Investigación y cloacas
La prensa ha vuelto a cumplir con su deber de vigilante y ha destapado casos de corrupción; aunque, en estos y a diferencia de otras historias de los 90, la principal labor investigadora ha sido la de las fuerzas de seguridad del Estado y los jueces. Además, en los dos últimos años se ha multiplicado la utilización descarada de algunos medios por los emisores de filtraciones interesadas.
JOSÉ MARÍA IRUJO*
Durante nuestra joven democracia, la prensa española ha tenido un papel decisivo en su misión de vigilante de los abusos de los poderes públicos y privados. No ha renunciado nunca a ejercer su función fiscalizadora de Gobiernos, gobernantes, funcionarios o grandes corporaciones. No ha mirado hacia otro lado ni bajado la guardia en su denuncia constante de irregularidades o comportamientos poco éticos o estéticos de los poderosos. Con mayor o menor acierto, cada caso suele ser diferente, hemos cumplido con nuestro deber.
Es cierto que no tenemos tan arraigado en nuestro ADN el espíritu investigativo de la prensa anglosajona que cuestiona casi todo, pero nuestros medios han jugado un papel muy relevante en el llamado periodismo de denuncia y, en ocasiones, han ayudado a cambiar la historia de España y han contribuido a que este país sea mucho mejor.
En los 90 fueron investigaciones periodísticas las que destaparon graves casos de corrupción durante la última legislatura socialista de Felipe González. El caso Roldán, el exdirector de la Guardia Civil condenado a 31 años de prisión por numerosos delitos, sirvió para que terminara un ciclo de 14 años de un Gobierno que modernizó este país, que hizo muchas cosas bien, pero que no supo vigilar a algunos de sus principales funcionarios públicos que desde sus despachos oficiales y con la bandera de España a sus espaldas se enriquecieron con comisiones ilegales o fondos reservados.
Luis Roldán estaba a punto de ser nombrado ministro del Interior cuando mi compañero Jesús Mendoza y yo revelamos en Diario 16 su sociedad secreta Europe Capital SL, su rosario de propiedades y cuentas en Suiza. Nunca nos planteamos dañar la imagen de aquel Gobierno o beneficiar a la oposición, solo pretendíamos denunciar los gravísimos delitos de un alto funcionario del Estado que terminó huyendo y multiplicó el escándalo. Aquella no fue una filtración interesada o teledirigida, sino el trabajo humilde y honesto de dos periodistas que asomaron la nariz en un gigantesco vertedero oculto bajo tierra. Una investigación periodística que duró cuatro años con la trama navarra de Urralburu y Aragón y que terminó judicializada y con graves condenas para los políticos implicados.
La corrupción de los 90, destapada en muchos casos por la prensa, dio a algunos medios un protagonismo, casi siempre merecido, y sirvió para que esta profesión cumpliera el que, en mi opinión, es el más sagrado e importante de sus mandatos: denunciar los abusos del poder. Cuando el poder falla en su obligación de fiscalizar las actividades de sus funcionarios, la prensa sirve, al menos, de perro guardián del interés público. Y ahí hemos estado siempre.
No todo vale y detesto que no denunciemos públicamente nuestros propios errores
¿Lo hemos hecho siempre bien? Lo hacemos con mayor o menor acierto, según cada caso, porque a veces cometemos errores. Confieso que no me habría atrevido a estampar mi firma en alguna de las supuestas investigaciones sobre corrupción que algunos colegas han publicado y cuyo resultado final ha sido un fiasco con un daño irreparable en la reputación de personajes o instituciones. Soy de los que piensa que no todo vale y detesto que no denunciemos públicamente nuestros propios errores. Uno de los males de esta profesión es, en mi opinión, nuestro exceso de corporativismo, nuestro temor a denunciar las malas prácticas de los nuestros, algo que en los medios norteamericanos no ocurre. Se han llegado a publicar investigaciones a fondo de un medio sobre el trabajo falso o manipulado de otro en una determinada historia.
