El cerco a la libertad de expresión e información en varios países de esta región emplea estrategias diversas que van desde las dificultades de acceso a la documentación hasta las persecuciones y los hostigamientos.
J. MARCOS / M.ª ÁNGELES FERNÁNDEZ
Bases de datos de masacres y voces de las víctimas en primera persona. Son los dos elementos que definen a Rutas del conflicto, un medio de comunicación independiente de Colombia que nació en 2014 para narrar una parte de la guerra poco documentada. “Hacemos un periodismo de reconstruir memoria. También hacemos coberturas y especiales con diferente profundidad sobre temas vinculados al conflicto armado”.
La periodista Fernanda Barbosa, integrante de la fundación que da cobijo formal a este proyecto periodístico, el cual cosecha varios reconocimientos y quiere llegar a un público más amplio, explica la forma de trabajar de este medio. “En Colombia se estudia mucho el conflicto armado, hay muchos académicos que hacen un trabajo importantísimo, pero nosotros tratamos de llegar a más gente”, añade.
El 1 de mayo de 2020, la revista Semana publicó el especial titulado “Las Carpetas Secretas” en el que explicaba que “algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país”: más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. Gran parte del equipo de Rutas del conflicto sufrió ese rastreo.
El nombre de Fernanda Barbosa aparecía en aquellas carpetas secretas. En una tranquila cafetería de Bogotá, se muestra muy prudente durante toda la entrevista. Mide cada una de sus palabras y busca los matices para hablar tanto del medio de comunicación en el que está involucrada como de la situación del periodismo en el país. Ante la pregunta de cómo trata el Gobierno actual a la prensa, prefiere no emplear calificativos y opta por ceñirse a los hechos: “En Rutas estuvimos 16 personas perfiladas y es un medio ‘chiquito’. Nunca tuvimos acceso a esos perfiles que nos hicieron. No sabemos si fue seguimiento por redes o si pasó más allá ni con quiénes ni a qué profundidad. El equipo es muy joven y fue bien complicado”.
Ese mismo primero de mayo, Rutas del conflicto sacó un comunicado para denunciar lo que calificaron como un caso evidente de “violación” a su intimidad, además de “un grave atentado” contra su trabajo como periodistas y contra su derecho a la libertad de expresión. No tienen una certeza absoluta, pero todo apunta a que su investigación sobre contratos del Ejército colombiano y las peticiones de información que realizaron a través de transparencia podría ser una de las razones, si es que hay que buscarlas, de las “perfilaciones” que les señalaron. “Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigirle información pública al Ejército, en otras palabras, por hacer nuestro trabajo”, apuntó también Rutas. ¿Existe libertad de prensa en Colombia? Barbosa no se sale ni un ápice de la prudencia: “Lo que nos pasó es la respuesta a eso. Tú publicas, pero…”.
La FLIP ha registrado en Colombia 541 violaciones, con 621 víctimas, en 2021
La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) documenta los ataques a la libertad de prensa y al ejercicio del periodismo en el país. En lo que va de año ha registrado 541 violaciones, con 621 víctimas contabilizadas hasta el 10 de noviembre. Durante 2020, las cifras fueron de 449 casos y 632 personas afectadas, mientras que un año antes se llegó a las 515 violaciones.
La tendencia mundial sobre la seguridad de las y los periodistas refleja un 20% menos de asesinatos entre 2016 y 2020, en comparación con los sufridos en el periodo 2011-2015. Así lo recoge el último informe publicado por la Unesco. Pero la situación en Colombia es la contraria: ocho asesinatos frente a los siete del periodo anterior. “Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento. La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias”, recoge un reciente comunicado de la FLIP.
Fernanda Barbosa subraya el trabajo de esta organización para ayudar a quienes ejercen la profesión con la puesta en marcha de protocolos de seguridad y de cuidados. Porque los ataques tienen múltiples caminos. A veces los protocolos son insuficientes y hay que salir del país. Para buscar un respiro. Para descansar. Para desconectar.
