Reino Unido: autorregulación en caos

Una década después del primer caso judicial de las escuchas telefónicas ilegales y cinco años después de la publicación del informe Leveson, prosigue el desacuerdo sobre el nuevo régimen de control de la prensa británica. Los editores han puesto en marcha distintos sistemas de autorregulación, mientras sucesivos Gobiernos titubean en la implementación de controvertidos flecos legales de aquel informe.

LOURDES GÓMEZ*

Londres.- Cinco años después de la investigación pública sobre “la cultura, las prácticas y la ética” de la prensa británica provocada por las escuchas ilícitas de mensajes telefónicos, el Reino Unido sigue dividido en cuanto al régimen más adecuado para proteger los derechos del individuo, la verdad informativa y la larga independencia de la industria. Los editores han puesto en marcha distintos sistemas de autorregulación, mientras sucesivos Gobiernos titubean en la implementación de controvertidos flecos legales del informe Leveson.

 “Es la séptima vez en 70 años que el Gobierno encarga un informe que tiene relación con preocupaciones sobre los medios de comunicación”, escribió el juez Brian Leveson en la introducción del dosier que entregó al Ejecutivo de David Cameron en noviembre de 2012. La frase suena hoy premonitoria del aluvión de irregularidades que ensucia periódicamente y probablemente continuará lacrando la profesión, en concreto, los rotativos populares del Reino Unido. Los remedios de estas últimas siete décadas no han resultado efectivos a largo plazo y hay pocos indicios de que el nuevo régimen regulador sea la solución definitiva.

Leveson descartó una ley de prensa o someter al sector al control de organismos públicos como Ofcom, la autoridad que regula las cadenas comerciales de televisión. Al mismo tiempo, certificó el fracaso de la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Commission –PPC–), el ente supervisor creado precisamente a resultas del anterior informe oficial. Aquel giró en torno a la “privacidad y asuntos relacionados” y la presidió el abogado sir David Calcutt en 1990. La PCC cerró definitivamente hace tres años, pero de la era justo anterior a su gestación resuena sin perder un ápice de fuerza la sentencia del entonces ministro conservador David Mellor: “Creo que la prensa –la prensa popular– está bebiendo en el ‘salón de la última oportunidad’”.

La principal asociación de víctimas del pirateo de móviles y otros abusos de privacidad, Hacked Off, lamenta que los tabloides siguen desperdiciando la “última oportunidad para regularse”, ofrecida esta vez por el ahora lord juez. “La puerta del salón de la última oportunidad de la fallida autorregulación independiente debería cerrarse, pero todavía no se ha cerrado”, declaró el exdiputado liberal-demócrata y codirector de Hacked Off, Evan Harris, al comité de Comunicación de la Cámara Alta de Westminster.

Autorregulación independiente
Leveson abogó por un “sistema de autorregulación genuinamente eficaz e independiente” tanto de la industria como del poder ejecutivo. Propuso un modelo asentado en una nueva entidad que debía cumplir dos misiones fundacionales: “promover altos estándares de periodismo y proteger los derechos de los individuos”. “Protegerá tanto la libertad de prensa como la de expresión –puntualizó  en su documento–, así como los derechos e intereses de los individuos, y se ganará de esta forma la confianza del público”.

Las funciones y estructuras del organismo sucesor de la PCC no se cuestionan tanto como el calibre real de su independencia. En un pacto con la oposición parlamentaria, el Gobierno optó por una fórmula arcaica –la Royal Charter o Cédula Real– para cimentar legalmente el nuevo sistema de autorregulación. Por ejemplo, la BBC se rige por su propia Royal Charter, si bien es una corporación estatal financiada con un impuesto específico con cargo sobre cada propietario de un televisor y recientemente también sobre los que acceden a sus contenidos por internet. La tasa impositiva anual y otros aspectos presupuestarios se fijan entre Downing Street y el Ministerio de Cultura, Medios y Deportes.

Editores y directores de prensa se oponen al corsé del decreto estatal

Hacked Off presionó para que se impusiera alguna forma de ligadura legislativa al nuevo mecanismo de regulación e incluso participó en la negociación que culminó en la Royal Charter. Por el contrario, la inmensa mayoría de los propietarios, editores y directores de prensa se oponen al corsé del decreto estatal, el cual, según protestan, deja a la industria a merced del Parlamento por primera vez en 300 años. Los estatutos del régimen regulador pueden modificarse con el aprobado de dos tercios de los escaños en ambas cámaras de Westminster, además del consenso de la propia junta supervisora. Hasta ahora, solo eran competencia de los patrones y profesionales de prensa.

El Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) también se opuso a la Royal Charter, porque, según advirtió en 2013, “va en contra del espíritu de la recomendación de lord Leveson de establecer una organización independiente de la industria”. “Se arriesga a abrir la puerta a una futura injerencia política en nuestra prensa”, añadió la secretaria general, Michelle Stanistreet, ante la versión final del documento.

La Royal Charter fue aprobada en marzo de 2013 y obtuvo el sello real en octubre del mismo año. Estableció un nuevo ente, el Press Recognition Panel (PRP), encargado de “reconocer” o validar a los organismos reguladores que así lo soliciten. Estos han de cumplir 29 criterios distintos que demuestren su independencia de los editores y directores miembros, garanticen sus recursos de financiación y faciliten canales para tramitar denuncias del lector, entre otros requisitos. En este apartado se concedió una importancia crucial a los procesos de conciliación y arbitraje como vía para resolver disputas mucho más económicas que las vistas judiciales. Dicho arbitraje permitiría a ciudadanos sin ingresos millonarios reclamar retractaciones, remedios o indemnizaciones contra presuntas ofensas a su honor y su privacidad.

Para obtener el aprobado del PRP, la entidad reguladora ha de habilitar también conductos confidenciales para atender quejas de los empleados y colaboradores de los medios de comunicación que supervisa. Son las llamadas “líneas calientes” para informantes internos o whistle-blowers.

A su vez, el PRP debe supervisar periódicamente los entes reconocidos y presentar informes sobre la evolución e impacto de su labor a los Parlamentos de Westminster y de Edimburgo, además de informar a las Asambleas autonómicas de Cardiff y Belfast y al público en general. Una comisión independiente de nombramientos de cargos públicos seleccionó al presidente de la junta y, en una segunda fase, a los cinco restantes miembros.

Boicot de los medios
Medios reputados rechazaron desde un principio participar en el sistema de la Royal Charter. Periódicos de calidad como el Financial Times (FT), The Guardian y The Independent, la revista satírica Private Eye y el diario digital BuzzFeed, entre otros pocos, confirmaron de inmediato el boicot corporativo al reformado régimen autorregulador. Se niegan por principios ideológicos a formar parte de un organismo regulador independiente, pero supervisado por un ente que ha sido creado por orden estatal. Estas publicaciones han establecido su propia oficina del Defensor del Lector o un mecanismo alternativo de canalización de quejas.

Por su parte, la mayoría de los grupos nacionales y regionales –desde los editores del Daily Mail, The Sun, Daily Telegraph y Daily Mirror a los de Hello!, Vogue y muchos más– se ha adherido a la Independent Press Standards Organisation (IPSO). Esta organización es la heredera de la desacreditada PCC y se niega a solicitar el reconocimiento oficial del PRP, según confirmó su presidente, sir Alan Moses, ante el comité parlamentario de Comunicación en diciembre de 2016.

El veto de la IPSO al PRP no solo se fundamenta en la ligadura parlamentaria del panel de reconocimiento. Sus miembros recelan también de la imposición de someterse a un tribunal de arbitraje, incluida en los criterios de validación del regulador “reconocido”. El recurso de arbitraje ha de ser obligatorio para ambas partes, siempre que las denuncias no se resuelvan satisfactoriamente por el conducto interno de quejas del medio en cuestión. En cambio, la IPSO tiene en fase piloto una fórmula de arbitraje completamente voluntario para los editores y que exige al demandante pagar distintas cuotas para proceder con el caso.

Otro distintivo punto de desencuentro es la negativa de la IPSO a exigir una disculpa pública de las publicaciones que infringen su código deontológico. “De acuerdo con nuestras normas, no podemos obligar a nadie a decir ‘lo siento’. Tenemos poder para imponer correcciones y dictar resoluciones, pero no para exigir disculpas, porque tampoco creemos que una disculpa forzada y a regañadientes vale el papel en que está impresa”, declaró el director ejecutivo de la IPSO, Matt Tee, al comité parlamentario.

La IPSO está controlado por una junta de doce miembros, la mayoría sin conexión directa con tabloides o rotativos de calidad. Entre sus estructuras destacan la comisión de quejas y el comité de prácticas del código de directores, que elaboró el manual de ética e integridad profesional. Este comité está formado por diez directores de periódicos y revistas nacionales y regionales, tres profesionales ajenos a la industria y el presidente y el director del mismo ente regulador. 