La corrupción del siglo XXI no tiene nada que envidiar a la de los 90: las mismas prácticas que destapamos y denunciamos entonces, los mismos sistemas de enriquecimiento mediante el cobro de comisiones ilegales de las constructoras, las mismas sociedades instrumentales y paraísos fiscales donde ocultar el botín, la misma sombra de sospecha sobre la financiación de los dos grandes partidos. Casi nada ha cambiado, salvo que ahora y en el caso del PP parece una corrupción sistémica que aflora de forma intermitente e ininterrumpida, a golpe de registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en todas las comunidades donde ha gobernado. Al PSOE con los ERE de Andalucía y a CIU con los Pujol en Cataluña también se les han caído muchas plumas.
Ahora, la prensa ha vuelto a cumplir con su deber de vigilante y ha destapado historias importantes, como por ejemplo las agendas del extesorero del PP Luis Bárcenas reveladas por El País, que han acabado en los tribunales y desnudado la supuesta financiación ilegal de este partido y los sobresueldos que cobraban sus dirigentes. Gracias a la prensa, los ciudadanos se han enterado de que el PP pagó en negro las obras de su sede en la Calle Génova, que numerosos constructores pagaron al partido cantidades que no han sabido justificar y que el sueldo de algunos diputados, incluyendo el del presidente Mariano Rajoy, era mucho más elevado del que nos comunicaban. La investigación judicial, como casi siempre, se ha encargado de llegar mucho más allá.
La Gürtel, el caso Bárcenas y los ERE de Andalucía son buenos ejemplos del papel que la prensa ha desempeñado en dar a conocer casos de corrupción; aunque, en estos y a diferencia de otras historias de los 90, la principal labor investigadora ha sido la de la Policía Judicial, la UCO y los jueces. Los periodistas hemos buceado en los informes y los sumarios para contar lo que pasaba años antes de que se celebren los juicios. Esa ha sido, en general, nuestra valiosa aportación.
Ahora, la fuente interesada te da un breve plazo para decidir si publicar
La relación entre la fuente y los medios es uno de los grandes temas del periodismo de investigación. De un extremo al otro. Desde la práctica más pura e indiscutible, en la que el periodista es el que toma la iniciativa, indaga y busca una historia a partir de un indicio que surge de manera casual o gracias a una denuncia; hasta la más oscura y contaminada, en la que te ofrecen algo con una intención evidente para dañar el prestigio y la reputación de alguien.
Confieso que, durante los últimos dos años y bajo este Gobierno, esta última práctica se ha multiplicado en nuestro país, auspiciada por las más fétidas cloacas del Estado. El sistema es el mismo de siempre, pero la singularidad con respecto a los informes ad hoc que se repartían por algunas redacciones en los años 90 es que ahora la fuente te da un breve plazo para que te decidas, bajo la advertencia de que si tú no lo das lo pasará a otro colega de un medio diferente.
Filtraciones interesadas y, además, falsas se publican sin comprobación alguna
En los últimos meses, el Equipo de Investigación que dirijo en El País ha recibido varios informes sobre la presunta financiación irregular de Podemos que, tras analizarlos en profundidad, conseguíamos que nos ampliaran varios días el plazo; y al comunicar nuestra decisión de no publicarlos, aparecían a las pocas horas y con gran relieve tipográfico en otros medios, casi siempre medios nativos digitales. Si lo rechazábamos la tarde-noche de un lunes, la información aparecía publicada durante la madrugada del martes. La pregunta que nos hacíamos es cómo otros colegas se atrevían a publicar una información tan delicada sin margen alguno para el mínimo chequeo. ¿Cómo podemos definir esta clase de ejercicio profesional? ¿Vale todo para atraer a la audiencia?
Las filtraciones interesadas han existido siempre, pero si la información es real, está oculta, la confirmamos y consideramos que hay que difundirla porque el lector merece conocerla, nunca hemos tenido reparo en publicarla. Ahora, algunas filtraciones interesadas y, además, falsas se publican sin ninguna comprobación. Hacía muchos años que no observaba en nuestro país una utilización tan descarada y zafia de determinados medios por parte de un Gobierno para desacreditar a sus adversarios políticos. Me pregunto dónde está el límite de estos filtradores de las cloacas y hasta dónde serán capaces de llegar.