Fuerte dependencia del poder político

La endeblez del sistema mediático griego

Desde 2010, la crisis económica ha puesto de manifiesto las precarias raíces de los medios de comunicación helenos y la frágil y a veces disfuncional estructura de las empresas mediáticas helenas, con lastres como la fuerte dependencia del poder político.


MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO*

El último informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) deja en mal lugar a Grecia. No solo por el puesto que le corresponde en una clasificación de 180 países (el 88.º, por debajo de vecinos balcánicos como Serbia y Kosovo), sino porque el estudio constata la existencia de “problemas significativos” que afectan a la libertad de prensa. Sin embargo, el mal diagnóstico no constituye una novedad, solo la demostración de un deterioro prolongado en el tiempo. Siete largos años de crisis han sacado a la luz las precarias raíces de los medios de comunicación helenos, y revelado la frágil y a veces disfuncional estructura de las empresas de comunicación, con lastres como la fuerte dependencia del poder político (medios como correas de transmisión de partidos).

La endeblez del sector es tal que algunos de los medios fundados en los 90 por empresarios mediáticos inopinados, al calor de una burbuja desarrollista que pronto se deshizo, han sido embargados o se encuentran al borde de la quiebra, especialmente en el sector audiovisual. La servidumbre del poder, de cualquier signo, y el funcionamiento de empresas un tanto amateurs han dominado esta travesía del desierto que aún no ha terminado. El último dato recabado es también negativo: en 2016, la venta de diarios cayó cerca del 16% (casi un 9%, solo en lo que va de año), según datos hechos públicos el 27 de abril por la Asociación Nacional de Editores de Prensa.

El gremio de los periodistas ha quedado condenado al subempleo

Antaño privilegiado, por la potente representatividad de su sindicato, las buenas condiciones laborales y el escaso porcentaje de paro, y hoy condenado al subempleo –cuando lo hay, con sueldos de 500 euros en digitales–, el gremio de los periodistas refleja a la perfección una realidad hecha añicos a partir de 2010, año en que se firmó el primer rescate. A este habrían de seguir dos más, hasta dibujar un panorama en el que todos los segmentos de la sociedad griega –y el de los medios no es precisamente una excepción– han quedado menoscabados, como demuestran la pérdida de más del 25% del PIB desde entonces y un recorte de hasta el 60% de los salarios.

Las demandas de la troika de acreedores (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) han irrumpido en el sector a la manera del demiurgo que mueve gran parte de los hilos. Por exigencias del memorándum y sus consabidos recortes, en junio de 2013, el Gobierno de Atenas (entonces un tripartito de conservadores, socialdemócratas y un pequeño partido de centroizquierda) cerró de la noche a la mañana la radiotelevisión pública, un ente elefantiásico con casi 2.700 empleados. Esta fue reabierta dos años después por el Gobierno de Syriza en cumplimiento de una de sus promesas electorales. El capítulo audiovisual merece mención aparte, por la anomia en que las distintas frecuencias han venido operando desde los 90, y por el frustrado intento del Gobierno de Alexis Tsipras de reordenar, en el verano de 2016, el panorama, enmarañado y endeudado hasta la médula.

Menor pluralidad, mayor concentración mediática y una palpable (auto)censura

A la mayor precariedad de soportes e ingresos le han sucedido, es obvio, una menor pluralidad informativa, una mayor concentración de los medios supervivientes y una palpable (auto)censura, con escandalosos episodios políticos, administrativos o judiciales contra algunos informadores, algunos de los cuales se repasarán más adelante. La narrativa de la crisis, es decir, la articulación de un discurso protroika o antiausteridad, según los casos (derecha versus izquierda, por resumir), no ha sido ajena en absoluto a la decantación de los medios (y de sus consumidores), y a la tímida reorganización de algunos de ellos en el infinito umbral de posibilidades de la red. El discurso oficial de la crisis –a saber, que Grecia debe acometer cuantos ajustes sean menester si desea seguir en la eurozona– ha posicionado a la población griega mayoritariamente en contra de los medios convencionales o tradicionales: según el Eurobarómetro número 80 (noviembre de 2013), Grecia presenta el nivel más bajo de confianza en los medios de comunicación de toda la Unión Europea. Únicamente las nuevas cabeceras en internet, con sus luces y sombras, se salvan de ese feroz desapego. Muy notable es la relevancia adquirida por proyectos alternativos como los blogs sociopolíticos, entre ellos el muy solvente Macropolis.