La dificultad de acceso a la información
La mexicana Marlene Martínez lleva un mes en España, amparada por el Programa Municipal Barcelona Protege a Periodistas de México (PAT-P). De nuevo, una petición de información a través de las herramientas legales de transparencia desencadenó una serie de hechos que se podría catalogar como de vigilancia. Cuenta su situación desde Bilbao, donde ha acudido al acto del décimo aniversario del Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. “Es muy importante el acompañamiento psicosocial que tenemos aquí. Yo ya venía de un proceso fuerte de ‘ya no puedo’. Y no quiero caer en eso, porque me gusta mucho lo que hago. Es muy desesperanzador”, cuenta intentando que las lágrimas no terminen de asomar del todo.
“El PAT-P se enfoca en brindar un espacio de respiro para personas defensoras de derechos humanos amenazadas en México, concretamente a periodistas y a quienes defienden la libertad de expresión e información. Por ello, ofrece acompañamiento psicosocial, sanitario, formativo y de incidencia política de las personas que son acogidas en la ciudad de Barcelona durante un periodo de tres a seis meses”, recoge el libro Yo sí te conozco. Las voces que acompañan, editado el año pasado por la asociación por los derechos humanos Taula per Mèxic, la impulsora de este programa de protección. “Cuando se ataca a periodistas, profesionales de los medios de comunicación, no es solo su trabajo lo que se pone en peligro, sino también el derecho de la sociedad en general a ser informada con verdad”, añade el documento.
México continúa siendo el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa
En México, 16 periodistas fueron asesinados entre enero de 2019 y agosto de 2020*, según esta misma fuente. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señala, por su parte, que México continúa siendo el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa. Su informe anual de 2020 documenta al menos ocho asesinatos de periodistas por ejercer su trabajo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que el asesinato de comunicadores constituye la forma más extrema de censura y llama al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para combatir la violencia contra periodistas y la impunidad.
“José Refugio Alejandro León Flores, juez penal de Cholula, ha ejercido por 30 años con un título y cédula falsa; fue el juzgador en los juicios de los presos políticos en el sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle”. Así comienza el reportaje “El juez que no debió serlo”, firmado por Ernesto Aroche y Karen de la Torre, y publicado por LadoB en febrero de 2020. Los trabajos de investigación para este artículo fueron un punto de inflexión para la situación de Marlene Martínez, reportera gráfica desde hace una década de LadoB, medio independiente de Puebla fundado en 2011 bajo el lema “Información, noticias, investigación y profundidad, acá no somos columnistas, somos periodistas”.
“Hubo una solicitud de información por transparencia que una de mis compañeras hace a mi nombre, y a partir de eso…”, arranca Martínez, quien reconoce que su estancia en España es un asunto preventivo que tiene como “punto de referencia las situaciones de otros compañeros que vivieron situaciones violentas”. Con una risa que rompe momentáneamente su apesadumbrado relato, la fotoperiodista mexicana recuerda que el juez se amparó en que, “si nos daban esa información, íbamos a dañar su reputación”. Pero el amparo falló a favor de LadoB, al que tuvieron que entregar los papeles solicitados. “Y un tiempo después empezaron a llegar documentos a casa de mis papás, lo que fue muy extraño, porque yo nunca puse esa dirección”.
Ese fue el comienzo de una situación por la que Marlene Martínez se siente vigilada y señalada: “Se me hizo raro que dejaran los papeles debajo de la puerta, porque se supone que los notificadores tienen que llamar. Las cámaras de la calle que revisamos mostraban que no tocaban, solo dejaban”, recuerda. A pesar de que el reportaje fue publicado, a pesar de que el juez fue apartado (y posteriormente restituido), los documentos siguen llegando a casa de la madre y el padre de Martínez. “La investigación no es mía y pensábamos que cuando se publicara pararía esto contra mí. Pero sigue pasando”, concluye.
Los códigos legales para garantizar el derecho a la información en América Latina cada vez alcanzan a más naciones. Como recogen los enfoques regionales sobre las tendencias en libertad de expresión e información que realiza IFEX, la red global que defiende y promueve la libertad de expresión, allá por 2002 fue precisamente México, junto con Panamá, uno de los primeros países de la región latinoamericana que aprobaron leyes de derecho a la información. “Desde entonces, la región ha experimentado muchos avances, no solo en relación con la cantidad de países que han adoptado legislación específica en esta área (23 en América Latina y el Caribe), sino también en la construcción de un sólido cuerpo de jurisprudencia nacional, así como normas legales y jurisprudenciales regionales”, recoge también la red.
