El segundo mandato de Donald Trump se está caracterizando por los ataques directos del presidente a periodistas. En este caso, se han aprobado nuevas normas para disponer de la acreditación del Pentágono, con requisitos informativos sin precedentes en la democracia estadounidense y la amenaza constante de no renovar licencias a medios y profesionales de la comunicación. Todo ello, mientras se favorece una línea informativa trumpista y proclive a la política MAGA, en un entorno plagado de casos de ataques a la libertad de prensa.
* ANDRÉS GIL
“Quiet, quiet, piggy!”. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mandaba así callar, apuntando con el dedo índice de su mano derecha, a la corresponsal en la Casa Blanca de Bloomberg, Catherine Lucey. Era el viernes 14 de noviembre y estaban dentro del Air Force One; volaban hacia Florida, donde Trump pasa los fines de semana jugando al golf, y la periodista le preguntaba por las recientes revelaciones de los correos electrónicos del depredador sexual Jeffrey Epstein, que cuestionan la versión de Trump sobre su relación con el financiero suicidado en su celda en agosto de 2019.
Que el presidente de EE. UU. llame “cerdita” a una periodista y no se haya producido un gran reproche político ni social y él tampoco se haya visto en la tesitura de pedir perdón es un síntoma del ecosistema en el que se desarrolla la profesión periodística, en un país cuya máxima autoridad ejecutiva ha llevado a los tribunales en el último año a The New York Times, CBS News, ABC News, The Wall Street Journal y The Associated Press.
Ese ecosistema también ayuda a explicar por qué el Departamento de Guerra -antes llamado de Defensa-, comandado por el secretario Pete Hegseth -expresentador de Fox-, ha puesto en marcha nuevas reglas restrictivas y de obligado cumplimiento para los medios que quieran acreditarse en sus instalaciones para cubrir la actualidad del Pentágono.
Las nuevas reglas que hay que firmar para disponer de una acreditación en el Pentágono fueron anunciadas en mayo y entraron en vigor a mediados de octubre. Y no han sido firmadas por todos los medios que se encontraban acreditados previamente, incluida Fox, cadena próxima a la Administración Trump, salvo uno: One America News.
¿Y por qué los principales medios de EE. UU. se han negado a suscribir las nuevas reglas del Departamento de Guerra? Porque, en síntesis, impiden al periodista ejercer el periodismo. Entre otras cosas, exigen a los periodistas que no recaben información cuya publicación no haya sido autorizada por los mandos de la institución, y ponen nuevos límites a la libertad de movimientos de la prensa en el edificio del Pentágono, restringiendo áreas que hasta el momento eran de libre acceso.
“La información del Departamento de Defensa debe ser aprobada para su divulgación pública por un funcionario autorizado competente antes de que cualquier militar, empleado civil o contratista del Departamento de Defensa la divulgue, aunque no sea clasificada”, sostiene el memorando. Y advierte: “Los miembros de los medios de comunicación no están obligados a someter sus escritos al Departamento de Defensa para su aprobación. Sin embargo, deben comprender que el personal del Departamento de Defensa puede afrontar consecuencias adversas por divulgaciones no autorizadas”.
Las nuevas normas exigen a los periodistas que no recaben información cuya publicación no haya sido autorizada por los mandos y ponen límites a la libertad de movimientos en el Pentágono
El documento también señala que “los periodistas que soliciten o inciten al personal a divulgar información sin autorización pueden ser considerados un riesgo para la seguridad, lo cual constituye motivo de revocación de las credenciales. Existe una distinción fundamental entre solicitar información al Gobierno legalmente e incitar o alentar activamente a los empleados públicos a infringir la ley. La Primera Enmienda no permite que los periodistas inciten a los empleados públicos a violar la ley proporcionando información gubernamental confidencial”. El Pentágono, además, argumenta que los derechos de la prensa “no son absolutos y no prevalecen sobre el interés legítimo del Gobierno de mantener la confidencialidad de la información sensible. Solicitar o alentar a los empleados públicos a infringir la ley queda fuera del ámbito de las actividades protegidas de recopilación de noticias”.