Breve repaso histórico
Solo la pasión con que los griegos viven la política, casi como si de una disciplina olímpica se tratara, puede explicar el sinfín de cabeceras existentes en la Grecia de los años 80, cuando el país daba sus primeros pasos en libertad tras la caída de la dictadura militar (1967-1974) y la restauración de la democracia, en un contexto político efervescente. Las generosas subvenciones con que el Estado –es decir, los correspondientes Gobiernos– alimentaban la industria no son hoy más que un pálido recuerdo. Solo en Atenas se podían contar entonces, excluidos los deportivos, casi una veintena de periódicos: la mayoría, órganos de expresión de partidos; innumerables medios locales y un parvo panorama audiovisual, de monopolio estatal. Veinte años después, y tras la aparición de los canales privados de televisión –en paralelo a su eclosión en otros países del entorno mediterráneo europeo, como España–, un repaso al panorama mediático describe a la perfección la hipertrofia que tan bien esbozó en sus primeras novelas el escritor Petros Márkaris: un universo de entrometidos periodistas de investigación, insufribles y aviesos divos de talk shows y tiburones de las finanzas mediáticas tan arrojados como inexpertos. 

En marzo de 2014 –ya en plena crisis–, en Grecia (once millones de habitantes) había ocho canales de televisión de ámbito nacional, uno de ellos, público; casi 110 canales televisivos locales; un millar de cadenas de radio; más de 25 periódicos de tirada nacional, entre diarios y dominicales (ediciones especiales de fin de semana), y un número incontable de periódicos locales. Los datos proceden del capítulo “Los principales narradores”, de Yannis Tsirbas, en el volumen colectivo Grecia: aspectos políticos y jurídico-económicos de la crisis, coordinado por Irene Martín e Ignacio Tirado y editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2015). 

En esta sucinta introducción histórica no puede faltar mencionar, aun someramente, un concepto que sustenta, alimenta o envenena, según lo enuncien sus defensores o sus detractores, el opaco entramado de intereses, y connivencias, de empresarios y políticos y que explica bien no solo buena parte de las reglas del juego mediático, sino también el propio devenir de la crisis y el papel de uno de sus actores clave, la corrupción. Es la διαπλοκή, una maraña indefinida de intereses que concita la intervención de políticos, banqueros (manteniendo artificialmente vivos a muchos medios) y empresarios. La mención no es baladí, pues retrata algunos de los males de los media griegos, en especial del sector audiovisual, como el endeudamiento y la práctica bancarrota del canal privado Mega TV, otrora el más importante del país y que desde agosto de 2016 emite solo programación enlatada, por falta de medios para la producción siquiera de informativos, ya que sus cuentas fueron bloqueadas por los bancos. 

Este tejido de intereses de la διαπλοκή alimenta también la señalada concentración de medios que ha caracterizado el panorama informativo de los últimos años: en 2014, cuatro de los cinco periódicos de mayor tirada estaban relacionados con uno o más canales de televisión; las principales estaciones de radio estaban vinculadas a alguna de las grandes cadenas televisivas o algún diario (con frecuencia, a ambos); la mayoría de los medios importantes, en fin, tenían su propio portal informativo o su web, recuerda Tsirbas en el citado artículo. Los empresarios detrás de esos grupos de comunicación son mayoritariamente empresas constructoras y navieras sin experiencia previa en el campo de la información o comunicación.

La ruleta televisiva
Con la desregulación y la privatización de la radio en 1987 y la de la televisión en 1989 concluyó el monopolio estatal de medios. En la década de los 90, el Estado intentó regular a posteriori, sin éxito, un nuevo mercado, después de que la población demostrara su clara preferencia por las cadenas privadas, que seguían el modelo de la televisión estadounidense: los programas matutinos (dominados por enloquecidas tertulias políticas, con la pantalla compartimentada en celdillas para albergar la imagen de todos los disonantes tertulianos) y los telediarios constituyen aún hoy la principal fuente de información de la ciudadanía; triunfa además el modelo de las series de situación, o soap operas, tanto de producción propia como importadas de España o de la enemiga Turquía, así como las franquicias locales de realities internacionales. A finales de los 90, asimismo, se redefinieron los perfiles de los canales públicos hasta configurarse los tres de la radiotelevisión pública (ERT, en sus siglas griegas) que existieron hasta su cierre de 2013.

