26/09/2018

Informe ‘Primera Plana’

Transparencia de los grupos de comunicación en España

Escrito por Javier Martín Cavanna

Los medios dedican muy poco tiempo a examinar su comportamiento en el campo de la transparencia. Presumen constantemente de independencia, sin hacer públicos sus compromisos y lazos con los grandes grupos económicos y políticos. Resulta alarmante la falta de interés que los editores prestan al conjunto de políticas organizativas dirigidas a salvaguardar la independencia y credibilidad de sus medios.


JAVIER MARTÍN CAVANNA*

Si nos declarásemos partidarios de la generalizada y simple opinión según la cual la transparencia constituye uno de los principales valores de nuestra sociedad, no escandalizaríamos a nadie; nos expondríamos simplemente a una aprobación benévola o inofensiva por parte de los lectores. Y en verdad, qué otra cosa podría decirse cuando el 70% de nuestras empresas cotizadas se presentan como transparentes y responsables en sus declaraciones de principios, cuando la mayoría de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con una consejería de transparencia, cuando 46 de nuestras 50 universidades públicas tienen una sección o pestaña sobre la transparencia en sus webs, cuando contamos con 17 leyes de transparencia en las comunidades autónomas aprobadas en los tres últimos años, cuando aparecen 78 millones de resultados en 0,61 segundos si se pulsa la palabra transparencia en Google, diez millones más que si se pulsa la palabra democracia.

Sin embargo, pese a estas cifras y hechos, la realidad es que seguimos sin saber muy bien en qué consiste la transparencia y nos encontramos muy lejos de entender qué beneficios proporciona.

No está nada claro que la mera aprobación de leyes que regulen el derecho de acceso a la información o la publicidad activa produzca por sí sola audiencias mejor informadas, instituciones más democráticas y mejor gestionadas o mejoras en la lucha contra la corrupción.

El principal mecanismo para medir el avance en el derecho de acceso a la información es el Índice de Derecho a la Información, una iniciativa impulsada por Access Info Europe y el Centre for Law and Democracy que clasifica a 102 países en función de su legislación sobre acceso a la información. Pues bien, las propias instituciones responsables del índice se encargan de aclarar que se limita a analizar el marco legal y no evalúa la eficacia de su implementación, y reconocen que existen países donde el derecho de acceso a la información es más eficaz debido a una buena implementación, aunque cuenten con un marco legal más deficiente.

Tampoco parece que el derecho de acceso a la información produzca mejoras en otras áreas. En 2012, la organización neozelandesa Integrity Talking Points se preguntó qué relación existía entre la mejora en el derecho de acceso a la información y el progreso en la lucha contra la corrupción o la libertad de prensa. Para ello, comparó los resultados de este índice con otros que miden la corrupción, la libertad de prensa o la paz global. La conclusión es que, a tenor de los resultados, no existe correlación alguna entre el acceso a la información y la mejora en los bienes mencionados.

Entre los cinco países mejor situados en el Índice de Acceso a la Información se encuentran Serbia, Liberia y El Salvador. Ninguno de estos países destaca en los restantes índices, ocupando muchos de ellos un puesto muy bajo en los mismos. Por el contrario, un país como Nueva Zelanda, que lidera los índices de Percepción de la Corrupción y Paz Global, ocupa los últimos lugares en el percentil de los 35 primeros países mejor situados.

Asimismo, tampoco existe acuerdo sobre el hecho de que unos mayores grados de transparencia y frecuencia en la información produzcan necesariamente buenas prácticas de gobierno, decisiones más racionales y una mejor gestión de los riesgos. ¿Qué elementos nos permiten confirmar que poner a disposición de la sociedad determinada información produce, por sí solo, beneficios? ¿Impulsa la mejora en algunas áreas? ¿Cómo lo sabemos?

En el área de la información financiera de las empresas cotizadas se impuso hace años la obligación de proporcionar al mercado informes financieros trimestrales (quarterly report). Se entendía que está práctica de información periódica contribuiría a reforzar la transparencia de la institución y, consecuentemente, la confianza de los inversores. Sin embargo, según algunos expertos e inversores cualificados, los informes financieros trimestrales, lejos de aportar ventajas, han sido los causantes en muchas empresas de una cultura que ha primado los beneficios a corto plazo frente a la creación de valor a largo plazo.