No obstante, la situación no es lineal ni ascendente y a los avances se suman retrocesos. Según la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, los últimos años han “mostrado retrocesos, como el desmantelamiento por parte del régimen del acceso a la información en Nicaragua; la aprobación de legislación en conflicto directo con el acceso a la información, que es el caso de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos en Honduras; o simplemente cambios de Gobierno que conducen a una mayor opacidad y menor compromiso con el derecho a la información, como sucedió en Brasil, El Salvador y México”.
La precariedad
El cerco a la libertad de expresión e información en varios países de América Latina y el Caribe usa diversas estrategias. Además de los terribles asesinatos, muchos de ellos impunes, las amenazas, los hostigamientos y los bloqueos informativos son también habituales a la hora de ejercer el periodismo. Todos estos mensajes sirven para infundir miedos y paralizar al sector. Pero hay más, porque el contexto de inseguridad laboral y los bajos salarios también afectan al ejercicio de la profesión. “Las profesionales menos mediáticas y ya marcadas por la precariedad son las más afectadas”, escribe la antropóloga Rosana Carvalho en el citado informe de Taula per Mèxic.
La inseguridad laboral y los bajos salarios también afectan al ejercicio de la profesión
“El programa me cayó en un momento clave, porque, aunque no me ha pasado nada grave, sí siento que vengo de tronar varias veces de la misma carga de trabajo. Y no cubro cosas tan intensas, si bien parece que no pasa nada y sí pasa: el estrés que tengo. Me he sentido varias veces como que ya no quiero nada, que ya no quiero trabajar, pero a mí me gusta mi trabajo y es difícil hacerlo con un estrés tan grande”, explica Marlene Martínez.
Desde hace 20 meses, casi un centenar de periodistas de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), está en huelga por lo que califican como “abuso de poder y violaciones” a sus derechos laborales. El parón comenzó unos días antes de la declaración de pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero la llegada masiva del virus a México complicó la situación del colectivo. “Con la COVID aumentaron los recortes, los despidos en medios. Pocos periodistas tienen empleo fijo, muchos realizan coberturas sin protección o con muy poca, sin horarios específicos ni vacaciones”, explicó a DW Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Sus declaraciones se insertan en un reportaje que narra la situación de precariedad que vive el oficio en el país americano.
“Para mí, lo del juez pasó. Ahora hay un desgaste que tiene que ver con lo laboral y con la precarización de los medios. Y creo que no pasa solo en México. La precariedad debilita muchísimo a la profesión”, añade Martínez. A su lado está sentada Daliri Oropeza, también beneficiaria del Programa Municipal Barcelona Protege a Periodistas de México, quien asiente mientras escucha con atención a su compañera. Cuenta que cambiar las narrativas le ha llevado a un periodismo marcado por convicciones éticas, pero también ligado a los bajos salarios. “Este programa me está ayudando, porque no tengo acceso a una atención psicosocial profesional por lo que gano. Puedo pagar la renta y vivir al día, pero tengo una convicción de vida hacia este tipo de periodismo”, explica con su cámara de fotos colgada al cuello y llena de imágenes de Bilbao.
Con apenas 32 años, la misma edad que su compañera, Oropeza ha sufrido un ataque con armas, un intento de secuestro y varios seguimientos. “Esa convicción de poder cambiar las narrativas me ha llevado a un periodismo distinto, de derechos humanos, pero que tiene en México un riesgo enorme, porque trabajo codo con codo con la gente que está amenazada de muerte. Fui la última en entrevistar a Samir Flores [campesino y comunicador opositor al Proyecto Integral Morelos asesinado en febrero de 2019]. Fui la última persona que habló con Raquel Padilla [antropóloga especializada en cultura yaqui, víctima de feminicidio]. He escrito perfiles de personas que asesinaron. Son temas incómodos, pues están frenando los intereses económicos y energéticos”, reflexiona con una convicción apabullante.
El peligro de defender el medioambiente
En su repaso al contexto para entender la situación de la libertad de expresión e información en América Latina y el Caribe, IFEX cita el nuevo tratado regional sobre acceso a la información ambiental, conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021. La red global que defiende y promueve la libertad de expresión denuncia, compartiendo discurso con Oropeza, que los defensores y las defensoras del medioambiente en la región están en peligro.