Con frecuencia se cuestiona la proximidad entre el regulador no oficial y los regulados

Con frecuencia se cuestiona la proximidad entre el regulador no oficial y los regulados. Otra crítica constante apunta a la escasa prominencia en las respectivas publicaciones, ya sea en papel o digitales, de las correcciones y retractaciones impuestas por quebrar el código. Las multas pueden elevarse hasta el millón de libras (cerca de 1,20 millones de euros), aunque esta penalización máxima no se ha impuesto de momento.

“La IPSO es esencialmente la PCC con dientes ligeramente más fuertes en cuanto a multas por sistemática mala conducta… No es independiente de la industria, su código deontológico es deficiente y la ‘línea roja’ para denuncias internas (whistle-blowing) es totalmente inadecuada”, denuncia el NUJ. Entre las cuestiones prioritarias, el sindicato presiona por la inclusión de periodistas en el comité de prácticas del código de directores y la aceptación generalizada de quejas de terceras personas o grupos. En Gran Bretaña, la costumbre dicta que la denuncia la interponga la persona
afectada.

La IPSO recibió el aprobado en efectividad e independencia en una primera revisión externa no oficial. No obstante, el presidente del “examen”, el ex funcionario ministerial sir Joseph Pilling, planteó pegas sobre el sistema de arbitraje, la imprecisión del concepto de interés público en los apartados del código y el fracaso en atraer a los más reputados grupos de información del país.

Conflicto de intereses
El PRP no tuvo ningún candidato para validar ni supervisar durante sus dos primeros años de andadura. La aprobación finalmente de Impress como regulador “reconocido” en octubre de 2016 solo complicó aún más la situación. La financiación del organismo procede de una fundación financiada a su vez por una entidad benéfica de la familia de Max Mosley. El expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ganó un sonado y costoso pleito de privacidad contra el grupo de Rupert Murdoch por la publicación en 2008 de un reportaje audiovisual en el News of the World sobre una “nauseabunda orgía nazi” que el juez declaró infundado e intrusivo.

Mosley sigue velando por los derechos de privacidad del individuo y niega su injerencia directa en Impress. “Lo hemos apoyado porque se necesita desesperadamente un regulador independiente supervisado. Nada va a cambiar sin él. Seis veces desde la Segunda Guerra Mundial los principales periódicos han prometido reformas en respuesta a la ira del público. Renegaron en cada ocasión y retornaron a sus prácticas habituales en cuanto se acalló el furor”, replicó el famoso exejecutivo en una carta remitida al director del FT.

La relación financiera con una víctima de los tabloides –el escándalo de las escuchas estalló precisamente en el News of the World– no contribuye al despegue de Impress. El regulador defiende su independencia, pero no capta miembros de sustancia. Hasta hace unas semanas solo representaba a un minúsculo porcentaje de medios locales y blogs digitales frente al aproximadamente 90% de la industria general que se ha acogido a la IPSO. El objetivo teórico es que ambos se sostengan a la larga con las cuotas anuales de sus afiliados, aunque nada indica que Impress sea capaz de ganar más adeptos voluntariamente.

Condenados en la victoria
“Desde el comienzo de la Comisión, he animado a la industria a que trabaje unida para encontrar un mecanismo de autorregulación independiente que funcione tanto para ellos como para el público, es decir, un mecanismo que cumpla con los criterios que he expresado”, expuso el juez Leveson. Ante la falta de consenso y para incentivar el modelo elegido de resolución de disputas por arbitraje, el magistrado sugirió un cambio trascendental en la adjudicación de las costas de un proceso judicial por difamación y privacidad. La respuesta del Gobierno se concretó en una enmienda de la Ley del Crimen y los Tribunales de 2013–conocida como “sección 40”– que convierte los gastos legales del demandante en herramienta de persuasión o de castigo, según las interpretaciones dispares de la polémica medida.

La sección 40 convierte los gastos legales del demandante en herramienta de persuasión o de castigo

La sección 40 teóricamente obliga a una publicación no adherida a un regulador “aprobado” a pagar las costas propias y ajenas incluso aunque gane el pleito por difamación o intrusión en la privacidad de un individuo. Además, la misma legislación exime a los miembros de un regulador reconocido de correr con los gastos legales del denunciante que gane el pleito. “Lo que hace principalmente es conceder a cada ciudadano un nuevo derecho de acceso económicamente asequible a la Justicia en casos de difamación e intrusión injustificada”, defendió Brian Cathcart, profesor de periodismo y cofundador de Hacked Off, en el portal académico digital The Conversation.

