18/05/2022

Rol de contención, mediación o represión de la UE

La degradación de la libertad de prensa en la Unión Europea: el caso de Malta, Bulgaria y Hungría

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Escrito por Mónica Zas Marcos

Resumen del trabajo universitario de investigación Ataques a periodistas en el seno de la Unión Europea: ¿un preludio de desgaste democrático?, centrado en los casos de Malta, Bulgaria y Hungría. La hipótesis que se busca demostrar es si las vulneraciones, ataques o asesinatos contra periodistas son el preludio de un deterioro democrático mayor o si, por el contrario, es una de sus consecuencias más extremas. Y si, ante cualquiera de estas opciones, la Unión Europea ejerce un rol de contención, mediación o represión*.


MÓNICA ZAS MARCOS*


Escribe Terry Gould en su libro Murder Without Borders que “los periodistas representan el derecho de la gente a saber lo que hacen los personajes públicos, desenmascaran la delincuencia cuando la policía se niega a perseguirla (o forma parte de ella) y ayudan a los ciudadanos a conocer y comprender las actividades que grupos armados ilegales y terroristas llevan a cabo en la zona”. La tesis del periodista de investigación neoyorquino radica en que los comunicadores no mueren únicamente en el fuego cruzado de las trincheras, sino por el mero ejercicio de su oficio. “Si los periodistas pueden ser asesinados como represalia por su trabajo y los asesinos no pagan por su delito, las sociedades donde se producen esos asesinatos estarán a merced de sociópatas”.

El derecho a informar y a ser informado está recogido en el Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que reza lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El cumplimiento de la disposición de Naciones Unidas, no obstante, varía enormemente en función de los territorios.

En los últimos años, está ocurriendo un fenómeno que ha alertado a órganos internacionales y a plataformas en defensa de la información, y es que hay más periodistas asesinados en países considerados “en paz” que donde existe un conflicto armado activo. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2016, el 58% de estos sucesos tuvieron lugar en zonas de guerra, como Siria y Yemen, o en otros con enfrentamientos de baja y media intensidad, como Afganistán e Irak. Pero, desde entonces, ese porcentaje se ha reducido hasta el 32%, por lo que más de dos tercios murieron en zonas supuestamente menos hostiles.

Fuera de la guerra, muchos informadores locales mueren a manos de agentes estatales o de actores sin confirmar. La politóloga Anita R. Gohdes y la socióloga Sabine C. Carey sugieren lo difícil que resulta que los asesinos paguen por sus crímenes ante la justicia en muchos de estos países, que los obvian o los esconden. Las investigadoras sostienen que el asesinato de periodistas puede ser un presagio de deterioro democrático en aquellos países donde las instituciones ejercen una “represión media” y cuyo efecto normalmente se evidencia a los dos años de la muerte: “Nuestra investigación subraya la importancia de tomarse en serio el trato a los periodistas, no solo porque no hacerlo pone en peligro sus vidas y limita nuestra comprensión de los eventos sobre el terreno, sino también porque su seguridad física es un factor precursor de más represión en el futuro”, escriben Gohdes y Carey.

Este maltrato no solo incluye la acción más extrema, que es el asesinato, sino otros ataques, agravios o vulneraciones al oficio que también debilitan el tejido democrático de una sociedad. Desde que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) empezó a recopilar datos en 1990, los encarcelamientos y los secuestros de periodistas han ido aumentando progresivamente. 2020 fue un año crítico debido a la pandemia de la COVID-19, que ha azotado en todo el globo y ha sido usada como pretexto por algunos Gobiernos para detener a periodistas o amenazar a medios de comunicación enteros.

Pero no hace falta mirar lejos para encontrar fisuras en la libertad de opinión, de expresión y de prensa, motivo de orgullo de las democracias actuales. El compromiso de los Gobiernos con ella es cambiante y obedece en ocasiones a intereses particulares más que a una cuestión de derechos humanos. Demostrarlo es el principal propósito del artículo que nos ocupa, que resume una investigación centrada en la Unión Europea (UE) y tres países miembros (Malta, Bulgaria y Hungría) que ejemplificarían esa degradación democrática.