Hubo un momento en el que Daliri Oropeza decidió renunciar a trabajar en medios tradicionales, en los que, según denuncia, sufrió censura durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Hoy se dedica a medios libres como Pie de Página, para los que cubre temas sobre pueblos indígenas y megaproyectos. Y es ahí cuando comenzó el espionaje. “Un clímax de esta situación de persecución fue cuando cubría la gira de Marichuy [nombre con el que se conoce a María de Jesús Patricio Martínez, médica nahua elegida por el Congreso Nacional Indígena (CNI) como candidata independiente a las elecciones presidenciales de 2018, con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)]”, narra con pasión la periodista. Y aquí su relato adquiere tintes de novela o de película, con la diferencia de que es real. Tanto, que la cara y los ojos de Oropeza se quiebran a cada frase.
Todo ocurrió en Michoacán, a finales de 2017. Saliendo de una comunidad, el coche que ella conducía y en el que iban otros compañeros de prensa sufrió el asalto de un grupo armado. “Las personas que nos emboscan con armas largas eran unos ‘chavitos’ uniformados de negro, con un escudo, con una gorra, jóvenes. Eran sicarios o halcones de algún cartel local. Nos dicen que les demos las cámaras, no nos pidieron dinero ni nada más. Usaban un lenguaje muy bravo y nos apuntaban con las armas. Lo que pasó en mi mente es que nos iban a desaparecer y nunca nadie iba a saber de nosotros y nuestros cuerpos se iban a quedar ahí en el desierto, porque era el modo con el que operaba el crimen en ese momento”. Aquí Oropeza calla. Y el tiempo se hace eterno. Frena sus recuerdos como para tomar aire, para no caer. “Y se suben los periodistas de nuevo al auto y me quedo sorprendida porque había visto mi vida en un segundo. Daba por sentado que ya, ya, ya... Y cuando se suben al auto, no lo puedo creer; lo único que hago es salir, mientras nos gritaban cosas horribles”.
Ahora ya sí, ríe nerviosa con los ojos bien abiertos, como si estuviera viendo de nuevo la escena, como si aquellas armas largas la estuvieran apuntando. Como si la novela o la película hubieran sido solo eso, pura ficción pasada. Pero el relato no acaba aquí, porque tiempo después vivió un intento de secuestro, de nuevo en una carretera, mientras conducía: al menos dos coches la persiguieron durante unos 25 minutos. “En este momento, escribía sobre el Tren Maya y varios megaproyectos…; no lo puedo relacionar directamente, pero es un incidente grave”, agrega. Y hace un alegato sobre una forma de hacer periodismo sensible, que no sea extractivista de información, sino corresponsable, que vele por los derechos humanos, que esté a ras de suelo, que escuche a la gente, a los empobrecidos, a quienes defienden el territorio y les ponga “en el lado donde el periodismo jamás los ha puesto”.
Marlene Martínez y Daliri Oropeza forman parte de la Red de Periodistas de A Pie. Fundada en 2007, es una organización que busca, explica en su web, elevar la calidad del periodismo en México, a través de la capacitación y el trabajo colaborativo, además de preocuparse por la vulnerabilidad de la profesión; entre otras acciones, canaliza las agresiones a periodistas y las pone en contacto con organizaciones de protección. En una de sus campañas más recientes, este colectivo incidió en la importancia del periodismo como antídoto contra la criminalización, la evasión, la desinformación, el abuso de poder, la delincuencia organizada, el abuso policíaco, la criminalidad, el cohecho, el silencio, la corrupción, la violencia, la indolencia, el olvido y la impunidad. “Hemos tenido que formar redes de periodistas, porque, si no, nos estarían acribillando. Ha sido un sostén para muchos periodistas y para sentirte menos sola”, cierra Oropeza.
Señalamiento presidencial
“Tres países. Más de 50 invitados. Sobre todo, un cúmulo de historias de colegas perseguidos en la región como nunca en este siglo. ¿Desanimados? No. ¿Preocupados? Mucho. ¿Determinados? Siempre. Seguimos. Hay cansancio, ni de cerca rendición”, escribió en Twitter Óscar Martínez, jefe de la Redacción de El Faro, un día después de finalizar el Foro Centroamericano de Periodismo (Foro CAP), organizado por ese periódico salvadoreño y celebrado este año entre El Salvador, Honduras y Guatemala, también de manera virtual, entre los días 4 y 11 de noviembre. Hasta ahora siempre con sede en San Salvador, el miedo a que el Gobierno obstaculizara la entrada de las personas invitadas obligó a la deslocalización regional.