La enmienda fue aprobada por el Parlamento de Westminster en 2013, pero el Ejecutivo retuvo el control de ejecución. Aún no ha entrado en vigor, si bien ha conseguido unir a todos los propietarios y directores de prensa. “La sección 40, si realmente se implementa, será una afrenta para la equidad y la justicia. Representaría también una amenaza a la supervivencia del negocio informativo en esta era en que las organizaciones mediáticas operan con las finanzas ajustadas”, protestó el FT. De acuerdo con un editorial del influyente diario financiero, los medios batallarán contra la imposición de dicha cláusula, que “es un esfuerzo para coaccionar a los periódicos a unirse a un regulador aprobado bajo una arcaica carta real, mientras se pretende preservar la libertad de elección”.

Otros temen por su negativo impacto en el trabajo y los contenidos de las publicaciones no sujetas a Impress. “No me cabe duda de que el efecto paralizante de estos costes punitivos será el golpe de muerte de las investigaciones periodísticas”, declaró Ashley Highfield, presidente de la News Media Association (NMA) y consejero delegado del grupo regional Johnston Press, en su intervención ante el comité de Westminster.

En el polo opuesto del argumento se sitúan el supervisor oficial, el único regulador “reconocido” y los portavoces de víctimas de los excesos de la prensa. “La sección 40 es la ruta para incentivar la regulación independiente. Leveson dijo que no tomaría la ruta preceptiva, pero también dijo que la autorregulación no es sostenible”, replicó a los lores Jonathan Heawood, director ejecutivo de Impress. El que fuera periodista de The Observer y responsable de la rama británica de la asociación de escritores PEN International, entre otros puestos anteriores, acusa a los opuestos a la sección 40 de no ofrecer una alternativa y de “intentar destruir y corroer un sistema diseñado para lograr un bien público”. Hugh Tomlinson, de Hacked Off, reitera a su vez que la extraordinaria cláusula legal “no es un castigo, sino un incentivo y forma parte de un paquete apropiado y cuidadosamente equilibrado”.

Los editores se enfrentan hoy en día a gastos cuantiosos si pierden litigios de privacidad y libelo en los tribunales. Una macrosentencia del Supremo, dictada el pasado 11 de abril, reafirma el derecho de abogados de litigantes victoriosos de reclamar el pago de todos los honorarios acordados con sus clientes en pactos de cuota litis. Los periódicos afectados en este triple caso civil de difamación e interferencia de buzones de voz –The Times, The Mail y The Daily Mirror– se han visto también forzados por este dictamen a abonar las pólizas de seguro que contrataron los respectivos querellantes para así poder afrontar los gastos del proceso de apelación.

El pacto de cuota litis o tarifa condicional –más conocido por el lema “no win, no fee” (“sin victoria, no hay pago”)– se permite en Gran Bretaña desde 1999. La iniciativa pretendió compensar la eliminación de subvenciones estatales en procesos judiciales, que obstaculizó el acceso de la mayoría de los ciudadanos a los tribunales civiles. Una reforma de 2013 destinada a aplacar percibidos abusos del sistema no cubrió, sin embargo, los casos de privacidad y difamación. La sección 40 de la Ley del Crimen y los Tribunales está particularmente enfocada a solventar esta exención.

“Una prensa libre no puede rendirse ante amenazas del estilo de la sección 40”, desafió The Times en el editorial sobre su reciente derrota en el Supremo. De acuerdo con el diario de calidad del grupo Murdoch, la resolución del tribunal de máxima instancia del Reino Unido “ha desvelado la realidad de un sistema disfuncional de ejecución de la legislación del libelo y la regulación de la prensa, que puede y debe arreglarse”.

Nueva consulta pública
El Gobierno conservador no estaba muy inclinado a activar la controvertida cláusula 40. Justificó la moratoria inicial en dos factores. Por un lado, su entrada en vigor no era necesaria mientras no hubiera un organismo regulador oficial, que finalmente fue “reconocido” el otoño pasado. Por otro, la precaria situación de los medios tradicionales frente al creciente tirón de empresas de comunicación digital dio al parecer motivos para echar el freno al anterior ministro de Cultura, Medios y Deportes, John Whittingdale. Los más escépticos recuerdan que los tabloides declinaron publicar durante años detalles de un enredo sexual del mismo político tory, que fue presidente del comité parlamentario en la materia antes de dirigir el ministerio con responsabilidad sobre toda la prensa, incluida la sensacionalista.

