Una investigación sobre la cultura, prácticas y ética de la prensa
Traducción del resumen ejecutivo y las recomendaciones del informe del juez Leveson, llevado a cabo tras el escándalo de las escuchas ilegales protagonizadas por varios medios británicos.
RESUMEN Y RECOMENDACIONES DEL INFORME LEVESON
El honorable juez lord Leveson
RESUMEN EJECUTIVO
[Traducción: Patricia Rafael]
Introducción
1 · Es la séptima vez en 70 años que el Gobierno encarga un informe que tiene relación con las preocupaciones acerca de los medios de comunicación. [1] Se desencadenó por la repulsión provocada por una única acción –las escuchas hechas al móvil de una adolescente asesinada. Desde ese momento, el ámbito de la Comisión se amplió para cubrir la cultura, las prácticas y la ética de los medios de comunicación y su relación con el público, la policía, los políticos y, en lo que se refiere a la policía y a los políticos, la conducta de cada uno de ellos. El primer ministro le ha otorgado autoridad a esta Comisión. Mi cometido es considerar hasta qué punto hubo fallos a la hora de actuar sobre avisos previos acerca de la conducta de los medios, la forma en que se ha regulado la prensa (si se ha hecho de alguna manera) y, en definitiva, cómo debería funcionar esa regulación en el futuro.
2 · El hecho de incluir la relación entre la prensa y la policía se produjo por la preocupación generalizada de que la policía mantenía una relación demasiado estrecha con los medios en general, y con News International en particular, con el resultado de que la investigación sobre las escuchas telefónicas no se había realizado con el rigor requerido y las peticiones de reapertura del caso habían sido ignoradas. Incluir a los medios y a los políticos vino no solo por el consenso entre el Gobierno y los partidos de la oposición de que la clase política había intimado demasiado con la prensa, sino también por las sospechas acerca de la oferta de compra de News Corporation sobre las acciones que aún no poseía de la plataforma BskyB. Al estudiar más profundamente toda la naturaleza que abarca los Términos de Referencia de la Parte Uno, decidimos incluir el estudio de un marco de regulación mayor en lo que se refiere a la protección de datos, junto con los temas relacionados con la concentración de medios y sus efectos para la relación con los competidores.
3 · Llevó tres meses empezar a recibir toda la información (aunque el proceso continuó un año). En cerca de nueve meses de comparecencias, 337 testigos ofrecieron testimonios en persona y se leyeron los escritos de otros casi 300 (individuos o grupos). Casi todas las comparecencias se pueden ver o se han podido ver y también se han colgado transcripciones diarias en internet. En la página web de la Comisión se pueden estudiar los comunicados y comparecencias: ha sido el examen más público e intenso hecho a la prensa que se ha visto en este país.
4 · El cometido establecido por el primer ministro es que debería hacer recomendaciones, firmemente basadas en la información que he escuchado y leído, acerca de la manera diferente en que las cosas se deben hacer en el futuro. Esto ha significado llegar a conclusiones amplias en lo que se refiere a la narración de los acontecimientos, suficientes para explicar y justificar mis recomendaciones, al mismo tiempo que éramos conscientes de la cada vez mayor investigación policial que ya ha llevado a más de 90 arrestos. Cada uno de los detenidos es presunto y es inocente a menos que y hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal. Ha sido, por tanto, un principio central de la Comisión que la investigación policial o cualquier acusación no debía ser prejuzgada a causa de este trabajo: esto ha llevado inevitablemente a serias restricciones acerca de la información que podía ser requerida o investigada en áreas que obviamente son claves en los Términos de Referencia.
5 · Al nombrar a un juez para dirigir una Comisión de esta naturaleza, la intención era que avanzara con líneas jurídicas. En otras palabras, la Comisión sería un proceso para obtener información y llegar a conclusiones basadas en valoraciones objetivas de las pruebas, con independencia y políticamente neutral. Además, durante mis 40 años como abogado y juez, he visto en acción, día tras día, a los medios de comunicación en los juzgados en los que he trabajado. He visto cómo la prensa asistía a las investigaciones criminales y la manera en que ha sido informado el público sobre el funcionamiento del sistema judicial. Sé lo vital que son los medios de comunicación –todos ellos– como guardianes de los intereses del público, como testigos críticos de los acontecimientos, como los abanderados de aquellos que no tienen a nadie más para hablar en nombre de ellos. Nada de lo que he escuchado o leído me ha hecho cambiar de opinión. La prensa, trabajando de forma adecuada y en el interés del público, es uno de los garantes de nuestra democracia. Como dijo Thomas Jefferson: “Donde la prensa es libre y todo hombre es capaz de leer, todo está a salvo”.[2]
6 · Como resultado de este principio que funciona como uno de los pilares de nuestra democracia, en este país, los medios de comunicación han recibido derechos especiales y significativos, que yo reconozco y que he apoyado libremente como abogado y juez. Estos derechos, sin embargo, traen consigo responsabilidades hacia el interés público: respetar la verdad, obedecer la ley [3] y defender los derechos y las libertades de los individuos. En pocas palabras, honrar los principios proclamados y articulados por la propia industria (y como aparecen en su totalidad en el Código de Prácticas de los Editores).
7 · Los testimonios que se han prestado a la Comisión han demostrado, más allá de toda duda, que ha habido muchas ocasiones durante la pasada década y más allá (esta década parece haber sido mejor que otras anteriores) que estas responsabilidades, tan importantes para el público, han sido simplemente ignoradas. Ha habido demasiadas veces en que, mientras perseguía una historia, una parte de la prensa ha actuado como si su propio código, que está escrito, simplemente no existiera. Esto ha provocado grave sufrimiento y, de vez en cuando, ha causado estragos en las vidas de gente inocente, cuyos derechos y libertades han sido despreciados. No son solo famosos, también son ciudadanos normales pillados en unos acontecimientos (muchos de ellos realmente trágicos) más grandes de lo que podían soportar, y que fueron mucho, mucho más duros debido al comportamiento de los medios que, en algunas ocasiones, solo puede calificarse de escandaloso.
8 · Nuestras conclusiones no nos han llevado a pensar que los medios de comunicación británicos están de alguna manera tan faltos de mérito que la libertad de prensa, conquistada duramente hace 300 años, deba ser puesta en peligro ni que la prensa deba caer en los brazos del Estado. Aunque se ha dicho que ese era el objetivo de la Comisión, o que ese era el resultado, incluso se ha sugerido que ha tergiversado burdamente lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 16 meses. Yo sigo creyendo firmemente (como al principio) que los medios británicos –todos ellos– sirven muy bien al país durante la mayor parte del tiempo. Hay realmente incontables ejemplos de gran periodismo, grandes investigaciones y coberturas. La exposición a la talidomida, la cobertura para llevar ante la justicia a los asesinos de Stephen Lawrence, el descubrimiento de los abusos de los diputados con sus gastos son algunos de los más conocidos de una larga lista. Los medios describen acontecimientos mundiales y locales, clarifican los asuntos políticos y la política en general, piden cuentas al poder, desafían la autoridad, investigan y ofrecen un foro para el debate.
9 · No es necesario ni apropiado que la prensa esté siempre persiguiendo grandes historias para que trabaje por el interés público. Algunas de sus funciones más importantes son informar, educar y entretener; y, cuando lo hace, debe ser irreverente, rebelde y obstinada. Añade una diversidad de perspectiva. Explica conceptos complejos importantes para el mundo de hoy con un lenguaje que todos pueden entender. Cubre deportes, entretenimiento, moda, cultura, economía doméstica, propiedades, las parrillas de radio y televisión y otros muchos temas. Proporciona líneas de ayuda y consejos; apoya a sus lectores de muchas y muy variadas maneras. Ofrece diversión con los crucigramas, los juegos y las viñetas. En pocas palabras, es una parte importante de nuestra cultura nacional.
10 · Pero esto no quiere decir que no deba enfrentarse a sus problemas. Tampoco que el precio de la libertad de prensa deban pagarlo aquellos que sufren, de forma injusta y atroz, a causa de los medios de comunicación, y no tienen suficientes mecanismos para obtener una reparación. No existe profesión organizada, comercio o industria en la que los fallos serios de unos pocos se pasen por alto debido a las cosas buenas que hace la mayoría. De hecho, los medios de comunicación serían los primeros en sacar a la luz tales prácticas, en retar y hacer campaña para apoyar a aquellos cuyos derechos e intereses legítimos están siendo ignorados y no tienen manera de recurrir. Esa es, de hecho, la función de los medios: pedir cuentas a aquellos que tienen el poder. Es lo que, en realidad, hizo The Guardian con respecto a News of the World,[4] y lo que hizo ITV primero y, luego, Panorama respecto a la BBC.[5]
11 · El propósito de esta Comisión ha sido doble. Primero, se trataba de sacar a la luz lo que precisamente ha estado sucediendo al estudiar de forma pública los testimonios de aquellos que son capaces de hablar sobre los diferentes aspectos de los Términos de Referencia: el público ha podido ver y leer lo que se ha dicho y tomar una decisión por él mismo. Segundo, hacer recomendaciones para un cambio. Respecto a esto, no hay discusión sobre que necesitan hacerse cambios. Por ejemplo, está casi aceptado de forma general que el órgano responsable de tratar las quejas contra la prensa no es un regulador ni sirve para llevar a cabo esa responsabilidad. [6]
12 · Aunque lo contrario es afirmado a menudo, ni una sola persona ha propuesto que el Gobierno o el Parlamento debería ser capaz de intervenir para impedir la publicación de nada en absoluto. Ni una sola persona ha propuesto que el Gobierno o el Parlamento debería involucrarse a sí mismo en la regulación de la prensa. No lo he contemplado ni he realizado tal propuesta.
13 · El Informe se ha escrito para desarrollar la información relativa al público, la policía, la protección de datos y los políticos antes de entrar a considerar la ley y una nueva regulación. A la vista de mis averiguaciones, es posible tratar con la prensa y el público, la policía y los políticos completamente por separado. Por tanto, este resumen se ocupa primero de los antecedentes, luego de la prensa y el público, seguidos de la Comisión de Quejas de la Prensa y las regulaciones de los medios (incluidas las referencias a la ley). Luego trata de la Policía (tanto respecto a la operación Cariátide como a la relación entre la prensa y la policía), antes de considerar la prensa y la protección de datos. La sección principal termina con los medios y los políticos y el tema de la pluralidad.
Los precedentes económicos
14 · Antes de entrar en la estructura del Informe y el núcleo de las recomendaciones, merece la pena identificar los antecedentes con los que está funcionando hoy en día la prensa. Es relevante a lo largo de toda la Comisión y no respecto a una sola de las áreas que he tenido que estudiar –el público, la policía y los políticos-, las cuales, sea como fuere, no pueden ser consideradas aisladamente. Las tres se interrelacionan, por lo que su solución debe ser a través de ellas, a la vez que se tienen en cuenta el resto de aspectos en los que la Comisión se ha centrado.
15 · Excepto por la radio, hasta la posguerra, los periódicos eran el único medio por los que la mayor parte del público tenía acceso a las noticias, a los temas de actualidad o a la infinidad de otras piezas de información que daban forma a los acontecimientos del mundo de nuestro alrededor. La rivalidad llegó con la competencia de las cabeceras, cada una de las cuales ofrecía su propia visión desde una perspectiva parcial inevitable. Los dueños de los periódicos –descritos no erróneamente como “los magnates de la prensa”– ejercían una gran influencia en los asuntos públicos. Luego llegó la competencia con la televisión, limitada por el ancho de banda y la exigencia de imparcialidad.
16 · La competencia (con sus consiguientes presiones) se ha incrementado en gran medida desde entonces. La velocidad acelerada del cambio tecnológico, que ha llevado a la aparición de numerosos canales de televisión, la cobertura de noticias durante 24 horas siete días a la semana (en particular en la BBC, un rival también online), internet con sus numerosas fuentes de noticias y de información (normalmente gratuitas), los blogs, redes sociales como Twitter, todos ellos han contribuido al cambio dramático en los costes y el modelo económico en el que se basan los periódicos. A su vez, esto ha incrementado la presión por conseguir historias exclusivas. Muchas cabeceras tienen ediciones digitales, accesibles con el PC, la tableta o el teléfono móvil inteligente, y en muchos casos gratuitas para el usuario. A pesar de que la mayoría de los periódicos de pago sigue dando beneficios (incluso enormes en algunos casos), existe un reto muy real debido a la presión de la competencia, la desaparición de viejas distinciones (como el contenido de vídeo y el impreso) y la necesidad de encontrar maneras para lograr beneficios de la edición en internet. En este contexto, se me exige abordar temas sobre las propiedades multimedia y el régimen de regulación necesario que respaldará la pluralidad de los medios de comunicación en este país.
17 · El problema, sin embargo, no es simplemente lo que está ocurriendo en este país: las noticias y la información vienen de cualquier lugar del mundo. Aunque el Mail Online se jacta de tener una de las mayores audiencias en internet, en Reino Unido hay pocos jugadores que puedan rivalizar internacionalmente con las grandes informaciones globales de negocios de Estados Unidos y mucho menos con su potencia económica. Todo ello da lugar a la competencia y, en particular, plantea diferentes cuestiones acerca de la habilidad de una sola jurisdicción para establecer estándares que, en una sociedad libre y abierta, se pueden traspasar con tan solo el clic de un ratón. El resultado, por tanto, es la necesidad de reconocer que regulaciones molestas e insensibles podrían dificultar aún más la supervivencia de los grupos de periódicos británicos.
18 · Por otro lado, esta no es una razón para bajar la calidad y aceptar estándares menores que no respeten los derechos y las libertades de los individuos. Para ser justo, nadie ha pedido que así sea. Pero es indiscutible que los periódicos en este país no pueden ser vistos como solían, es decir, como los únicos responsables de dar las noticias. Ya no lo son. El control sobre la información que pudo haber sido posible hace unos años puede ser ahora derrotado de forma inmediata en Twitter o en cualquier otra red social fuera del Reino Unido y no sujeta a sus leyes. Como consecuencia, es necesario encontrar nuevas formas de añadir valor. Responder a las presiones de diferentes maneras puede llevar a más comentarios y reportajes sobre famosos.
19 · Respecto a los problemas de publicidad a los que se enfrentan los periódicos, debo puntualizar algo acerca de los medios regionales británicos. De alguna manera, no les afecta tanto la disponibilidad global de grandes historias, pero su contribución a la vida local no tiene paralelismos. Financiados por los anuncios (y, en particular, de propiedades locales, de empleos, de motor y personales), esta forma de ingresos se está trasladando a internet; los ayuntamientos están elaborando boletines locales y, por tanto, usan menos los periódicos. Muchos de ellos ya no son económicamente viables y están bajo una enorme presión, mientras se esfuerzan por rehacer el modelo de negocio necesario para su supervivencia. Además, su desaparición supondría un enorme revés para las comunidades (donde informan de política local, de los sucesos en los juzgados, de acontecimientos y deportes locales) y sería una gran pérdida para nuestra democracia. Aunque se han realizado quejas similares y sobre imprecisión contra los periódicos locales, las críticas sobre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa que se han hecho en esta Comisión no les afectan a ellos: por el contrario, han sido muy alabados. El problema respecto a su preservación no está en los Términos de Referencia de la Comisión, pero soy muy consciente de la necesidad de tener presente su posición al analizar una foto más amplia.
Los antecedentes
20 · Durante años, ha habido muchas quejas acerca de que una parte de la prensa trataba como a un trapo tanto a determinados individuos como al público en general sin ninguna razón de interés público. Los intentos por meterles en vereda no han funcionado. A las promesas les siguen otras promesas. Incluso los cambios que siguieron a la muerte de Diana, princesa de Gales, difícilmente se han mantenido. Las prácticas descubiertas por el Comisionado de Información, durante la operación Motorman, que dio lugar a la publicación de dos informes del Parlamento, revelaron que una buena parte de la prensa había estado involucrada en un comercio generalizado de información privada y personal, aparentemente con muy poca consideración hacia el interés público. Un detective privado, Steve Whittamore, había estado envuelto en una trama criminal que se saltaba la ley de protección de datos y, a primera vista, los periodistas que usaron sus servicios o productos (y pagaron importantes cantidades de dinero por ese privilegio) debían o deberían haberse dado cuenta de que esa información se obtenía ilegalmente.
21 · Ninguna de estas informaciones llevó a algún periódico a iniciar una investigación en su propio medio o sobre otras cabeceras. Ningún diario se esforzó por descubrir (no digamos sacar a la luz) si sus periodistas habían cumplido la legislación de protección de datos. Algunas cabeceras rápidamente prohibieron el uso de detectives privados para la búsqueda de información; a muchos les llevó más tiempo dar ese paso y otros ni siquiera lo dieron. Cuando el Comisionado de Información pidió el apoyo del Gobierno y luego del Parlamento para incrementar las penas por saltarse la ley, se encontró con una gran presión de los medios (y de la Comisión de Quejas de la Prensa) contra la propuesta de que los incumplimientos de estas leyes por parte de los periodistas pudieran acarrear penas de cárcel.
22 · Cuando Clive Goodman, un periodista del News of the World, y Glenn Mulcaire, un detective privado, fueron condenados por pinchar los teléfonos de miembros de la Familia Real y de otros, durante la investigación quedó patente que otros debían haber estado involucrados, tanto si lo sabían como si no, en el uso de información que provenía de escuchas telefónicas. Muchas empresas se escandalizarían al enterarse de que sus trabajadores estaban o podían haber estado envueltos en la comisión de delitos al desempeñar su trabajo. No es el caso del News of the World. Cuando la policía acudió al periódico para ejecutar las órdenes judiciales, la plantilla se enfrentó con los agentes y estos fueron expulsados. La cooperación, si hubo alguna, fue mínima. Cuando los dos condenados a prisión fueron liberados, les pagaron importantes sumas de dinero para compensar la pérdida de su empleo.