La libertad de prensa en la Unión Europea

La situación global de los medios de comunicación se enfrenta a diversos desafíos y Europa no es una excepción. La desinformación, el desprestigio, los discursos de odio, los abusos contra los profesionales y la censura se dan en Estados miembros y no solo en países fuera de la Unión Europea. La pandemia de la COVID-19 ha intensificado este menoscabo, pero ya representaba una traba a la hora de hacer cumplir el Estado de derecho en los 27 países que conforman la UE. De hecho, como señala la Unesco, los medios son el sector de la sociedad con mayor capacidad para promover la vigilancia hacia el Estado de derecho, en concreto el periodismo de investigación, a pesar de que sus profesionales se “enfrentan a severas represalias cuando funcionarios corruptos amenazan sus lugares de trabajo, a sus familias y su reputación”. Ante esta realidad denunciada por varias ONG y plataformas especializadas, la defensa de la libertad de prensa ha ganado relevancia en la agenda de instancias europeas y en los discursos de sus representantes.

La defensa de la libertad de prensa ha ganado relevancia en la agenda de la Comisión Europea

El análisis pesimista de las ONG

El informe de 2020 de RSF sostiene que ser periodista en Europa es una labor cada vez más arriesgada, debido al debilitamiento del Estado de derecho y a la crisis económica y digital. Si bien reconocen que la libertad de prensa es una directriz que ha ganado relevancia en la agenda de la Comisión Europea, también leen con preocupación el “giro autoritario” en Hungría, la injerencia de las autoridades políticas contra los medios de comunicación en Bulgaria y las presiones judiciales ejercidas sobre la prensa en Malta. La situación mediática en la Europa del Este y los Balcanes, en general, destaca por su deterioro progresivo. Alfonso Armada, expresidente de la sección española de RSF, detecta una tendencia generalizada de prácticas abusivas contra la libertad de prensa en Europa: “Esto responde a un patrón que definió Donald Trump cuando hablaba de los periodistas como enemigos del pueblo y que ha sido tomado por otros dirigentes como el presidente húngaro, Viktor Orbán”.

También en 2015, ecuador de la horquilla elegida en esta investigación, RSF alertó de que el continente en el que el promedio de la libertad de prensa es mayor no se distinguía por una trayectoria positiva. Además de la adopción de leyes abusivas o del control mediático por parte de los Gobiernos, la mayor tragedia sucedió en Francia, con el ataque yihadista contra la redacción de Charlie Hebdo. Desde las crisis económicas en la zona euro a la humanitaria de los refugiados o la sanitaria de la COVID-19, en esta década han ocurrido sucesos que, según Armada, han sido usados por los diferentes poderes para poner a la opinión pública en contra de la prensa. “A mucha gente le molesta que los periodistas muestren los aspectos más incómodos de la realidad”, asegura. “El problema es que, cuando conviertes al mensajero en el enemigo, al final ocurren agresiones verbales, por supuesto, pero también ataques físicos. Pasa en la India, pasa en México, pero también está pasando en Europa”. Armada pone como ejemplo, en el caso de estos últimos años, la cobertura mediática del procés en España, las protestas de los chalecos amarillos en Francia y las manifestaciones negacionistas del coronavirus en Alemania, donde también los periodistas fueron atacados o resultaron heridos.

Clasificación de la Libertad de Prensa en la UE

Para poner en contexto la creciente preocupación de las ONG y de algunos eurodiputados por el deterioro de la libertad de prensa, se han escogido las puntuaciones que otorga anualmente RSF a diversos países del mundo, entre 2010 y 2020, y se han seleccionado las de los 27 miembros de la UE. La Clasificación de la Libertad de Prensa recoge información tanto cuantitativa como cualitativa mediante encuestas y la labor de monitoreo que realiza durante todo el año la organización. Con las respuestas se obtienen puntuaciones de 0 a 100 para seis categorías: pluralismo, independencia de los medios de comunicación, ambiente y autocensura, marco legal, transparencia e infraestructura. Una séptima categoría cuenta los asesinatos, exilios, encarcelamientos, arrestos, agresiones y medios cerrados. 