Su sucesora al frente del ministerio desde julio de 2016, Karen Bradley, retrasó la toma de decisión mientras se familiarizaba con sus distintas carteras y establecía contacto con profesionales y víctimas de los tabloides. Finalmente, la nueva titular decidió esquivar el embrollo una vez más y abrió un periodo de consultas públicas sobre flecos sin resolver del informe Leveson.

El ejercicio, que concluyó el pasado 10 de enero, planteaba varias alternativas referentes a la sección 40, desde su implementación íntegra o parcial a su abolición absoluta. “El Gobierno está decidido a que se alcance el equilibrio entre libertad de prensa y libertad del individuo. Los que son tratados indebidamente deben ser recompensados. Asimismo, los políticos no deben intentar ahogar a la prensa ni impedir que realicen su trabajo legítimo”, señaló Bradley al anunciar el nuevo retraso.

La consulta abordó otra asignatura pendiente: la conveniencia o no de poner en marcha la segunda parte de la exhaustiva revisión pública. En suspense quedó el análisis de la relación de la prensa con la policía en toda su envergadura, desde el fracaso de las pesquisas policiales iniciales sobre las escuchas al soborno de agentes y la complicidad de directores y ejecutivos de prensa en el pago de honorarios a cambio de exclusivas. El abanico de procesos criminales generados por las injerencias telefónicas o la compra ilícita de noticias bomba ya se ha cerrado, eliminando así el obstáculo práctico que impedía lanzar este fundamental segmento de la investigación.

El Partido Conservador se comprometió en el manifiesto electoral a abolir la sección 40

Finalmente, el Partido Conservador se ha comprometido en el manifiesto electoral a abolir la sección 40 y cancelar definitivamente la segunda parte de la investigación Leveson (sobre la relación entre la prensa y la policía).

Interferencias en la casa real
La alarma del último exceso de la prensa británica saltó hace ya diez años. El príncipe Guillermo se había lesionado una rodilla y en Palacio se cuestionaron cómo pudo llegar la noticia al News of the World. Fue la primera sospecha de interferencia ilegal de teléfonos móviles por encargo de medios sensacionalistas que transcendió al público. Se saldó con sendas condenas en prisión del periodista Clive Goodman y del detective Glen Mulcaire, ambos contratados por el dominical. Los pinchazos continuaron a escala masiva hasta el cierre, en julio de 2011, de la entonces cabecera de mayor tirada del Reino Unido.

Nueve reporteros y ejecutivos imputados por la trama de las escuchas acabaron en la cárcel. Entre ellos, Andy Coulson, quien fue fichado como director de comunicación de Cameron pocos meses después de renunciar a las riendas del semanario que fue acusado de espiar a la familia real y a otras personalidades. Su jefa inmediata, examante y consejera delegada de News International al tiempo del escándalo, Rebekah Brooks, salió libre de todo cargo del mismo juicio, en el Old Bailey de Londres, en otoño de 2012. La protegida de Murdoch completó su rehabilitación profesional al ser nombrada, apenas tres años después, directora general de toda la división de prensa británica del grupo, rebautizada News UK.

Ningún periodista ha sido condenado a prisión por sobornar a agentes de policía, y la Fiscalía archivó varios casos pendientes ante la sucesión de fracasos judiciales. En cambio, cerca de una treintena de funcionarios públicos han recibido penas de cárcel por vender datos o soplar información confidencial a medios de comunicación.

En un debate del NUJ, Duncan Campbell, veterano en la cobertura de crímenes y clanes de maleantes, explicó cómo la trama de las escuchas “envenenó el pozo” de datos confidenciales que antes suplía un puñado de fuentes policiales. Ningún agente se atreve ahora a pasar información a un reportero por miedo a perder el empleo y acabar en el banquillo de los acusados. Ante el evidente cambio de circunstancias, surge la cuestión de si todavía es preciso centrar una investigación en el impacto y las consecuencias de la interdependencia de la policía y la prensa británicas. La respuesta a ambos puntos de la consulta la dará la persona que se adjudique la correspondiente cartera ministerial en las elecciones legislativas del 8 de junio.