Es más necesaria que nunca la lucha contra la desinformación. Necesaria e imprescindible por el bien de la propia vida de las democracias. No debemos olvidar que la mayoría de esa desinformación, por no decir toda, se genera en las redes sociales y no en los medios. Por eso hay que estar vigilantes para impedir la tentación que se observa en muchos Gobiernos, incluso democráticos, de aprovechar la lucha contra la desinformación para intentar aumentar el control sobre los medios, especialmente los críticos. Existe el riesgo de que se perviertan incluso los proyectos creados para proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión para medios y ciudadanos y sean retorcidos para lograr fines no deseados en una sociedad democrática. Un ejemplo claro lo estamos viviendo con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
* FRANCISCO SIERRA HERNANDO
Decía el magistral escritor Mario Vargas Llosa, uno de los intelectuales que más se comprometió con la defensa de la libertad a lo largo de toda su vida, que la libertad de expresión era tan fundamental que “se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”.
En el pasado siglo, la aspiración máxima en las sociedades democráticas occidentales era alcanzar que se cumpliera ese aforismo de “la mejor ley de prensa es la que no existe”. La llegada de internet nos introdujo en un siglo XXI en el que hemos visto la transformación rápida, compleja y también, a veces, peligrosa del tratamiento, distribución y consumo de la información. Tras internet llegaron las redes sociales, las mensajerías instantáneas y las plataformas de vídeos, revolucionando tanto el ecosistema mediático que han golpeado muchos de los fundamentos básicos de esa libertad de expresión.
Han sido tiempos difíciles para una prensa que tuvo que hacer el camino desde el papel al digital, sumida en un mercado zarandeado por la crisis publicitaria, los cambios de hábitos de los lectores y la multiplicación de los accesos a la información. Muchas cabeceras históricas cayeron en ese camino; por el contrario, llegaban múltiples diarios nativos digitales que nacían ya con nuevos fundamentos. La digitalización cambió las reglas del juego, con nuevas estructuras empresariales y redaccionales que, en un durísimo ejercicio darwiniano, tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Ahora en la red parece más fácil abrir un medio, pero es más difícil que nunca la supervivencia económica y empresarial de los proyectos de calidad.
Y algunos de ellos ya ni buscan un proyecto empresarial periodístico. Surgen voces individuales que se autodenominan periodistas e incluso algunos de ellos llegan a autoconsiderarse medios de comunicación. Sobreviven en redes sociales o en canales de vídeos en YouTube. Detrás de estos proyectos, la mayoría de las veces lo que hay, en vez de periodistas, son activistas políticos, o influenciadores sensacionalistas muy sensibles al mundo publicitario o esos que se autodenominan “creadores de contenido” con el fin de huir de cualquier requisito de responsabilidad, ética y deontología periodística que se les pueda exigir.
Todo ello ha supuesto un cambio revolucionario en el hacer de las redacciones y de los periodistas en su forma de trabajar e informar. Internet, el móvil, las redes sociales, la data o la inteligencia artificial (IA) han modificado ya aquellos contextos que parecían estables y que, aun con sus grietas, servían de tabla de los mandamientos sobre la que se referenciaban. Muchos de esos mandamientos han saltado por los aires y no solo para esa fauna que, sin ser prensa, publica en algún sitio información o supuesta información. La prueba más negativa y evidente es la experiencia de las noticias falsificadas en las redes sociales, procedentes o de cobardes perfiles anónimos o de dañinas injerencias geopolíticas organizadas por grupos cercanos a Estados extranjeros. El resultado en todo caso es un alarmante crecimiento de la desinformación.
Es más necesaria que nunca la lucha contra la desinformación. Necesaria e imprescindible por el bien de la propia vida de las democracias. No debemos olvidar que la mayoría de esa desinformación, por no decir toda, se genera en las redes sociales y no en los medios de comunicación. Por eso hay que estar vigilantes para impedir la tentación que se observa en muchos Gobiernos, incluso democráticos, de aprovechar la lucha contra la desinformación para intentar aumentar el control sobre los medios de su país, especialmente los críticos. Existe el riesgo de que se perviertan incluso los proyectos creados para proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión para medios y ciudadanos y sean retorcidos para lograr fines no deseados en una sociedad democrática.