El ahora denominado Departamento de Guerra, de esta manera, define la solicitud de información como “comunicaciones directas con personal específico” o “peticiones para obtener información que animen a los empleados del Departamento de Defensa a compartir información confidencial”.
Es decir, pedir información y recibir información cuya divulgación no está autorizada, parte fundamental de la labor periodística, se convierte en un problema para trabajar en el Pentágono. “El periodismo es publicar lo que alguien en algún lugar no quiere que se sepa, lo demás son relaciones públicas”, decía el viejo axioma. Y es lo que no quiere la Administración Trump.
Un comunicado conjunto emitido por NBC, ABC, CBS, CNN y Fox News afirmó en aquellos días que la nueva política del Departamento de Guerra “no tiene precedentes y amenaza las protecciones periodísticas fundamentales”.
“Nos unimos a prácticamente todos los demás medios de comunicación en el rechazo a los nuevos requisitos del Pentágono, que restringirían la capacidad de los periodistas para mantener informados a la nación y al mundo sobre importantes cuestiones de seguridad nacional”, declararon las cadenas.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado expresaron su “firme solidaridad con la Asociación de Prensa del Pentágono en su defensa de la libertad de prensa”.
“El acceso al Pentágono nunca ha sido una cuestión de comodidad para los periodistas. El público tiene derecho a saber cómo gestiona el Gobierno los asuntos públicos. La cobertura informativa sin restricciones sobre las fuerzas armadas estadounidenses y sus líderes civiles beneficia a los militares, los veteranos, sus familias y a todos los estadounidenses”, manifestaban los colectivos profesionales.
Desalojo de periodistas
El 15 de octubre desalojaron el Pentágono periodistas de medio centenar de medios de comunicación para dar paso a las nuevas cabeceras dirigidas por comentaristas afines al trumpismo y al mundo MAGA -“Make America Great Again”-, como Timcast, Epoch Times, LindellTV, Gateway Pundit y la propia Laura Loomer, quien anunció su nueva credencial en X con un post que debería estar sujeto a penalización por contravenir las normas del Departamento de Guerra que ella sí decidió acatar.
“He desarrollado una amplia red de contactos; y, si tiene alguna información, no dude en contactar con el canal de denuncias Loomered: el buzón de denuncias más influyente de todo Washington D. C.”, decía en X Laura Loomer, referente MAGA y persona próxima a Donald Trump.
Es decir, Loomer anunciaba que aceptaba unas políticas del Pentágono haciendo lo contrario de lo que ha firmado, en tanto que establecen lo siguiente: “Cualquier anuncio o publicación en redes sociales por parte de un periodista o medio de comunicación que se dirija directamente al personal del Departamento de Guerra para que divulgue información no pública sin la debida autorización constituiría una solicitud que podría conllevar la revocación de la acreditación”.
‘Pésima periodista’
Mientras tanto, el episodio de “quiet, quiet, piggy!” del Air Force One, que ocurrió un mes después del desalojo de periodistas del Pentágono, no ha sido un caso aislado. Es más, se produjo pocos días antes de otro con una periodista en el Despacho Oval. “Eres una pésima periodista y una pésima persona”, espetó el presidente de EE. UU.
La periodista a la que se refería Trump el pasado 18 de noviembre es la corresponsal de la cadena ABC en la Casa Blanca, Mary Bruce. La pregunta, considerada vergonzosa para el presidente de EE. UU., tenía que ver con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y el invitado supuestamente avergonzado era el príncipe saudí Mohammed bin Salman, sobre quien pesa la acusación internacional de haber estado detrás de la muerte de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018.
Un comunicado conjunto de NBC, ABC, CBS, CNN y Fox News afirmó que la nueva normativa 'no tiene precedentes y amenaza las protecciones periodísticas fundamentales'
“Hablas de alguien que fue muy polémico”, justificó Trump sobre el asesinato del excolumnista de The Washington Post: “A mucha gente no le gustaba ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas que pasan, pero él [el príncipe] no sabía nada al respecto. Y podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestro invitado con esa pregunta”.