Grecia, único país de la UE sin TV pública hasta su reapertura

A diferencia de otros episodios ruinosos protagonizados por los medios o por sus profesionales, el estrépito causado por el cerrojazo de la ERT tuvo amplia repercusión internacional. De improviso, Grecia se convirtió en el único país de la Unión Europea sin televisión pública. El Gobierno anunció un cierre total temporal, de tres meses, para acometer un plan de reestructuración que jibarizase considerablemente la plantilla (de casi 2.700 a unas 600). Entre evidentes referencias a la corrupción y al desgobierno del organismo, el portavoz del Ejecutivo calificó ese día (11 de junio de 2013) a la ERT como “un caso único de opacidad y despilfarro inconcebible”. Hasta ese momento, el ente público suponía a los griegos un coste de unos 300 millones de euros al año, mediante un canon que los ciudadanos pagaban a través del recibo de electricidad, mientras que el tamaño de la plantilla cuadruplicaba los estándares correspondientes al número de espectadores y oyentes de que disfrutaba. Los últimos datos de audiencia, en vísperas del cierre, arrojaban un resultado conjunto del 13,4% de share, muy por debajo de las grandes cadenas privadas. El Consejo de Estado (equivalente al Tribunal Constitucional) sancionó la decisión del Gobierno y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) dejó de transmitir la señal analógica y por satélite de la radiotelevisión pública.

Tres meses después salió al aire Televisión Pública (DT, en sus siglas griegas), un ente transitorio, con una parrilla muy escueta de informativos y viejos programas, documentales y películas pertenecientes en su mayoría al archivo de la ERT, además de abundantes partidos de fútbol. Su plantilla, de 580 personas, fue blanco de las críticas por un proceso de selección considerado poco transparente y afín en exceso a la sintonía política con el Gobierno, con resultados además muy parvos en materia de share. Duró poco y no despertó ningún interés de la audiencia. Dos años después del cerrojazo, la ERT fue reabierta, con el mismo nombre original y parecida plantilla a la de antes, por el Gobierno de Alexis Tsipras el 11 de junio de 2015, en cumplimiento de una de sus principales promesas electorales. Una decisión claramente política, la enésima sobre medios en la travesía de la crisis. Los acreedores pusieron el grito en el cielo, por el gasto suplementario que supondría relanzar de nuevo el enorme ente, pero el Ejecutivo recordó la existencia del canon y aseguró que la reapertura de la ERT no tendría impacto fiscal.

Frustrado reordenamiento audiovisual
Del atribulado y tormentoso periodo que lleva Alexis Tsipras al frente del Gobierno griego (ganó las elecciones en enero de 2015, y revalidó victoria en septiembre de ese año en unos comicios anticipados), puede que el revés más notorio a su desempeño haya sido el dictamen del Consejo de Estado –el mismo que en 2015 había avalado el cierre de la ERT– en contra de su reforma audiovisual, presentada por el Ejecutivo como un intento de reordenamiento de licencias televisivas. La iniciativa, uno de sus mayores caballos de batalla, pretendía acabar con la alegalidad y la trama de corruptelas existente, aunque para la oposición se trató de yugular indisimuladamente la libertad de expresión y de sustituir ese denso entramado de intereses por el suyo propio (la mayoría de los canales privados eran muy críticos con Tsipras). 

La máxima instancia administrativa del país resolvió en octubre de 2016, por 14 votos frente a once, declarar inconstitucional la reforma audiovisual, ya que consideró que el Gobierno actuó contra la ley al subastar por su cuenta licencias de emisión, una prerrogativa que la Constitución reserva a un regulador independiente. El origen del fallo fue la subasta, por parte del Ejecutivo y en agosto pasado, de cuatro licencias de emisión por 246 millones de euros, lo que reducía a la mitad el mapa de los canales privados. Fueron los empresarios de comunicación que quedaron fuera del reparto, entre ellos los dueños de Mega TV, los que recurrieron la reforma al Consejo de Estado. Como respuesta, el Gobierno resolvió que los canales siguieran funcionando con permisos provisionales de un año –según el proyecto de ley invalidado, los excluidos, como Mega, deberían haber cerrado en diciembre– hasta que el organismo regulador de medios pueda organizar una nueva subasta. 