Un ejemplo claro lo estamos viviendo con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en 2024 por la Unión Europea, de aplicación automática a partir de 2025, y que ahora todos los países miembros deben integrar en sus respectivas legislaciones nacionales. Nació en su día como un intento de defender y blindar la libertad de prensa y la democracia frente a tendencias autoritarias y prácticas de control político de los medios, como las observadas en Hungría y Polonia en los últimos años. Un proyecto en el que la UE aprovechaba para intentar unificar a toda la Unión en la salvaguarda de la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Entendían los legisladores que al proteger a los periodistas y al garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y diversa se reforzaba la democracia europea.
En tiempos en los que la desinformación es uno de los fundamentos de la nueva guerra híbrida, el Reglamento Europeo buscaba asimismo blindar de manera normativa todo el ecosistema informativo europeo frente a amenazas internas y también externas. La desinformación es ya parte de la guerra híbrida. No olvidemos que estamos en medio de una gran crisis internacional por la invasión rusa de Ucrania o por el giro de Trump en su tradicional alianza tanto militar como comercial de EE. UU. con Europa. Y en paralelo, o por encima de todo, la amenaza global del impacto que supone la prepotencia y desdén con el que las gigantes tecnológicas gestionan sus plataformas e ignoran la legislación europea desde una posición casi monopolística en muchos sectores. Una posición que con la llegada de sus desarrollos de inteligencia artificial puede ser todavía más peligrosa y compleja para que la UE pueda proteger los derechos de sus ciudadanos.
En este panorama, y con los populismos creciendo por toda Europa, es más fundamental y necesario que nunca una prensa libre, crítica, independiente y transparente. Porque lo cierto es que no son solo Hungría, Eslovaquia o Polonia los países cuya salud de la libertad de prensa cuestiona la UE. Hace unas semanas, la prestigiosa publicación norteamericana Politico publicaba un análisis de Antoinette Nikolova, directora de la Balkan Free Media Initiative (BFMI), en el que, a pesar del nuevo Reglamento, se criticaba la pasividad de la Comisión Europea ante la política mediática y censora de diferentes Estados de fuera de la UE. Y lo más grave, también de países miembros como Hungría, Eslovaquia, Italia y la propia España. La articulista afirmaba que, si la UE quiere apoyar la libertad de empresa a terceros países, antes debe dar ejemplo.
En lo que afecta a España, el análisis comparaba las políticas mediáticas del Gobierno de Pedro Sánchez con un régimen como el de Serbia. Denunciaba que el Gobierno español, que “anunció reformas a la ley de medios de comunicación destinadas a contrarrestar los ‘seudomedios’, fue más allá de lo que recomienda el texto, con el fin de limitar qué organizaciones pueden optar a financiación pública”. En su informe no olvidaba Nikolova la decisión del Gobierno de quitar y nombrar presidente en Telefónica tras comprar un 10% de su capital, ni las informaciones que aseguraban que a través del gigante español de las telecomunicaciones se estaba intentando influir en las decisiones del diario El País para lanzar una cadena de televisión privada oficialista.
Este análisis evidencia que en Bruselas ya se cuestionan muchas de las líneas maestras del plan de medios que ha anunciado el Gobierno español y que afectan al ecosistema y a las libertades de los medios de comunicación en España. En su denominado Plan de Acción por la Democracia, de septiembre de 2024, el Gobierno anunciaba una hoja de ruta de 31 medidas que afectaban al poder legislativo y al judicial, aunque la mayoría de ellas, en realidad, parecían, y siguen pareciendo, un intento de aumentar el control del Gobierno sobre los medios.
En Bruselas ya se cuestionan muchas de las líneas maestras del plan de medios del Gobierno español, que afectan a las libertades de los medios en España
El Plan tenía tres ejes de actuación: ampliar y mejorar la información gubernamental; garantizar la pluralidad y la responsabilidad de los medios de comunicación, y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Es el segundo el que afecta directamente al ecosistema mediático. En él se apuntaba la creación de registros de medios de comunicación; la adaptación de la legislación nacional a las directrices europeas sobre libertad de medios; medidas para combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión y la protección de los periodistas, y lucha contra acciones judiciales abusivas. Se presentaba como una simple integración en la legalidad nacional del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Una hoja de ruta, para implementar entre 2024 y 2027, que buscaba, según la Moncloa, reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho de la información en el sistema democrático español.