A esta opinión se ha sumado el reciente documento Commonsense Principles of Corporate Governance (CPCG), publicado el 21 de julio de 2016 por 13 importantes representantes del mundo empresarial en EE. UU., que incluye 77 recomendaciones de buen gobierno, entre las que se encuentra la de que las empresas “no deben sentirse compelidas a proporcionar información sobre beneficios trimestrales y deben valorar si proporcionar esa información a los accionistas produce más daño que provecho” (Cfr. CPCG Public Reporting IV. b). 

Todas estas cuestiones relativas a la eficacia de las iniciativas (legales o voluntarias) para impulsar la transparencia y a la frecuencia y calidad de la información no se pueden obviar. Si las ignoramos, nuestras demandas en favor de una mayor transparencia no obtendrán los resultados deseados.

El primer paso para avanzar en la buena dirección requiere clarificar el significado de la transparencia

El primer paso para avanzar en la buena dirección requiere clarificar el significado de la transparencia, pues si no, corremos el riesgo de equivocar el rumbo y no acertar en la elección de las herramientas adecuadas para alcanzarlo.

Concepto de transparencia
La verdad es que el concepto de transparencia no tiene un significado pacífico o unívoco. Existe un significado amplio de transparencia, que suele incluir los conceptos de rendición de cuentas y derecho de acceso a la información, y un concepto más restringido, que coincide con el término que la actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno denomina “publicidad activa”, es decir, la práctica voluntaria o legal de hacer públicos determinados contenidos de información de forma accesible y clara. El significado amplio de transparencia, junto con el de publicad activa, incluye el concepto de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información.

La rendición de cuentas es la obligación de justificar determinados actos a la sociedad o a concretos grupos de interés (se trate de actividades, decisiones o resultados). Suele ser una tarea obligada, puntual y con actores claramente identificados. El acceso a la información es el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos a solicitar al Gobierno información pública y a obtener una respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la medida en que dicha información no está reservada por alguna excepción establecida en la ley.

Como podemos comprobar, el significado del concepto de transparencia puede ser muy “elástico” y conviene perfilar bien sus contornos para clarificar en cada caso qué objetivos se persiguen y, consecuentemente, qué medios o mecanismos son los más pertinentes para alcanzarlos.

En un primer intento de aproximación, podemos decir, simplificando mucho, que la transparencia en sentido estricto (publicidad activa) tiene que ver fundamentalmente con la “capacidad y voluntad de comunicar” y la transparencia en sentido amplio (la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información), con la “capacidad y voluntad de escuchar y responder”. Ya adelantamos que, en general, donde se encuentra el verdadero problema es en la capacidad de escucha y respuesta.

Desde el punto de vista de la eficacia, el gran reto se encuentra, precisamente, en cómo conectar estos dos sentidos, cómo conseguir que la voluntad y capacidad de comunicar sean un correlato de la capacidad y voluntad de escuchar y responder a las expectativas de los diferentes grupos de interés.

¿Transparencia de qué?
El objetivo principal de las políticas o iniciativas de transparencia no puede consistir tan solo en comunicar determinados contenidos de información a los interesados, sino en proporcionar aquellos contenidos que sean útiles y relevantes para ellos y para la sociedad en su conjunto.

La demanda de transparencia está muy bien, pero la pregunta es: ¿transparencia de qué? ¿Qué contenidos son los relevantes?

Hay una serie de contenidos que, por su propia naturaleza, son relevantes para todo tipo de instituciones (por ejemplo, la información económica), pero lo importante es identificar cuáles son los contenidos que tienen más trascendencia para un sector concreto o en un momento determinado, lo que, en términos técnicos, se denomina “materialidad”. Esta es la verdadera prueba del algodón cuando se habla de la  transparencia.

Este reto no es sencillo. Si bien la red ha aumentado las expectativas de información de la sociedad, como efecto secundario, ha inundado el entorno con una exuberancia de datos que hace difícil distinguir el grano de la paja.