23 · Una vez más, ni News of the World ni ninguna otra cabecera de News International, ni ningún otro, hizo el esfuerzo por empezar una investigación periodística (esta vez, sobre las escuchas telefónicas) del tipo que ha sido tan alabada en esta Comisión. En cambio, “un solo reportero sin escrúpulos” fue la explicación ofrecida a la Comisión de Quejas de la Prensa, al Parlamento y al resto; y, durante años, ahí es donde se quedó todo: fue así a pesar de que ni el abogado más veterano del News of the World creía que fuera verdad. Nadie fue más allá. Había lo que ahora se dice rumores y chistes de hasta dónde estaba extendido el uso de escuchas telefónicas en la industria, pero (con una sola excepción) la prensa no hizo nada para investigarse a sí misma o sacar a la luz una conducta que, de haber estado involucrado el Gobierno, el Parlamento, cualquier otra institución nacional u organización significativa, habría estado sujeta al más intenso escrutinio que los periodistas hubieran podido hacer.
24 · Aquellos cuya identidad como víctimas de las escuchas telefónicas salió a la luz durante el procesamiento de Goodman y Mulcaire iniciaron complejos procedimientos civiles; pasaron dos años y medio hasta que un único periodista de investigación, Nick Davies, empezó a descubrir la verdad, tanto alertado por un soplo o como consecuencia de tratar de confirmar que una de las víctimas había negociado un acuerdo. El 9 de julio de 2009, The Guardian publicó un artículo en el que alegaba encubrimientos. La policía (que de forma perfectamente razonable había limitado en 2006 la investigación debido a la carga de trabajo que en ese momento tenía por la lucha contra el terrorismo) decidió que no había pruebas suficientes en el artículo para reabrir el caso. Esto ha dado lugar a que el Servicio de Policía Metropolitana sea acusado de parcialidad. La Comisión de Quejas de la Prensa no solo aceptó las promesas del News of the World, sino que en una rara incursión investigando los estándares en vez de ocuparse de las quejas, condenó a The Guardian por publicar los resultados de una investigación: su informe sobre ese asunto ha sido ya retirado.
25 · Un posterior –y más amplioreportaje de The New York Times, publicado el 1 de septiembre de 2010, no fue más efectivo. De nuevo, la Policía Metropolitana decidió que no había suficientes pruebas para reabrir el caso, y, otra vez, los intentos por sacar a la luz lo que había ocurrido se frustraron; no menos importantes fueron los valientes esfuerzos de la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento. Los siguientes pasos requirieron la persistencia de los demandantes civiles que consiguieron confesiones significativas; en particular, Sienna Miller, que prosiguió con el pleito de forma sistemática y minuciosa. Como resultado, salieron a la luz muchos más delitos de los que hasta ahora se habían descubierto.
26 · Alentada por el jefe de la Fiscalía, la investigación de las escuchas ilegales fue reabierta y nació la operación Weeting. Entendiendo la magnitud de lo que había ocurrido, News International ofreció después una gran cooperación. Entre el material incautado a Glenn Mulcaire había 4.375 nombres asociados a números de teléfonos. De ellos, la policía cree que 829 son probables víctimas de escuchas telefónicas. Había pruebas de pagos a funcionarios, de ordenadores intervenidos, de robos de teléfonos móviles y de otras potenciales actividades ilegales: esto dio lugar a la operación Elveden y Tuleta, así como a otras investigaciones secundarias.
27 · Hubo otros muchos ejemplos de comportamientos indignantes de la prensa, vistos en su momento como independientes. El más serio fue el trato que se dio a los doctores Kate y Gerry McCann tras la desaparición de su hija, Madeleine, en Playa de la Luz (Portugal) y el que recibió el señor Chistopher Jefferies en diciembre de 2010, cuando fue detenido durante la investigación del asesinato de Joana Yeates.
28 · Luego salió a la luz, aunque había ocurrido en marzo de 2002, que alguien del News of the World había pinchado el móvil de Milly Dowler. Con la información obtenida, el periódico publicó pistas falsas como resultado del malentendido con un mensaje que simplemente alguien había dejado por error. Se cree también que uno o varios mensajes fueron borrados (lo que dio lugar a que la familia albergara falsas esperanzas). El 5 de julio de 2011, The Guardian publicó estos hechos[7]. El clamor en contra fue inmediato. Dos días después se anunciaba el cierre del News of the World. El 13 de julio se establecía esta Comisión. Como he explicado, el ámbito de la investigación se extendía.
La prensa y el público [8]
29 · Se ha discutido que mientras que ha habido un gran problema en la manera en que el News of the World ha obtenido algunas de sus historias (pero, en ningún caso, todas), no hay justificación para concluir que otras cabeceras estaban actuando de forma ilegal y poco ética. A pesar de que hay enormes ejemplos de prácticas periodísticas poco éticas que sugieren lo contrario, se mantiene que estas son aberraciones que no reflejan la cultura, las prácticas y la ética del total de la prensa. Yo rechazo de plano este análisis. Por supuesto que muchas historias no han suscitado problemas de difamaciones, privacidad o de derechos de los demás y muchas se han escrito con altos (o muy altos) estándares de integridad y honestidad. Pero no podemos ignorar el número significativo de historias que no han seguido esos estándares y no tengo duda de que reflejan una cultura (o, más en concreto, una subcultura) de algunas cabeceras. Lo que sigue no es exhaustivo.
30 · Primero, tomemos como ejemplo las escuchas telefónicas. Mientras la investigación policial está abierta, no es posible entrar en los detalles, mucho menos estudiar (como afirmó un testigo y se reflejó en las demandas civiles) hasta qué punto se extendió a otros editores de periódicos. Lo que puede apuntarse es el modo en que diferentes directores de cabeceras hablaron y bromearon acerca de la información que tenía que proceder de las escuchas telefónicas; lo que es más, los que escuchaban esos chistes debían entenderlos. Subrayo que esto no quiere decir que todo el que mencionara el tema fuera culpable de algo. Sin embargo, por lo menos, demuestra que la actitud de estos responsables no era de bochorno ante el tipo de intrusión que se estaba llevando a cabo; no era la de iniciar una investigación para averiguar la complicidad de sus cabeceras en este asunto. Ningún diario nacional inició una cobertura para denunciar la poca seguridad de los mensajes telefónicos.
31 · Tan solo las escuchas telefónicas, incluso de haberse producido únicamente en una cabecera, hubieran justificado por parte de la dirección de las empresas una reevaluación de la manera en que los periódicos trabajan y la regulación que necesitan. Sin hacer averiguaciones sobre nadie individualmente, la evidencia del caso me lleva a concluir que esto era más que una actividad encubierta y secreta, desconocida para todos, excepto uno o dos que se dedicaban a las “artes oscuras”. Además, era ilegal. Y después del proceso, ni en más de un periódico ni por parte de más de un director se realizó una investigación profunda de a quién se había pagado y por qué, ni se revisaron los requisitos de idoneidad para ciertos puestos.
32 · Segundo, las escuchas telefónicas no es lo único que una parte de la prensa ha estado haciendo mal durante un tiempo. Basándome en todos los testimonios que he escuchado, no tengo duda de que en mayor o menor medida en un amplio número de periódicos ha existido la insensatez de priorizar historias sensacionalistas, casi sin tener en cuenta el daño que podían causar ni los derechos de aquellos a los que les afectaban (probablemente de una manera que nunca podrá ser remediada), y todo el tiempo descuidando el interés público. La determinación por lograr la noticia significaba empujar a unos (como los Dowler, los McCann y Abigail Witchell) al escrutinio público en unas circunstancias que se escapaban a su control; se vieron involucrados aquellos que simplemente tenían alguna conexión con un famoso (como H.J.K., al/la que se permitió dar testimonio de forma anónima, y Mary-Ellen Field, quien, sin duda, sufrió las consecuencias cuando se creyó que había estado filtrando a la prensa información sobre su jefa). En cada caso, el impacto ha sido real, y en algunos, devastador.
33 · El interés de la prensa en los famosos es una consecuencia de la popularidad, y ellos también están involucrados. Cuando se trata de obtener fama hasta el punto de que las celebridades puedan decir “invadir su privacidad” (como lo describe la prensa), obviamente la forma en que se pueden considerar los hechos puede ser diferente dependiendo de las circunstancias. Pero hay abundantes pruebas de que una parte de la prensa ha dado por sentado que los actores, los futbolistas, los escritores, los cantantes –cualquiera por el que el público pueda tener interés– son un objetivo, una propiedad pública con poco, si quiera algún, derecho a una vida privada o respeto por su dignidad, tanto si hay o no un interés público real por conocer cómo viven sus vidas. Sus familias, incluidos sus hijos, son perseguidos y se destruyen momentos personales importantes. Cuando hay un interés público legítimo en lo que hacen, es una cosa; cuando ocurre con demasiada frecuencia, no lo es.
34 · Tercero, además de este tipo de estrategia para lograr una historia, ha habido una disposición a utilizar la vigilancia encubierta, embaucando y engañando, para unas circunstancias en las que es muy difícil justificar algún interés público. El News of the World no solo estaba preparado para vigilar a los abogados de los demandantes en el juicio de las escuchas telefónicas; incluso aún más serio, también era un objetivo al menos un diputado de la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte. Se utilizaron estas técnicas en contra y pese al interés público.
35 · Cuarto, reconozco que los periodistas algunas veces tienen que ser persistentes cuando persiguen una historia cuyo protagonista no quiere que le investiguen ni formar parte de un reportaje. Lamentablemente, a veces la virtud de la persistencia –ya sea esperando a la puerta, persiguiendo con una cámara de fotos, llamando insistentemente por teléfono y demás– ha llegado hasta el vicio, y es cuando se ha convertido (o, en el menor de los casos, raya) en acoso. Hay numerosas pruebas de que se ha publicado información privada sin consentimiento y, de nuevo, sin que esté claro el interés público en ello: muchas de esas historias no causarán daño ni angustia y nadie se quejará, pero otras sí lo harán. Esto no implica a todos los periódicos todo el tiempo, o a muchos de ellos buena parte del tiempo, pero sí a algunos de los diarios algunas veces. De algún modo, esto demuestra que, cuando una historia se considera lo suficientemente grande, las disposiciones de la ley y el Código cuentan muy poco; y, en relación con este último, sus disposiciones se manipulan y se rompen (por no hablar sobre su espíritu). [9]
36 · Quinto, en el News of the World, además de las escuchas telefónicas, hubo un fracaso en la dirección y los incumplimientos fueron numerosos. Ninguno de los testigos fue capaz de identificar al responsable de asegurarse de que se cumplían los requisitos de un trabajo periodístico ético y había una falta general de respeto por la privacidad individual y la dignidad. Pocos suscribirían la afirmación de Paul MacMullan de que “la privacidad es para los pedófilos..., la privacidad es el mal”, pero queda claro con la historia relativa a Max Mosley que el periódico no estaba ni siquiera preparado para revisar o estudiar su forma de trabajar, que había ido tan lejos como estar involucrado en posibles chantajes, pese a los incisivos puntos de vista expresados por la Corte Suprema. Se dijo que el News of the World había perdido el rumbo con las escuchas telefónicas; su actitud relajada con la privacidad y la actitud superficial que tuvo al consentirlo demostraron una pérdida general de dirección. [10]
37 · Ninguna de las acusaciones puede imputarse únicamente al News of the World. Muchas historias en muchos periódicos fueron objeto de las quejas de mucha gente, y las cabeceras poco hicieron por asumir su culpa o considerar las consecuencias con la gente involucrada. Aunque un código de conducta aparece en el contrato de muchos periodistas, parece que hubo muy pocas consecuencias internas para las infracciones, tanto si esas violaciones fueron la conclusión inevitable tras los juicios, como tras las críticas de la Comisión de Quejas de la Prensa. Mucho se ha escrito acerca de las “artes oscuras” como para calificar el tema de “rumor” o de “golpe de efecto” o decir que eran las actividades de un solo periódico sin escrúpulos. No hay suficiente claridad sobre lo que es o no aceptable: esto es algo por lo que la Comisión luchaba o, al menos, debería haber luchado.
38 · Sexto, aunque los errores y las inexactitudes siempre estarán presentes en unos medios fuertes y que se mueven muy rápido, cuando la historia es tan grande y el apetito del público tan enorme, ha existido una indiferencia significativa e imprudente por la precisión de los hechos. Igualmente, como se evidencia en un buen número de historias de diferentes cabeceras, queda claro que se han producido tergiversaciones y adornos que han ido más allá de lo que se considera legítimo o razonable. En una industria que pretende informar, toda desinformación debería ser motivo de preocupación, y la distorsión de los hechos, más aún. Cuando esto deriva en prolongadas tergiversaciones sobre determinados grupos de la sociedad, en conflictos de interés ocultos y en provocar miedos irresponsables relacionados con la ciencia, el riesgo para el interés público es obvio.
39 · Finalmente, a efectos de este resumen, hay una tendencia cultural en una parte de la prensa a resistirse o rechazar casi automáticamente a los que se quejan. Lograr una disculpa, una corrección o una reparación apropiada, incluso cuando no puede haber lugar a dudas, llega a ser interminable y difícil. Cuando ya va a llegar la disculpa o la corrección, se empieza a discutir sobre dónde y de qué manera debe destacarse y, de nuevo, el proceso se alarga. Al mismo tiempo, una forma general de defensa ha llevado a algunos periódicos a recurrir a ataques tremendamente personales y ruidosos sobre aquellos que les desafían: no es suficiente estar simplemente en desacuerdo. [11] Teniendo en cuenta que la audiencia disfruta con los titulares, estos ataques personales pueden ser particularmente dañinos. El resultado es que los potenciales demandantes a veces no se quejan, no porque su protesta no sea legítima, sino porque no tienen la suficiente energía para la inevitable lucha, o porque no están dispuestos a que sus amigos o familiares puedan resultar dañados. Difícilmente, podemos describir esta situación como saludable.
40 · Estas conclusiones se refieren a las críticas sobre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa, y no tengo ninguna duda de que están completamente justificadas, aunque solo respecto a algunas cabeceras en algunas ocasiones. Está en la naturaleza de este tipo de análisis que el foco se centre más en las malas prácticas que en las buenas. Repito que mi opinión es que la mayoría de los directores de diarios, periodistas y otros que trabajan tanto en prensa nacional como regional hacen un buen trabajo de interés público, al mismo tiempo que entretienen a sus lectores. No tengo duda de que la prensa puede estar orgullosa de la gran mayoría de su trabajo. Sin embargo, las buenas prácticas no necesitan una comisión pública ni requieren una regulación y el otro lado de la moneda exige un foco sobre esos aspectos de la cultura, las prácticas y la ética de la prensa. Al final, el propósito de la Comisión y de toda la crítica es identificar en qué ha fallado el anterior regulador o dónde se ha quedado corto y hacia dónde debe enfocarse la nueva normativa.
La Comisión de Quejas de la Prensa
41 · Centrándonos en la Comisión de Quejas de la Prensa (PCC, por sus siglas en inglés), estoy sin duda de acuerdo con el primer ministro, el vice primer ministro y el líder de la oposición en la creencia de que la PCC había fallado y que era necesaria un nuevo organismo. El señor Cameron la describió como “ineficiente y carente de rigor”, mientras que el señor Miliband la calificó de “caniche sin dientes”. En marzo de 2012, la misma Comisión acordó unánimemente y siendo realista iniciar una fase de transición para preparar su abolición y sustitución.
42 · El problema fundamental es que la PCC, a pesar de haberse establecido como un regulador y, por tanto, haber creado ciertas expectativas, realmente no es un regulador. En realidad, es un organismo para tramitar quejas. Apenas menos profundas son las deficiencias que han incapacitado a la organización. Carece de independencia. El Comité del Código de Prácticas de los Editores, que elabora la normativa, está formado por directores en activo y está separado de la PCC. Sus miembros son nombrados por la Junta de Normas Financieras de la Prensa (PresBoF), formada enteramente por figuras veteranas de la industria, que también controla las finanzas de la PCC y se encarga de nombrar a su director. En cuestiones financieras, la PCC ha sido gestionada con un presupuesto ajustado y sin los recursos para hacer todo lo que era necesario.
43 · La afiliación voluntaria y la concentración de poder en unas relativas pocas manos ha dado lugar a que su cobertura no sea universal. Cualesquiera que fueran las razones y sin tener en cuenta si estaban o no justificadas, la marcha de Northern & Shell fue un golpe duro para los objetivos y la credibilidad de la PCC. La ausencia entre sus miembros de Private Eye es, sin embargo, la consecuencia comprensible de la falta de independencia del organismo de aquellos a los que la publicación a menudo ha obligado a rendir cuentas. Y lo que es más, sus poderes no son adecuados, sobre todo respecto al derecho de llevar a cabo una investigación eficaz: la PCC está a merced de lo que dicen aquellos contra los que se presentan las quejas.
44 · Sea como fuere, los poderes que tenía la PCC se han infrautilizado. Además, incluso cuando las quejas se confirman, las reparaciones que se proponen son tristemente inadecuadas y solo con persuasión se acaban aplicando. A la vista de todo lo que he escuchado en el Módulo Uno, no creo que el poder de emitir fallos adversos respalde los temores que han sugerido los directores (si exceptuamos, quizá, su propio orgullo). Ya me he referido a la falta de medidas disciplinarias contra los periodistas después de las críticas de la PCC, pero tampoco hay reacción o crítica de los directores, que son los últimos responsa-bles de lo que se publica.
