La decisión de la Comisión Europea de prohibir que el canal de televisión Russia Today y la agencia de noticias Sputnik puedan emitir contenidos en todo el territorio de la Unión Europea ha abierto una controversia sobre los límites de la libertad de expresión en un contexto de guerra y sobre los procedimientos para combatir las nuevas amenazas híbridas, que incluyen la desinformación como uno de sus principales instrumentos. ¿Es legítima la decisión? ¿Es la prohibición de medios la mejor forma de combatir la desinformación?
La difusión de informaciones falsas o sesgadas es un arma que se utiliza cada vez con más frecuencia en situaciones de conflicto. Su finalidad es influir sobre la opinión pública y obtener así unos resultados políticos. En la invasión de Ucrania se ha recurrido también a esta estrategia y un ejemplo extremo de manipulación ha sido la difusión en las redes sociales de un vídeo en el que el presidente Volodímir Zelenski pedía a sus soldados que se rindieran a las tropas rusas. Era falso y estaba claramente destinado a romper la cohesión del ejército ucraniano y debilitar la resistencia frente al invasor.
Tanto Russia Today como Sputnik llevan años tratando de incidir en la opinión pública occidental mediante la difusión de informes y noticias falsas, datos engañosos y teorías de la conspiración, en apoyo de la estrategia del Gobierno de Vladimir Putin, que tiene como prioridad la erosión del proyecto europeo, debilitar la unidad interna de la Unión Europea (UE) y la promoción de diversos populismos con potencial para desestabilizar los regímenes democráticos. Las amenazas híbridas han encontrado un poderoso aliado en la capacidad de penetración, ubicuidad y viralidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Las sociedades democráticas tienen el derecho y la obligación de defenderse, pero han de hacerlo dentro de los límites del Estado de derecho.
El peligro que representan los bulos, la propaganda de guerra y las campañas de intoxicación llevó a las instituciones europeas a crear en 2015 el Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este (East StratCom Team), una unidad de vigilancia adscrita al Servicio Europeo de Acción Exterior cuya misión es detectar estas nuevas formas de amenaza híbrida, contrarrestar las campañas de desinformación y divulgar los valores de la UE. Este organismo tenía en su punto de mira a los dos medios propiedad de la Federación de Rusia, que se habían mostrado especialmente activos tras la anexión de Crimea y el inicio del conflicto del Dombás en 2014. La invasión de Ucrania ha propiciado ahora una escalada que ha llevado a la Comisión Europea a tomar una decisión sin precedentes: vetar a Russia Today y Sputnik la difusión de contenidos en cualquier tipo de soporte.
En el reglamento en el que se ampara la decisión, emitido el pasado 1 de marzo, se argumenta que el Gobierno de Rusia “ha emprendido una campaña internacional sistemática de manipulación informativa y de distorsión de los hechos con la que pretende intensificar su estrategia de desestabilización de los países vecinos, así como de la Unión Europea y sus países miembros”. Y lo hace “atacando de forma reiterada y constante” a los partidos políticos -especialmente en periodos electorales-, a la sociedad civil, a los solicitantes de asilo, a diversas minorías y al funcionamiento de las instituciones democráticas.
Una decisión que afecta de forma tan directa a la libertad de expresión debe justificarse basándose en infracciones concretas, no por conductas genéricas
Aunque todo eso sea cierto, Russia Today y Sputnik no son los únicos medios que desinforman e intoxican. Además, ¿quién tiene potestad para definir qué es un ataque a las instituciones democráticas europeas? ¿Y qué significa en este caso atacar? Las críticas a la decisión de la Comisión Europea vienen tanto por la forma como por el fondo. Respecto de la forma, diferentes juristas han argumentado que un órgano ejecutivo como la Comisión Europea no puede clausurar un medio de comunicación. Una decisión tan grave y que afecta de forma tan directa a la libertad de expresión y al derecho a la información debe justificarse basándose en infracciones concretas y no por conductas genéricas, al amparo de una normativa claramente aplicable, y siempre por mandato judicial con posibilidad de defensa. En un Estado de derecho, el principio de legalidad debe operar siempre. No puede haber excepciones. Las directivas que se invocan no permiten, según estos juristas, tomar la decisión de la forma en que se ha hecho.
Asimismo, en un régimen de pluralidad informativa pueden convivir medios con diferentes cosmovisiones informativas y distintas formas de propiedad. Quienes consideran justificada la medida argumentan que no se está actuando contra medios de comunicación libres, sino contra dos aparatos de propaganda de una potencia extranjera agresora. Si así fuera, habría que reconocer que se está aplicando de facto una política de guerra, pero en el contexto de una guerra no declarada, ni por parte de Rusia ni por parte de la UE.
Las democracias no pueden utilizar para combatir sus amenazas los mismos procedimientos que utilizan los regímenes autocráticos
A nadie se le escapa que dejar de actuar significa en este caso dar ventaja a una potencia agresora que ha vulnerado de la forma más grave posible la legalidad internacional, que no respeta la libertad de prensa, persigue la disidencia política y persigue el periodismo independiente. No resulta fácil defenderse contra un agresor de esta naturaleza ni protegerse frente a la desinformación que difunde como parte de su estrategia de guerra.
Pero las democracias no pueden utilizar para combatir sus amenazas los mismos procedimientos que utilizan los regímenes autocráticos. Y hay que valorar también los efectos que una prohibición de esta naturaleza tiene en el orden democrático cuya defensa se invoca. Las libertades y los derechos fundamentales se defienden practicándolos. La desinformación debe combatirse con rigor periodístico y con información de calidad que desenmascare las manipulaciones. La prohibición o cualquier forma de censura que no esté claramente amparada en una justificación legal previamente tipificada no solo no es la respuesta democrática adecuada, sino que refuerza a quienes no creen en las libertades democráticas.
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