27/06/2025

¿Es legítimo utilizar el periodismo parlamentario como instrumento de agitación política?

Escrito por Milagros Pérez Oliva

Todas las especialidades del periodismo son importantes, pero en un sistema democrático el periodismo parlamentario lo es especialmente, porque de su buen hacer y del cumplimiento escrupuloso de las normas deontológicas depende una buena transmisión a la ciudadanía de lo que ocurre en las cámaras legislativas. En un momento de extrema polarización de la política, la intermediación del periodismo parlamentario es clave para que la ciudadanía pueda recibir una información veraz de las iniciativas de las fuerzas políticas y de las relaciones que se establecen entre ellas.

De un tiempo a esta parte, sin embargo, esa polarización ha alcanzado a la propia profesión periodística. El cambio se ha producido con la llegada al Congreso de los Diputados de personas acreditadas como periodistas que, con su comportamiento, distorsionan gravemente el clima habitualmente respetuoso de los profesionales que ejercen este tipo de periodismo. En realidad, no se comportan como periodistas, sino como agitadores ultras que utilizan las acreditaciones y su libertad de movimiento para hostigar o incomodar a políticos, boicotear o alterar el curso de las ruedas de prensa y publicar informaciones falsas o distorsionadas.

Su actitud distorsiona la vida parlamentaria y entorpece el trabajo de los demás periodistas

Entre los agitadores se encuentran activistas y antiguos candidatos de fuerzas de ultraderecha que practican un notable nivel de agresividad y hostigamiento con fines claramente intimidatorios. Su actitud distorsiona la vida parlamentaria y entorpece el trabajo de los demás periodistas, a los que también han señalado y agredido, propiciando un clima de coacción intolerable.

Diferentes colectivos profesionales, entre ellos la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), habían pedido reiteradamente una modificación del Reglamento de la cámara que permita erradicar esos comportamientos. Una manifestación convocada por la APP reunió a más de 80 profesionales el pasado 6 de febrero en la escalinata del Congreso para pedir un cambio del Reglamento que permita sancionar esas conductas y retirar las acreditaciones a los activistas que se disfrazan de periodistas.

El Reglamento del Congreso, aprobado en 1982, prevé que la Mesa regule la concesión de acreditaciones a representantes de los medios. No obstante, la regulación vigente no permitía adoptar medidas eficaces. En la última ocasión en la que se actuó de acuerdo con esa normativa, la resolución adoptada fue derogada por la justicia. Ocurrió en 2019. Un periodista de Okdiario entró de forma irregular en los despachos de la entonces ministra Irene Montero y el vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, grabó imágenes de forma ilegal y las publicó. La Mesa del Congreso acordó el 3 de julio retirarle la acreditación durante un año por incumplimiento de la Instrucción de la Presidencia del Congreso sobre información gráfica en la cámara. Pero en febrero de 2020, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimó el recurso del periodista y anuló la suspensión alegando infracción del principio de tipicidad. Sostenía que la decisión de retirar la acreditación no estaba basada en un régimen tipificado de faltas y sanciones.

Eso es justo la reforma que se discute en el Congreso. Con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, PNV, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, BNG, Podemos y Coalición Canaria, el pasado 21 de marzo se presentó una propuesta legislativa de reforma del artículo 98 del Reglamento del Congreso que revisa las normas de acreditación de los periodistas y establece un régimen sancionador. La proposición fue admitida a trámite el 20 de mayo, con el voto en contra del PP, Vox y UPN.

La nueva norma exige que se respeten 'las reglas de cortesía parlamentaria en el recinto'

El propósito de la nueva norma es fijar “los requisitos que resulten exigibles” para garantizar “el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”. También exige que se respeten “las reglas de cortesía parlamentaria en el recinto”. Entre los criterios para la renovación de credenciales se tendrá en cuenta, en todo caso, la existencia de anteriores vulneraciones, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa. También prevé crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y representantes de las entidades y colectivos profesionales en el ámbito de la información.

El régimen de sanciones, basado en una tipificación detallada de infracciones leves, graves y muy graves, podrá ir desde una amonestación a la suspensión temporal de la acreditación y la revocación permanente. La sanción se impondrá al representante del medio de comunicación que haya cometido la infracción, y con objeto de evitar maniobras o subterfugios para eludirla prevé que, en el caso de las graves o muy graves, el medio representado por la persona sancionada no pueda sustituirla por otra durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial. Si la infracción deriva en una publicación en un medio de comunicación sin identificación de autoría, en ese caso se suspenderán todas las credenciales vinculadas a ese medio por un tiempo de entre seis meses a tres años.

El nuevo texto se alinea con el reglamento europeo de la libertad de medios de comunicación -Reglamento (UE) 2024/1083-, la European Media Freedom Act (EMFA), aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de 2024. Parte de la premisa de que los medios son un servicio público imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia. Y establece que los dos principales criterios para definir un “servicio de medios de comunicación” serán “la actividad profesional y la responsabilidad editorial”. El reglamento es de aplicación directa, aunque el Gobierno ha anunciado iniciativas legislativas para trasponer y concretar las directrices europeas a nuestro ordenamiento interno. Pero mientras se define qué medios pueden ser considerados como tales, el Congreso de los Diputados se defiende de esta forma contra la actividad distorsionadora de los “seudomedios”.

Los contrarios a la reforma del Reglamento alegan que supone un atentado a la libertad de expresión e información. Este es el argumento que con más frecuencia se invoca como reacción contra cualquier intento de preservar un periodismo riguroso y respetuoso con las normas éticas. Es un argumento trampa. Estamos de nuevo en una de esas situaciones extrañas en las que se retuerce la realidad hasta el punto de que quienes han acreditado una práctica censurable de acoso, intimidación y mala praxis periodística acusan a quienes tratan de defender los estándares del buen periodismo y las normas éticas de la profesión de conculcar nada menos que la libertad de expresión e información. En realidad, el periodismo de trinchera no defiende la libertad de información, no al menos la de los políticos y periodistas que son objeto de su hostigamiento, sino su capacidad para convertir una acreditación periodística en un arma de agitación política. Lo que conculca la libertad es coaccionar y tratar de obstruir el trabajo parlamentario y el de otros profesionales del periodismo por razones ideológicas y políticas.

Este tipo de 'periodismo de agitación' nada tiene que ver con el derecho de los medios a obtener y difundir información veraz

Este tipo de “periodismo de agitación” nada tiene que ver con el derecho de los medios de comunicación a obtener y difundir información veraz, porque no es ese su propósito. Lo que buscan es alterar los mecanismos de formación de la opinión pública; y para ello, la acreditación periodística solo es un medio instrumental con el que lograr esos fines. La acreditación les permite acceder a los recintos parlamentarios, interpelar a los políticos y conseguir una cobertura legal para poder ejecutar sus campañas de desinformación y de descrédito contra determinados políticos y contra otros periodistas.

Resulta chocante que quienes utilizan procedimientos de acoso, insultos y hostigamiento hacia sus propios compañeros consideren que cualquier limitación a sus excesos constituye un atentado contra la libertad de expresión e información. Limitar esas prácticas no puede ser considerado un menoscabo del derecho de los medios a obtener y difundir información veraz, sino todo lo contario: implica dotar a la Cámara de mecanismos para proteger esos derechos frente a intrusos, que, bajo la apariencia de desarrollar un trabajo periodístico, verdaderamente están socavando la libertad de los demás y la credibilidad del buen periodismo.

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Milagros Pérez Oliva

Periodista

Publicación número 50