Medidas todas plausibles y necesarias, pero que generaron, sin embargo, cierta inquietud por si había detrás otras intenciones bien distintas. No hay que olvidar que el anuncio del Plan lo hacía el presidente Pedro Sánchez en junio de 2024, justo en el arranque de los escándalos por posibles casos de corrupción de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez. Dos casos que cercaban al presidente en su entorno más personal y sobre los que apenas ha dado explicaciones. Siempre los consideró bulos generados por los que él y sus ministros llamaban “seudomedios”, término con el que se referían a todos los medios críticos que seguían publicando nuevos datos sobre esos dos casos. No eran los únicos. También sufrían este calificativo muchos de los medios que informaban sobre otros casos como Koldo, Ábalos, Jessica o la situación judicial del mismísimo fiscal general del Estado. Informaciones que han acabado todas en actuaciones e investigaciones judiciales que siguen su desarrollo en los tribunales.
En este contexto, no es extraño que no hayan sido pocos los que consideraran que se estaba retorciendo la esencia del Reglamento Europeo en su integración en la legislación nacional, con el objetivo final de conseguir un mayor control gubernamental de los medios críticos e independientes. Es paradójico que, a pesar de decir que se estaba en una lucha total contra la desinformación, nos hayamos encontrado que ha sido el propio Gobierno el que ha desinformado hasta en las mismísimas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros o en declaraciones del propio presidente y sus ministros. No ha sido una vez, sino varias, y sin que se hayan producido rectificaciones ni disculpas cuando ha quedado en evidencia el bulo del propio Gobierno.
Aquella declaración de intenciones del Plan de Acción Democrática provocó que, en septiembre de 2024, y a la espera del desarrollo normativo que se anunciaba, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) enviara públicamente diez propuestas al secretario de Estado de Comunicación. Se avisaba también al Gobierno de que la APM estaría atenta al desarrollo de la aplicación del Plan de Acción por la Democracia, velando siempre por la defensa de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística.
Aquellos diez puntos de la APM eran:
- 1. Que el organismo que vigile el cumplimiento del Reglamento Europeo y que funcione como registro de medios, definiendo su concepto, sea un ente autónomo, independiente de cualquier Administración y con perfil profesional. Existe un organismo cuyas decisiones vinculan a las asociaciones, colegios y editores: la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.
- 2. En aras de la transparencia, pedimos que todos los partidos con subvención pública estén obligados a acreditar a periodistas en sus ruedas de prensa de todos los medios de información general; y si no lo hacen, puedan ser sancionados.
- 3. Que los máximos representantes de todas las Administraciones públicas estén obligados a aceptar preguntas en sus ruedas de prensa y se limite el concepto “declaración institucional” a situaciones excepcionales. Que las comparecencias posteriores a las visitas de mandatarios internacionales incluyan un número razonable de preguntas acorde con las necesidades informativas del momento.
- 4. Proponemos que en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros y de Gobierno se garantice que todos los periodistas acreditados de forma permanente tengan acceso al turno de preguntas, estableciendo un sistema que lo asegure y que ningún medio acreditado pueda pasar más de cuatro convocatorias sin acceder a un turno.
- 5. Que todas las Administraciones, ministerios, secretarías de Estado, consejerías y el resto de los departamentos estén obligados a publicar las subvenciones hechas a cualquier medio de comunicación en el plazo máximo de un mes desde que su concesión.
- 6. Que la misma discriminación positiva que se aplica a los medios que utilicen lenguas cooficiales se autorice para los medios de información local y regional en aquellas comunidades donde no existe una segunda lengua.
- 7. Que se concrete la reforma legal que protegerá el secreto profesional, contando con la participación de las organizaciones de periodistas en la elaboración del texto.
- 8. Introducir la educación mediática en la formación de niños y adolescentes con la participación de periodistas.
- 9. Garantizar la protección de los periodistas durante los actos informativos en los que se crean climas de tensión que derivan en agresiones. Pedimos además que el Estado asuma la defensa de los periodistas hostigados desde el exterior.
- 10. Transparencia y publicidad en el programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación.
De aquella hoja de ruta del Gobierno, el Plan Normativo de 2025 ya aborda el desarrollo de hasta cinco leyes. Una de las primeras que se ha conocido en detalle ha sido el anteproyecto de ley que prevé crear un registro de medios de comunicación que dependa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este anteproyecto “contempla la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional. El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona. Se crearán además registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico. Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente”.
Se confirma, por tanto, que será la CNMC el coordinador de servicios digitales, con amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales, redes sociales y buscadores. Y que será también la encargada de velar por toda la regulación de la propiedad, financiación e ingresos publicitarios de los medios. Es interesante recordar que al frente de la CNMC se encuentra Cani Fernández, que trabajó en la Moncloa. En concreto, en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, bajo las órdenes de Iván Redondo.