45 · En la práctica, se ha demostrado que la PCC está alineada con los intereses de la prensa, defendiéndolos eficazmente en temas como el artículo 12 de la Ley de Derechos Humanos de 1998 y las penas por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de 1998. Cuando sí investigó temas importantes, buscaba alejarse o minimizar las críticas de la prensa. Poco hizo para responder a la operación Motorman. Sus intentos por investigar las acusaciones sobre las escuchas telefónicas, con el apoyo del News of the World, le quitó cualquier credibilidad: a excepción de sugerentes respuestas a preguntas, no se llevó a cabo ninguna investigación seria. Tal vez no se podía realizar: si ese hubiera sido el caso, habría sido muy importante que la PCC lo hubiera dicho.
46 · La PCC no ha controlado que la forma de trabajar de la prensa se adecuara al Código y las estadísticas que publicaba no eran transparentes. Incluso cuando, sin duda, el organismo fue capaz de trabajar bien, en concreto, gestionar las quejas y el trabajo contra el acoso, estaba limitado por un perfil bajo y una reticencia a tratar materias que eran tema de procesos civiles. El hecho de que la gran mayoría de aquellos que presentaron quejas más importantes acabaran acudiendo a los juzgados en lugar de usar la PCC dice mucho de la situación.
El futuro: la regulación de la prensa
47 · Antes de entrar a considerar cómo debería regularse la prensa, debo tratar brevemente lo que se ha dicho acerca de que la creación de esta Comisión estuvo provocada por un fracaso de la ley penal. Por supuesto, reconozco que las actuales operaciones policiales han llevado a muchas detenciones y que, en teoría, este trabajo se podía haber llevado a cabo años antes. Esto es, teóricamente, porque la ayuda que desde entonces ha ofrecido News International en aquel momento no estaba disponible y el trabajo policial estaba obstaculizado por las leyes relativas a la búsqueda e incautación de material periodístico.
48 · Sea como fuere, la incautación del material de Mulcaire fue fortuita y tras una queja de la Casa Real en 2006. Si el señor Mulcaire no hubiera guardado sus anotaciones y grabaciones, lo que ahora se ha descubierto habría permanecido en secreto. Basta con decir que –a falta de una queja, suerte o, en el caso de los sucesos más graves, un trabajo policial minucioso– los delitos de este tipo no se detectarían. En tales circunstancias, hay propuestas algunas enmiendas a la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984 (y yo he recomendado al Ministerio del Interior que lo considere). Aún así, aplicar la ley más rigurosamente no nos dará la solución.
49 · La Comisión tiene, sin embargo, un resultado beneficioso que servirá para tranquilizar a los periodistas que piden que los delitos salgan a la luz. Siguiendo su evidencia inicial, el jefe de la Fiscalía ha clarificado las pruebas que realizará acerca del interés público antes de procesar a un periodista; después de hacer una consulta completa, ha elaborado una guía en esta materia que aclara su forma de actuar respecto a ella y el importante concepto de interés público de forma general. Es un trabajo que debe ser elogiado.
50 · Al abordar la parte de los Términos de Referencia que me exige hacer recomendaciones para una nueva política más eficaz y un régimen de regulación futuro, empecé por identificar los criterios claves que debería tener ese régimen. En marzo de 2012, publiqué, y pedí que se hicieran comentarios, un borrador de esos criterios que cubría: eficacia, en términos de credibilidad y durabilidad tanto para la prensa como para el público; estándares de imparcialidad y objetividad; independencia, transparencia en su aplicación y cumplimiento; poderes, junto con reparaciones eficaces y creíbles, y la necesidad de fondos suficientes teniendo en cuenta las limitaciones del mercado. Estos criterios no se discutieron y, con el punto adicional de que un régimen de regulación debe ser responsable de sí mismo, concluyo que esto ofrece un marco apropiado con el que medir las propuestas para una nueva reglamentación.
51 · Desde el principio, debo dejar claro que creo que lo que se necesita es un sistema de autorregulación genuinamente independiente y eficaz. Desde el comienzo de la Comisión, y a lo largo de ella, he animado a la industria a que trabaje unida para encontrar un mecanismo de autorregulación independiente que funcione tanto para ellos como para el público, es decir, un mecanismo que cumpla con los criterios que he expresado. Lord Hunt, el presidente de la PCC, presentó en el otoño de 2011 una propuesta para un nuevo sistema de autorregulación basado en unos contratos entre el regulador y los editores. Lord Black de Brentwood, director de la PresBoF, desarrolló esa idea, consultándolo con la industria, y envió una detallada propuesta a la Comisión. Analizo esa propuesta en el Informe, sobre todo, hasta qué punto incluye los criterios que he establecido.
52 · La propuesta de lord Black implica la creación de un nuevo organismo de autorregulación, bajo una Junta de Dirección independiente, con una independencia de la industria mucho mayor de la que ahora tiene la PCC. Se basa en una relación contractual entre el organismo regulador y cada uno de los directores de medios para mantener un compromiso a medio plazo con el sistema. Implicaría que la PCC continuara con su trabajo de gestionar las quejas, pero al mismo tiempo se crearía un brazo regulador separado con poderes para investigar fallos serios y sistemáticos y para imponer multas cuando fuera necesario. Requeriría también la creación de un nuevo organismo de recaudación de fondos que estableciera y recogiera las cuotas, y que tendría un papel en el nombramiento del director de la institución, criterio acerca de quién formaría parte del organismo y sería responsable del código de los editores.
53 · Se trata de una mejora respecto a la actual PCC y hay ciertos aspectos que pueden ser muy aplaudidos. Reconozco los esfuerzos que han hecho lord Black y otros para presentar esta detallada propuesta a la Comisión. Sin embargo, tal y como está ahora, no sigue los criterios que establecí en mayo. De forma breve, el nuevo organismo debe representar los intereses del público, así como los de la prensa, y el modelo propuesto no va más allá de demostrar la suficiente independencia de la industria (y, en particular, de los directores en activo) o la suficiente seguridad de altos e inalterables estándares para el público, ni parece que vaya a tener suficiente apoyo por parte de los miembros más importantes de la industria.
54 · La base contractual propuesta es una innovación, y ataría a los directores al sistema durante cinco años (que puede ser una idea valiosa, aunque difícil de conseguir). Sin embargo, no existe garantía de que todos los grandes editores de periódicos firmaran ese contrato, y los incentivos propuestos porlord Black para atraerles al sistema carecen de ventajas convincentes. Hay verdaderas dudas sobre la auténtica eficacia que pudiera tener el mecanismo de aplicación de ese contrato. Tampoco existe garantía de que el sistema continuara funcionando o, más importante, trabajando según los estándares propuestos más allá de los primeros cinco años, teniendo en cuenta que durara todo ese tiempo. Ello no da la suficiente estabilidad ni durabilidad a largo plazo.
55 · Y lo que es más importante aún, esta propuesta no cumple los niveles de independencia. Las disposiciones para nombrar al director de la Junta de Dirección propuesta otorgan un alto grado de influencia al organismo recaudador de la industria, que se parece en gran medida a la PressBoF pero con un nombre diferente y, de hecho, puede tener más poder que ella. Este organismo es responsable también de los contenidos del Código, aunque necesita del acuerdo de la Junta de Dirección. Además, el grupo responsable de tomar decisiones sobre las quejas incluiría directores en activo y ello no ofrece el suficiente grado de independencia.
56 · Son temas reales y significativos, y de pobre contenido, por lo que no puedo recomendar seguir la propuesta realizada por lord Black. Obviamente, esto será una gran decepción para la industria, como lo es para mí. La meta debe ser un sistema de autorregulación verdaderamente independiente y eficaz. Por tanto, he establecido y recomendado un modelo que estoy seguro de que protegerá tanto la libertad de prensa como la de expresión, así como los derechos e intereses de los individuos. El modelo se ganará de esta forma la confianza del público.
57 · Mi propuesta se parece en algunos puntos a la de lord Black. En concreto, las funciones y las estructuras básicas que recomiendo son similares a las propuestas por la industria y, aunque no he calculado el presupuesto del modelo del lord Black, no hay razones para que el coste de mi proyecto sea diferente. Un organismo regulador independiente debe establecerse con el doble papel de promover altos estándares de periodismo y proteger los derechos de los individuos. Esa entidad debe fijar los criterios, tanto a través del Código como en relación con la gobernanza y los cumplimientos. El organismo debe: escuchar las quejas de los individuos contra aquellos que incumplen los estándares y ordenar rectificaciones apropiadas, al mismo tiempo que anima a los periódicos a que internamente traten las quejas de forma más rigurosa; tener un papel más activo a la hora de promover altos estándares, incluyendo la facultad para investigar los incumplimientos serios y sistemáticos e imponer las sanciones adecuadas, y ofrecer un servicio de arbitraje justo, rápido y barato para gestionar cualquier demanda civil que afecte a las publicaciones de sus miembros.
58 · El nombramiento del director y otros miembros del organismo debe ser independiente. En el Informe recomiendo que se debe realizar a través de un comité formado por personas nombradas independientemente (que podría incluir a un editor en activo, pero que se demostrara ampliamente su independencia de la prensa), y también ofrezco criterios detallados para asegurar la suficiente independencia del Gobierno y de la industria. Este alto grado de independencia, tanto de los intereses políticos como económicos, es crucial para que un organismo de autorregulación logre la necesaria confianza del público.
59 · El elemento crítico de mi propuesta es que la Junta y el director deben elegirse en un proceso justo y abierto, que comprenda a una mayoría independiente de la prensa, que incluya el número suficiente de personas con experiencia en la industria, las cuales pueden ser exdirectores y periodistas veteranos o académicos, pero no debe formar parte de él ningún director en activo ni miembro del Parlamento o del Gobierno. La financiación debe acordarse entre el nuevo organismo y la industria, garantizando los fondos suficientes para un periodo razonable de tiempo. El presupuesto debe tener en cuenta los costes de cumplir con las obligaciones de un regulador y las presiones comerciales de la industria, que no son tan enormes para una parte de los grandes editores como sí lo son para los medios más pequeños y los regionales.
60 · No es mi papel tratar de establecer un nuevo código de conducta de la prensa o determinar cómo funciona el organismo independiente de autorregulación. Pero sí haré una serie de recomendaciones. Primero, en el Comité del Código, los directores en activo deben tener un papel importante aunque no decisivo. Ese Comité debe asesorar al nuevo organismo, el cual será el máximo responsable de su contenido y aprobación. A este respecto, recomiendo que la nueva institución (a través de su Comité) interactúe con el público para hacer una primera revisión del Código.
61 · Segundo, animo a la nueva entidad a estar abierta a gestionar quejas incluso cuando también se puedan llevar a cabo acciones judiciales y a que esté preparada para tratar quejas sobre discriminación. La insto a que siga advirtiendo a la prensa de aquellos casos que impliquen una intromisión de los medios no deseada, y asegurándose de que los periódicos se hagan responsables de todo lo que imprimen sea cual sea la procedencia de las fuentes.
62 · Tercero, teniendo en cuenta las preocupaciones que ha suscitado el hecho de que diferentes directores tengan interpretaciones variadas acerca de lo que es o no de interés público, animo al nuevo organismo independiente de autorregulación a que facilite unas pautas para interpretar el interés público en el contexto del Código y dejar claro que puede haber una valoración sobre ello, cuando sea relevante, y que se deje constancia de la decisión que se toma. También sugiero que se considere la posibilidad de ofrecer un servicio voluntario de consejo previo a la publicación a aquellos directores de medios que requieran ayuda para interpretar si un caso es de interés público antes de decidir qué publicar.
63 · Cuarto, sugiero que la entidad considere la posibilidad de animar a la prensa a que sea lo más transparente posible en relación con sus fuentes y a la procedencia de la información de sus historias. De ninguna manera, esto significa socavar la importancia de proteger las fuentes periodísticas. Pero cuando la información es de dominio público, no existen razones para que los medios no ayuden a los lectores a encontrarlas si así lo desean, ni para no ser tan transparente como consecuente se es con la protección de las fuentes acerca de dónde procede una historia.
64 · Finalmente, me quedé pasmado ante los testimonios de periodistas que sintieron que podían haber sido presionados para hacer cosas que no eran éticas o que iban en contra del código de conducta. Por tanto, creo que el nuevo organismo independiente de autorregulación debe establecer una línea directa de denuncias y animar a sus miembros a incluir en los contratos de los redactores cláusulas de conciencia para protegerles en caso de negarse a hacer algo.
65 · Paso ahora a la difícil cuestión de la participación y subrayo que está aceptado casi unánimemente que todos los grandes periódicos deberían formar parte de un nuevo régimen de regulación. He tenido que abordar el asunto de cómo se puede conseguir esto. Sin duda, la mejor opción sería que todos los editores eligieran formar parte de un régimen de autorregulación satisfactorio, y para convencerles de ello son necesarios incentivos convincentes. Se pueden adoptar los que propuso lord Black, pero no estoy seguro de que sea suficiente y, en algunos casos (como la propuesta de que los carnés de prensa se limiten a los que forman parte de la entidad), incluso deseable.
66 · La necesidad de incentivos, unido al igualmente importante imperativo de ofrecer a los individuos una ruta mejorada hacia la justicia, me ha llevado a recomendar la disposición de un servicio de arbitraje que sea reconocido y pueda ser tenido en cuenta por los tribunales como una parte importante del sistema, y no (como sugirió lord Black) como algo que podía ser añadido posteriormente. Se puede administrar el servicio de manera relativamente fácil dentro del regulador y puede estar formado por jueces retirados o abogados veteranos especializados en normativa relativa a los medios de comunicación y cuyos honorarios corrieran a cargo de los editores, pero que solucionaran las disputas según un modelo inquisitivo, arremetiendo contra las quejas inmerecidas y resolviendo rápidamente las otras.
67 · Este sistema (si fuera reconocido por los tribunales) ofrecería una ventaja respecto a los costes de los procesos civiles. La normativa establece que los que pierden un caso pagan las costas legales que han sufrido los que han ganado, pero ese dinero nunca cubre todos los gastos, y los procesos judiciales no son solo caros para el que pierde, sino frecuentemente también para el que gana. Si, al negarse a formar parte de un sistema de regulación, un editor ha privado a un demandante de poder acceder a un arbitraje rápido, justo y barato como el que propongo, las leyes de Procedimiento Civil (que rigen los procesos civiles) podrían permitir que el tribunal obligara al editor a pagar sus costes en un litigio sobre privacidad, difamación y otros casos que tengan que ver con los medios de comunicación, incluso aunque hubiera ganado el proceso.[12]
68 · De forma parecida, si un editor de un periódico que decidió no formar parte del organismo resulta culpable de haber infringido los derechos de un demandante, se podría considerar que ha mostrado una conducta dolosa respecto a los estándares y, por tanto, puede dar lugar a una posible demanda por daños y perjuicios mucho más elevada (la cual recomendé que se extendiera a otros supuestos) [13]. Creo que estas propuestas relativas a las costas procesales serán un gran incentivo para que los editores quieran formar parte de este sistema de autorregulación.
69 · También funcionaría de la otra manera. Si un demandante extremadamente rico quisiera forzar a un editor miembro del organismo regulador a iniciar un proceso judicial (con la esperanza de que los potenciales riesgos económicos forzaran un acuerdo), sería posible para el editor no pagar las costas judiciales del demandante, ni aunque este hubiera ganado el caso, porque existía una manera más razonable y barata de exigir justicia que el demandante no quiso seguir.
70 · Estos incentivos forman una parte integral de las recomendaciones, y sin ellos es difícil que, teniendo en cuenta las prácticas pasadas y las declaraciones realizadas el pasado verano, la industria esté dispuesta a aceptar una regulación verdaderamente independiente. Esta parte también será lo que algunos describan como la más controvertida de mis recomendaciones. Para que estos incentivos tengan efecto es esencial una legislación que respalde el sistema independiente de autorregulación y que facilite su reconocimiento en los procesos legales.
71 · Merece la pena aclarar qué es lo que no legislará esta ley. No establecerá un organismo para regular la prensa: será responsabilidad de la industria presentar su propia entidad que cubra los criterios ya establecidos. Esta legislación no otorgará ningún derecho al Parlamento ni al Gobierno ni a otro regulador para impedir la publicación de cualquier información. Ni dará poderes a estas instituciones para que exijan a los periódicos publicar cualquier material, excepto en la medida en que así lo requiera el organismo independiente de autorregulación, que podrá decidir sobre el lugar y el tamaño en que debe publicarse una corrección o una disculpa.
72 · ¿Qué conseguirá esta ley? Tres cosas. Primero, consagrará, por primera vez, el deber legal del Gobierno de proteger la libertad de prensa. Segundo, otorgará un proceso independiente para reconocer un nuevo organismo de autorregulación y garantizará al público que se han cumplido y se continuarán cumpliendo los requisitos mínimos de independencia y eficacia –en el informe, recomiendo que Ofcom (el regulador británico de las telecomunicaciones) se encargue de ello. Tercero, al reconocer el nuevo organismo, se validará el código de conducta y el sistema de arbitraje lo bastante como para que los que lo suscribieran pudieran tener beneficios legales. Estas ventajas tendrán que ver con la protección de datos, la manera de proceder de los tribunales respecto a temas relacionados con prácticas aceptables, y habría que añadir el pago de las costas en caso de existir resoluciones alternativas a la disputa.