Clasificación de la Libertad de Prensa de RSF para los 27 Estados miembros [1]

[1] Los acrónimos son los siguientes: BG = Bulgaria, CY = Chipre, CZ = República Checa, LT = Lituania, LV = Letonia, HU = Hungría, EE = Estonia, MT = Malta, PL = Polonia, RO = Rumania, SI = Eslovenia, SK = Eslovaquia, AT = Austria, FI = Finlandia, FR = Francia, DE = Alemania, EL = Grecia, IT = Italia, LU = Luxemburgo, PT = Portugal, ES = España, BE = Bélgica, NL = Holanda, UK = Reino Unido, DK = Dinamarca, IE = Irlanda, SE = Suecia y UE = Unión Europea. El orden alfabético es el de los países en español.


Por qué Malta, Bulgaria y Hungría: una breve aproximación

La anterior tabla sirve, precisamente, para ilustrar que la elección de los tres estudios de caso no se debe únicamente a la puntuación en este barómetro, ya que algunos gozan de peor media -como Croacia, Grecia e Italia-. Por supuesto, es relevante, ya que Malta (22,74), Bulgaria (31,34) y Hungría (23,21) se sitúan muy por encima de la media europea (15,05). De igual forma que para las conclusiones, se ha tenido en cuenta la información cualitativa; esta también ha sido la prioritaria a la hora de escoger los países.

Además, cabe destacar que la clasificación no juzga exclusivamente la labor de los Gobiernos, sino que es una evaluación global en la que se cuenta también la acción de otros actores (grupos terroristas, poderes económicos o religiosos).

No obstante, de aquí en adelante se hablará de los casos de Malta, Bulgaria y Hungría por diversas razones. La principal es que han sido las tres peor puntuadas en 2020 y 2021. También se ha tenido en cuenta el claro deterioro de sus libertades a lo largo de esta década. Mientras Grecia y Croacia se mantienen estables, estos tres países han experimentado un desgaste que ha llamado la atención de las organizaciones en defensa del periodismo. “Está bien puntualizar qué comparten estos países y qué no. Los tres son miembros de la UE, con lo cual se supone que conviven bajo acervo jurídico común, pero no ocurre lo mismo ni en Malta ni en Bulgaria ni en Hungría. Hay matices importantes en sus actuaciones contra la libertad de prensa”, arguye Alfonso Armada.

Bulgaria, aunque estancada, lleva diez años encabezando lo peor de la Clasificación de RSF

Bulgaria, aunque estancada, lleva diez años encabezando lo peor de la Clasificación. Como recoge RSF, la escasa prensa independiente del país sufre intimidaciones, violencia, campañas de difamación y presiones a diario desde el poder. Asimismo, la policía llama a declarar a los periodistas de forma regular a petición de los políticos y oligarcas a los que investigan. La asignación de los fondos europeos a los medios de comunicación se realiza con opacidad y, según temen las ONG, bajo presiones que provocan informaciones progubernamentales. Del otro lado, está el crimen organizado. “Se puede ver cómo su alcance e intereses son capaces de convertir a gobernantes en títeres por compromisos, por chantajes directos y por intereses económicos descarados”, expresa Armada. Los periodistas que investigan los vínculos del Gobierno con empresarios de fama “nada impecable” tienen que soportar amenazas de muerte “que no se corresponden con un Estado democrático europeo”.

En cuanto a Malta, el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia sacó a relucir ante altas instancias lo que ella llevaba años denunciando. Aunque el impacto mediático del crimen provocó avances en la investigación y el juicio, aún queda pendiente el proceso contra el presunto instigador y otros colaboradores. Así, “la estructura política silencia a la prensa, lo que unido a la discriminación en el acceso a la información y a la ineficacia del sistema judicial sigue obstaculizando las investigaciones de interés público, además de constituirse en amenazas para los periodistas que hacen su trabajo”, explica el informe de RSF.

El asesinato de Daphne Caruana Galizia sacó a relucir lo que llevaba años denunciando

Por último, Hungría, a pesar de no ostentar un número escandaloso en el índice de RSF, representa uno de los grandes desafíos democráticos de la UE. Las continuas llamadas de atención por parte de la Unión incluyen también el trato a sus medios de comunicación, lo que RSF ha calificado como un “conato de estado policial de acceso a la información en el corazón de Europa” que cierra redacciones, obliga a los periodistas a autocensurarse o a exiliarse y ha degenerado enormemente durante la pandemia.