La CNMC será la encargada de velar por toda la regulación de la propiedad, financiación e ingresos publicitarios de los medios
El Plan busca la publicación anual de la inversión publicitaria que reciben los medios por parte de todas las Administraciones públicas. Una transparencia pedida y deseada por todo el sector. Desde hace tiempo, desde el Gobierno y posiciones afines se venía denunciando que algunas Administraciones sobrefinanciaban a pequeños medios digitales con poca audiencia. Y también se denunciaba lo contrario. Es decir, que desde la Administración central se sobrefinancia a grandes grupos y cabeceras afines políticamente con el Ejecutivo. Ahora se deberán hacer públicos los criterios de proporcionalidad y de no discriminación en el reparto. Para ello hará falta garantizar sistemas de medición de audiencia transparente, que en estos momentos solo parecen existir de verdad en el mundo de la televisión. Los medidores digitales siguen generando muchas dudas y confusión sobre la efectiva medición de los medios digitales. Será un gran paso si esto acelera que el mercado se ponga de acuerdo sobre la representatividad de esos medidores. Asimismo, y en este momento legislativo, asusta la petición de determinados medios y grupos, que insinúan la inclusión de un criterio que denominan de “calidad de la información”. Algo que devolvería de nuevo la subjetividad y el capricho o simpatía política, en función de quién sea el encargado de determinar qué tiene calidad y qué no.
Algo parecido apunta el anuncio de un paquete de 100 millones de euros en ayudas a la digitalización de los medios de comunicación, destinados a modernizar infraestructuras, crear bases de datos y reforzar la ciberseguridad. Lo que pudiera parecer una buena medida para los medios se encuentra con la realidad de que el primer paquete de 65 millones que anuncia el ministerio de Óscar López será para “ayuda a la digitalización de medios impresos”. Sorprendente, porque no existe ningún medio impreso que no sea desde hace años también digital. Y esclarecedor, porque se confirma que se intenta aislar de esas ayudas a los medios nativos digitales, que son los que justamente están desvelando las informaciones más críticas con el Gobierno. Una forma de ahogar silenciosamente a los medios más independientes que deberán competir con una desigualdad financiera peligrosa para su supervivencia.
También se observa con preocupación la propuesta de endurecimiento por ley del derecho de rectificación
También se observa con preocupación la propuesta de endurecimiento por ley del derecho de rectificación. Quieren que los procesos judiciales se acorten y que se endurezcan los castigos e indemnizaciones. Dice el documento del Gobierno que “deben adaptarse los plazos y procesos judiciales al ritmo actual de la comunicación, dotándolos de la agilidad que requiere la adecuada protección de estos derechos. También deben revisarse las indemnizaciones y los criterios para determinarlas, a fin de asegurar una apropiada reparación del daño causado”. Aunque no suene mal sobre el papel, la realidad es que pronto podríamos ver cómo se obliga a los medios a publicar rectificaciones casi en tiempo real junto con la misma publicación de las informaciones, por el mero hecho de que el protagonista de la noticia diga que es “inexacta” o directamente “falsa” sin necesidad de tener que demostrarlo previamente. A la espera de conocer más detalles, esta nueva “agilidad” y “equiparación” de la negativa con la propia información podrían convertirse en un freno insalvable para muchas investigaciones periodísticas que vienen descubriendo casos de corrupción.
Preocupante para la labor de investigación de los periodistas es también la propuesta del Gobierno de modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Una ley bajo la que ahora se siguen escondiendo muchos miembros del Gobierno para no contestar cuestiones que se les hacen a través del Portal de Transparencia. Muchos se escudaban en que, supuestamente, las preguntas podrían afectar a la seguridad del Estado. Ahora la ley de Secretos Oficiales no solo afectaría a la seguridad y defensa del Estado o a la averiguación de los delitos. La novedad es que se incluye también la “intimidad de las personas”. Un concepto ambiguo, subjetivo, difuso y que solo se puede entender como un intento desafortunado de cercenar todo tipo de informaciones que puedan afectar a lo que se determine que es la intimidad de los gobernantes y suponemos que también de sus esposas y hermanos.