73 · A pesar de lo que dirán de estas recomendaciones los que se oponen a ellas, esto no es ni debe ser visto como una legislación de la prensa. Lo que aquí se propone es una regulación independiente de los medios, organizada por ellos mismos, con un proceso de verificación legal para asegurar que se cumplen los niveles requeridos de independencia y eficacia, y que de esta manera los editores puedan beneficiarse de las ventajas de formar parte de ese regulador.
74 · A la vista de lo que se ha dicho, debo reconocer la posibilidad de que la industria no esté a la altura del desafío y sea incapaz o no quiera establecer un sistema independiente de autorregulación bajo los criterios mencionados. He dejado claro que creo firmemente que lo mejor para el interés público y para la industria es que esta acepte el desafío. Lo que es más, teniendo en cuenta que el público cree que tiene algún derecho de reparación sobre la responsabilidad de la prensa, no creo que ni las víctimas ni el público aceptaran que la industria dejara pasar esta oportunidad. Ni creo que encontraran aceptable que yo no diera importancia a esta actitud de los medios.
75 · Por tanto, para completar los detalles, he recogido en el Informe las opciones que creo que debe seguir el Gobierno y algunos análisis sobre la forma de proceder en caso de que se produjera esa lamentable situación: estas incluyen que Ofcom actúe como regulador con aquellos que no quieran adherirse al sistema. No he hecho recomendaciones en relación con esta situación ni respecto a ninguna de las opciones de este párrafo que no equivalgan a la situación que quiero ver.
76 · Sería una pena que las resistencias desesperadas respecto a la manera de supervisar los estándares y el comportamiento de la prensa o la intransigencia de unos pocos diera lugar a la imposición de un sistema que la industria ya ha dicho que no quiere y, que con toda probabilidad, solo unos pocos desearían. Preferiría que el foco de interés fuera intentar poner en marcha la eficaz autorregulación que he establecido –que estaría organizada por la industria, siguiendo unos estándares que el público pudiera aceptar. Creo que sería la forma menos molesta de asegurarnos para el futuro algún tipo de supervisión adecuada e independiente de los estándares de la prensa. Posiblemente, por primera vez en nuestra historia, hay incentivos reales para que los medios se organicen y, por tanto, cumplan con una regulación independiente y eficaz para el interés público.
Los antecedentes
77 · Durante un tiempo antes de enero de 2001, existía preocupación por el hecho de que altos cargos del Servicio de la Policía Metropolitana mantuvieran una relación muy estrecha con News International y con los que allí trabajaban, y que, por ello, quizás instintivamente, había habido una completa desgana por investigar lo que había ocurrido en el News of the World. El fracaso al no asegurarse de informar a aquellos que habían sido objeto de las escuchas telefónicas, la rápida desestimación de las acusaciones publicadas por The Guardian el 9 de julio de 2009, su continua actitud defensiva y el rechazo a lo publicado en The New York Times (sin ni siquiera reconsiderar el material incautado a Glenn Mulcaire) y, posteriormente, los indicios de amistad entre el subcomisario John Yates y Neil Walli, ex director adjunto del periódico, todo ello contribuyó a esas sospechas. Es enteramente comprensible.
78 · Se ha revisado al detalle cada uno de los pasos dados en la operación Cariátide debido a la importancia de la reputación de la Policía Metropolitana. En realidad, no he visto fundamento que lleve a cuestionar la integridad de la Policía ni la de los altos cargos involucrados. Lo que, sin embargo, está claro es que una serie de decisiones mediocres, llevadas a cabo de manera mediocre, contribuyó a la percepción que he mencionado.
79 · Primero, como quedó patente cuando se escucharon los testimonios, la decisión de limitar la investigación al material incautado a Glenn Mulcaire estaba completamente justificada, y fue algo inevitable, debido a la enorme presión que existía entonces para luchar contra el terrorismo. Las amenazas a la vida eran mucho (o, más bien, infinitamente) más imperiosas. Desafortunadamente, tanto una mala interpretación de lo que se debía probar para establecer el delito según la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación de 2000, como esclarecer otros delitos que se podían haber cometido, llevó a una estrategia inadecuada para informar a aquellos que podían ser considerados víctimas u objetivo de las escuchas telefónicas; en cualquier caso, la estrategia no se puso en marcha adecuadamente. La policía tampoco hizo nada por distanciarse de la teoría de “un solo reportero sin escrúpulos”.
80 · A pesar de que era un agente de policía con mucha experiencia, lamento que el subcomisario Yeats no reflexionara acerca de si debía involucrarse en la investigación de un periódico en el que tenía amigos, incluido uno que fue director adjunto (en un momento en que las decisiones que tomaba la Policía Metropolitana y la Fiscalía de la Corona estaban bajo un gran escrutinio). Tendría que haber recomendado que otro oficial dirigiera la investigación. Y con más razón cuando, en pocas horas y antes de que toda la documentación del caso fuera recopilada y pudiera ser revisada, aseguró que no había motivos para su reapertura: errores al recordar los hechos eran inevitables, y se cometieron. Además, anunciar esa decisión públicamente y ante las cámaras significó que ya no había marcha atrás. Entonces, se tomó una actitud a la defensiva que afectó a todo lo que siguió después.
81 · Respecto a la estrategia que se llevó a cabo para informar a las víctimas, estuvo más centrada en cómo identificarlas sin mencionar la variedad de posibles delitos que se podían haber cometido. Tampoco se tuvo en cuenta el hecho de que haber sido señalada como una posible víctima habría hecho necesario que esa persona hubiera tomado precauciones al respecto. Sea como fuere, incluso en noviembre de 2010, aún no se habían tomados medidas para informar a las posibles víctimas. Lord Prescott, que fue señalado como objetivo, entre otros muchos, no fue reconocido como víctima debido a que la investigación se condujo de manera limitada.
82 · En el exhaustivo análisis de esta operación policial ha sido necesario estudiar la posición de la Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés). Aunque al principio se interpretó la ley, por decirlo de alguna manera, de forma cauta, no hay evidencias de que en 2006 la policía pidiera que se acusara a alguien más aparte de los tres hombres (uno de los cuales no fue procesado); no se prepararon pruebas documentales contra nadie más. La CPS revisó todo el material policial que no se estaba usando para el proceso de Clive Goodman y Glenn Mulcaire: se hizo para estudiar evidencias que los acusados podían revelar y que pudieran debilitar el caso de la Fiscalía, así como para documentarse. La policía no podía justificar después con esta revisión que no se habían encontrados pruebas contra nadie más. Sea como fuere, las decisiones que en esos momentos tomó la CPS fueron enteramente razonables.
83 · En 2009, The Guardian cuestionó en un artículo la decisión tomada por la CPS en 2006 de no procesar a otros, y la Fiscalía contestó con precisión haciendo referencia a la información que entonces se le había enviado. Aunque quedó cierta confusión sobre la ley, el tema se clarificó después de la publicación del artículo en The New York Times. Baste con resumir que a finales de 2010, debido a la gran insistencia del jefe de la Fiscalía (DPP, por sus siglas en inglés), la policía reabrió el caso: ya fuera porque se descubrió material nuevo o por otras razones, la operación Weeting comenzó poco después.
84 · En 2006, la decisión de limitar las acusaciones estaba claramente justificada. Desafortunadamente, el camino que siguió la policía y algunas de las decisiones que tomó entre 2006 y 2010 no estaban lo suficientemente meditadas, eran malas, y mostró una actitud excesivamente a la defensiva (y no solo visto en retrospectiva). Admitiendo, sin embargo, la relación entre el señor Yates y el señor Wallis (que no estaba en discusión), no hay indicios que sugieran que alguien en la investigación estaba influenciado directa o indirectamente por temor o por un deseo de favorecer a News International. Los errores fueron ni más ni menos esos: la integridad de los agentes que dieron testimonio y que estaban directamente involucrados en la investigación se demostró a través de sus palabras y no dudo de ellas.
85 · En nuestra madura democracia, el trabajo policial debe contar con el consentimiento absoluto del público, porque este tiene que estar involucrado en las denuncias y en el descubrimiento de los delitos. Tiene que ser consciente de las preocupaciones de la policía y debe formar parte del debate. Por tanto, la prensa tiene un papel fundamental: debe animar al público a que se involucre en el sistema de justicia criminal aportando pruebas; debe facilitar esta asistencia y aplaudir cuando gracias a ello los criminales son entregados a la justicia. La prensa también debe pedirle cuentas a la policía, siendo los ojos y los oídos del público. No sorprende, por tanto, que esos diferentes papeles y responsabilidades que tiene la policía y la prensa a veces vayan en direcciones opuestas: es necesaria una tensión constructiva, pero de ninguna manera una intimidad interesada.
86 · Como con la clase política, las preocupaciones de la opinión pública al respecto eran la base de lo que se incluyó en los Términos de Referencia sobre “los contactos y la relación entre la prensa y la policía, y la conducta de cada uno”, y que puede traducirse en una simple pregunta: ¿fue esa relación demasiado estrecha? En concreto, la cuestión surge debido a la naturaleza de los contactos entre altos mandos del Servicio de la Policía Metropolitana (MPS, por sus siglas en inglés) y News International y, en particular, a lo que yo he descrito como una preocupación comprensible acerca de si la investigación policial sobre las escuchas telefónicas en News of the World hasta enero de 2011 y el comienzo de la operación Weeting fue adecuada.
87 · Respecto a esta preocupación específica, es necesario tratar el tema más ampliamente. Aunque los asuntos particulares que ha investigado la Comisión se han limitado a Londres, el contexto que se ha ofrecido ha tenido en cuenta lo que ocurre en todo el país. Fuera de la MPS, la relación entre la prensa y la policía ha funcionado bien, con el adecuado equilibrio entre la amabilidad profesional y la proximidad excesiva. Puede ser un reflejo del hecho de que la prensa regional no tiene la misma cultura y prácticas que he visto en algunas de las cabeceras nacionales. Cuando hay un problema es porque ha ocurrido un hecho de interés nacional en una zona regional, lo que hace que la prensa nacional acuda en masa. Cuando esto ha sucedido, se ha puesto de manifiesto que una parte de los diarios nacionales ha roto la tendencia y no ha seguido las reglas a la hora de informar sobre los hechos o a la hora de tratar a los sospechosos o a los testigos. El mejor ejemplo es el de Christopher Jefferies, pero hay otros.
88 · Por supuesto que la Policía Metropolitana y las fuerzas de seguridad regionales son diferentes. Se espera que los altos mandos que trabajan en Londres (y, en particular, el comisario) tengan un perfil público de ámbito nacional: su trabajo les coloca habitualmente ante el ojo público, hablando sobre temas de importancia e interés nacional. Hacer esto implica tener una buena relación con los medios de comunicación de ámbito nacional. Los jefes de policía regionales también deben tener relaciones profesionales, pero sobre todo con las cabeceras locales, y las presiones y las expectativas no son las mismas.
89 · Un número de comisarios ha buscado deliberadamente tener relaciones laborales con la prensa; en parte, sin duda, para tratar de mejorar la reputación del servicio a ojos del público. Otros han adoptado un estilo más distante. Algunos se parecen y otros se diferencian y no puede decirse que uno solo sea el correcto, aunque la irrupción del ciclo informativo 24 horas al día, con el incremento de la presión, hace que este problema sea más importante y más difícil de tratar. El manejo de la reputación es obviamente importante para la policía, aunque hay que establecer un equilibrio. Existen riesgos inherentes tanto si se sigue una estrategia liberal (sugiriendo que exista tanto una falta de compromiso con los temas, así como una distancia) como si hay un acercamiento excesivamente activo (en lo que se refiere al intento de manejar las noticias). Además, en una organización jerárquica como es la policía, el tono se establece desde arriba, y como se comporten los que están al mando tendrá un efecto obvio en todo el Cuerpo. En tales circunstancias, los responsables necesitan asesoramiento y apoyo profesional: los gabinetes de prensa siguen jugando un papel muy importante a la hora de ordenar el flujo informativo, siempre de acuerdo al interés público.
90 · Además de los temas generales relacionados con la relación entre la prensa y la policía, también se ha analizado lo estrecha que ha llegado a ser respecto a otros asuntos específicos como “los soplos”, “enviar a los medios a operaciones”, “los briefings [encuentros informales para explicar un asunto] off the record”, las filtraciones, las denuncias internas y el entretenimiento. La lista es larga, pero lo que subyace en cada uno de ellos es parecido. Las palabras “integridad” e “imagen” son estribillos comunes. Poniéndonos en el peor de los casos, si un agente de policía le da un soplo a un periodista, la imagen que ofrece es que él o ella lo ha hecho a cambio de favores pasados o con la esperanza de lograr algún beneficio futuro. En el mejor de los casos, la situación se convierte en un asunto que atañe a la integridad del o de la agente: su prestigio profesional puede ser puesto en duda. Aunque hay detalles que pueden ser diferentes en los dos casos, el tema esencial es exactamente el mismo.
91 · Al analizar la cuestión de las “filtraciones” de forma general, debo empezar dejando claro que aunque la operación Elveden (relativa a los sobornos a funcionarios) está en marcha, la Comisión no ha descubierto graves indicios de corrupción policial ni las pruebas cumplen los criterios que he adoptado; en concreto, el equilibrio de probabilidades de que un número significativo de agentes carece de integridad respecto a uno o más aspectos que he analizado. La especulación, la sospecha y las percepciones legítimas pueden abundar, y se han identificado pruebas inquietantes en un limitado número de casos (con periodistas protegiendo de manera tenaz sus fuentes), aunque la sensación que se ha instaurado de que este es un problema generalizado no se ha confirmado. La magnitud del problema se debe analizar en su justa medida.
92 · Volviendo a temas concretos, los soplos representan solo un aspecto del problema más amplio que son las filtraciones, es decir, la entrega de información confidencial al dominio público. Frecuentemente, lo que se sospecha que es una filtración no es tal cosa; la información puede haber llegado a través de otros posibles y legítimos canales o la puede haber pasado no un agente ni otro empleado del Cuerpo, sino alguien más que puede haber visto o escuchado lo que parece ser algo interesante. Sin embargo, estas benévolas explicaciones no son siempre convincentes y, en varias ocasiones, la MPS ha sido más susceptible a las filtraciones. Creo que la robustez de los sistemas es importante, aunque manejar el riesgo de filtraciones en todos los niveles también se puede hacer inculcando el adecuado orgullo de sentido profesional y responsabilidad a los agentes y al personal del Cuerpo.
93 · Los briefings off the record también han sido causa de preocupación para el público; en concreto, debido a la percepción de que se ha favorecido con información a algunos periodistas a cambio de ser tratados con amabilidad u otros beneficios tangibles. Todo el mundo está de acuerdo en que esos briefings se hacen por el interés público; en particular, en el contexto de establecer relaciones de confianza entre los periodistas y los agentes de policía: sin embargo, el equilibrio es fundamental. No obstante, a la vista de los testimonios que he escuchado, me preocupa la falta de claridad inherente al uso del término y a la información precisa a la que se refiere: por tanto, he recomendado que los briefings sean abiertos, estén embargados (en tiempo), que no se publique nada de lo que se ha dicho en ellos o, cuando se quiera combinar las dos cosas, que quede claro más allá de cualquier duda.
94 · Existe también preocupación acerca de quién debería hablar con la prensa y en qué circunstancias es necesario pedir apoyo a los medios de comunicación. Para agentes con rango de comisario o subjefe de policía local o más altos mandos, se exige dejar un registro al tratar temas de política o asuntos operativos y organizativos. Los niveles inferiores deberían seguir la guía publicada por la Asociación de Jefes de Policía (ACPO, por sus siglas en inglés), que aconseja que solo se hable con la prensa de temas en los que se tiene responsabilidad para ofrecer información o que existe un propósito policial para hacerlo. También he hecho recomendaciones para que se reduzca el riesgo de abuso.
95 · Invitar a la prensa en operaciones policiales se debe controlar severamente para evitar la imagen de favoritismo y el riesgo de que se viole el derecho privado de los individuos. Es necesaria una guía actual para reforzar esta área; por ejemplo, debe quedar claro que los nombres o detalles que puedan identificar a los arrestados o sospechosos no pueden darse a la prensa o al público, salvo en circunstancias excepcionales y claramente identificadas.
96 · Los regalos, las invitaciones y el entretenimiento son temas que trataré conjuntamente. Como era de esperar, estos asuntos atrajeron la atención cuando se escucharon testimonios sobre ellos, y mencionar los restaurantes caros y las botellas de champán no hizo nada para mejorar a ojos del público la reputación de los agentes de la Policía Metropolitana involucrados. Sin embargo, de nuevo, es necesario situar el tema en su contexto adecuado. Muchos de los altos mandos de la MPS que dieron testimonio reciben, o han recibido, invitaciones y entretenimiento apropiado por parte de los periodistas en el contexto de un tipo de relación más amplia. Nadie puede concluir que todo el Cuerpo ha recibido o recibe entretenimientos generosos inapropiados, o que los agentes involucrados en lo que se puede calificar como la evidencia más dañina están corruptos. El tema se refiere a la imagen más que a la integridad. En relación con el nivel de las invitaciones que puede ser apropiado, el consumo de alcohol y asuntos similares es una cuestión de dar ejemplo: lo que ha ocurrido en Londres es muy diferente de lo que ha sucedido en otros lugares. El jefe de Policía de Avon y Somerset, Colin Port, habló del “test de sonrojo” que funciona perfectamente bien para la mayoría de los agentes y de las situaciones, pero una consistente guía de alto nivel que sirva para todas las fuerzas ofrecerá una mayor orientación y dará el ejemplo adecuado.
