más allá de los asesinatos, la persecución y las restricciones económicas, el periodismo latinoamericano está jugando un papel de creciente centralidad en la consolidación de las siempre jóvenes democracias latinoamericanas.

Con sus 605 millones de habitantes, distribuidos en 20 países, y pese a los elementos que la vuelven homogénea –dos lenguas predominantes, un conjunto de valores comunes y una historia compartida–, América Latina es siempre una región diversa. Y a la hora de analizar la independencia de los medios de comunicación y el periodismo –que, está claro, tampoco son lo mismo–, hay variantes nacionales y subnacionales que conviene revisar.

El narco mata periodistas
La entrevista condescendiente realizada por el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que fue publicada en enero de 2016 por la revista Rolling Stone, hubiera sido un episodio más de realismo mágico latinoamericano –como lo hubiera catalogado Gabriel García Márquez– si no fuera porque solo en México el narco lleva asesinados 42 periodistas desde 2006, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Aquella entrevista se hizo cuando Guzmán se encontraba prófugo, antes de ser recapturado y entrar en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Si la cuenta se extiende a los últimos 25 años, al menos 120 periodistas fueron liquidados en México. El asesinato de periodistas es siempre un mensaje para todos los que ejercen la profesión: investigar y difundir el contenido y los responsables de los crímenes se paga caro; y, en general, son hechos que quedan impunes.

La mafia tiene códigos y los cumple. Históricamente, el país con más periodistas muertos en América Latina fue Colombia –a causa de su conflicto armado entre el Estado, la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico–, si bien esa violencia comenzó a ceder en la última década, fruto de la autocensura aplicada por periodistas y medios de comunicación que se cansaron de muertes, secuestros y atentados. Uno de los episodios más recordados –reactualizados recientemente por la exitosa serie El Patrón del Mal, que trata sobre la vida del jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria– fue la bomba que voló el 2 de septiembre de 1989 el diario El Espectador. Aunque con menos muertes, el panorama colombiano sigue siendo caliente: según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), 164 periodistas de ese país fueron amenazados, perseguidos, golpeados, obligados a callarse o a dejar de ejercer el oficio en 2014.

Uno de los peores lugares para el ejercicio del periodismo es el estado mexicano de Veracruz

Volviendo a México, uno de los peores lugares para el ejercicio del periodismo allí es el estado de Veracruz. Incluso, tal vez sea el peor lugar del mundo para los periodistas. Allí, la connivencia entre el narcotráfico y la política ha sido letal: desde 2010, fecha en la que asumió el cargo el actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa, doce periodistas fueron asesinados y otros tres han desaparecido, según Carlos Lauría, director ejecutivo del CPJ, con sede en Nueva York. “El gobernador Duarte ostenta un registro deplorable en materia de investigación de los crímenes contra periodistas. La mayoría de los casos no se han resuelto. Los asesinos de periodistas caminan libremente por las calles del estado. En aquellos pocos casos en los que se han anunciado avances se denunciaron irregularidades en los procesos judiciales y la búsqueda de chivos expiatorios para elucidar la investigación”, sostuvo Lauría.

Asimismo, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, estuvo con el gobernador y le expresó su enorme preocupación. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también reclamó contra las autoridades mexicanas por la impunidad con la que se asesina periodistas. “¿Cuántos asesinatos harán falta para que las autoridades mexicanas se encarguen finalmente?”, se preguntó en febrero pasado Emmanuel Colombié, responsable de RSF para América Latina. Y lo mismo advirtió este año la prestigiosa ONG estadounidense Freedom House, al señalar –en su último informe– que “el Gobierno mexicano ha demostrado ser completamente incapaz, o reticente, a encarar este problema”.