En Grecia, las frecuencias de radio y televisión son propiedad pública y, como establece la Constitución, la regulación del mercado es potestad del Consejo Nacional de la Radio y la Televisión (ESR, en sus siglas griegas), una institución independiente, formada por representantes de los partidos con presencia en el Parlamento, a la que ahora corresponde determinar las nuevas reglas del juego para la licitación de frecuencias si el Gobierno quiere sacar adelante, revisada, su propuesta. 

En la práctica, y hasta la fallida reforma del verano de 2016, ningún canal de televisión privado de cobertura nacional contaba con licencia permanente, y la emisión dependía en la práctica de la repetida negociación del empresario en cuestión con el Ejecutivo de turno. La expedición de licencias fue regulada expresamente por vez primera por el primer rescate (2010), y por exigencias de la troika, aunque nunca llegó a aplicarse. En noviembre de 2013 –cuatro meses después del cierre del ente público ERT–, el Gobierno de Andonis Samarás (bipartito ya, formado por la conservadora Nueva Democracia y el socialdemócrata Pasok) liberó mediante una enmienda provisional a todas las cadenas de cualquier tipo de obligación, permitiéndoles emitir libremente en digital, una especie de cheque en blanco no sin contraprestaciones: la citada narrativa oficial de la crisis ha tenido en los grandes canales privados uno de sus principales puntales.  

Diarios de capa caída
La crisis financiera se ha llevado por delante un sinnúmero de diarios en papel y ha debilitado una de sus principales ofertas: las ediciones de fin de semana, que habían conocido un gran éxito durante las últimas décadas gracias a los suplementos y las múltiples ofertas (DVD, cedés, libros, guías) que las acompañaban, hasta el punto de convertir los quioscos en auténticos bazares en la tarde de los sábados, cuando los dominicales se ponían a la venta. La agonía de cabeceras como Eleutheros Typos (centroderecha) o Eleutherotypia (centroizquierda) se prolongó durante años, con impago de sueldos a sus trabajadores, hasta que ambos se vieron obligados a echar el cierre. Del equipo de Eleutherotypia surgió hace dos años el diario Efimerida ton Syntakton (Diario de los redactores), un experimento colectivo en régimen de cooperativa que, de momento, goza de cierta salud tanto en su edición impresa como en la digital, aunque los críticos ven en ello la mano oculta del Gobierno (el diario H Afyí, órgano de Syriza, sigue abierto, pese a vender solo 4.000 ejemplares, recuerdan los críticos). Las franquicias locales de CNN (en el aire desde 2015) o el digital Huffington Post (2014) han actuado como coche escoba para algunos de los cientos de periodistas que se quedaron en la calle. El ánimo regulador del Ejecutivo impulsó también en marzo pasado el registro y regulación de los medios digitales, si bien el número de portales informativos online resulta aún escaso en comparación con los demás países europeos.

Pero, en lo tocante a la prensa tradicional, nada más revelador que el episodio de cierre y reapertura inmediata protagonizado recientemente por dos veteranas cabeceras, cuyo devenir  ilustra cuánto se ha acelerado la descomposición del escenario tradicional por culpa de la crisis. En febrero, el diario Ta Nea, otrora superventas, y el semanario To Vima, ambos del grupo de comunicación Lambrakis (Dol, en sus siglas griegas, uno de los mayores del país, que también posee una emisora de radio, una agencia de prensa y varias revistas y webs), cerraron asfixiados por las deudas (99 millones de euros solo en dos meses) y sin que la oficiosa y parece que insuficiente mediación del Gobierno con los acreedores diera frutos. 

“El semanal To Vima y el diario Ta Nea se ven obligados a cesar en sus actividades en unos días, debido a razones financieras (…). Dol carece de recursos, y como consecuencia de ello, no puede afrontar el coste de la impresión de los diarios y, obviamente, tampoco el libre desarrollo de operaciones de los [otros] medios que posee”. Dol es también uno de los accionistas del canal de televisión privado Mega, citado anteriormente, en su día una historia de éxito y que el año pasado fue privado de licencia de emisión, por su fuerte endeudamiento, en la (frustrada) subasta que el Gobierno montó para “reorganizar el sector audiovisual”. El presidente de Dol, además, ha sido investigado por evasión fiscal y lavado de dinero. De nuevo, la sombra de la διαπλοκή cerniéndose sobre un sector maltrecho por la mala gestión.