97 · He prestado mucha atención a los temas relacionados con las denuncias internas y la corrupción. Aunque básicamente acudir a la prensa es legítimo y está justificado, la principal preo-cupación es tratar de reducir al máximo la necesidad que tienen los agentes de seguir acudiendo a los medios creando canales apropiados y confidenciales, tanto internos como externos, y en los que puedan confiar. He reconocido que, al menos, existe la percepción de que el Departamento de Estándares Profesionales de las fuerzas policiales, dirigido normalmente por un agente con rango de comisario jefe, puede que no sea el mejor lugar para tratar quejas referidas a policías de rango superior. Respecto a esto, y teniendo en cuenta la necesidad de reforzar las estructuras y sistemas existentes, he hecho una serie de recomendaciones, a modo de indicadores para soluciones pragmáticas, y sujetas a consultas con una serie de organismos interesados, incluyendo la ACPO, la Comisión Independiente de Quejas sobre la Policía y los recién elegidos comisarios de policía. Entre ellas, propongo que se designe un agente del Servicio de Su Majestad de Inspección a la Policía (que haya tenido el rango de jefe) para que sea la primera persona a la que acudir con denuncias internas respecto a la conducta dentro del Cuerpo de los mandos superiores.
98 · Finalmente, en el contexto de las relaciones con News International pero también en un ámbito más amplio, existe preocupación acerca del fenómeno de la “puerta giratoria”; en concreto, respecto a la contratación de exagentes de policía en los medios de comunicación. Creo que este es un asunto que solo afecta a jefes de policía: he concluido que deben hacerse consideraciones serias acerca de incluir una cláusula en los contratos que estipule un “periodo de reflexión” de doce meses, sujeto al permiso de la autoridad pertinente.
99 · En general, al elaborar las recomendaciones relativas al Cuerpo de Policía en su conjunto, en respuesta a la serie de asuntos que han creado la necesidad de poner en marcha el Módulo Dos de la Comisión, he tenido en cuenta la necesidad de equilibrio y sentido común. Lord Condon habló de ciclos de 20 años, diciendo algo parecido a “escándalo, investigación, acción disciplinaria, relajación, complacencia, escándalo, investigación”. Lo que no manifestó expresamente es que la “acción disciplinaria” tiene la capacidad de que si se lleva muy lejos puede producir una retirada o, por decirlo de forma coloquial, acciones que obliguen a apretarse el cinturón. De nuevo, esto no es ni más ni menos que la naturaleza humana, pero uno necesita identificar los posibles riesgos para poder evitarlos.
100 · Está claro que el Cuerpo de Policía en su conjunto respondió de forma positiva y activa a la alarma pública generalizada que dio lugar a la puesta en marcha de esta Comisión en julio de 2011. Doy la bienvenida a la minuciosidad y al buen sentido de los cambios que se han propuesto hasta la fecha, y al espíritu con el que el Cuerpo ha demostrado su disposición para implementar mejoras apropiadas y sensatas a los sistemas existentes. Por último, el Cuerpo de Policía en general y la Policía Metropolitana en particular han entendido la importancia de esa positiva respuesta en lo que se refiere a calmar las preocupaciones de la opinión pública y a corregir las legítimas percepciones.
101 · Tomando el trabajo realizado previamente, acompañado de las recomendaciones que he realizado en el Informe, respaldo completamente la sensata aportación que hizo la ministra del Interior a la Comisión; en concreto, su insistencia en la necesidad de una serie de normativas en el ámbito nacional coordinadas a través o por la ACPO. La mayoría de los asuntos que aquí se tratan son de aplicación universal. El “test de sonrojo” continuará funcionando como guía para la gran mayoría, aunque es esencial un liderazgo claro y el establecimiento de una pauta desde arriba. Asimismo, una política de guía clara y directa es necesaria para reforzar estos mensajes de sentido común.
La prensa y la protección de datos
102 · Una de las áreas que se me pide estudiar es considerar “hasta qué punto la normativa actual y el marco de regulación ha fallado, incluyendo la protección de datos”. Esto se debe a la luz que puede aportar la operación Motorman sobre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa. También es para dar una respuesta a la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés), y su papel y funciones respecto a la prensa de forma más general y la relevancia de su rol en el marco normativo.
103 · El “tesoro oculto” de la operación Motorman está formado por la evidencia de ilegalidades serias y sistemáticas y de mala práctica en la consecución y el uso de información personal y que podía estar extendido al conjunto de la prensa. Había una necesidad urgente para que el ICO diera una respuesta acorde a todos los aspectos del problema de la información personal. Sucedió que el ICO no adoptó ni siguió una estrategia operativa clara para tratar con los asuntos sistémicos y de conducta que surgieron.
104 · Ninguno de los periodistas que apareció en las agendas de Whittamore fue investigado o procesado por violar el artículo 55 de la Ley de Protección de Datos (DPA, por sus siglas en inglés) de 1998. Sin embargo, esta era a primera vista la fuerza del caso; ni siquiera se sigue adelante con los casos más sólidos sin que ni un periodista haya sido como mínimo entrevistado. El ICO no llevó a cabo ninguna investigación regulatoria ni tomó medidas de acción de ningún tipo contra la prensa, ya fuera de manera formal o informal, a pesar de que había evidencias de que probablemente los medios estaban obteniendo o usando la información de Motorman ilegalmente o de forma contraria a la buena práctica. En tales circunstancias, se perdió una oportunidad para identificar los problemas en la cultura, las prácticas y la ética de la prensa, y salvaguardar la posición de las víctimas.
105 · El ICO dio pasos significativos para que el asunto adquiriera un perfil político. Se entregaron al Parlamento dos informes sobre el artículo 52 de la DPA, que tuvieron un importante papel para distraer la atención del problema. El Comisionado de Información también llevó a cabo una estrategia de perfil alto: consistió en aliarse con la Comisión de Quejas de la Prensa y hacer una campaña enérgica para lograr un cambio legislativo que ampliara los poderes de los juzgados penales respecto a la violación de la protección de datos. La respuesta fue insatisfactoria para ambos.
106 · El diálogo con la PCC fue interminable y, al final, los resultados fueron decepcionantes. La campaña política (que no estaba centrada principalmente en el comportamiento de la prensa), defendida de forma sólida y firme por los sucesivos comisionados de Información, se encontró con una persistente contraofensiva y muy bien organizada estrategia de la prensa. Tras seis años, el cambio legislativo que se logró (completado con una defensa reforzada del periodismo de interés público) aún no ha entrado en vigor, y he recomendado que no haya más retrasos para su puesta en marcha. La experiencia de los últimos 50 años ha dado a la prensa el considerable grado de experiencia para plantar batallas de este tipo (como sigue demostrando), y el resultado final no es del todo impredecible.
107 · La actitud hostil de los medios ante los intentos de reforzar la ley y mejorar los estándares explica de alguna manera la evidente dificultad del ICO, tanto en el pasado como en el presente, en comprometerse operativamente con la cultura, las prácticas y la ética de la prensa. También se explica por el marco legal de la DPA, que coloca innecesarias e inapropiadas barreras para reforzar el marco legislativo y para proteger los derechos de las víctimas. He propuesto cambios en la ley para eliminar innecesarios trámites burocráticos y ofrecer un equilibrio más justo entre el interés público de la libertad de expresión y el de la información privada personal. También he recomendado aumentar los poderes del ICO para perseguir delitos.
108 · He planteado que este organismo elabore al mismo tiempo una guía para ayudar a la prensa a mejorar sus estándares y código de conducta a la hora de manejar información personal, y espero que la industria la adopte de forma rápida y constructiva. También he recomendado que publique una guía de pautas y consejos para el público y para aquellos que están preocupados por ser víctimas de las prácticas ilegales y poco éticas de los medios de comunicación. Finalmente, he propuesto que el Ministerio del Interior considere reforzar la constitución y la capacidad de la institución para llevar a cabo sus funciones de regulación respecto a la prensa, tanto de manera interna en el ICO como en términos de estructura legal.
La prensa y los políticos
109 · Cuando se puso en marcha la Comisión, los líderes de los tres principales partidos políticos del Reino Unido afirmaron que en los últimos años la clase política había mantenido una relación “demasiado estrecha” con la prensa. Por tanto, las cuestiones claves de la investigación sobre la cultura, prácticas y ética de la prensa fueron, en primer lugar, si había aspectos de esa estrecha relación que eran relevantes para el estado actual de los valores morales de la prensa; segundo, si como resultado de ella se habían dejado pasar oportunidades para abordar las legítimas preocupaciones de la opinión pública acerca de la conducta de los medios; y tercero, si en los lugares a los que el público tenía derecho a acudir con sus preocupaciones había, en realidad, más aspectos del problema que se debían investigar.
110 · Respecto a la evidencia relativa a la prensa y el público, hay muchos ejemplos que forman un relato y que permiten sacar conclusiones generales. En relación con la Policía, la operación Cariátide requiere su propio análisis junto con otros temas específicos que ayudan a entenderlo. Con la protección de datos, la operación Motorman y sus consecuencias aportaron los hechos. Respecto a los políticos, el examen detallado de diferentes áreas, en momentos diferentes, no es necesario ni posible, sobre todo si tenemos en cuenta el riesgo de que podamos parecer parciales. Por tanto, este resumen es mucho más general y no hace justicia a la cantidad de ejemplos concretos examinados.[14] Aquí no puedo hacer otra cosa que trazar la imagen de forma generalizada y señalar las recomendaciones que he realizado.
111 · El Módulo Tres no analiza en su mayoría las interrelaciones habituales entre la prensa y los políticos; en términos generales, esa relación no da lugar a una legítima preocupación de la opinión pública. Por el contrario, las aplastantes evidencias muestran que el día a día de la relación entre los políticos y la prensa goza de una salud robusta y se desarrollan las funciones de interés público de unos medios libres de una democracia fuerte, ofreciendo un foro abierto para el debate público, facilitando un flujo libre de información y desafío y ejerciendo su deber de pedir cuentas al poder. En tales circunstancias, estas relaciones estrechas, incluyendo las amistades personales, forman parte de ello y no causan en sí mismas preocupación o sorpresa.
112 · Esta parte del Informe se ha centrado en un aspecto muy diferente de las relaciones cercanas entre los políticos y los medios de comunicación. Esto es, si se ha visto, o ha parecido verse, afectada la disposición y habilidad de los políticos para decidir de forma justa e imparcial sobre asuntos públicos relativos a la prensa y, en concreto, sobre sus valores éticos.
113 · Esta Comisión da un paso para responder a la última de una larga serie de preocupaciones de la opinión pública respecto a los valores morales de la prensa; en esta ocasión, son las escuchas telefónicas. También se ha dicho que esta ha sido una de tantas oportunidades perdidas en la que la respuesta de la clase política no se ha correspondido con la inquietud de la opinión pública. Con la ayuda de los que han estado directamente involucrados, la Comisión ha analizado el prolongado patrón de estos acontecimientos, otros ejemplos de decisiones que se han tomado respecto a políticas relativas a los medios y en el tipo de relaciones entre la prensa y los políticos en que todo esto tuvo lugar.
114 · Hemos analizado las administraciones de los últimos cinco primeros ministros británicos, estudiando sus relaciones con los medios al más alto nivel, y si, desde la secuencia de elementos clave, ha aparecido algún patrón. En primer lugar, la Comisión examinó la adquisición de The Times por parte de Rupert Murdoch en los tiempos de la primera ministra Thatcher. Segundo, reflexionamos sobre la respuesta del Gobierno del primer ministro Major a los informes realizados por el abogado sir David Calcutt (y lo que Stephen Dorrell, después ministro de Patrimonio Nacional, calificó como la opción “de no hacer nada” respecto a los valores éticos de la prensa).
115 · Tercero, revisamos las lecciones que se podían sacar de la estrategia sobre el manejo de las noticias que hizo el primer ministro Blair, así como las políticas de su Gobierno sobre los medios de comunicación, incluidas las propuestas legislativas específicas sobre la Ley de Derechos Humanos de 1998 y la Ley de Telecomunicaciones de 2003. Cuarto, estudiamos la estrategia del primer ministro Brown sobre la DPA (en concreto, las enmiendas que se hicieron a la ley en 2008 siguiendo los informes del Comisionado de Información). De forma más general, examinamos por qué las sucesivas administraciones laboristas, en el poder durante 13 años, y pese a que vivieron la grave preocupación de la opinión pública sobre el comportamiento de los medios que siguió a la muerte de Diana, princesa de Gales, no hicieron más progresos que sus predecesores por identificar los problemas en la cultura, las prácticas y la ética de la prensa (mencionando también lo que lord Mandelson dijo en julio de 2011: “Estábamos intimidados”).
116 · Quinto, la Comisión también estudió una serie de aspectos de la relación entre los políticos actuales y la prensa acerca de los que la opinión pública ha expresado una gran preocupación, incluyendo una consideración detallada sobre la oferta de compra que hizo News Corp de las acciones que aún no controlaba de la plataforma BskyB, como se explica más ampliamente a continuación.
117 · Vista en su conjunto, la evidencia claramente demuestra que, durante los últimos 30-35 años, quizás más, los partidos políticos que han gobernado Reino Unido y los que han estado en la oposición han mantenido o han desarrollado unas relaciones muy cercanas a los medios de comunicación sin atender al interés público. En parte, ha sido un problema de emplear una desproporcionada cantidad de tiempo, atención y medios en esta relación en comparación con, y a expensas de, otras demandas pertinentes relacionadas con la gestión de los asuntos públicos. En parte, ha sido un problema de ir demasiado lejos al tratar de controlar el suministro de noticias y de información que llega al público con la esperanza de que una parte de la prensa les diera un trato favorable, hasta un grado, por supuesto, que va más allá de lo que podía ser considerado como una conducta justa y razonable (aunque partidista) del debate público.
118 · Por otro lado, los políticos (apoyados por algunos comentaristas académicos) han argumentado que esto ha sido necesario para contrarrestar los intentos de una parte de la prensa por desacreditar sus objetivos y distorsionar las políticas que tratan de promover. He concluido que, en este sentido, cuando crece la conciencia pública y la impaciencia, este tipo de conducta es contraproducente para los políticos (y también para la prensa) en un momento importante en que se busca el crédito y la confianza de la opinión pública. No necesito hacer otra cosa que llamar la atención sobre este hecho.
119 · Sin embargo, hay otros aspectos en los que las pruebas sugieren que los políticos se han relacionado con la prensa de unas formas que no han servido al interés público. Se han situado en unas posiciones en las que se han arriesgado a estar influenciados por unas relaciones que no son ni conocidas ni transparentes. Por tanto, no existen mecanismos para pedirles cuentas (que, por supuesto, es el deber común de la prensa). El resultado ha sido crear lo que era, al menos en potencia, una percepción de un conflicto existente entre sus responsabilidades respecto a la gestión de los asuntos públicos. Se ha perdido un número de oportunidades claras para abordar esta imagen y se ha fracasado una y otra vez en responder de forma generalizada a la preocupación de la opinión pública sobre la cultura, prácticas y ética de la prensa.
120 · He concluido que una combinación de todos estos factores ha contribuido a que disminuya la confianza de la opinión pública en la gestión de los asuntos públicos, dando pie a las percepciones legítimas y preocupaciones acerca de que los políticos y la prensa han estado intercambiando poder e influencia de unas formas que son contrarias al interés público y que, además, están ocultas. Estas percepciones y preocupaciones se agudizan en relación con cómo los políticos gestionan las políticas que tienen que ver con los medios de comunicación.
121 · Para llegar a estas conclusiones, no me he fijado en partidos o políticos concretos, sino en patrones de comportamiento. Inevitablemente, unos ejemplos sobresalen más que otros; y, en particular, tengo en mente las lecciones que pueden sacarse de la respuesta política que se dio a los informes Calcutt a principios de los 90 y a los informes ¿A qué precio la privacidad? realizados por el Comisionado de Información. También he revisado ejemplos más recientes porque forman parte importante del contexto que dio lugar a la creación de esta Comisión.
122 · Uno de esos ejemplos recientes fue la gestión por parte de dos sucesivos ministros y sus departamentos de la oferta de compra de News Corp para incrementar sus acciones en BskyB. Esta opa se lanzó en junio de 2010, un mes después de las elecciones generales. En su condición de ministro de Negocios e Innovación, el honorable doctor Vince Cable asumió la responsabilidad de gestionar el proceso bajo las leyes europeas y nacionales.
123 · A pesar de las presiones que hubo entre bastidores, el doctor Cable actuó con escrupuloso cuidado e imparcialidad hasta que fue entrevistado en diciembre de 2010 por dos periodistas que se hicieron pasar por sendos votantes. Tenía todo el derecho a tener sus propias opiniones acerca de la prensa en general y de News International en particular, pero se las tenía que haber reservado debido a su papel de semijuez en el asunto de la opa. Desafortunadamente, los espontáneos comentarios que hizo a estos periodistas acerca de Rupert Murdoch y News International fueron del dominio público, creando, por tanto, una apariencia de parcialidad que forzó al primer ministro a trasladar a otro lugar la responsabilidad sobre la opa.
124 · El honorable Jeremy Hunt también tenía sólidas opiniones sobre los méritos de la opa. También tenía todo el derecho a tenerlas, si no fuera porque la política sobre los medios recaía en la cartera del Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS, por sus siglas en inglés). El traspaso al señor Hunt era una decisión que el primer ministro tenía todo el derecho a tomar. En tales circunstancias, la gestión de la oferta de compra llegó al DCMS y a su ministro en una crisis que ellos no habían creado.