Desde su llegada a la presidencia de El Salvador, Bukele inició una clara campaña de ataque contra 'El Faro'
Desde la llegada a la presidencia de El Salvador en 2019, Nayib Bukele ha iniciado una clara campaña de ataque contra El Faro, uno de los medios más reconocidos de Centroamérica: desde calificarlo en redes como “panfleto”, hasta amenazas más serias y seguimientos, pasando por acusaciones de lavado de dinero. La resolución 12/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 4 de febrero del pasado año, establece medidas cautelares contra 34 periodistas del periódico y recoge de manera detallada todos los ataques recibidos. “Los solicitantes consideraron que los ataques contra los y las periodistas de El Faro también se han intensificado a partir de la publicación de dos investigaciones que señalan al Gobierno por supuesta corrupción en el manejo de fondos y negociaciones con pandillas”, recoge el resumen de los hechos.
El fotógrafo de El Faro Víctor Peña responde las preguntas por videoconferencia desde su casa. Aunque la resolución de la CIDH no da nombres, solo iniciales, es fácil situarle en la lista de quien recibe cierta protección. “Mi análisis es que tanto el presidente como su equipo tienen una intención muy clara de desacreditar y desprestigiar el oficio. Lo pone entre la espada y la pared por las investigaciones que se publican”, argumenta. Entre esas informaciones está, por ejemplo, la de que el Gobierno se ha reunido con la Mara Salvatrucha 13 [organización internacional de pandillas criminales]. “Ante cualquier medio que haga una investigación o señale las arbitrariedades que han ocurrido en los dos años y medio de este Gobierno, al final siempre hay un mensaje de odio y difamación hacia El Faro”, continúa Peña, quien recuerda que el periódico ya publicó informaciones sobre Administraciones anteriores y también sobre empresas que evadían impuestos: “El Faro no tiene color político para hacer las investigaciones, pero el Gobierno trata de vincular al periódico y al periodismo hacia un color político con su propaganda y su deslegitimación”.
El trabajo de este fotógrafo, ganador de los Premios Gabo 2021 en la categoría de Imagen por un cortometraje realizado por varios profesionales sobre un pandillero, se ha visto afectado principalmente por algunas obstaculizaciones para ir a eventos o por el seguimiento de personal de seguridad en determinados espacios. Reconoce además que el equipo ha tenido que aumentar los protocolos de seguridad existentes y cuidar mucho su integridad si van a fiestas o reuniones, “para no darle a este Gobierno una fotografía barata o que nos vinculen en algo para hacer propaganda. Es parte del compromiso que tenemos como periodistas, estamos en una realidad que nos somete a cuidarnos mejor”.
Víctor Peña cierra su explicación: “Esta crisis política y estos ataques han llevado al periodismo de El Salvador a unificarse un poco más y a entender mejor la situación para contrarrestar lo que sucede, no como una oposición política, como lo intenta vender el Gobierno, sino desde las facultades que tiene el oficio”.
Las voces críticas contra el Gobierno de Ortega en Nicaragua están en la cárcel o en el exilio
La situación del periodismo en la región fue el eje vertebrador del Foro CAP. Días después de las elecciones en Nicaragua, intervino en el evento Carlos Chamorro, periodista nicaragüense, director de ElConfidencial.ni y ahora en el exilio. Desde el estallido social de abril de 2018, las voces críticas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están o en la cárcel o allende las fronteras “nicas”. Entre ellas, las de muchas y muchos periodistas. También ha habido allanamientos de redacciones y se han negado visados para cubrir los comicios. Hay “multitud de situaciones casi diarias que hacen que el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua sea cada día más peligroso, en medio de situaciones que van desde agresiones físicas, robo de equipos, amenazas a los propios periodistas o sus familiares e intimidación continua mientras realizan coberturas sobre la labor de fuerzas paramilitares y policías”, escribía una feminista en Pikara Magazine.