Como casi todo en Grecia, el caso pronto descendió a la arena política. Abiertamente críticos con el Gobierno de Alexis Tsipras, los patrones de Dol aseguraron haber sido víctimas, como otros grandes empresarios de comunicación griegos, de una campaña para “restablecer la transparencia” en un sector que el Ejecutivo considera un coto de oligarcas. De ahí que el cierre supusiera también, según el comunicado del cese de actividades, una clara amenaza a la libertad de expresión y al “periodismo libre”, que sus profesionales pretendían seguir conjurando, “luchando por el rescate del grupo y de sus publicaciones”. Dicho y hecho, apenas unas semanas después del cierre, del que se hizo eco toda la prensa internacional, Ta Nea y To Vima, con una plantilla de 500 empleados, volvían a los quioscos y a internet tras garantizarse una nueva inyección de fondos. Su viabilidad depende ahora del mejor postor.

Libertad de expresión, en entredicho
La Constitución griega garantiza desde 1975 la libertad de expresión y de prensa, pero el caso del periodista Kostas Vaxevanis y los serpenteantes procesos judiciales en su contra ilustran un claro déficit al respecto, en un proceso tristemente célebre allende las fronteras helenas. En octubre de 2012, la policía detuvo al informador, muy conocido por anteriores programas de investigación televisivos, por divulgar la llamada “lista Lagarde”, en la que figuraban los nombres de 2.059 griegos con cuentas bancarias en Suiza. En la relación aparecían al menos los de tres políticos –dos de ellos de Nueva Democracia, partido entonces en el Gobierno– como titulares de cuentas de la entidad HSBC. El periodista, editor en esa época de un quincenal llamado Hot Doc (periodismo de investigación en versión impresa), compareció en un juzgado de Atenas acusado de violar datos confidenciales. La fiscalía solicitó dos años de cárcel para él. Un juez lo exoneró en primera instancia, y otro volvió a procesarle, convirtiéndose el proceso en un zigzag de recursos y apelaciones que aún colea.

El juicio a Vaxevanis significó “un acto de censura total”

El juicio a Vaxevanis provocó duras críticas a Grecia por parte de organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa. A las advertencias formuladas por RSF, la Federación Europea de Periodistas e incluso la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) se sumó la de la Unión de Editores de Diarios de Atenas: todos ellos convinieron, grosso modo, en que se había perpetrado “un acto de censura total”.

Pero no fue el único afectado en ese lapso, que coincidió además con el peor pico de la crisis económica. Como si la censura en Grecia hubiese adquirido de repente la condición de una mancha de aceite, ese mismo otoño, casi a la par que el episodio de Vaxevanis, el director de Informativos de la televisión pública (entonces ERT) decidió cancelar “hasta nueva orden” el programa matinal de la primera cadena, Proiní Enimerosi (Información Matinal), por referirse abiertamente a un supuesto episodio de tortura policial a militantes antifascistas, recogido en su día por el diario The Guardian. La referencia al ministro de Orden Público y a las supuestas torturas costó el puesto a los dos presentadores del programa, los periodistas Kostas Arvanitis y Marilena Katsimi. Arvanitis subrayó entonces que la dirección del programa venía recibiendo “sustanciales amenazas de miembros del Gobierno y de partidos”. “La siempre precaria libertad de expresión en Grecia es hoy papel mojado”, escribió entonces la periodista griega Maria Margaronis en The Nation.

Last but not least [por último, si bien no menos importante], las diversas apelaciones de la fiscalía por el caso Vaxevanis coincidieron, además, con la noticia de la imputación del delito de blasfemia –en Grecia está tipificada, con penas de hasta dos años de cárcel, aunque en la práctica se resuelven con multas– al elenco de una obra de teatro, Corpus Christi, que presentaba a Jesucristo y los apóstoles como gais. La obra se representó en Atenas hasta que la presión de grupos neofascistas –entre ellos, diputados de Aurora Dorada, tercer partido en el Parlamento heleno– y ultrarreligiosos hizo que el teatro decidiese suspender las funciones, en lo que muchos consideraron la culminación de una ofensiva generalizada contra la libertad de expresión en el país. Aunque el caso se diluyó posteriormente, al elenco de Corpus Christi (productor, director y actores) se les imputaron los cargos de “insulto a la religión [ortodoxa]” y “blasfemia maliciosa”. La ofensiva ortodoxa contra presuntos blasfemos se amplió a las redes sociales, con periódicas noticias de blogueros, cuando no simples usuarios de internet, perseguidos por impíos.

 

Periodista de la sección de Internacional del diario El País, especialista en Grecia

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