Las posturas de la UE ante Malta, Bulgaria y Hungría

Conviene observar y comparar la reacción ante las vulneraciones cometidas por cada uno de los tres países. Desde el caso más extremo, como es el asesinato de Daphne Caruana, hasta ataques menos mediáticos y sostenidos en el tiempo, leyes abusivas o sistemas de medios poco plurales y opresivos con las voces críticas.

  • Malta

Apenas un mes después del asesinato de Daphne Caruana Galizia, en noviembre de 2017, el Parlamento Europeo impulsó una resolución sobre el Estado de derecho en Malta en la que expresó “serias preocupaciones” sobre el nivel democrático del país. Un día antes, la sede de Estrasburgo rebautizó a su sala de prensa con el nombre de la periodista maltesa, pero la resolución no se basaba únicamente en este crimen. También lamentaba que “la Policía de Malta no haya investigado varias denuncias graves de corrupción e incumplimiento de las obligaciones contra el blanqueo de capitales y la supervisión bancaria”. Este organismo ya había constatado anteriormente que la policía local no estaba bien preparada para realizar su labor durante una visita de la delegación a Malta, tras la publicación de los papeles de Panamá. Esta resolución no tuvo carácter vinculante, pero aumentó la presión sobre las autoridades maltesas para depurar las responsabilidades de sus instituciones.

En 2018, el Parlamento Europeo creó el grupo especial LIBE Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group (DRFMG) para supervisar la situación del Estado de derecho, luchar contra la corrupción en la UE y abordar la situación específica de Malta y Eslovaquia tras el fallecimiento de dos periodistas [Jan Kuciak fue asesinado en 2018 en Eslovaquia]. En 2019, este grupo renovó y visitó Malta para reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios del poder judicial, periodistas y civiles relacionados con el caso de la muerte de Daphne Caruana.

Sophie in’t Veld, directora del DRFMG, denunció en 2020 que habían “pasado tres años y todavía no hay suficiente claridad sobre lo sucedido. Esto es muy preocupante. Cada día que pasa, la justicia se aleja cada vez más de su objetivo”. En general, el Parlamento Europeo ha expresado durante todo este tiempo su preocupación sobre cómo se estaba desarrollando la investigación del crimen y sobre su lentitud. Finalmente, en abril 2021, adoptaron una nueva resolución sobre los vínculos del Gobierno maltés en el asesinato. En el texto manifiestan “profunda preocupación” sobre la posible intervención de “ministros gubernamentales y personas designadas por políticos” en el suceso. No obstante, también reconocen ciertos avances en la situación mediática de Malta.

La dramática sucesión de hechos también ha servido para que la Unión Europea se involucre directamente a través de resoluciones y llevando el caso a su Fiscalía. En el lado contrario, la presión local e internacional provocó una crisis en el Gobierno que acabó con la figura del primer ministro y de algunos de sus más estrechos colaboradores, pero el partido gobernante no ha llevado a cabo grandes cambios respecto a las coercitivas leyes de medios del país. Es más, en estos momentos, el uso de las demandas SLAPP se ha multiplicado. Se trata de demandas presentadas por corporaciones poderosas o personas con un alto perfil o un alto poder adquisitivo contra manifestantes, periodistas o civiles con el objetivo de agotar sus recursos económicos y morales. Esta es una vía contenciosa mucho más sibilina que las amenazas directas o la radicalización a través de las plataformas controladas por el Estado.

  • Bulgaria

 La libertad de prensa en Bulgaria ha llamado la atención de la UE desde 2012. En ese momento, la vicepresidenta encargada de la Agenda Digital, Neelie Kroes, expresó que la Comisión estaba “realmente preocupada” por la situación de los medios en el país balcánico. Sin embargo, alegó que “desde un punto de vista judicial, corresponde a los Estados miembros garantizar la pluralidad y la libertad mediática”. En los sucesivos informes de la Comisión Europea sobre los avances democráticos en Bulgaria, la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada, se hace mención de la preocupante situación mediática del país. En una resolución de 2020 sobre la calidad de su Estado de derecho, también expresa su preocupación sobre el deterioro de la libertad de prensa en la última década,

Así, pide a las autoridades búlgaras que fomenten un entorno favorable para la libertad de expresión, en particular aumentando la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y evitando la concentración excesiva de la propiedad y de las redes de distribución, también mediante la aplicación adecuada del marco legislativo existente, como la derogación de las disposiciones penales contra los delitos de difamación; subraya la necesidad de que la composición y el mandato del Consejo de Medios sean más independientes y eficaces; manifiesta su preocupación por los informes sobre la práctica continuada de influir en los medios de comunicación mediante la asignación preferencial de fondos de la Unión a medios favorables al Gobierno”, escribió la eurodiputada polaca, Magdalena Adamowicz, en nombre del Parlamento Europeo. 