“En México, donde han sido asesinadas más de 80.000 personas en los últimos años víctimas del crimen, la violencia excede a la prensa, afecta a toda la sociedad y produce que miles de ciudadanos no puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y no acceden a información clara para tomar decisiones. La colusión generalizada entre las autoridades y el crimen organizado hace que en algunos estados balaceras que dejan decenas de muertos no sean noticia ni en los medios”, afirmó Lauría. En ese país, según la ONG No Money Laundering, los cárteles de la droga tienen ganancias equivalentes al 5% del PIB mexicano, es decir, unos 60.000 millones de dólares estadounidenses anuales [53.760 millones de euros al año].

Igual de dramática es la situación en América central, donde un cóctel de narcotráfico, corrupción y criminalidad ordinaria está también liquidando periodistas. En Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2003 y 2014 fueron asesinados 50 comunicadores y trabajadores de medios. El Estado hondureño buscó dar una señal acerca de estos ataques –siempre vinculados al crimen organizado en colusión con la política–, dictando el año pasado la ley para proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Guatemala y El Salvador son también sitios hostiles para los medios.

Pero detrás de México y Honduras sigue Brasil, el gigante sudamericano, donde la violencia recrudeció en los últimos años. En 2015, fueron asesinados once comunicadores, incluidos blogueros, cuatro más que en 2014, según la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj, por sus siglas en portugués). Uno de los casos más impactantes es el de Evany José Metzker, que apareció decapitado en mayo de 2015 en Padre Paraíso, una localidad de 19.000 habitantes en el estado de Minas Gerais. Metzker estaba investigando una red de prostitución infantil. En tanto, siete periodistas fueron asesinados en Paraguay desde 2013, según el Foro de Periodismo Paraguayo (Fopep). “El crimen organizado y sus tentáculos dentro del poder político se han visto directamente involucrados en todos estos casos”, alertó esa entidad.

Los estados populistas
Las mismas entidades internacionales no gubernamentales que, entre otras cosas, se dedican a contar las bajas en el periodismo de la región y el mundo y defienden las libertades de expresión y de prensa cayeron en una tentación que los latinoamericanos terminamos pagando caro: las leyes “democratizadoras” de la comunicación impulsadas por los Gobiernos populistas, que, tras más de una década en el poder, parecen estar ahora en retirada. Esos marcos normativos potenciaron las arbitrariedades en la asignación de frecuencias, subvenciones y publicidad oficial, y el uso partidario de los medios públicos. La mayor parte del progresismo latinoamericano –políticos, académicos, periodistas e integrantes de ONG– apoyaron activamente aquellas regulaciones, las cuales también han sido celebradas en España por sectores académicos.

Se dictaron leyes sobre las que los Gobiernos populistas construyeron una maquinaria jurídica para controlar la opinión pública

Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay, entre otros países, dictaron leyes audiovisuales y de comunicación sobre las que los Gobiernos populistas con vocación hegemónica construyeron una maquinaria jurídica para controlar la opinión pública en sus países. Fue el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez quien dio el primer paso en 2004 al sancionar la ley de responsabilidad social en radio y televisión (Resorte), que estableció un férreo control de los contenidos. Estas regulaciones fueron extendidas luego a internet.

Con mayor recato jurídico y constitucional, en 2009, el Gobierno de Cristina Kirchner logró que el Congreso aprobase su ley de medios, con la cual persiguió a las empresas que no ajustaron sus líneas editoriales al relato planteado por el partido gobernante. Además, la mandataria –que sucedió a su esposo Néstor Kirchner en el poder– utilizó fondos públicos para sostener los medios creados por empresarios amigos como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Sergio Szpolski, todos investigados en causas judiciales que involucran distintos tipos de desvíos de fondos públicos. Algunos de esos grupos de medios no sobrevivieron ni tres meses luego de la salida de Fernández de Kirchner del poder.