La opacidad y el exceso de información son dos caras de la misma moneda

Como sabemos, la opacidad y el exceso de información son dos caras de la misma moneda, y eso lo saben muy bien algunas empresas que han generado en los últimos años extensos informes de sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), elaborados y certificados, en muchos casos, por las grandes empresas auditoras, en los que recogen todo tipo de cuestiones irrelevantes y accidentales, dejando de lado las más controvertidas y sustanciosas.

Para una empresa textil, el área más crítica es el control de la cadena de proveedores (derrumbamiento del edificio del Rana Plaza en Bangladesh); para una institución bancaria, la claridad en la información sobre sus productos financieros (cajas de ahorro y estafa de las preferentes); para una empresa petrolera, el control de los vertidos (BP y el Golfo de México); para una empresa de automóviles, todos los temas relacionados con la seguridad y las emisiones (caso Volkswagen); para un ayuntamiento, como es natural, su área más crítica es la transparencia en la contratación pública (casos Gurtel, Palau y ERE de Andalucía).

Es decir, los contenidos más relevantes son precisamente aquellos que raramente salen a la luz. Si no se informa adecuadamente sobre estos temas o si se falsea la información sobre los mismos, las sanciones económicas y reputacionales pueden ser muy elevadas, como se puede comprobar en los ejemplos mencionados.

La transparencia informativa, por tanto, no guarda relación con el volumen de datos que se pone a disposición de los demás, sino con la relevancia y objetividad a la hora de seleccionar e informar de aquellos contenidos que tienen más potencial de afectar, positiva o negativamente, al entorno más próximo.

¿Cuáles son los temas relevantes?
La influencia más crítica que tienen los medios de comunicación procede de los mensajes e imágenes que comunican al público. Los medios conforman la opinión pública y ayudan a fijar los términos del debate: ellos deciden qué leemos, qué escuchamos y qué vemos, y, conjuntamente con las empresas anunciantes, también ejercen una fuerte influencia en las decisiones que tomamos, los productos que compramos y las cuestiones que nos planteamos. El impacto de los medios –como acertadamente señala el informe Through the Looking Glass– no es medioambiental, sino psicológico e intelectual.

Por tanto, la principal responsabilidad de los medios de comunicación, y consecuentemente de sus grupos empresariales, está relacionada con la elaboración y difusión de sus contenidos. En sus manos se encuentra la posibilidad de encumbrar o derrumbar personas, de impulsar nuevas ideas o desechar proyectos. Su palabra es la única que decide quién tiene derecho a participar en el debate público y quién no.

Sin embargo, no parece que la autocrítica forme parte de su ADN. Los medios no pierden oportunidad de criticar la creciente invasión de la vida privada por parte del Estado, pero dedican muy poco tiempo a examinar su propio comportamiento en este campo. Presumen constantemente de independencia, sin hacer públicos sus compromisos y lazos con los grandes grupos económicos y políticos.

No hay que hacer un examen de conciencia muy profundo para descubrir que la presunción y el excesivo apego al propio juicio son dos tentaciones con las que frecuentemente han de luchar los medios de comunicación. Sin duda, esa convicción fue la que inspiró a C.P. Scott, el mítico editor de The Guardian, cuando afirmó que “un periódico es por naturaleza algo muy parecido a un monopolio, y su primera obligación es evitar la tentación del monopolio [de la verdad]”.

A pesar de la observación de C.P. Scott, resulta alarmante la falta de interés que los editores de los grupos de comunicación prestan al conjunto de políticas organizativas dirigidas a salvaguardar la independencia y credibilidad de sus medios.

Una empresa de comunicación debe elaborar un mapa de riesgos para identificar las principales amenazas a su credibilidad

De igual modo que una empresa petrolífera debe desarrollar mecanismos para minimizar los riesgos de un posible vertido o una empresa textil debe supervisar las condiciones laborales de sus proveedores en el tercer mundo, una empresa de comunicación debe elaborar un mapa de riesgos para identificar las principales amenazas a su credibilidad, teniendo en cuenta que la credibilidad no es un valor que haya que dar por supuesto o que se apoye en una simple declaración retórica. Salvaguardar la credibilidad exige identificar los riesgos en los procesos de negocios y elaborar un plan director de procesos y mejoras que se concrete en programas, procedimientos y políticas incorporados a la operativa de la compañía.