125 · Inmediatamente, el señor Hunt puso en marcha un robusto sistema para asegurar que los pasos que quedaban por resolver de la opa se manejaran con justicia, imparcialidad y transparencia, todo en la línea de sus obligaciones semijudiciales. Su amplia confianza en la asesoría externa, más allá de lo mínimo requerido, fue un medio sabio y eficaz para ayudarle a ceñirse al examen legal y para generar la confianza de que se tomaría una decisión objetiva.
126 · La opa fue gestionada de manera encomiable en todos sus aspectos, salvo en uno. Lamentablemente, había un serio problema escondido, que, en caso de que la oferta de compra se hubiera llevado a cabo y ese problema hubiera salido a la luz, cabía la posibilidad de que hubiera peligrado toda la operación. El consejero especial del señor Hunt, Adam Smith, era el enlace conocido entre el DCMS y el profesional del grupo de presión de News Corp, Frédéric Michel. El señor Smith ya conocía al señor Michel; y, cuando se las tuvo que ver con la intimidad, el encanto, el volumen y la persistencia de sus estrategias, se encontró en una posición muy complicada. Los mecanismos que se pusieron en marcha para gestionar la operación no fueron lo suficientemente sólidos en este aspecto en particular. No se siguió la práctica adecuada que posteriormente se incluyó en la guía realizada por el Consejo de Ministros sobre la decisión semijudicial que se debía tomar.
127 · He llegado a la conclusión de que las semillas de este problema aparecieron desde un primer momento, y que los riesgos eran, o deberían haber sido, obvios desde el principio. No creo que fuera acertado nombrar al señor Smith para desempeñar esa función. Los consiguientes riesgos se agravaron por los efectos acumulativos de la falta de claridad explícita en el papel del señor Smith, la falta de instrucción expresa que está claro que él sí entendió y la falta de supervisión del señor Hunt.
128 · Creo que no hay evidencia fiable de que el señor Hunt no fuera parcial. No obstante, los voluminosos intercambios entre el señor Michel y el señor Smith en tales circunstancias dan lugar a una imagen de parcialidad. El hecho de que se llevaran a cabo informalmente y que no quedara constancia de ellos en el Ministerio son causas adicionales de preocupación.
129 · La historia de las decisiones que se han tomado respecto a la política relacionada con los medios de comunicación, incluida la historia de la oferta de compra de BskyB, ilustra un asunto significativo que creo que es el núcleo de la problemática dimensión de las relaciones entre la prensa y la clase política. Algunos de los que dirigen empresas periodísticas han ejercido una excepcional, dedicada y poderosa presión política para sus propios intereses (fundamentalmente económicos, pero también otros). En parte, esa presión se ha realizado de forma abierta y a través de editoriales y, a veces, ha sido de forma encubierta y a través de relaciones personales con los políticos.
130 · Debo decir que no creo que los grupos de presión de la prensa deban estar regulados. No se debe criticar, o impedir, a las empresas periodísticas que, legítimamente, defiendan sus intereses privados con todas las capacidades y medios que tengan a su alcance, y a los más altos niveles a los que puedan acceder (y acceden). La única excepción que hago es cuando es necesario un grado de transparencia y formalidad en el contexto de toma de decisiones semijudiciales.
131 · Por otro lado, creo que es responsabilidad de los políticos que son objetivo de los grupos de presión de los medios juzgar hasta qué punto y de qué manera es de interés general responder a estas presiones. Y uno de los aspectos fundamentales de esa responsabilidad es tener en cuenta que mientras que una prensa libre y saludable es ciertamente de interés público, esto no quiere decir que todos los intereses (económicos u otros) de cualquier empresa periodística, o incluso de toda la industria en general, sean necesariamente de interés público. El asunto se tiene que examinar en todos sus aspectos.
132 · Los políticos están en una posición difícil respecto a los grupos de presión de los medios de comunicación. No solo ejercen una poderosa fuerza a favor de sus propios intereses, sino que también usan un potente megáfono con una influencia muy importante sobre la reputación personal y profesional de los políticos. También tienen grandes habilidades, al nivel de algunos propietarios, directores o directores adjuntos, para ejercer presión de manera sutil e intuitiva en el contexto de las relaciones personales y las amistades. Los políticos están expuestos a una mayor vulnerabilidad hasta el punto de que su privacidad pueda estar comprometida, a menudo de una manera ambigua, como es el caso de presentarlos como “auténticos” a la vista de la opinión pública, una necesidad en una forma más personal de hacer política. Estos riesgos invitan a una mayor intrusión con la excusa de “destapar la hipocresía”.
133 · Las relaciones en las que se ejerce presión no son las que cada día tienen los políticos y periodistas. Son las relaciones entre los que hacen las leyes (actuales o futuras) y aquellos que más se beneficiarán de ellas. Es una categoría restringida formada, por una parte, por un pequeño número de personas del Gobierno que toma las decisiones y por aquellos que de forma creíble aspiran a esas posiciones en el futuro, ya sean de partidos en el Gobierno o de sus rivales en la oposición; y, por otra parte, están los propietarios, directores de cabeceras y directores adjuntos de los medios. En estas relaciones, los límites entre la conducta en la gestión del Gobierno con sus formalidades y responsabilidades, por un lado, y las informales interacciones “políticas” o “personales”, por otro, no están claros y, por tanto, son inevitables. Como consecuencia, existe una legítima preocupación por la falta de transparencia y responsabilidad. Es insatisfactorio desde el punto de vista de la opinión pública, y, al mismo tiempo, expone a la clase política a un grado injusto de especulación e insinuación.
134 · En esta categoría restringida de relaciones, he llegado a la conclusión de que son necesarios pasos positivos para abordar un genuino y legítimo problema de imagen pública y, por tanto, de confianza y seguridad. Como primer paso, he recomendado que los líderes políticos reflexionen sobre las ventajas de publicar en nombre de su partido una declaración que presente a la opinión pública la manera en que ellos proponen gestionar las relaciones con la prensa como si fuera una cuestión de política de partido.
135 · He aconsejado igualmente que los políticos con mayor responsabilidad que se sientan en los escaños de los ministros y de los portavoces, tanto en el Gobierno como en la oposición, deben considerar seriamente que en relación con la transparencia pública se debe estar sujeto a las estrictas exigencias de la ley y prácticas actuales. Pienso en unas medidas muy limitadas. Se refieren a la publicación de las reuniones entre los políticos con mayor responsabilidad y los ejecutivos de los medios de comunicación (tanto si los contactos se realizan en persona como a través de representantes) y a alguna indicación cuando se discuten temas de política relacionada con los medios. Se aplicaría a todas estas reuniones, tanto las relaciones con la gestión del Gobierno como las susceptibles de ser consideradas “políticas” o “personales” debido al grado en que esas clasificaciones no parece que sigan vigentes.
136 · Recomiendo también que, periódicamente, se divulgue información básica, aunque solo de manera estimada, acerca de la frecuencia o densidad de otro tipo de comunicaciones (como correspondencia, llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos). Sugiero un poco más de transparencia respecto a estos simples hechos referidos a las relaciones en las que se producen las poderosas presiones de los medios de comunicación para mejorar el entendimiento y la confianza de la opinión pública en el proceso político.
137 · La respuesta a este Informe abrirá en sí misma un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre la clase política y la prensa. El foro abierto que ha tratado de ofrecer la Comisión para examinar los valores éticos de la prensa, inevitablemente, se ha desarrollado sobre un trasfondo de conversación continua entre los medios y la clase política del que no hemos formado parte ni la Comisión ni el público. Ello no se ha producido bajo las condiciones de transparencia que creo que son un componente esencial para restaurar la confianza y la seguridad de la opinión pública en las decisiones que se toman sobre las políticas que afectan a los medios. Animo por tanto a los políticos a que reflexionen, en nombre del legítimo interés público, acerca de las interacciones que han tenido con la prensa (directas o indirectas) y que han sido objeto de estudio en esta Comisión e Informe. La oportunidad de transparencia es obvia.
Pluralidad
138 · La oferta de compra de News Corp para adquirir las acciones de la plataforma BskyB que aún no poseía dieron lugar a una desconfianza generalizada sobre si la actual reglamentación para proteger la pluralidad de medios en Reino Unido era suficiente, y había una preocupación concreta acerca del papel que jugaban los políticos en las decisiones clave.
139 · No hay discusión acerca de la importancia de mantener una pluralidad de medios. La exigencia del código de radiotelevisión de que las noticias que se emiten en radio y televisión tienen que ser imparciales ofrece algún grado de garantía de que la audiencia tendrá acceso a una cobertura de noticias equitativa, pero sigue siendo esencial asegurarse de que hay muchas fuentes de noticias controladas por gente diferente y que llegan al público por distintas rutas. Solo a través de esta pluralidad –en concreto, en relación con las noticias y los temas de actualidad–, podemos estar seguros de que el público esté bien informado acerca de temas locales, nacionales, internacionales y sobre política y que, por tanto, es capaz de desempeñar su papel en una sociedad democrática.
140 · Hay muy pocos mecanismos actuales que protejan esa pluralidad. Obviamente, las leyes de competencia se aplican al mercado de los medios de comunicación, y deberían prevenir cualquier abuso de una posición de monopolio. Pero se puede dar el caso de que surja una pérdida problemática de pluralidad sin que necesariamente se den problemas de competencia. Según lo dispuesto en la Ley de Empresas de 2002 y la de Comunicaciones de 2003, el ministro pertinente tiene el poder para intervenir en una fusión de medios de comunicación que se está llevando a cabo si cree que existen causas que puedan afectar a la pluralidad. Esto quiere decir que solo se puede actuar para proteger la pluralidad de medios cuando esa operación amenace con reducirla. En la actualidad, ni el Gobierno ni los reguladores pueden dar pasos para proteger la pluralidad si esta está amenazada por un cambio orgánico del mercado.
141 · Ofcom apuntó este problema cuando asesoró al ministro acerca de la oferta de compra sobre BskyB y también ha sido señalado extensamente por otros. Creo que es importante que el Gobierno encuentre alguna manera de garantizar la existencia de un mecanismo que proteja la pluralidad de medios cuando se produce un cambio orgánico. Ofcom propone hacer análisis habituales sobre la pluralidad. Una estrategia alternativa sería estudiar los cambios en la competencia del régimen de los mercados. Es importante que el Gobierno adopte una solución encaminada a ofrecer oportunas advertencias acerca de, o en respuesta a, los problemas de pluralidad que pueden surgir como resultado de un crecimiento orgánico.
142 · Creo que también debería haber más claridad acerca de lo que se entiende por pluralidad y como debería medirse. Opino que el foco en los problemas de pluralidad debería estar en las noticias y en la cobertura de temas de actualidad, pero es algo que debería revisarse habitualmente. Los mercados de los medios de comunicación se han desarrollado significativamente desde que se aprobó la Ley de Comunicaciones de 2003 y no está claro que el suministro de noticias digitales deba ser tenido en cuenta a la hora de medir la pluralidad. No se ha presentado evidencia concluyente para apoyar los argumentos a favor de establecer un capital fijo en la cuota de mercado de los medios, aunque será importante que las autoridades reguladoras puedan establecer soluciones estructurales y correcciones que cambien el comportamiento que esté relacionado con la independencia editorial y la calidad periodística.
143 · La experiencia del doctor Cable y el señor Hunt a la hora de gestionar la oferta de compra sobre BskyB ha llamado la atención sobre el papel que juegan los políticos en la toma de decisiones relacionadas con la pluralidad. El riesgo de parcialidad, o la percepción de que existe, es muy obvio. Sin embargo, no creo que la respuesta sea que los políticos no formen parte del proceso. Las decisiones acerca de qué es de interés público en relación con la pluralidad de medios son resoluciones que fundamentalmente deberían tomar ministros responsables de forma democrática, que fueran capaces de dejar a un lado consideraciones irrelevantes. Esto no quiere decir que el proceso actual sea satisfactorio: claramente no lo es. La mejor solución al problema de la parcialidad, o a la percepción de ella, es la transparencia. Por tanto, en el Informe recomiendo que debería haber mucha más claridad en cada una de las etapas de cualquier decisión política relacionada con las fusiones de medios de comunicación. En concreto, sugiero que los ministros deben consultar a las partes pertinentes antes de decidir si remiten la operación a las autoridades de la competencia en términos de pluralidad y publicar las razones de su decisión. Asimismo, se le debe exigir al ministro que acepte el consejo de un regulador independiente o que explique por qué ha rechazado ese consejo. También recomiendo que deben hacerse públicas la naturaleza y el alcance de las presiones a las que pudieran haber estado sometidos el ministro, sus funcionarios y sus asesores. Esto garantizará que las decisiones ministeriales estén abiertas al escrutinio público.
Comentarios finales
144 · El trabajo de la Comisión ha sido muy extenso, recogiendo testimonios de gente muy diferente, que procedía de clases sociales distintas. Se ha producido de formas diferentes –oralmente, por escrito o por correo. El propósito de este Informe ha sido tratar de unir todo el material y presentarlo de una manera ordenada para que, libremente, todo el mundo pueda juzgarlo y llegue a sus propias conclusiones. En todo momento, me he esforzado para que la labor de la Comisión fuera transparente y que, por tanto, la objetividad del proceso quede clara para todo el mundo.
145 · Mis recomendaciones pretenden ser claras y sin ambigüedades. No se han visto afectadas ni influidas por ninguna pauta política ni cualquier otra. Ningún comentario externo que he leído o escuchado en los últimos 16 meses ha hecho que me desvié de mi camino. Los comentarios solo han servido para confirmar mis conclusiones: estoy haciendo lo que creo que es justo y adecuado para todo el mundo y, no menos importante, para el público. Confío en que el público vea ese espíritu en mis recomendaciones y en las razones que las sustentan.
146 · Acabo donde empecé este Resumen. Es la séptima vez en menos de 70 años que se examinan los asuntos que han ocupado mi vida desde que fui nombrado en julio de 2010. Nadie puede pensar que tiene sentido contemplar una octava. La pelota está ahora en el tejado de los políticos. Confío en que mis recomendaciones sean tratadas con el mismo espíritu de consenso que dio lugar a esta Comisión. El honorable sir John Major lo dijo de forma gráfica: “No sé cuáles serán las recomendaciones de esta Comisión, pero si esas recomendaciones requieren medidas concretas, entonces estoy seguro de que es más probable que se conviertan en legislación si tienen el apoyo de los partidos mayoritarios. Si no es así, si un solo partido rompe el consenso y decide oponerse a ello para lograr futuros favores de poderosos propietarios y magnates de los medios, entonces será muy difícil que esas recomendaciones se conviertan en leyes, y creo que eso es algo muy importante. Por tanto, creo que los líderes de los tres principales partidos tienen una especial responsabilidad. Hace creo que 23 años un ministro dijo que la prensa estaba a punto de perder su último tren. Creo que, en esta ocasión, son los políticos los que están a punto de perderlo. Al final de esta Comisión, si no se aprueban las recomendaciones que se hagan –y no sé cuáles pueden ser– y no se hace nada al respecto, es difícil ver cómo se revertirá este problema en un periodo razonable de tiempo, y esa parte de la prensa que se ha comportado mal continuará haciéndolo y pondrá en desventaja a la que sí trabaja bien. Reitero: creo que el propósito principal es eliminar los malos comportamientos y hacer que los que sean malos se conviertan en buenos, y los malos son un cáncer para la profesión periodística. No se trata de toda la profesión en su totalidad. Y creo que por el interés del mejor periodismo es importante que el Parlamento estudie seriamente las recomendaciones, y es mucho más probable que se aprueben si ninguno de los grandes partidos decide hacer el juego partidista para buscar el favor de un magnate de la prensa que puede que no le guste lo que se propone”.
Juez Leveson. Foto: Thedrum.com
RESUMEN DE RECOMENDACIONES
Modelos de regulación para el futuro
Establecer un régimen de autorregulación independiente
INDEPENDENCIA: NOMBRAMIENTOS
1 · Un organismo de autorregulación independiente debe estar dirigido por una junta independiente. Para garantizar la independencia del organismo, el director y los miembros de la Junta deben ser nombrados de una manera abierta, transparente y libre, sin influencias de la industria o del Gobierno.
2 · Un comité de nombramientos debe elegir al director de la Junta. La selección de ese comité debe a su vez llevarse a cabo de manera autónoma y debe ser independiente de la industria y del Gobierno.
3 · El comité de nombramientos:
a) debe formarse de forma independiente, justa y en un proceso abierto
b) debe estar formado por una mayoría de miembros que demuestren su independencia de la prensa
c) debe incluir al menos una persona con conocimiento y experiencia en los medios
d) no debe incluir más de un director de una publicación en activo que también podrá ser miembro del organismo
4 · La constitución de la Junta también debe hacerse en un proceso independiente y su composición debe incluir a personas con experiencia relevante. El requisito de independencia significa que no haya directores en activo en ella.
5 · Los miembros de la Junta deben ser elegidos por el mismo comité de nombramientos que elige al director, junto con el mismo director (una vez elegido), y deben:
a) ser nombrados en un proceso justo y abierto
b) formar una mayoría de personas independientes de la prensa
c) incluir el número suficiente de personas con experiencia en la industria, que pueden ser exdirectores de medios y periodistas veteranos o académicos
d) no incluir ningún director en activo
e) no incluir ningún miembro en activo del Parlamento o del Gobierno
INDEPENDENCIA: FINANCIACIÓN
6 · La financiación del sistema debe establecerse mediante un acuerdo entre la industria y la Junta, teniendo en cuenta los costes para que el regulador lleve a cabo sus deberes y las obligaciones comerciales de la industria. Debe existir un presupuesto indicativo que la Junta certifique que es adecuado para sus propósitos. La financiación debe cubrir un periodo de cuatro o cinco años negociado previamente.
