La necesidad de fortalecer el papel de la educación y la formación para combatir la desinformación y de promover la alfabetización digital y mediática, así como de inculcar en las aulas un espíritu crítico y juicios equilibrados a partir de la información que se recibe de los medios, son algunas de las claves que se desprenden del libro Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional. Propuestas de la sociedad civil.
AURELIO MARTÍN*
La palabra desinformación lleva camino de entrar en el top de las más empleadas del año por los ciudadanos. No en vano, la Comisión Europea estima que un 83% de los ciudadanos de la UE piensa que los contenidos falsos que se difunden a gran escala con la intención de engañar u obtener ganancias económicas o políticas, y que pueden causar daño público, pueden poner en peligro la democracia.
En España hay buenos ejemplos de intentos de desestabilización desde el exterior, fomentando también las teorías de la conspiración, desde la irrupción de Rusia en el procés soberanista de Cataluña a la información engañosa sobre vacunas contra la COVID-19 o, más recientemente, la agresiva desinformación pro-Kremlin y la propaganda de guerra que acompañan la agresión militar de Rusia contra Ucrania, incluido culpar a los embargos de que no hayan llegado cereales a países africanos, con objeto de buscar el enfrentamiento, cuando no ha sido cierto.
No obstante, al lado del antiguo imperio que quiere reconstruir Vladimir Putin -que paradójicamente ha dictado una ley que criminaliza con hasta quince años de cárcel lo que llama información falsa, cuando realmente la gran fuente es su propio régimen, según destaca el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell-, hay otros países, aunque aprendices, que preocupan en el ejercicio de la posverdad, como podría ser Irán o Venezuela.
Tras la anexión ilegal de Crimea por Rusia en 2014, hay otros ejemplos de injerencias rusas contra Occidente, especialmente centradas en debilitar Europa, como la campaña contra la candidata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton, en 2016; la llevada a cabo en favor del brexit, o en procesos electorales en Francia.
Así, un 51% de los europeos cree que ha estado expuesto a la desinformación en línea, y un 63% de los más jóvenes se encuentra con noticias falsas más de una vez a la semana. Actualmente, en Europa, uno de cada tres estudiantes de trece años carece de habilidades digitales básicas cuando se les evalúa directamente. Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo un poco más de la mitad de los jóvenes de quince años en la UE aseguró que se le ha enseñado cómo detectar si la información es subjetiva o sesgada.
En concreto, el 57% de los españoles admite haber creído alguna vez como verdadera una información que luego resultaba ser falsa. Junto con los jóvenes, las personas mayores pertenecen al grupo más vulnerable. Por deficiencias cognitivas, son el colectivo que más noticias falsas comparte, hasta siete veces más. En consecuencia, existe una clara necesidad de fortalecer el papel de la educación y la formación para combatir la desinformación y promover la alfabetización digital y mediática.
Esta cuestión, así como inculcar en las aulas un espíritu crítico y juicios equilibrados a partir de la información que se recibe de los medios, pero también formar a colectivos vulnerables y a la población en general, son algunas de las claves que se desprenden del libro Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional. Propuestas de la Sociedad Civil. Auspiciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), en la publicación han trabajado, divididos en cinco grupos y con un amplio consenso, desde representantes de organizaciones profesionales de periodistas, centros de pensamiento y análisis, organizaciones sociales y del mundo académico, plataformas digitales, verificadores y miembros de la Administración, entre otros.
No hay que pasar por alto el hecho de que, en su estrategia, el DSN considere las campañas de desinformación como uno de los dieciséis riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, aunque esta práctica está demasiado extendida como para inscribirla únicamente en un marco de seguridad, sino también social y, por tanto, es preciso que la población tome conciencia real del problema.
La presencia de la alfabetización mediática en los planes de estudios sigue siendo débil
Aunque deberá ser el Ejecutivo el que tome nota de las conclusiones, así como desarrollarlas a través del Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, constituido recientemente, la presencia de la alfabetización mediática en los planes de estudios de los centros educativos sigue siendo débil, incluso a veces sustituida por asociaciones y colegios de periodistas con apoyo de la iniciativa privada, dándose más valor a aspectos técnicos, directamente relacionados con la informática. Es una asignatura pendiente; por eso se pide, no solo que se tome conciencia por parte de las autoridades educativas, sino que las Administraciones, en sus distintos ámbitos, lleven a cabo también campañas de concienciación entre los ciudadanos.
Partiendo de que es preciso desvincular el concepto desinformación respecto a la etiqueta de las noticias falsas o fake news -como así estableció el grupo que aportó a la publicación el capítulo de taxonomía, al entender que los bulos se resuelven en el ámbito de los verificadores-, los grupos de trabajo tuvieron claro que, entre las medidas propuestas, nunca se debería traspasar la línea roja que pudiera afectar al artículo 20 de la Constitución española en cuanto a la libertad de expresión e información veraz. Se considera que son la autorregulación y el empleo de los códigos éticos a los que se deben los periodistas, y también los editores, los que ayudan a combatir las expresiones de difusión deliberada de contenidos falsos a escala pública, que, aunque trascienden a los medios, también son el elemento que contribuye a neutralizarlas.
El Boletín Oficial del Estado no es una buena idea para luchar contra la desinformación, como entendió el grupo encargado de estudiar posibles propuestas en el ámbito legislativo, destacando que cualquier regulación no puede perder de vista esta afectación a la base del sistema democrático.