La corresponsal de ABC también preguntó por el papel de personas relevantes de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre, algo reflejado en las investigaciones, así como por los papeles del depredador sexual Jeffrey Epstein: “No es la pregunta lo que me molesta, sino tu actitud. Eres una pésima periodista. Es la forma en que haces las preguntas. Empiezas con un hombre muy respetado y le haces una pregunta horrible, simplemente terrible. Y podrías haberle hecho la misma pregunta con amabilidad”.
A renglón seguido, Trump lanzó una amenaza total: “Creo que deberían revocarle la licencia a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”.
La amenaza de revocar licencias no es la primera vez que sale de Trump. También lo dijo varias veces en septiembre, en torno al asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk y después de presionar a la CBS para no renovar a Stephen Colbert y a la ABC para despedir a Jimmy Kimmel.
“Debería discutirse sobre las licencias”, dijo Trump en septiembre: “Cuando tienes una cadena y lo único que haces es atacar a Trump... Si te fijas, no han tenido un comentarista conservador en años. Lo único que hacen es atacar; no pueden hacer eso, son una rama del Partido Demócrata. Solo me dan mala publicidad o mala prensa. Y están operando con licencias. Creo que tal vez deberían revocarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr, que es excepcional, es un patriota, ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que ya veremos”.
Brendan Carr es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismo regulador. Y es quien tenía bloqueada una fusión entre Paramount, la matriz de CBS, y Skydance hasta que Trump consiguió un acuerdo extrajudicial de más de 30 millones de dólares con CBS para que retirara una demanda por la edición en 60 Minutes de una entrevista electoral a Kamala Harris…; además de la cancelación del programa de Stephen Colbert.
Una vez que Trump tuvo el dinero en el bolsillo y la cabeza de Colbert en bandeja, la FCC dio el visto bueno a la fusión entre Skydance y Paramount. Esta, además, deja la cadena en manos de una persona próxima al presidente de EE. UU., el dueño de Oracle, Larry Ellison, quien ahora está detrás de CNN, lo que supondría un giro muy relevante en las líneas editoriales de grandes cadenas de noticias estadounidenses en muy poco tiempo y a menos de un año de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en noviembre de 2026.
Pero hay más ejemplos de presión. Hace un par de meses, también en el Air Force One, el presidente de EE. UU. se encaró con la periodista de la cadena pública NPR que viajaba en el avión presidencial cuando le preguntó cómo pensaba declarar organización terrorista a Antifa, teniendo en cuenta que no es una organización: “¿Con quién estás?”, preguntó sin responder. “Con NPR”, contestó ella. “¿Siguen aquí?”, preguntó Trump, sorprendido de que el medio formara parte de los periodistas que viajan con él, en tanto que recortó la financiación de NPR radicalmente entre acusaciones de izquierdismo. “Sí”, replicó la corresponsal, que repitió la pregunta sobre Antifa; a lo que dijo Trump: “¿Acaso [Antifa] tiene algo que ver con su medio?”. A lo que ella respondió: “No”.
El presidente de los Estados Unidos, que no pierde oportunidad de atacar públicamente a periodistas y medios de comunicación con asiduidad, es capaz, en la misma semana de septiembre, de mandar callar a un periodista australiano y amenazar con perseguir al jefe de la cadena ABC en Washington D. C., Jonathan Karl. “Probablemente, persigamos a gente como tú porque me tratas muy injustamente y tienes mucho odio en tu corazón”, le dijo al corresponsal de la televisión pública australiana, Australian Broadcasting Corporation, John Lyons. “Estás perjudicando a Australia, y quieren llevarse bien conmigo. ¿Sabes que tu líder vendrá a verme muy pronto? Les voy a hablar de ti”, le advirtió al corresponsal australiano.
Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt, politólogos que estudian cómo se deterioran las democracias y que hace tiempo acuñaron el concepto de “autoritarismo competitivo” para sistemas políticos surgidos tras la Guerra Fría en países del Centro y el Este de Europa, publicaban en mayo un artículo en The New York Times en el que reflexionaban sobre hasta qué punto EE. UU. estaba derivando en un sistema más parecido a un autoritarismo competitivo que a una democracia. Y ponían el acento en la persecución desde el poder al pensamiento crítico.
En su texto, explicaban que “la ofensiva autoritaria del Gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al Ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.
El presidente de EE. UU. no pierde oportunidad de atacar públicamente a periodistas y medios con asiduidad
“Por ejemplo”, argumentaban, “el temor a represalias ha frenado las donaciones a demócratas y organizaciones cívicas progresistas, obligando a varias de ellas a reducir sus operaciones y despedir empleados. Tras los ataques de Trump contra importantes bufetes de abogados, los opositores al Gobierno tienen dificultades para encontrar representación legal. La Universidad de Columbia cedió ante las exigencias extorsivas del Gobierno de mayores restricciones a la libertad de expresión estudiantil. Como dijo Trump: ‘Miren lo que estamos haciendo con las universidades, y todas se rinden y dicen: ‘Señor, muchas gracias’”.
“Hay señales preocupantes de autocensura en los medios”, añadían, “y los legisladores republicanos han abdicado de su papel como contrapesos del poder ejecutivo”.
“Los estadounidenses viven bajo un nuevo régimen”, zanjaban. “La pregunta ahora es si permitiremos que se consolide -agregaban-. Hasta el momento, la respuesta de la sociedad estadounidense a esta ofensiva autoritaria ha sido decepcionante, incluso alarmante. Una gran mayoría de políticos, directores ejecutivos, socios de bufetes de abogados, editores de periódicos y rectores universitarios estadounidenses prefieren vivir en una democracia y desean poner fin a este abuso. Sin embargo, como individuos que se enfrentan a amenazas gubernamentales, tienen incentivos para congraciarse con la Administración Trump, en lugar de oponerse a ella”.
Y concluían: “La deriva autoritaria de Estados Unidos es reversible. Pero nadie ha derrotado jamás a la autocracia desde la barrera”.
Las nuevas reglas del Pentágono para el ejercicio del periodismo, los insultos e intimidación a periodistas que preguntan al presidente de EE. UU. y las amenazas con retirar licencias de comunicación evidencian que el Pentágono y la Casa Blanca están en guerra con el periodismo.
Al cierre de esta edición, a principios de diciembre, The New York Times presentaba una demanda contra el Pentágono por la violación de los derechos recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. En ella, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, el diario argumentaba que la nueva política del Departamento de Guerra “pretende restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del Gobierno y recopilar información para informar sobre noticias que llevan al público más allá de los comunicados oficiales”.
La demanda afirmaba que “informar sobre cualquier información no aprobada por los funcionarios del departamento” podría dar lugar a sanciones, “independientemente de si la recopilación de noticias se produce dentro o fuera de las instalaciones del Pentágono, y de si la información en cuestión es clasificada o no”. Asimismo, solicitaba una orden judicial para detener la aplicación de las normas y una declaración de que las disposiciones “dirigidas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda” son ilegales
Pie de foto de apertura: Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech, DOW. Foto: Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech, DOW
Contenido relacionado:
- "Carta a los Lectores": "La misión y dimensión del periodismo y su situación actual", por José Francisco Serrano Oceja
- "De las AI Overviews a la caída de Google Discover: una radiografía de la montaña rusa que han vivido los medios en 2025 y retos para 2026", por Clara Soteras
- "Integridad de las noticias en los asistentes de IA. Un estudio internacional de medios públicos': la participación de RTVE", por David Corral Hernández
- "Meta, la prensa y el dopaje de datos: crónica de una victoria judicial con miedo a las represalias", por Carlos del Castillo
- "Trump contra la BBC: la crisis sin precedentes de la institución británica", por Celia Maza