Código de conducta y requisitos de gobernanza
7 · El código de conducta debe ser básicamente la responsabilidad de la Junta, aconsejada por una Comisión del Código que puede incluir tanto a miembros independientes de la Junta como a directores de medios en activo.
8 · El Código debe tener en cuenta la importancia de la libertad de expresión, los intereses del público (incluyendo el interés público por detectar y sacar a la luz delitos y faltas serias, la protección de la salud y seguridad pública y evitar que la audiencia sea seriamente engañada) y los derechos de los individuos. Específicamente, debe cubrir estándares de:
a) conducta, especialmente en relación con el tratamiento a otras personas a la hora de obtener información
b) apropiado respeto por la privacidad cuando no hay una justificación de interés público suficiente para violarla
c) exactitud, y la necesidad de evitar la tergiversación
9 · La Junta debe exigir a aquellos que formen parte del organismo procesos apropiados de gobernanza interna, transparencia acerca de cómo funcionan esos procesos y comunicación de cualquier falta de cumplimiento, así como detalles acerca de los pasos que se han dado para abordar esos incumplimientos.
Quejas
10 · La Junta debe requerir a los que se adhieran al organismo un mecanismo adecuado para gestionar las quejas rápidamente; debe animar a aquellos que quieren quejarse a que lo hagan a través de estos mecanismos, y el organismo no debe recibir quejas directamente a no ser que o hasta que el mecanismo interno no se haya comprometido a resolver la protesta en un tiempo razonable.
11 · La Junta debe tener poder para decidir acerca de las quejas que tratan sobre la violación del código de conducta por parte de los que lo han suscrito. Debe tener poder (pero no necesariamente en todos los casos, dependerá de las circunstancias) para escuchar las quejas vengan de donde vengan, ya sea de alguien afectado de forma personal y directa por el supuesto incumplimiento, de un grupo representativo o de un tercero que quiere asegurarse de la exactitud de la información que se ha publicado. En este último caso, se debe tener muy en cuenta los puntos de vista de la parte que esté más involucrada.
12 · Las decisiones acerca de las quejas deben ser la última responsabilidad de la Junta, que estará asesorada por un grupo de funcionarios encargados de gestionar las demandas.
13 · Los directores en activo no deben formar parte de ningún comité que asesore a la Junta acerca de las quejas, y esos comités deben reflejar en su mayoría el mismo tipo de miembros que forman la Junta, es decir, que la mayor parte sea independiente de la prensa.
14 · A los demandantes no se les cobrará nada por presentar las quejas.
Poderes, reparaciones y sanciones
15 · En relación con las quejas, la Junta debe tener poder para ordenar reparaciones en caso de incumplimientos del código de conducta y la publicación de correcciones y disculpas. Aunque las reparaciones son esencialmente para corregir las protestas de los individuos, también se deben aplicar al mismo nivel correcciones y disculpas a personas individuales (que hayan sido aceptadas por la Junta) y a grupos de gente en los que no se ha identificado a solo un individuo que se haya visto afectado.
16 · La Junta puede dictar el contenido, decidir la extensión y la ubicación exacta de las disculpas.
17 · La Junta no podrá impedir la publicación de ninguna información, de nadie, aunque en cualquier momento (según su criterio) puede ofrecer a los directores de las publicaciones que hayan suscrito la nueva regulación un servicio de consulta sobre el código de cumplimiento, el cual pueden utilizar en caso de que surjan procedimientos civiles.
18 · Al ser un organismo independiente de autorregulación, la Junta tiene autoridad para examinar asuntos por iniciativa propia y los suficientes poderes para llevar a cabo investigaciones sobre supuestas serias o sistemáticas violaciones del Código y sobre la falta de cumplimiento de sus estipulaciones. Se exigirá cooperar en estas investigaciones a aquellos que se adhieran al organismo.
19 · La Junta podrá imponer sanciones apropiadas y proporcionadas (incluyendo multas económicas de hasta un 1 % de las ventas con un máximo de un millón de libras) a cualquiera de los miembros del organismo que se demuestre que haya sido responsable de violar el código de conducta de forma seria y sistemática o los requisitos de gobernanza de la institución. Las sanciones pueden incluir la exigencia de publicar rectificaciones, si la violación se refiere a inexactitudes, o disculpas, si se refiere a otras disposiciones del Código.
20 · La Junta tendrá el poder y el deber de asegurarse de que todas las violaciones del Código que investigue queden registradas y que se archiven todos los datos sobre la gestión y resolución de las quejas. Esta información quedará a disposición del público de manera que pueda saber el grado de cumplimiento de cada cabecera.
Informe
21 · La Junta debe publicar un Informe Anual en el que identifique:
a) el órgano de afiliados, señalando cualquier cambio significativo en su número
b) el número de quejas que se ha gestionado y la resolución de cada una, tanto con un recuento total como las tramitadas en relación con cada uno de los afiliados
c) un resumen de las investigaciones que se han llevado a cabo y sus conclusiones
d) un informe sobre la adecuación y eficacia de los procesos de cumplimiento y los procedimientos adoptados por los afiliados
e) información acerca de hasta qué punto se ha utilizado el servicio de arbitraje
Servicio de arbitraje
22 · La Junta debe ofrecer un servicio de arbitraje para las demandas civiles presentadas contra los afiliados, que se valga de expertos legales independientes con gran reputación y habilidades y que esté financiado por los propios miembros. El proceso debe ser justo, rápido y barato; inquisitivo y gratuito para los demandantes (a excepción de que el árbitro decida que el querellante debe pagar las costas en caso de que los procedimientos sean infundados o sin base legal). El árbitro tiene poder para convocar vistas cuando sea necesario, pero, igualmente, también puede obviarlas si así lo cree pertinente. El proceso debe tener un sistema para desechar en una primera fase las demandas infundadas o sin base legal.
FUNCIONES
23 · Un nuevo sistema de regulación no puede considerarse eficaz si no incluye a los editores más importantes.
24 · La afiliación al organismo de regulación debe estar abierta a todos los editores bajo condiciones justas, razonables y no discriminatorias, incluyendo la disponibilidad de afiliaciones en términos diferentes para distintos tipos de editores.
25 · Al reconsiderar las responsabilidades del Comisionado de Información (o del organismo que lo sustituya), esta institución debe poder determinar que la afiliación a una entidad de regulación satisfactoria, que exija a sus miembros la apropiada gobernanza y transparencia en sus estándares respecto al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, sea tenida en cuenta a la hora de estudiar si es necesario o proporcionado iniciar acciones en relación con un miembro de esa entidad.
26 · Cualquier miembro de un organismo de regulación reconocido debe poder apoyarse en esa afiliación, así como en la oportunidad que ofrece a los demandantes de usar un servicio de arbitraje justo, rápido y barato. Se podría pedir a los tribunales que animen a utilizar este sistema de arbitraje e, igualmente, que contemplen la disponibilidad de este servicio al estudiar las costas que debe pagar el demandante y que este podía haber usado ese servicio. Respecto al tema de las costas, un querellante también podría apelar al hecho de que como el periódico no forma parte de ninguna entidad de regulación no ha podido tener acceso a un servicio de arbitraje justo, rápido y barato. Cuando sea este el caso, y en el ejercicio de su criterio, el tribunal puede decidir que sería inadecuado que el demandante pague las costas del proceso, incluso aunque haya ganado el acusado, y siempre que no sea una demanda sin fundamento o base legal.
RECONOCIMIENTO
27 · Una ley debe identificar los legítimos requisitos y ofrecer un mecanismo que reconozca y certifique que la nueva entidad los cumple para convencer a la opinión pública de que la organización de una regulación de la prensa recae en un organismo que es independiente de la industria, del Parlamento y del Gobierno, que cumple con los requisitos exigidos a un organismo de ese tipo y que ofrece, a modo de beneficio para sus miembros, el reconocimiento de que se mantienen los más altos estándares de periodismo.
28 · La responsabilidad de reconocer y certificar a un regulador debe recaer en un organismo de reconocimiento. En su capacidad como tal, no podrá estar involucrado en la regulación de ningún miembro.
29 · Los requisitos para que una entidad sea reconocida como reguladora son los explicados en los anteriores puntos.
30 · El organismo de reconocimiento revisará la certificación de una entidad reguladora a los dos años de su aprobación y después lo hará cada tres años.
31 · Ofcom debe ser el encargado de reconocer a la entidad, es decir, reconocer y certificar que un organismo particular satisface (o, tras los exámenes, continúa satisfaciendo) los requisitos establecidos por ley. Nombrar a un Comisionado de Reconocimiento independiente, asesorado por funcionarios de Ofcom, es una alternativa menos atractiva (por el hecho de que no tendrá la autoridad ni la experiencia necesaria y solo ocasionalmente será requerido para ejercer sus funciones).
32 · El organismo de reconocimiento podrá aprobar más de una entidad de regulación en caso de que más de una cumpla con los criterios, aunque no es un resultado aconsejable porque, de ser necesario, supondría un fracaso de la industria.
33 · La ley que se apruebe para identificar los requisitos válidos que debe cumplir un regulador independiente organizado por la prensa, y para ofrecer un proceso de reconocimiento y revisión de que esos criterios se cumplen, y se siguen cumpliendo, también debe incluir el deber explícito del Gobierno de defender y proteger la libertad de prensa.
Recomendaciones para un organismo de autorregulación
GOBERNANZA INTERNA
34 · Además de lo que detalla la recomendación 10, un nuevo organismo de regulación debe estudiar exigir:
a) que los periódicos publiquen reportajes sobre su grado de cumplimiento para asegurar que sus lectores tienen fácil acceso a la información
b) como propuso lord Black, que se nombre a una persona veterana en cada cabecera que sea responsable de los cumplimientos y de los estándares
INCENTIVOS DE AFILIACIÓN
35 · Un nuevo organismo de regulación debe estudiar la creación de un sello que puedan usar sus miembros como marca de reconocimiento de un periodismo de confianza.
EL CÓDIGO
36 · El organismo de regulación debe considerar hacer una revisión meticulosa del Código (en la que el público también debe estar involucrado) con el objetivo de desarrollar una presentación más clara de los estándares que deben cumplir los directores y periodistas.
PODERES Y SANCIONES
37 · La entidad de regulación debe estar preparada para gestionar una queja antes de que comiencen las diligencias legales si así se aconseja.
38 · Junto con la recomendación 11, se debe estudiar introducir enmiendas en el Código para que, mientras que se protege la libertad de expresión y de prensa, el organismo de regulación también tenga poder para intervenir en casos de supuestos reportajes discriminatorios, y que así quede reflejado el espíritu de la legislación sobre igualdad.
39 · El organismo de regulación debe establecer un fondo de uso restringido, que provenga de lo recaudado de las multas, para sufragar las investigaciones.
PROTEGER AL PÚBLICO
40 · La nueva entidad de regulación debe continuar aconsejando al público acerca de temas relacionados con la prensa y el Código, al mismo tiempo que avisa a los diarios y a otros medios relevantes como la radio y la televisión o los fotógrafos de que una persona ha dejado claro que rechaza la intrusión periodística.
41 · El organismo debe dejar claro que los diarios se hagan responsables, bajo el código de conducta, de todo el material que publican, incluidas fotografías (vengan de donde vengan).
EL INTERÉS DEL PÚBLICO
42 · La entidad ofrecerá pautas para la interpretación de lo que es interés público, que justificará lo que puede constituir una violación del Código. Esta guía debe enmarcarse en las diferentes disposiciones del Código que hagan referencia al interés público; de esta manera, será más fácil demostrar lo que puede ser considerado contrario a los estándares de honestidad.
43 · La institución de regulación debe estudiar ser explícita acerca de que, cuando se recurra a una justificación de interés público, debe quedar constancia de los factores que se han tenido en cuenta para medirla, tanto los que estaban a favor como en contra, así como de las razones que han llevado a la conclusión final.
44 · El organismo debe considerar si ofrecerá un servicio de consejo a los directores acerca de si un tema es o no de interés público.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
45 · La nueva entidad de regulación debe estudiar la posibilidad de animar a la prensa a ser lo más transparente posible respecto a sus fuentes, y así ofrecer cualquier información que ayude a los lectores a evaluar la fiabilidad de una fuente, como pueden ser enlaces a páginas webs, fuentes públicas de información, estudios científicos y encuestas. Esto incluye poner el nombre del fotógrafo bajo las imágenes. De ninguna manera, esto pretende minar las disposiciones que existen sobre la protección de las fuentes periodísticas, sino animar a ser más transparentes cuando existe la posibilidad y es apropiado hacerlo.
PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS
46 · Un organismo de regulación debe establecer una línea de denuncias para aquellos que crean que se les pide desempeñar funciones contrarias al Código.
47 · La industria en general y la entidad de regulación en particular debe considerar exigir a sus miembros incluir una cláusula en los contratos de los periodistas que garantice que no se tomarán acciones disciplinarias en caso de que el redactor se oponga a realizar cualquier actividad contraria al Código.
La prensa y la protección de datos
Recomendaciones al Ministerio de Justicia
48 · La exención del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos de 1998 debe ser enmendada y que solo esté disponible cuando:
a) el tratamiento de datos sea necesario para la publicación, en vez de que sea solo revisado con vistas a una posible publicación
b) el interventor de datos cree de forma razonable que su pertinente publicación es de interés público, sin que exista un especial equilibrio entre el interés público de la libertad de expresión y de la privacidad
c) de forma objetiva, la interferencia en la privacidad del tratamiento de datos pesa más que el interés público de su publicación
49 · La exención del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos de 1998 debe reducir su ámbito para que no permita exenciones para:
a) el requisito del primer principio de protección de datos respecto a la gestión de datos personales de forma justa y de acuerdo con el decreto ley
b) el segundo principio de protección de datos (la obtención de datos solo para propósitos específicos y que su tratamiento no sea incompatible con ellos)
c) el cuarto principio de protección de datos (los datos personales deben ser correctos y estar actualizados)
d) el sexto principio de protección de datos (el tratamiento de los datos personales debe hacerse de acuerdo a los derechos de las personas recogidos en la Ley)
e) el octavo principio de protección de datos (restricciones para la exportación de datos personales)
f) el derecho de acceso a los datos personales
La recomendación de eliminar el derecho de acceso a los datos personales del ámbito de aplicación del artículo 32 queda sujeta a la aclaración de si esta ley no afectará a la legislación relativa a la protección de fuentes periodísticas.
50 · Debe quedar claro que el derecho de compensación por daños recogido en el artículo 13 de la Ley de Protección de Datos de 1998 no se restringe solo a los casos de pérdida pecuniaria, sino también debe incluir la compensación por puro daño.
51 · Las disposiciones de procedimiento de la Ley de Protección de Datos de 1998 que tienen una aplicación especial en periodismo de los artículos 32 (4) y (5) y desde el artículo 44 al 46 deben ser eliminadas.
52 · Junto con la supresión de estas disposiciones de procedimiento, se debe estudiar la conveniencia de incluir en la Ley de Protección de Datos de 1998 un mandato a efectos de que la Oficina del Comisionado de Información deba tener muy en cuenta la obligación establecida por ley de mantener el equilibrio entre el interés público de la libertad de expresión y la defensa de un régimen sobre protección de datos, cuando se estudie la posibilidad de emprender acciones relacionadas con los medios de comunicación y otros editores.
53 · Deben hacerse provisiones al efecto de que la Oficina del Comisionado de Información tenga en cuenta que, cuando considere el ejercicio de algunos de sus poderes respecto a los medios de comunicación y otros editores, se le aplique al interventor de datos cualquier sistema de regulación relevante o aplicación de estándares que estén recogidos por decreto.
54 · Se deben dar los pasos necesarios para que entren en vigor las enmiendas aprobadas al artículo 55 de la Ley de Protección de Datos de 1998 que hizo el artículo 77 de la Ley de Justicia Penal e Inmigración de 2008 (relativo al incremento de la condena máxima) relacionadas con la extensión de los periodos específicos máximos, y la enmienda que introdujo el artículo 78 de la ley de 2008 (respecto a la mejora de la defensa del periodismo de interés público).
55 · Los poderes del Comisionado de Información para ejercer la acusación se deben ampliar para incluir cualquier delito que también constituya una violación de los principios sobre protección de datos.
56 · Se debe introducir un nuevo deber (ya sea formal o informalmente) para que la Oficina del Comisionado de Información pueda consultar con la Fiscalía de la Corona aspectos relacionados con el ejercicio de sus poderes para emprender procedimientos penales.
57 · Se debe aprovechar la oportunidad para considerar enmendar la Ley de Protección de Datos formalmente y reconstituir la Oficina del Comisionado de Información en un Comité de Información, dirigido por una Junta de Comisionados con expertos del mundo de la reglamentación, de la Administración Pública y del mundo judicial y de los negocios, y se debe estudiar seriamente en ese contexto la conveniencia de incluir en la Junta a alguien de la industria de los medios de comunicación.
Recomendaciones al Comisionado de Información
58 · La Oficina del Comisionado de Información debe dar pasos inmediatos y preparar, adoptar y publicar una política en el ejercicio de sus funciones formales de regulación para asegurar que la prensa cumple con los requisitos legales del régimen de protección de datos.