También se ve como imprescindible una mayor transparencia por parte de la Administración, en todos los niveles, porque cualquier hueco informativo de interés público puede ser ocupado automáticamente por la desinformación y por ese intento de desestabilizar nuestras sociedades y democracias, generar una crisis e, incluso, poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
En las campañas informativas aconsejadas desde el grupo que elaboró el capítulo sobre la alfabetización mediática se recomienda a los ciudadanos que una correcta “dieta mediática” pasa por el consumo de medios de comunicación, dado que están sujetos a un código deontológico que garantiza la calidad y la veracidad de la información, subrayando que se sustentan en empresas y profesionales. De ahí que los medios no sean gratuitos, teniendo en cuenta que detrás de una información hay muchas horas de trabajo. Contra la desinformación, se apuesta por el buen periodismo que separa la información de opinión, contrasta fuentes, fomenta el debate público y ofrece pluralidad de pensamiento en favor de la calidad democrática y contra la polarización de los discursos de odio tan frecuentes en las redes.
Colateralmente habría que valorar algunas medidas propuestas por la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, diseñada recientemente para proteger el pluralismo y la independencia de estos en el ámbito de la UE. En momentos de debilidad para las empresas editoras -lo que provoca el vaciamiento de las redacciones y un descenso en la calidad de las informaciones, incluidas las formas de presión, como propone el reglamento-, es positivo que existan garantías contra la interferencia política en las decisiones editoriales y contra la vigilancia (incluye fuertes salvaguardias contra el uso de spyware contra los medios, los periodistas y sus familias), así como de la independencia y de una financiación estable de los medios de servicio público. La ley destaca la transparencia de la propiedad de los medios y de la asignación de publicidad estatal, así como se establecen medidas para proteger la independencia de los editores y revelar los conflictos de interés.
La Comisión Europea también ha reforzado el código de buenas prácticas para plataformas, para garantizar que los proveedores de desinformación no se beneficien de los ingresos por publicidad, implementando medidas de transparencia más estrictas que permitan a los usuarios reconocer fácilmente los anuncios políticos, al proporcionar un etiquetado más eficiente, comprometiéndose a revelar el nombre del patrocinador, el gasto publicitario y el periodo de visualización; reducir el comportamiento manipulador utilizado para difundir desinformación -cuentas falsas, amplificación impulsada por bots, suplantación de identidad o falsificaciones profundas maliciosas-; apoyar la investigación en desinformación o la cobertura de verificación de datos en todos los Estados miembros e idiomas de la UE, y garantizar que hagan un uso más coherente de la verificación de datos en sus servicios.
Otra de las áreas con menos defensas contra el virus de la desinformación es la de los procesos electorales, como ha comprobado el grupo que se encargó del estudio de este ámbito. En este caso, los bulos provocan también la desafección política, la polarización y la deslegitimación de los comicios y, por tanto, de la legitimidad del origen de los representantes públicos. En sus conclusiones se fija que la lucha contra la desinformación en las elecciones exige el trabajo coordinado de la sociedad civil y de los servidores públicos del Estado, a través de tres pilares esenciales: la información y transparencia, la formación o alfabetización mediática -una vez más- y la prevención.
Sobre ello sí se proponen reformas legales, como modificar el artículo 69 de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg), suprimiendo la prohibición de publicar las encuestas electorales en los cinco días previos a la jornada de votación, quedando limitada a las jornadas de reflexión y votación, así como el artículo 19, con el fin de dotar a la Junta Electoral Central de la posibilidad de que pueda recabar cuanta información y apoyo tecnológico precise de cualquier entidad, ya sea pública o privada, de manera que sea posible responder eficazmente a las posibles amenazas híbridas, campañas de desinformación u otros escenarios que puedan distorsionar la transparencia y objetividad con que deben desarrollarse unas elecciones.
Asimismo, se propone y anima a los partidos políticos a que acuerden un código de conducta que ayude a las partes a unirse contra la desinformación o, al menos, denunciar a quienes la utilizan; a que refuercen su seguridad digital, y a que informen sobre las organizaciones o empresas contratadas para la creación, producción y gestión de la publicidad digital electoral.
Se hace esencial la práctica rigurosa de los principios periodísticos que asegure la calidad informativa
Como cierre, el último capítulo de la publicación del DSN insiste en que se debe compatibilizar el derecho a la legítima defensa de la Seguridad Nacional con la de las libertades individuales y colectivas de la sociedad española y europea. Es decir, nuestra Carta Magna reconoce la importancia de recibir una información cierta y contrastable, un concepto de “veracidad” cercano al de diligencia informativa y no exento de cierta controversia en la medida en que requiere ser contrastado. Este derecho hace referencia a una “información verídica, comprobada y contrastada según los cánones de la profesión informativa” (López de Lerma Galán, 2018). Se hace esencial, por tanto, según se repite con insistencia en la publicación, la práctica rigurosa de los principios periodísticos que asegure la calidad de los textos.
Es tan eficaz la misión de los medios contra la desinformación que las campañas comienzan erosionando no solo la confianza en las instituciones, sino también el trabajo de los periodistas que cumplen con su compromiso deontológico. Esto debería ser objeto de una defensa más eficaz desde la sociedad, habituada casi de forma general al uso de las redes sociales para informarse -sin leer más que la línea del titular antes de soltar cualquier comentario, generalmente desde el anonimato-, y reacia a pagar por el consumo de noticias. En cambio, sí lo hace por sistemas en los que se filtran mensajes que obstaculizan la capacidad de los propios ciudadanos para tomar decisiones informadas y menoscaban la libertad de expresión.
Vistas inicialmente como un refuerzo al sistema democrático por cuanto fomentaban la participación de los ciudadanos entendida a través de debates reflexivos y respetuosos con el contrario, las redes sociales han terminado convirtiéndose en provocadoras de odio.