Otra de las grandes apuestas del Gobierno es la reforma de la Ley de Protección del Honor a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Dicen que buscan combatir la desinformación y la proliferación de bulos, especialmente en el entorno digital y en redes sociales. Tras el concepto de actualización de la ley que ya existe, y que es de 1982, el objetivo es controlar la actividad de los medios digitales y de la difusión masiva de información falsa en plataformas digitales. Es sorprendente el interés en reformar una ley que los jueces vienen aplicando desde hace tiempo correctamente también en el entorno digital. Para la mayoría de las asociaciones profesionales ya está perfectamente regulado sin necesidad de estos criterios que ponen en riesgo la libertad de expresión. Con la redacción de la nueva ley se corre el peligro de imponer restricciones también a las opiniones, lo que sería de hecho una censura en la mayor extensión de su significado. Son muchos los que consideran que puede ser un salto atrás de décadas en la libertad de información y opinión en España. Una ley que, pese a las garantías del Gobierno de que no generará censura, preocupa, porque puede alentar a una regulación más estricta. Sería otro aviso negativo al periodismo de investigación y a la crítica legítima, que podría provocar en muchos profesionales la autocensura, sobre todo en aquellos que quieran investigar y analizar a los poderes públicos.
“La mejor ley de prensa es la que no existe”. Regular una ley que hasta ahora ha estado funcionando y viene siendo aplicada correctamente por los jueces denota la posibilidad de que, en realidad, se buscan otros efectos no confesados. Es cierto que la tecnología ha acelerado y acortado los tiempos, pero para muchos expertos jurídicos lo que hay que conseguir acelerar y acortar son, en todo caso, las fases y tiempos de los procesos judiciales. Reducir con más restricciones el marco legislativo denota una querencia a la creación de mecanismos que silencien, o censuren, o asusten a los profesionales de la información. O todo a la vez. Será inevitable el riesgo de dañar la propia esencia de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos. Un debate público libre y plural que esté bajo amenazas o genere miedos dejará de ser un debate público libre y plural.
No podemos terminar sin apuntar otras propuestas que parece que tienen una mayor aceptación. Por ejemplo, la obligación de que las redes sociales exijan la identidad digital de los usuarios. Razonable, aunque no parece fácil de conseguir a corto plazo, al depender de las grandes plataformas globales. También es plausible la intención de obligar a los medios a informar de forma clara a su público cuando una imagen, sonido o vídeo haya sido generado por inteligencia artificial. Un riesgo enorme de desinformación que nos trae la tecnología. Ya hemos comprobado cómo algunos medios han caído en la tentación de usar la IA para falsear la realidad y ofrecerla como cierta.
La avalancha legislativa, y que el Gobierno pretende vender como la integración en la legislación nacional del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, no es tal. El contenido legislativo original ha sido envuelto por una serie de capas que asfixian los objetivos plausibles buscados para convertirse en una innecesaria batería de normas que puede acabar asfixiando la libertad de expresión y sobre todo el derecho de los ciudadanos a una información libre y crítica.
La investigación y denuncia de las malas actividades en la cosa pública son la esencia del periodismo. Sería peligroso que estas leyes lo amordacen, con este Gobierno o con futuros Gobiernos que también puedan usarlas para intentar controlar a los medios. Katherine Graham, la editora y directora del Washington Post que publicó los papeles del Pentágono, los cuales demostraban cómo el Gobierno de EE. UU. había mentido al pueblo estadounidense durante la guerra de Vietnam, y que también desveló el caso Watergate, el cual le costó la presidencia a Richard Nixon, decía que “la prensa debe servir a los gobernados, nunca a los gobernantes”.
Sería bueno que nadie olvide ni una palabra, ni una coma, de lo que dice el artículo 20 de la Constitución española. Todos deberíamos saberlo de memoria. Y que dice así:
Artículo 20
- 1. Se reconocen y protegen los derechos:
- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- c) A la libertad de cátedra.
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
- 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
- 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
- 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
- 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Así sea.
Contenido relacionado:
- "Carta a los Lectores": "Veinte años después, vamos a menos", por Fernando González Urbaneja
- "Carta a los Lectores": "Que la reflexión continúe", por David Corral Bravo
- "Carta a los Lectores": "¿Y qué más puedo añadir?", por José Francisco Serrano Oceja
- "Estado actual de la innovación periodística en España: responsables de medios y expertos digitales destacan productos, formatos y estrategias de éxito", por Jose Antonio González Alba
- "Cómo diseñar el negocio y mantener a la audiencia en la era de la IA, los desafíos de la innovación en EE. UU.", por Juan Varela
- "Misión del periodismo en la España de hoy", por Adela Cortina
- "Dudar de nosotros mismos", por Diego S. Garrocho
- "El Ministerio de la Verdad no os hará libres", por Víctor Lapuente
- "Consultorio Deontológico": "¿Es legítimo utilizar el periodismo parlamentario como instrumento de agitación política?", por Milagros Pérez Oliva