La pelea más visible de Kirchner fue contra el Grupo Clarín, el más importante y diversificado conglomerado de medios de Argentina, donde operan otros grandes grupos de comunicación internacionales, como Disney, Turner, Telefónica y Prisa; regionales, como Albavisión; y nacionales, como Manzano-Vila. El Grupo Clarín no fue la única empresa de medios que se enfrentó a la persecución del kirchnerismo, pero sí la que llegó hasta el final en la Corte Suprema, en la que perdió pocos meses antes de la derrota electoral de la señora de Kirchner. Otras compañías prefirieron llegar a acuerdos con el Gobierno, desistir de sus reclamos y atenuar sus críticas para evitar mayores represalias. La misma receta había aplicado Chávez al grupo Cisneros, que centró su actividad en las telenovelas y el entretenimiento y lavó la profundidad de sus noticieros.

En septiembre de 2010, ante la polémica pública y jurídica desatada en Argentina, el entonces presidente de Uruguay, el carismático José “Pepe” Mujica, afirmó: “La mejor ley de prensa es la que no existe”. Tres años después, envió al Parlamento de su país su propio proyecto, que se convirtió en ley, y recibió más de 100 impugnaciones judiciales, las cuales son analizadas por la Corte Suprema uruguaya. El sucesor de Mujica –quien también fue su antecesor–, el socialista Tabaré Vázquez, decidió no reglamentar la norma hasta que se resuelvan todas las impugnaciones.

Con el argumento de desconcentrar la propiedad de los conglomerados de medios –sobre los que rigen regulaciones antitrust en la mayoría de los países–, estas normas aplicaron controles directos o indirectos a la difusión de contenidos. Venezuela y Ecuador se han convertido en las mayores tragedias de la región para la libertad de expresión y de prensa.

En Venezuela, las pintorescas cadenas nacionales del primer Chávez derivaron luego en autocensura, medios comprados por empresarios amigos, periodistas exiliados, opositores presos y una persecución ideológica que hoy alcanza incluso a las redes sociales. Y en Ecuador, donde la ley orgánica de comunicación de 2014 estableció delitos de opinión como el “linchamiento mediático”, el presidente Rafael Correa persigue personalmente a periodistas –la situación del caricaturista Xavier Bonilla es el último de una larga lista de casos– y mantiene la presión para disolver Fundamedios, la principal ONG en la defensa de la libertad de expresión.

Antes de dictar su ley de comunicación, Correa demandó y logró condenas de cárcel para sus acusados y obtuvo fallos en su favor que le asignaron indemnizaciones varias veces millonarias para retirar después los cargos y perdonar las condenas. El caso más significativo fue el del diario El Universo, de Quito, que perdió un juicio con Correa. Este acusó a la empresa; a su director, Carlos Pérez; a sus subdirectores, César y Nicolás Pérez, y al editor, Emilio Palacio, por la manera que informaron sobre un alzamiento policial en el país. La sentencia: tres años de cárcel y una indemnización de 40 millones de dólares [35,8 millones de euros]. El perdón se concedió en 2012. Pero el mensaje se envió exitosamente. Ese hostigamiento se agravó con la sanción de la ley de comunicación, “la más retrógrada” de la región, según Lauría, del CPJ.

Chile –que estos años tuvo alternancia de partidos al frente del Gobierno– quedó al margen de esta tendencia, al igual que Perú, aunque su presidente Ollanta Humala habló en varias ocasiones de impulsar una regulación similar a la de sus vecinos. Especialmente, cuando la prensa comenzó a informar de la investigación por lavado de dinero que la Justicia peruana inició sobre Nadine Heredia, la esposa de Humala. En Perú, como en muchos países de la región, sigue vigente el delito de calumnias e injurias, tipificación que es utilizada por los funcionarios públicos para perseguir y amedrentar a los periodistas.