Pero no se trata solo de identificar los posibles riesgos y poner los medios para minimizarlos, sino de comunicar estos compromisos a los principales grupos de interés. Cabría esperar que quienes reclaman rendir cuentas a diestra y siniestra a todos los sectores de la sociedad fuesen quienes liderasen los esfuerzos de transparencia; sin embargo, los grupos de comunicación constituyen uno de los sectores más opacos y herméticos del sector empresarial.

Credibilidad e independencia
Nunca ha estado tan cuestionada y amenazada como hasta ahora la credibilidad e independencia de los medios de comunicación. La gran tentación, en cambio, es centrar la mirada en los “enemigos externos”, consolarse con la idea de que todos los males proceden de fuera: políticos que desean instrumentalizar las noticias en favor propio o en perjuicio del contrario, empresas que buscan incrementar su reputación o impedir que se airee algún escándalo, plataformas que se aprovechan gratuitamente del esfuerzo editorial de los medios convencionales o nuevos actores que difunden sus noticias sin el rigor de los “profesionales”.

Los grupos de comunicación, uno de los sectores más opacos y herméticos del sector empresarial

Todos esos riesgos son ciertos y muy reales, pero no son nuevos. Siempre han existido y existirán, forman parte consustancial de la actividad periodística. Un medio de comunicación que no sufra presiones externas de grupos que quieran controlarlo, manipularlo o absorberlo es un medio que o bien está anestesiado o está en camino de estarlo. 

Los principales enemigos son siempre los que proceden de dentro. Si un medio de comunicación no cede a las presiones externas, lo peor que puede ocurrirle es que termine cerrando. Pero que un medio cierre por ser coherente con sus principios no es siempre una mala noticia, en muchos casos constituye una prueba de que ha cumplido plenamente su misión. La credibilidad comienza a resentirse cuando uno mismo deja de creer en lo que hace.

Mientras los grupos de comunicación no sean conscientes de que su principal activo es la credibilidad, sus esfuerzos por sobrevivir a las diferentes amenazas resultarán completamente estériles. Proteger la credibilidad y la independencia requiere identificar los riesgos propios de la actividad periodística y arbitrar las medidas necesarias para salvaguardarla. Y si siempre es importante proteger la credibilidad, este desafío resulta aún más urgente en el contexto actual, marcado por la transformación digital de los medios, que impone ritmos y urgencias no siempre fáciles de conciliar con el rigor y la calidad.  

Ser consciente de esta situación supone plantearse y contestar a algunas cuestiones e interrogantes como las siguientes:

  • ¿Qué mecanismos existen para contrastar y verificar las fuentes e información?
  • ¿Cómo se puede proteger la independencia de los periodistas frente a las presiones de los anunciantes o del propio grupo editorial?
  • ¿Qué formación reciben los empleados en cuestiones relacionadas con temas éticos y deontológicos?
  • ¿Qué procedimientos internos existen para asegurarse del cumplimiento de los códigos y principios éticos?
  • ¿Qué mecanismos existen para gestionar los conflictos de intereses con los accionistas?
  • ¿Qué canales y procedimientos existen para atender las quejas de los lectores y de las personas afectadas por las noticias?
  • ¿Cómo afecta la transformación digital al rigor y calidad de los contenidos editoriales?
  • ¿Se hace pública la titularidad de los medios de comunicación?
  • ¿En qué medida se hacen públicas las políticas editoriales?

Informe ‘Primera Plana’
Con el fin de ayudar a mejorar la transparencia de los grupos de comunicación y de enriquecer el intercambio de buenas prácticas relacionadas con la protección de la credibilidad e independencia de los medios, la Fundación Compromiso y Transparencia elaboró el informe Primera Plana, en el que analiza las políticas y procesos que fuesen públicos en la web de los principales grupos españoles de cara a proteger su independencia y credibilidad.

Para seleccionar las áreas relevantes de información relacionadas con la credibilidad e independencia de los medios, nos basamos en diferentes fuentes de información: regulación general y específica del sector, informes referentes sobre la responsabilidad del sector de los medios de comunicación, estándares internacionales sobre rendición de cuentas y mejores prácticas internacionales.