59 · En el cumplimiento de sus funciones y deberes de promover las buenas prácticas en asuntos que atañen al público, la Oficina de Información del Comisionado debe dar pasos inmediatos, tras consultar con la industria, para preparar y distribuir completas directrices y consejos de buenas prácticas sobre los principios y estándares que la prensa debe seguir a la hora de gestionar datos personales. Debe prepararse y ponerse en marcha durante los seis meses siguientes a la publicación de este Informe.
60 · La Oficina del Comisionado de Información debe tomar medidas para preparar y distribuir pautas al público acerca de sus derechos individuales respecto a la obtención y uso por parte de la prensa de sus datos personales, y cómo ejercer esos derechos.
61 · En concreto, debe dar pasos inmediatos para publicar unas directrices dirigidas a aquellas personas preocupadas por el hecho de que sus datos hayan sido o podido ser gestionados por la prensa ilegalmente o no acorde a las buenas prácticas.
62 · La Oficina del Comisionado, en su Informe Anual al Parlamento que está obligado a hacer según el artículo 52 (1) de la Ley, debe incluir actualizaciones regulares sobre la eficacia de las medidas anteriores y sobre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa en relación con la gestión de datos personales.
63 · Cuando evalúe el interés público de temas que afecten a los medios de comunicación, la Oficina del Comisionado de Información debe adoptar inmediatamente las Directrices para Fiscales elaboradas por el jefe de la Fiscalía en septiembre de 2012.
64 · Inmediatamente, la Oficina del Comisionado de Información debe preparar con la Policía Metropolitana una estrategia a largo plazo respecto a los supuestos delitos de los medios de comunicación para asegurarse de que el organismo está en condiciones de desempeñar cualesquiera de sus deberes en el futuro y, en concreto, en relación con el resultado de las operaciones Weeting, Tuleta y Elveden.
65 · La Oficina del Comisionado de Información debe aprovechar la oportunidad para revisar si tiene a su disposición el conocimiento práctico y la experiencia legal necesaria para aplicar a la prensa la regulación sobre protección de datos y que aborde lo que sea necesario.
66 · La Oficina debe aprovechar la oportunidad para revisar sus procesos organizativos y de toma de decisiones y asegurarse de que se pueden estudiar asuntos a gran escala y abordar satisfactoriamente al detalle, tanto en su dimensión operacional como estratégica (incluyendo, por un lado, la relación entre la cultura, las prácticas y la ética de la prensa respecto a la información personal y, por otro, la aplicación de la legislación de protección de datos a los medios).
Regulación por ley
La Ley Penal
67 · Basándose en que entren en vigor las disposiciones de los artículos 77-78 de la Ley de Justicia Penal en Inmigración de 2008, y que, por tanto, se incrementen las penas por la violación del artículo 55 de la Ley de Protección de Datos de 1998, el ministro de Justicia debe hacer uso del poder que le confiere el artículo 124 (1)(a)(i) de la Ley de Justicia de 2009 y pedir al Consejo para la Imposición de Penas de Inglaterra y Gales que prepare unas directrices en relación con los delitos sobre protección de datos (incluido el mal uso de los ordenadores).
68 · El Ministerio del Interior debe estudiar y, si es necesario, consultar sobre:
a) si el párrafo 2 (b) del Anexo 1 de la Ley de Policía y Evidencia Criminal (PACE, por sus siglas en inglés) de 1984 debe ser eliminado
b) si la PACE debe enmendarse para ofrecer una definición de la frase “para los fines del periodismo” del artículo 13(2)
c) si el artículo 11(3) de la PACE debe enmendarse para estipular que el material periodístico solo se mantiene secreto para las disposiciones de la PACE si ha permanecido así desde que se obtuvo o se creó sujeto a una garantía, restricción u obligación aplicable o legal.
La Ley Civil
DAÑOS
69 · Debe hacerse una revisión de los daños disponibles generalmente por violación de la protección de datos, privacidad, de la confidencialidad o cualquier otro agravio relacionado con los medios de comunicación, para garantizar compensaciones proporcionadas, incluidas las de por pérdidas no pecuniarias (todas referidas a la duración, el alcance y la gravedad del delito).
70 · El Consejo de Justicia Civil debe considerar el nivel de los daños y perjuicios sobre privacidad, la violación de la confidencia y los casos sobre protección de datos, estar preparado para tomar testimonio (del Comisionado de Información, los medios de comunicación y otros) y, después, hacer recomendaciones acerca del apropiado nivel de daños de esos casos. Como se lleve a cabo después es algo que resolverán en último caso los tribunales.
71 · Se debe adoptar el Informe de la Comisión Legal sobre Daños Graves, Ejemplares y por Resarcimiento en relación con las recomendaciones que hace acerca de que la legislación debe ofrecer que:
a) el sufrimiento mental está tipificado como daño grave
b) se mantengan los daños ejemplarizantes (aunque se renombrarán como castigos en forma de multas)
72 · Los daños ejemplares (si se mantiene así o se renombra como castigos en forma de multa) deben estar disponibles para delitos de violación de la privacidad, de la confidencialidad y agravios similares de los medios de comunicación, así como para difamación y calumnia. A la hora de tomar decisiones sobre esos daños, se debe tener en cuenta que el acusado forma parte de un sistema pertinente de regulación que esté contenido o reconocido por decreto, así como el hecho de que exista una buena gobernanza interna con respecto al manejo de las fuentes.
COSTAS
73 · Se deben enmendar las leyes de Procedimiento Civil para exigir a los tribunales que tengan en cuenta la posibilidad de usar un sistema de arbitraje establecido por un regulador independiente reconocido por ley cuando estudien el pago de las costas al final de los procesos. El propósito de esta recomendación es ofrecer un importante incentivo para que los editores formen parte del nuevo sistema y para animar a aquellos que se quejan de que sus derechos han sido violados a que lo usen como un método rápido, eficaz y barato de resolución de disputas.
74 · En ausencia de un mecanismo de resolución de disputas, disponible a través de un regulador independiente sin coste para el demandante, junto con los ajustes necesarios a la Ley de Procedimiento Civil para que exija o permita a los tribunales que tengan en cuenta la disponibilidad de un servicio gratuito de arbitraje como alternativa a los procesos judiciales, se debe introducir la propuesta del juez lord Jackson de que las costas del proceso no recaigan en el demandante en caso de perder el juicio cuando se trate de casos de difamación, privacidad, violación de la confidencia y otros litigios relacionados con los medios de comunicación.
La prensa y la policía
Los briefings off the record
75 · El término briefing off the record debe eliminarse. Se debe usar la expresión briefing no publicable para referirse a los briefings de los que no se puede informar, y se debe utilizar el término “briefing embargado” para los que no se puede informar hasta que no llegue una hora o un acontecimiento señalado previamente. Estos términos describen más neutralmente las válidas interacciones entre la policía y los medios de comunicación.
76 · Debe ser obligatorio para todos los agentes con rango de jefe que registren todos sus contactos con los medios, y que ese registro esté disponible para el público y pueda ser auditado. No es necesario que sea más que una nota que deje constancia de que se ha celebrado la reunión y del tema que se ha tratado. Cuando el encuentro trate de temas más significativos, sobre asuntos operativos o de organización, puede ser razonable que se deje un registro más detallado. Finalmente, cuando se vayan a tratar temas de política y organización, será una buena práctica que esté también presente un responsable de prensa.
77 · Se debe adoptar como buena práctica la simple norma incluida en la Guía interna de la ACPO para las relaciones con los medios. Esta es: “Los agentes y el personal de la Policía deben preguntarse: ‘¿Soy la persona responsable para comunicar este asunto y hay algún propósito policial para hacerlo?’. Si la respuesta es afirmativa para las dos partes de la pregunta, entonces deben proseguir”.
FILTRACIONES INFORMATIVAS
78 · El Servicio de Policía debe reexaminar el rigor de los procesos de auditoría y la frecuencia con la que se realizan en relación con el acceso de los archivos policiales. También se debe estudiar el número de personas que tienen acceso a ellos y las normas que regulan su uso.
REGALOS, INVITACIONES Y ENTRETENIMIENTO
79 · La reciente Guía de la ACPO debe explicar más al detalle los riesgos de consumir alcohol en el contexto de una invitación informal (sin que necesariamente haya una prohibición total).
CONTRATACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
80 · Se deben estudiar los términos de acuerdo a los cuales son nombrados los altos cargos policiales y, en concreto, si se debe incluir alguna limitación acerca de si se pueden aceptar empleos en los medios de comunicación sin la aprobación necesaria de la autoridad competente durante un periodo de doce meses a partir del cese en el Cuerpo.
CORRUPCIÓN, DENUNCIAS INTERNAS Y PROBLEMAS RELACIONADOS
81 · Un sistema mejorado para proteger a los que presentan denuncias internas y uno para ayudar al Servicio de Policía en temas de ética en general debe incluir al menos lo siguiente:
a) se debe dar más relevancia a la línea telefónica de la Ley de Revelaciones de Interés Público, que gestiona la Comisión Independiente de Quejas sobre la Policía
b) debe haber una “línea ética” en la IPCC que dé consejo sobre asuntos de ética general disponible para todos los agentes policiales en activo
c) para llegar a aquellos con rango de jefe de policía (subcomisario en el caso del Servicio de Policía Metropolitana), el Servicio de Su Majestad de Inspección a la Policía (HMIC, por sus siglas en inglés) debe identificar a uno de sus miembros, que haya tenido rango de jefe, como el punto de contacto para ofrecer consejo confidencial sobre comportamiento ético. El jefe policial que busque y obtenga ese consejo podría hacer referencia a él en caso de que llegara alguna queja a un Departamento de Estándares Profesionales, a un comisario o a la misma IPCC. El asesoramiento no determinaría la queja, pero el hecho de que se haya buscado y recibido, así como su contenido, podría ser tenido en cuenta
d) dentro de la propia IPCC, es necesario mejorar el “sistema de filtro” a través del cual se abordan las quejas en una primera fase para que (a) puedan investigarse a su nivel adecuado y (b) existan las suficientes estructuras para garantizar la confidencialidad, y para diferenciar desde un principio las quejas genuinas de aquellas que simplemente tratan de ventilar reclamaciones personales
e) el inspector/a con rango de jefe al que me he referido en el subpárrafo (c) previo debe ser también el/la que reciba las quejas sobre los jefes policiales que lleguen a la IPCC. En el caso de que haya ofrecido consejo sobre el tema del que trata la queja, otro inspector actuará en su lugar
f) los jefes de policía deben estar también sujetos a exámenes independientes regulares por parte del HMCI, incluidas inspecciones sin previo aviso.
La prensa y los políticos
82 · Como primer paso, los líderes políticos deben reflexionar sobre las ventajas de publicar en nombre de su partido una declaración que presente a la opinión pública la manera en que ellos se proponen gestionar las relaciones con la prensa como si fuera una cuestión de política de partido.
83 · Los líderes de los partidos, los ministros y los portavoces de la oposición deben estudiar hacer públicos:
a) los hechos acerca de las relaciones a largo plazo que han mantenido con dueños de medios de comunicación, con directores de periódicos o directores adjuntos que sean relevantes por sus responsabilidades
b) cada tres meses:
i. detalles de todas las reuniones mantenidas con dueños de medios de comunicación, directores de periódicos o directores adjuntos, tanto si han sido en persona o a través de representantes, y si se ha hablado de temas sobre las políticas relacionadas con los medios y cuál ha sido su naturaleza
ii. una completa fotografía clara y razonable, aunque solo de forma estimada, de la frecuencia o concentración de otras comunicaciones (correspondencia, llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos incluidos), y sin que sea necesario incluir su contenido.
84 · Las sugerencias que he hecho para conseguir una mayor transparencia acerca de estas reuniones y contactos no se deben considerar como un proyecto de futuro, sino como una necesidad inmediata, en particular respecto a las comunicaciones relevantes que se realicen sobre este Informe.
Pluralidad y propiedad de los medios de comunicación
85 · Los principales objetivos de las políticas públicas de asegurarse que los ciudadanos están informados y evitar que estén demasiado influenciados por un único punto de vista acerca de los procesos políticos están sobre todo centrados en la pluralidad de las noticias y los temas de actualidad. Este enfoque debe revisarse.
86 · Se deben incluir las publicaciones digitales en cualquier valoración del mercado que estudie la pluralidad.
87 · Ofcom y el Gobierno deben trabajar con la industria sobre el marco de medición para lograr el mayor consenso posible acerca de la manera de calcular la pluralidad de los medios de comunicación antes de que se implemente un sistema de medición y, para ello, se deben tener en cuenta todas las presiones comerciales que puedan surgir.
88 · Los niveles de influencia que podrían dar lugar a problemas acerca de la pluralidad son más bajos que los niveles de concentración que harían surgir sospechas sobre la competencia.
89 · Ofcom ha presentado a la Comisión y al Gobierno un completo menú de posibles soluciones, y, en principio, no se ha discutido ni sugerido que alguna de ellas sea inapropiada. Cada una puede ser adecuada para una determinada circunstancia y la autoridad de regulación relevante debe guardarlas en su repertorio.
90 · El Gobierno debe estudiar si exámenes periódicos sobre pluralidad o una extensión de los tests de interés público dentro del régimen de mercado en la legislación sobre competencia son más adecuados para ofrecer a tiempo avisos, y respuestas, sobre problemas de pluralidad que surgen como resultado de un crecimiento orgánico, reconociendo que la propuesta sobre exámenes regulares acerca de la pluralidad está más centrada en asuntos sobre pluralidad.
91 · Antes de decidir enviar, en términos de interés público, una fusión de medios a las autoridades de la competencia, el ministro debe pedir como referencia a las partes pertinentes argumentos a favor y en contra, y se le debe exigir que haga públicas las razones que le han llevado a tomar su decisión.
92 · El ministro debe seguir siendo responsable de las decisiones que afecten al interés público en relación con las fusiones de medios de comunicación. Se le exigirá que acepte el consejo ofrecido por los reguladores independientes o que explique por qué lo ha rechazado. Al mismo tiempo, sea cual fuere la decisión que tome, se deben registrar y publicar la naturaleza y el alcance de las presiones a las que pueden haber estado sometidos el ministro, sus funcionarios y sus asesores.
TRADUCCIÓN: PATRICIA RAFAEL
[1] Ha habido Comisiones Reales en 1947, 1962 y 1973, la Comisión Younger sobre privacidad y dos Análisis Calcutt.
[2] Thomas Jefferson (1743-1826), uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue el autor principal de la Declaración de Independencia y el tercer presidente del país (1801-1809). Merece la pena añadir que también se le nombra por haber dicho: “No cojo ni un solo periódico, ni siquiera leo uno al mes, y me siento infinitamente más feliz por ello”.
[3] Aunque, en algunos lugares, el derecho penal reconoce el importante papel que desempeñan los medios de comunicación y no solo otorga defensas específicas hacia ciertos delitos, también se asegura que el interés público que se esgrime en la correcta búsqueda de historias es tenido muy en cuenta a la hora de decidir si se persiguen o no los delitos que no tienen una defensa especial.
[4] En referencia a Milly Dowler y, de forma más general, al escándalo de las escuchas telefónicas.
[5] En referencia al programa que relataba las acusaciones relativas a Jimmy Savile.
[6] En marzo de 2012, la Comisión de Quejas de la Prensa anunció que, unánimemente, había acordado iniciar una transición, transfiriendo sus recursos, responsabilidades y personal a un nuevo órgano regulador.
[7] Respecto al tema del borrado de mensajes, durante el transcurso de la Comisión, una extensa investigación de la Policía de Surrey ha demostrado que es improbable que el News of the World causara verdaderamente un momento de falsa esperanza: yo he trabajado conforme a esta evidencia. Rechazo tajantemente la sugerencia de que este error ha socavado las bases de la Comisión, que, a la vista de todos los testimonios que he escuchado, estaba y permanece más que justificada.
[8] Es imposible hacer justicia a la evidencia presentada en esta área en unos pocos párrafos: la Parte F señala lo espléndido de nuestro periodismo, pero también lo que es menos que digno y, en algunos casos, insatisfactorio o peor.
[9] Para añadir algo acerca de los términos precisos del Código, merece la pena señalar que el documento deja claro que “es esencial que el Código se honre no solo al pie de la letra, sino también en todo su espíritu. No debe ser interpretado de forma tan restringida que ponga en peligro su compromiso de respetar los derechos del individuo, ni de manera tan amplia que evite publicar noticias de interés público”.
[10] Como se demostró, por ejemplo, en la manera de publicar el diario privado de la doctora Kate McCann.
[11] Por eso, estoy particularmente agradecido a aquellos testigos que se ofrecieron a dar testimonio de sus experiencias con la prensa durante el transcurso del Módulo Uno: reconozco el valor personal que tuvo cada uno de ellos.
[12] Recomiendo que las leyes de Procedimiento Civil deberían ser enmendadas para pedir a los tribunales que, cuando al final del proceso estudian las órdenes de pago de costas, tengan en cuenta la disponibilidad de un sistema de arbitraje establecido por un regulador independiente reconocido por ley.
[13] No solo recomendé un cambio en la ley para permitir fallos con penas más elevadas para los casos de difamación, violación de la privacidad, el abuso de la confidencialidad y otros agravios de los medios de comunicación, sino que también sugerí que el Consejo de Justicia Civil estudiara incrementar las indemnizaciones en los casos relativos a la privacidad, el abuso de confianza y la violación de la protección de datos.
[14] El Informe pasa por las administraciones de cinco primeros ministros, asuntos específicos sobre las políticas con los medios de comunicación y ejemplos individuales de un periodo de 40 años, aunque también se incluyen ejemplos más recientes.