  • Hungría

La respuesta de la UE contra Hungría ha sido la más enérgica en sus declaraciones formales, también sobre sus vulneraciones a la libertad de prensa. Las afrentas directas durante la última década por parte del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han puesto al país en el punto de mira de la Comisión junto con Polonia. Ya en 2011, después de la aprobación de la nueva ley de medios, el Parlamento Europeo pidió, mediante resolución, que las autoridades húngaras restableciesen la independencia y la gobernanza de los medios y pusieran fin a la “injerencia del Estado” en la libertad de expresión. No obstante, diversas organizaciones, como la Federación Europea de Periodistas, han pedido en numerosas ocasiones a la UE que responda tajantemente ante las vulneraciones cometidas por Fidesz y Orbán. Para solicitarlo, recurren a todos los informes publicados por las propias plataformas, como Reporteros Sin Fronteras, pero también a los estudios llevados a cabo por organismos financiados por la UE, como el Media Pluralism Monitor o el Media Freedom Rapid Response (MFRR).

El Parlamento Europeo pidió que Hungría restableciese la independencia y gobernanza de los medios

La independencia judicial, la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados han sido las principales preocupaciones de la Cámara sobre Hungría. El único mecanismo de presión que ha usado la Unión contra estos agravios es el Artículo 7 del Tratado de Lisboa. Este castigo le dejaría sin voto en el Consejo Europeo, pero requiere la unanimidad de los 27 miembros y por eso se mantiene en punto muerto. Lo mismo ocurre con la opción de congelar una partida de fondos europeos que estén ligados al respeto por el Estado de derecho, algo que ha sido recurrido al Tribunal de Justicia de la UE por parte de los Gobiernos de Hungría y Polonia.

Las limitaciones de la UE

Las limitaciones legales y diplomáticas de la Unión Europea hacen que algunos la acusen, como dice Alfonso Armada, “de ser un gigante económico y un enano político”. En su caso, el expresidente de RSF España identifica el problema desde la misma ampliación de la Unión y de la obligatoria unanimidad para tomar medidas. “Forma parte de su propia naturaleza y de una política de sumar más y más miembros sin comprobar que cumplieran los requisitos de separación de poderes, de limpieza democrática, de libertad de prensa y de límites legales al crimen organizado. Una vez que están dentro, ahora es mucho más difícil que obedezcan las directrices marcadas desde Bruselas”, asegura.

Matthew Caruana, informático, periodista, fundador de la Daphne Caruana Galiza Foundation e hijo de la periodista asesinada, también reconoce las limitaciones del organismo internacional; si bien, en su caso ha encontrado cierto respaldo en la Fiscalía europea o European Public Prosecutor’s Office (EPPO). “Cuando ni nuestros jueces ni los policías son independientes, es importante tener un respaldo internacional y la posibilidad de acudir a otra autoridad fuera de tu país, pero que tenga poder dentro de tu país”.

Assen Yordanoff, fundador del medio de investigación búlgaro Bivol, socio de WikiLeaks y víctima de denuncias, amenazas y ataques por exponer la corrupción de su país, se muestra más tajante y cree que la Unión no está genéticamente preparada para afrontar los fenómenos de las sociedades poscomunistas, puesto que algunas mantienen las estructuras de los regímenes soviéticos y la UE no tiene mecanismos para contrarrestar o neutralizar estas oligarquías y el crimen organizado. “Necesitamos comprensión, asistencia externa y apoyo a las fuerzas democráticas en nuestras sociedades. En cambio, nos enfrentamos a una colaboración total de la clase política europea con estos regímenes oligárquicos poscomunistas, que favorece la implementación corrupta de la distribución del dinero europeo. La UE necesita, por ello, reorganizarse de manera muy radical, para tener formas de sancionar de manera efectiva la corrupción y la antidemocracia en los países que ya se han convertido en miembros”, asevera.