En materia regulatoria, Colombia–con su ley convergente de 2009, la primera de la región–, México –con una enmienda constitucional de 2013 y una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión de 2014– y en alguna medida Brasil –con su Marco Civil de Internet de 2014 y su ley de televisión de pago de 2011– iniciaron procesos de convergencia tecnológica y regulatoria entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, con el objetivo de universalizar el acceso a internet de calidad (que facilite la comunicación, la haga más accesible y barata, tanto para consumir como para producir y difundir contenido), y empiezan a ser mirados como ejemplos a seguir. Sin conectividad universal –fija y móvil–, no hay comunicación posible; y, en ese aspecto, América Latina está muy atrasada. La tradición de violencia contra el periodismo en este país se reactualizó recientemente con la desaparición de la periodista española Salud Hernández-Mora, corresponsal del diario El Mundo, secuestrada durante cinco días por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando investigaba sobre la producción de hoja de coca en el interior colombiano.

Bolivia, país que suele ser equiparado con Venezuela y Ecuador por el apoyo que el presidente Evo Morales da en público a sus pares de esas naciones, está muy lejos de sus vecinos en muchos aspectos, incluidos los políticos y económicos. En el ámbito de la comunicación, Bolivia también se diferenció con la ley general de telecomunicaciones, tecnología y comunicación de 2011, que dio algunos pasos en dirección a la convergencia mediática.

Cuba, la última dictadura de América, queda exceptuada de esta contabilización porque no rigen allí la libertad de prensa, a pesar del periodismo clandestino ejercido por decenas de cubanos en los intersticios de un régimen a punto de colapsar por razones biológicas. Los blogueros Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar lanzaron en 2014 14ymedio.com, uno de los principales exponentes del periodismo libre de ese país, asistido por financiamiento europeo. Pese a las restricciones –que incluyen la dificultad para transitar por el territorio nacional y el acceso a internet y servicios de comunicación adecuados–, la isla ha sido referencia del tipo de periodismo de Estado pretendido por los demás populismos latinoamericanos.

El año pasado comenzó a notarse una variación en la tendencia, que se consolidó con el proceso de alternancia política que registran –no siempre sin crisis ni violencia– varios países de la región. La decisión de Tabaré Vázquez de no reglamentar la ley uruguaya; la resistencia de la suspendida presidenta brasileña, Dilma Russeff, a impulsar una ley de medios al estilo argentino, tal como le piden desde 2003 sectores del Partido de los Trabajadores; el anuncio del presidente Evo Morales de que no prevé modificar la legislación vigente (ni la ley general de 2011 ni la de imprenta de 1925), y, principalmente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló en favor del canal venezolano RCTV, cerrado por Chávez en 2007 (la corte ordenó devolver equipamiento y permitir a la emisora volver al aire), dieron señales de cambio. Esa transformación se aceleró con la llegada a la presidencia de Argentina de Mauricio Macri –que, diez días después de asumir el cargo, derogó parcialmente la ley audiovisual kirchnerista– y de la opositora Unidad Democrática en la Asamblea Nacional de Venezuela –que, en un contexto de altísima inestabilidad económica y política, está impulsando cambios regulatorios que reduzcan la censura y autocensura en los medios–.

Las multinacionales extractivas
La economía latinoamericana sigue siendo básicamente primaria, con producción y exportación de commodities [materias primas o productos básicos]. Pero la novedad de este tiempo es la creciente conciencia social sobre la necesidad de proteger los recursos naturales, tanto por razones ambientales como por cuestiones económicas. Eso ha generado crecientes conflictos entre poblaciones y grandes firmas petroleras, mineras y proveedoras de insumos para la producción agropecuaria.

Estas empresas destinan mucho dinero al ‘lobby’ y a la publicidad

En este contexto crecieron en el subcontinente los reclamos de medios y periodistas por la presión que esas compañías ejercen sobre las empresas o los Gobiernos para limitar la difusión de noticias vinculadas con la contaminación ambiental o el impacto social del uso de productos tóxicos en la producción.

En 2014, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) denunció el hostigamiento contra dos periodistas de esa provincia argentina, un reportero gráfico del diario La Voz del Interior y una periodista del Canal 10 de televisión, quienes informaban sobre los reclamos sociales contra Monsanto cuando esa firma construía una planta clasificadora de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas. Situaciones similares se han registrado en otras ciudades de Argentina y Brasil, dos de los principales productores de granos de América del Sur.