Como fruto de esa investigación se identificaron cinco áreas relevantes (Propiedad, Gobierno, Información Económica, Creación y Divulgación de Contenidos Editoriales y Cumplimiento) que afectan directamente a la credibilidad e independencia del medio y que se concretaron en 19 indicadores.

Muestra
Para la elaboración del informe, seleccionamos 20 empresas informativas que gestionan medios de comunicación de información general en España: Atresmedia, COPE, Diario SL, Grupo Godó, Hermes Comunications, Imagina Media, Intereconomía, Joly, Mediaset, Nohacefaltapapel, Planeta, Prensa Ibérica, Prisa, Promicsa, RCS Media Group, Segre, Titania, Vocento, Voz y Zeta.

Desde el punto de vista de la transparencia, es importante señalar la diferencia entre aquellas empresas que cotizan en bolsa y las que no. Como es bien sabido, las empresas que cotizan en bolsa (Atresmedia, Mediaset, Planeta, RSC Media Group y Vocento) están legalmente obligadas a proporcionar determinada información a través de la web. Asimismo, a publicar un Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que deben proporcionar una información muy detallada sobre la estructura de propiedad y el órgano de gobierno.

Resultados y recomendaciones
La conclusión general del informe es que la gran mayoría de los grupos de comunicación no proporciona información sobre sus accionistas, sus políticas de gobierno y de cumplimiento, sus sistemas de control de riesgos, sus códigos de autorregulación, sus mecanismos para gestionar sus conflictos de intereses, etc. Entre otros resultados, Primera Plana subraya que:

  • Ninguno de los 20 grupos de comunicación informa de las competencias específicas del Consejo de Administración relacionadas con la gestión de riesgos asociadas a la credibilidad e independencia editorial
  • Ninguno de los 20 grupos de comunicación cuenta con un informe específico (gestión, sostenibilidad, integrado, responsabilidad corporativa) que aborde los riesgos asociados a la falta de independencia o credibilidad
  • Solo el grupo Vocento informaba del porcentaje de ingresos de los principales anunciantes en relación con los ingresos totales del grupo
  • Solo el grupo Prisa hacía público el código deontológico sobre elaboración de contenidos editoriales
  • Tan solo un grupo hacía públicos sus políticas sobre contenidos editoriales patrocinados
  • Ningún grupo hace público su sistema para verificar el cumplimiento de sus políticas y procesos relacionados con la protección de la credibilidad e independencia ni la formación que imparte a sus empleados sobre estos temas

El informe Primera Plana concluye con un conjunto de recomendaciones fruto de los resultados de su análisis, entre las que destacamos las siguientes:

  1. Los grupos de comunicación deben prestar más atención a la composición de la propiedad, asegurando que los accionistas más significativos estén comprometidos con los valores que refuercen la credibilidad e independencia editorial
  2. El Consejo, bien directamente o a través de alguna de sus comisiones, debe aprobar y supervisar las políticas y procesos tendentes a proteger la credibilidad e independencia editorial del grupo
  3. Sería recomendable que el Consejo apruebe un informe en el que se analicen los riesgos específicos que puedan afectar la credibilidad e independencia del medio, se concreten objetivos anuales y se rinda cuenta de su cumplimiento
  4. Los manuales de estilo y códigos deontológicos analizados deben concretar mucho más las pautas que han de seguir los periodistas en el proceso informativo. Las referencias genéricas en los códigos éticos de los grupos de comunicación a la credibilidad, la libertad de expresión, la defensa de la dignidad, etc. no son de utilidad si no abordan pautas específicas dirigidas a los redactores y periodistas en la elaboración de contenidos editoriales
  5. Los medios españoles deberían ser mucho más transparentes en la creación y divulgación de los contenidos patrocinados
  6. Se echa en falta un área cuya misión sea velar por el cumplimiento del código deontológico y la formación de los empleados sobre estos temas

Conviene aclarar que el informe no evalúa la independencia y credibilidad editorial de los medios, cuestión, por otra parte, muy compleja y difícil de abordar, sino la falta de transparencia en la información relativa a las políticas y mecanismos dirigidos a salvaguardar la credibilidad e independencia editorial. Se trata de una cuestión relacionada con el riesgo del negocio y que, como tal, le corresponde supervisar al Consejo de Administración. Por ello, el informe se dirige principalmente a los miembros de dichos consejos. Son ellos los que tienen la principal responsabilidad de identificar y supervisar los aspectos que pueden poner en riesgo la credibilidad editorial.

