¿Hasta dónde debe poder preguntar un periodista a un político y qué obligación tiene este de contestar?

Ante una pregunta incómoda, el político puede no responder, asumiendo el riesgo que el silencio comporta en esas situaciones, e incluso puede señalar los aspectos de la pregunta o el planteamiento que hace el periodista que le parezcan erróneos, pero en ningún caso tiene derecho a decidir qué se le puede preguntar ni cuándo.

MILAGROS PÉREZ OLIVA*

Para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, como establece el artículo 20 de la Constitución, es fundamental que haya una buena intermediación periodística. En las democracias consolidadas, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la conformación de la opinión pública y el periodismo ha de poder ejercer un escrutinio público constante sobre la actividad y el comportamiento de los políticos. Estos, por su parte, en tanto que representantes electos de la ciudadanía y gestores de bienes públicos, tienen el deber de rendir cuentas, no solo a través de los cauces parlamentarios y los organismos de transparencia previstos en la normativa, sino atendiendo de forma directa las cuestiones que les planteen los periodistas, siempre que estén relacionadas con su actividad pública y no invadan su esfera privada.

Ninguna cuestión formulada por un periodista en las condiciones de respeto exigibles debe ser tomada como un ataque por un político y mucho menos provocar una respuesta airada y hasta agresiva, como ha sucedido en episodios recientes en el Congreso de los Diputados, que ha merecido una nota de rechazo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Ante una pregunta incómoda, el político puede no responder, asumiendo el riesgo que el silencio comporta en esas situaciones, e incluso puede señalar los aspectos de la pregunta o el planteamiento que hace el periodista que le parezcan erróneos, pero en ningún caso tiene derecho a decidir qué se le puede preguntar ni cuándo. Algún político se ha arrogado además la facultad de decidir en una rueda de prensa quién es periodista y quién no, algo a lo que no tiene ningún derecho. Quien tiene la potestad de preguntar es el periodista y el político puede responder o no, pero no puede decidir quién es periodista y qué preguntas se le pueden hacer.

El político no puede decidir quién es periodista y qué preguntas se le pueden hacer. Y los periodistas deben respetar que un político no quiera responder.

Del mismo modo, los periodistas deben respetar que un político no quiera responder o no quiera proporcionar la información que se le pide, lo que no ha de ser obstáculo para que trate de obtenerla por otros cauces. En esos casos, sus crónicas periodísticas pueden reflejar la negativa del político a responder, pero no deben ir más allá, y menos aún entrar en una dinámica de enfrentamiento y revancha con los políticos que no atienden sus demandas. Las cuitas para obtener una información no son noticia.

Los episodios mencionados brindan la oportunidad de plantear de qué forma políticos y periodistas podemos mejorar el desempeño de nuestras respectivas responsabilidades en beneficio mutuo y, sobre todo, en defensa del derecho de la ciudadanía a recibir una información completa y veraz. Es evidente que el clima de crispación y la creciente polarización política que se han instalado en España en los últimos años están deteriorando la relación entre políticos y periodistas, con situaciones de tensión y enfrentamiento que comportan descrédito para ambas partes.

Algunas formaciones políticas se han arrogado el derecho de vetar la presencia de determinados medios en sus actos, cosa que atenta directamente contra uno de los pilares de la democracia, la libertad de información. Si actúan en la esfera pública y ostentan cargos de representación, estas formaciones deben aceptar la cobertura mediática de sus actos. También han distribuido consignas entre sus dirigentes con listas de medios y periodistas a los que no deben conceder entrevistas ni declaraciones. Los dirigentes políticos tienen la libertad de elegir cuándo y a quién conceden declaraciones, si bien no pueden vetar la presencia de periodistas en actividades que son públicas.

Siguiendo la estela del trumpismo en Estados Unidos, hemos asistido a una campaña de Vox para desacreditar a la prensa en general, en un intento de neutralizar el trabajo periodístico que hace un seguimiento de sus actividades y ha puesto de manifiesto las muchas mentiras, medias verdades y distorsiones en las que incurre en su discurso público.

Caeríamos sin embargo en un sesgo corporativista si al mismo tiempo no fuéramos capaces de reconocer que en este deterioro de las relaciones también tiene un papel importante el hecho de que algunos medios y algunos profesionales se hayan dejado arrastrar a un periodismo de trinchera, lo que les lleva a utilizar la información como un arma de intervención política y hasta de desinformación. Un periodismo militante que trata de forma manifiestamente favorable a los políticos afines y de forma beligerante y combativa a los que representan las posiciones contrarias.

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