“La táctica de Monsanto es siempre la misma: primero, lo intentan con la seducción; si no funciona, te difaman, y si sigues molestando, te demandan”, le advirtió una científica argentina a la periodista Soledad Barruti. Autora del best seller Malcomidos sobre la industria alimentaria, Barruti hizo esta denuncia pública en un artículo de la revista Anfibia, editada por la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), titulado “El periodismo según Monsanto”. La multinacional estadounidense –que también está enfrentada a algunos Gobiernos, como el de Macri, por la propiedad intelectual de las semillas– no es la única en su rubro, aunque su marca se consolidó como el rival a destronar por el activismo ambientalista (que no repara tanto en otras compañías con las mismas prácticas). Y los enfrentamientos son duros: el exvocero de la firma en Argentina, Francisco Do Pico, fue golpeado, insultado y escupido cuando participaba en una charla en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Estas empresas, que destinan fuertes sumas de dinero al lobby –preferentemente legal– y a la publicidad, también pueden condicionar económicamente a los medios en los sitios donde operan, en los que habitualmente pueden constituirse como el principal anunciante. En 2009, el Diario de Cuyo –en la provincia minera argentina de San Juan, al pie de la Cordillera de los Andes– decidió discontinuar la publicación de la revista dominical Rumbos, que adquiría a otro editor, cuando en la tapa de la publicación se cuestionó la actividad minera.

Es fundamental el desarrollo de infraestructuras de conectividad

En la misma región se produjo en 2015 un derrame tóxico sobre el río Jáchal por un accidente en la mina Veladero, que se hizo público varios días después, cuando los vecinos de la zona se alertaron mutuamente por WhatsApp de no tomar agua corriente proveniente de aquella fuente. Finalmente, la información fue tomada por los medios de Buenos Aires y amplificada al ámbito nacional.

La petrolera Chevrón firmó con la estatal argentina YPF un contrato confidencial para la explotación de un yacimiento de petróleo y gas no convencional en la provincia de Neuquén. Varias organizaciones de la sociedad civil reclamaron ante los jueces que ese contrato sea difundido, algo que aún no sucedió, a pesar del cambio de Administración y de los reiterados fallos judiciales que lo ordenan. Con el argumento de proteger información comercial, la práctica del secretismo en este ámbito ha sido habitual en Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia.

El petróleo y la minería suelen estar en lugares poco habitados, muchas veces conviviendo con pueblos ancestrales y pequeñas comunidades, en las que sobreviven pequeños medios de comunicación que ejercen un periodismo totalmente vocacional y siempre desfinanciado.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, el periodismo latinoamericano tiene gran vitalidad. Como en otros lugares del mundo, en esta región también se buscan modelos de negocios que permitan financiar el periodismo de calidad y superar la actual crisis, caracterizada por el cierre de medios y la cesantía de periodistas. En ese sentido, es destacable la experiencia de Media Factory, una aceleradora de emprendimientos periodísticos latinoamericanos.

Las grandes empresas de medios, sobre las que se puso la lupa por la concentración económica y de producción de información, pierden sus grandes audiencias, las cuales tienden a atomizarse en múltiples ofertas de contenidos –muchas veces, de origen extranjero–, a los que se accede de manera creciente a través de internet. Por eso, en esta región, el desarrollo de infraestructuras de conectividad es fundamental para una mejor calidad de la información.

Igualmente, se exploran nuevas fuentes económicas que garanticen la viabilidad de las empresas periodísticas, que además deben encontrar nuevas narrativas para atraer a una sociedad más interesada por el espectáculo que por la información.

 

* José Crettaz es licenciado en Comunicación Social y magíster en Administración de Empresas. Es periodista especializado en tecnología, medios y telecomunicaciones en el diario La Nación, de Buenos Aires (Argentina). Es docente e investigador de política, economía y negocios de los medios en la Universidad Argentina de la Empresa (Fundación UADE)

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