La reducción del espacio cívico
Cuba es otro de los países en los que la persecución a la profesión va en aumento. “Yo tuve que salir por tiempo indefinido, porque no podía seguir ejerciendo periodismo allí”. Mónica Baró Sánchez vive en Madrid desde enero de 2021, aunque su vida, como bien muestran sus redes sociales y ella misma explica a través de una conversación de WhatsApp, está en la isla: “Mi casa está en Cuba. Mi familia, mi padre y mi madre, está en Cuba. Mi vocación está en Cuba. Lo que yo amaba hacer está en Cuba. Las historias que me gusta hacer están allí”, incide. “Tenía un cerco policial debajo de mi casa y si salía me detenían”, narra, mientras recuerda que también le llegaron a cortar internet: “Puedes resistir, pero no hacer periodismo”.
Cuba es otro de los países en los que la persecución a la profesión va en aumento
Las dificultades para informar desde la isla son cada vez más evidentes. Un solo dato: el 14 de noviembre, el Ejecutivo quitó las credenciales de prensa el equipo de la Agencia Efe en La Habana, aunque, ante la cascada de críticas y de reacciones, se restituyó el permiso a parte del equipo. [Con posterioridad a este escrito, se restituyó al resto].
Baró recoge la situación de su país a través de su perfil de Twitter, especialmente todo lo relacionado con la marcha cívica convocada para el 15 noviembre y no autorizada por el Gobierno. En su timeline se puede ver un vídeo del periodista Vladimir Turró golpeado en un ojo, mientras él mismo aclara que era “un mensaje”. Como Mónica Baró Sánchez, son muchos los y las periodistas que han dejado el país en los últimos años: ella calcula que, desde 2019, entre 25 y 30 profesionales independientes. Remarca que del medio donde ella trabajaba, El Estornudo, solo queda una persona en la isla, y que no ha salido ya que “está regulado”, es decir, porque tiene prohibido abandonar el país.
El análisis de la red global IFEX también incluye la reducción del espacio cívico en el subcontinente, además de una reactivación de las protestas, en parte paradas por la pandemia: “La violencia desplegada por las fuerzas policiales contra los manifestantes también se ha observado contra los medios de comunicación que cubren estos hechos. Esta violencia también tiene lugar fuera del contexto de las manifestaciones públicas. El discurso estigmatizante y los ataques verbales contra la prensa provienen cada vez más de altos funcionarios públicos de diferentes países”.
La conversación regresa a la cafetería de Bogotá. Allí donde Fernanda Barbosa continúa empleando ejemplos, en lugar de calificativos, para analizar la situación de la prensa en Colombia y su papel en el paro nacional que se puso en marcha el 28 de abril y del que aún quedan brasas, aunque haya bajado la intensidad. La actuación de los medios generalistas fue criticada por las personas manifestantes, y fueron los pequeños e independientes, así como las coberturas ciudadanas a través de redes sociales, los que principalmente denunciaron la violencia policial. “Cuando detuvieron a los 13 jóvenes estudiantes sospechosos de actos vandálicos, un periódico grande publicó que eran 13 terroristas. Es histórico en la prensa colombiana que haya ese tipo de estigmatizaciones de los movimientos sociales y de los jóvenes en algunos casos”, explica Barbosa.
Jenny Alejandra Romero, la coordinadora en Bogotá de la campaña Defender la Libertad es un Asunto de Todas, que busca las condiciones para el adecuado ejercicio de la protesta social, apunta desde una oficina de la capital colombiana que “es importante el ejercicio de prensa, pero es una labor muy perseguida, tanto en el terreno como desde otras esferas, y tanto por la fuerza estatal como por las fuerzas paramilitares”.
La violencia de aquellos días también tocó a la prensa: la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia denunció que, en los dos primeros meses de paro, casi 300 periodistas habían sido agredidos. “En el 58% de los casos, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública, incumpliendo de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora”, denunció la FLIP. “En los episodios de violencia es más difícil reportear”, contextualiza Fernanda Barbosa, “pero si se usa específicamente para dificultar la información, no lo sé”, cierra con su acostumbrada precaución.
* Este artículo fue escrito antes de que fueran asesinados nueve periodistas en México en la primera mitad de 2022