Ante una pregunta incómoda, el político puede no responder, asumiendo el riesgo que el silencio comporta en esas situaciones, e incluso puede señalar los aspectos de la pregunta o el planteamiento que hace el periodista que le parezcan erróneos, pero en ningún caso tiene derecho a decidir qué se le puede preguntar ni cuándo. Algún político se ha arrogado además la facultad de decidir en una rueda de prensa quién es periodista y quién no, algo a lo que no tiene ningún derecho. Quien tiene la potestad de preguntar es el periodista y el político puede responder o no, pero no puede decidir quién es periodista y qué preguntas se le pueden hacer. Del mismo modo, los periodistas deben respetar que un político no quiera responder o no quiera proporcionar la información que se le pide, lo que no ha de ser obstáculo para que trate de obtenerla por otros cauces.

Un sistema de remuneración variable que vinculara el salario de los periodistas a los índices de audiencia no solo introduciría perniciosos incentivos hacia el sensacionalismo y la espectacularidad en los contenidos, sino que sería injusto para un trabajo que, para ser fiable y atender a la función social del periodismo, necesita del concurso de diferentes […]