La intención de la Fundación Compromiso y Transparencia es publicar anualmente este informe y elaborar un ranking de los grupos de comunicación, como viene haciendo con otros informes similares. El objetivo que se persigue con la publicación de esta clasificación es generar incentivos, mediante la exposición pública de los resultados, para que las empresas de comunicación vayan incorporando de manera voluntaria esas buenas prácticas. El transcurso del tiempo nos dirá si lo hemos logrado. 

 

ÁREAS E INDICADORES

Propiedad

1.1. La empresa hará público el nombre de sus accionistas significativos (en estos momentos, en España se entiende que un accionista dispone de participación significativa cuando posee al menos un 3% del capital social)
1.2. Los accionistas significativos deberán hacer público sus particiones en otras empresas y otros medios de comunicación diferentes del grupo, así como si ocupan o han ocupado en los últimos tres años un puesto en algún partido político o en la Administración Pública
1.3. La compañía informará de las medidas que haya tomado (limitar el porcentaje de la propiedad en manos de un accionista, constitución de un trust o fundación propietario de las acciones, etc.) para evitar que algún accionista pueda poner en riesgo la independencia editorial del grupo

Gobierno

2.1. La empresa publicará la composición de su Consejo de Administración, especificando los cargos que los consejeros tengan en otras empresas, ya sea como ejecutivos o miembros del Consejo
2.2. La empresa hará público los criterios de selección de sus consejeros que haya tomado en consideración para reforzar la credibilidad o independencia editorial
2.3. La empresa informará de las competencias del Consejo en relación con la gestión de los riesgos que afecten a su credibilidad e independencia del grupo
2.4. La empresa hará público un informe en el que identifique los riesgos asociados a la credibilidad editorial, las acciones previstas para mitigarlos, los objetivos
anuales y los resultados alcanzados

Información Económica

3.1. La empresa publicará la cifra de ingresos procedentes de la publicidad institucional, especificando la cuantía, el nombre del cliente y el porcentaje sobre los ingresos totales
3.2. La empresa publicará el nombre y la cuantía de sus anunciantes cuando estos superen el 5% de los ingresos totales. En el caso de que ningún anunciante supere esa cantidad, también deberá mencionarlo

Creación y Divulgación de Contenidos

4.1. Contenidos de riesgo. Publicación de directrices editoriales que incluyan la definición explícita de los diferentes contenidos de riesgo y su tratamiento en cada caso
4.2. Respeto al honor y la intimidad. Publicación de directrices editoriales que incluyan la definición explícita del respeto al honor y la intimidad
4.3. Veracidad de la información. Publicación de directrices editoriales que incluyan procedimientos de búsqueda de información, contraste y elaboración
4.4. Libertad de expresión. Publicación de directrices editoriales sobre procedimientos que garanticen la libertad de expresión a los profesionales del medio
4.5. Conflictos de intereses de los periodistas. Publicación de directrices editoriales y procedimientos para garantizar la independencia en conflictos de intereses de los periodistas: regalos, pagos, colaboraciones, amistades, viajes, etc.

4.6. Etiquetado de contenidos patrocinados. Publicación de directrices editoriales y procedimientos para regular la relación con los anunciantes, con el fin de garantizar la integridad e independencia editorial y comunicar con transparencia los contenidos editoriales patrocinados o de pago (branded content)

4.7. Protección de los lectores. Publicación de directrices editoriales que garanticen la rectificación en los supuestos de falsedad o error y la posibilidad de ofrecer su versión de los hechos a las personas afectadas por las noticias

Cumplimiento

5.1. La empresa informará sobre el sistema para verificar el cumplimiento de sus políticas y procesos relacionados con la protección de la credibilidad e independencia
5.2. La empresa informará de la formación impartida a sus empleados sobre los principios y los códigos éticos
5.3. La empresa informará en un lugar visible sobre la existencia y funcionamiento de los canales de denuncia y los resultados anuales de las denuncias