Por su parte, Viktória Serdült, periodista en el medio húngaro independiente HVG y exrredactora de Origo, uno de los periódicos adquiridos y controlados por el Gobierno, comparte una visión pesimista en la línea de la del búlgaro. “Se necesitaría una reforma profunda en la UE para encontrar la solución”, afirma. “Pero tiene opciones realmente limitadas, porque se estableció como un organismo económico y el Tratado dice que son los propios miembros los que deben respetar el Estado de derecho”.

En cambio, Armada sostiene, “en un ejercicio de buenos deseos”, que “al final prevalecerá la separación de poderes y la ley, y estos países limpiarán un poco sus establos”. Yordanoff no contempla otra opción: “Tengo una hija de seis años y no puedo permitirme legarle el horror que yo he vivido. Lo hago tanto en su nombre como en el de todos los futuros descendientes que no nos juzgarán por las palabras, sino por los hechos y por el ejemplo que les hemos dejado”.

Conclusiones

La libertad de prensa se encuentra en un momento delicado en Europa, y en concreto en los países de la UE, debido a las sucesivas crisis económicas, humanitarias y sanitarias que la han azotado. Estas, como han identificado los investigadores, diplomáticos y organizaciones del campo de la información, son aprovechadas por los Gobiernos menos democráticos para controlar los medios de comunicación, forzar posturas interesadas y, en casos más extremos, amedrentar, atacar o asesinar a los periodistas críticos o especializados en investigación.

La Unión Europea ha reforzado a lo largo de esta década su compromiso expreso con la libertad de prensa, situándola en el centro de varias iniciativas, velando por su cumplimiento a través de resoluciones y apoyando y financiando herramientas útiles para su control. No obstante, esta postura responde a una degradación objetiva en el conjunto de la Unión de las libertades de prensa y de información, avalada por los informes de RSF desde 2010 hasta 2020 y por su Clasificación de la Libertad de Prensa. Según estos últimos, la UE ha experimentado un declive en los últimos años, siendo más acusado en los tres estudios de caso analizados: Malta, Bulgaria y Hungría.

Es difícil demostrar si la decadencia de la libertad de prensa es un preludio de un deterioro democrático mayor o es parte inequívoca del mismo. Cuantitativamente, atendiendo solo a los parámetros obtenidos por el índice de RSF y comparándolos con el índice de democracia realizado por The Economist, sí que coinciden los importantes agravios contra los medios de comunicación y los asesinatos con una pérdida de posiciones en el ranking democrático. Es manifiestamente claro que, ante la tendencia totalitaria de un Gobierno, uno de los principales objetivos es el control preventivo de los medios críticos. En una época en la que se entremezclan las redes sociales y la desinformación con los medios tradicionales de comunicación, esto se ha convertido en una inclinación clara de Gobiernos como el maltés, el húngaro y el búlgaro.

La UE actúa como un “gigante económico y un enano político”

Las herramientas con las que cuenta la Unión Europea son poderosas en el ámbito diplomático, pero tienen débiles efectos sobre los países que vulneran estas libertades universales. Las resoluciones pronunciadas y aprobadas por el Parlamento Europeo no son vinculantes; los informes negativos de los centros de investigación financiados por la UE son una herramienta útil para las organizaciones y los expertos en el sector, pero no son explotadas en las instituciones europeas, y la intención de crear una normativa anti-SLAPP o una ley de medios de comunicación aún es lejana y no pasa de ser un mero anuncio. Todo ello es la muestra de que la Unión comprende y manifiesta el peligro de estas vulneraciones sobre el acervo comunitario y la tendencia totalitaria de algunos miembros que ingresaron en su día sin que se comprobase su calidad democrática o las opciones que tenían de conseguirla a corto plazo. Así, la conclusión de la investigación incide en la idea de que, ante este problema mediático y de derechos humanos, la UE actúa como un “gigante económico y un enano político”.

Respecto al caso concreto de Malta, Bulgaria y Hungría, la reacción más drástica de la UE ha sido contra esta última, ya que se mezclan otros asuntos políticos de calado. Sin embargo, los profesionales y las organizaciones reclaman una mano más dura si la Unión no quiere que estos ataques, vulneraciones y asesinatos se repitan en países que ya caminan por la misma línea, como Polonia, Croacia y Grecia.

* Este artículo fue escrito antes de que Rusia invadiera Ucrania.