La inestabilidad, incertidumbre y desconfianza que ha provocado Donald Trump con las primeras medidas de su segundo mandato han llevado a los tribunales estadounidenses a poner freno a algunas de estas decisiones, no solo a la imposición de aranceles a productos extranjeros, sino también a aquellas que afectan al Estado de derecho o a las libertades, como la de prensa, uno de los pilares que han hecho de EE. UU. ser la primera democracia del mundo y el faro de la libertad que ilumina al orbe libre.
* DAVID CORRAL HERNÁNDEZ
Pasados ya los primeros 100 días de su segundo mandato como presidente de EE. UU., Donald Trump ha marcado claramente la hoja de ruta de su administración y políticas: cambiar, y hacerlo por imposición. Tan claro no parece el rumbo. En apenas un trimestre, con la colaboración o el silencio de los grandes magnates, especialmente de Elon Musk en su breve papel de líder transformador del sector público, ha “llevado a cabo el cambio más profundo en Washington en casi 100 años”, en palabras del propio Trump. A golpe de las decenas de órdenes ejecutivas que ha firmado y de los mensajes lanzados en sus redes sociales, el mandatario estadounidense ha sacudido la economía global, puesto en duda relaciones históricas con vecinos y aliados como Europa o la OTAN y amenazado con represalias y acciones judiciales a quienes no apoyen su política MAGA (“Make America Great Again”).
La política del caos o el caos como política
Steve Bannon, expresidente del medio ultraconservador Breitbart News y uno de los asesores más cercanos de Trump en la Casa Blanca durante su primer mandato, fomentó desde su posición el “caos” a través del uso masivo y muy dirigido de redes sociales y algoritmos, afines, en beneficio de la narrativa y actividades de Trump, o para taparlas, saturando “la zona con mucha mierda para que al final no se sepa qué es la verdad y qué es la mentira”. Una mentira de la que también participa el actual vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien aseguró durante la campaña de 2024 que llevó de nuevo a Trump a la presidencia que “si tengo que crear historias para que los medios de comunicación estadounidenses presten realmente atención al sufrimiento del pueblo estadounidense, eso es lo que voy a hacer”.
En su primer mandato, Trump introdujo en la política global dos conceptos, las fake news y los “hechos alternativos”, eufemismos con los que crear a base de mentiras una nueva narrativa y una nueva realidad, teóricamente la cierta, cuando los intereses u objetivos presidenciales no coincidían con los hechos publicados por los medios.
Trump, en la campaña por su segundo mandato, fue ganando posiciones agitando una crisis de identidad nacional y el rechazo a las iniciativas medioambientales o a las políticas woke, de política de género y raciales, que tan presentes estuvieron en el Gobierno del demócrata Biden. Para evitar la decadencia de “la tierra de los libres y el hogar de los valientes” (The Star-Spangled Banner, himno nacional desde 1931), de la todavía potencia económica, militar y tecnológica preeminente del mundo, Trump se declaró a sí mismo como el “único” candidato capaz de salvar Estados Unidos.
Las 'fake news' y los 'hechos alternativos', eufemismos con los que crear a base de mentiras una nueva narrativa y una nueva realidad
Sus medidas, una vez tomada posesión del cargo y los mandos del poder presidencial desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, no fueron pocas ni tardaron poco en producirse. Tampoco son escasos, probablemente ninguno, los habitantes del planeta que no han notado alguno de sus efectos. Las decenas de órdenes ejecutivas firmadas, en cantidad y ritmo históricos, y los mensajes lanzados a través de redes sociales como X o Truth Social, propiedad de Trump Media & Technology Group (TMTG), han pretendido, bajo las consignas “America First” y “Make America Great Again”, recordar su “destino manifiesto” o la idea del “Imperio de la libertad” propuesta por Jefferson durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
El resultado ha sido evidente y sobradamente conocido con una palabra destacando en este contexto: “retaliation” (represalias). En política exterior, Donald Trump, quien ya contemplaba en su libro The Art of the Deal la obtención de ventajas a través de amenazas creíbles, generar tensión y capitalizar su confusión, pretende restaurar el liderazgo estadounidense en un mundo cada vez más inestable de manera unilateral, autocrática y disruptiva. Para ello, ha abandonado el multilateralismo, el orden mundial de posguerra bajo la Pax Americana, así como organizaciones internacionales clave, ya sean de la ONU como de otras instituciones. Entre ellas están el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que fue miembro fundador en 1948 y de la que era el mayor donante.
Además, ha amenazado con tomar el control o “comprar” territorios soberanos como Canadá, Panamá, Groenlandia y Gaza. Ha renombrado el Golfo de México. Ha causado una nociva fractura de la histórica relación de Washington con Europa. La OTAN, y su misión o existencia, han quedado en entredicho. El apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia se ha debilitado con algún episodio que el presidente ucraniano hubiera preferido evitar y querría olvidar. El Día de la Liberación (Económica) ha supuesto tensiones con aliados y guerras comerciales, además de una escalada de aranceles entre naciones que ha causado inestabilidad en los mercados mundiales, la desconfianza en el dólar o el miedo a una recesión o al fin de la globalización. Tampoco escapa la diplomacia blanda al haberse puesto fin a la ayuda humanitaria estadounidense, cuyo alcance y beneficiarios son de ámbito global.
Esta reconfiguración de la geopolítica mundial, en la que está quedando gravemente dañada la imagen, reputación e influencia estadounidense o su fiabilidad como aliado, ha ido acompañada también por decisiones de la Casa Blanca en política interna. Los supuestamente milmillonarios recortes del gasto público del sistema federal que han sido impulsados por el todopoderoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Elon Musk y su círculo de confianza hasta su abrupta salida por desavenencias con Trump, no han logrado el objetivo buscado. El caótico recorte presupuestario y el desmantelamiento e intento de control de instituciones federales, en ocasiones argumentados por “motivos de seguridad nacional”, han desafiado el poder y la independencia del poder judicial y de la separación de poderes. Se han expuesto datos protegidos de empleados federales. Se ha amenazado y denigrado a universidades, abogados o medios de comunicación y se han hecho evidentes las venganzas contra personas o empresas no afines al presidente o su círculo más cercano, poniendo en duda, en ciertos casos, la independencia y libertad de algunas instituciones públicas. Y como objetivo evidente de los ataques están, amenazados con causas penales en su contra, los medios y profesionales del mundo del periodismo que se mantienen independientes o no le son favorables.
La democracia, puesta en cuestión
Que las democracias están cediendo paso y presencia a regímenes que pretenden serlo o que no ocultan su verdadera realidad autocrática es un hecho constatado desde hace años en todos los rincones del planeta. Si hace una década el 48% de la población mundial vivía bajo regímenes totalitarios o no democráticos, hoy esta cifra supera ya el 70%. Estados Unidos, considerado como el faro de la democracia y su impulsor en el orden mundial desde mediados del siglo pasado, no es ajeno a esta pandemia de populismo, desinformación, desigualdades y ataques o restricciones a las libertades y derechos.
Estados Unidos no es ajeno a esta pandemia de populismo, desinformación, desigualdades y ataques o restricciones a las libertades y derechos
Entre las medidas ejecutivas tomadas en los primeros días de su Administración, el presidente Trump ha firmado algunas que amenazan las libertades e independencia de los medios de comunicación, tanto en el extranjero como para una amplia cantidad de población estadounidense que vive en regiones que se están convirtiendo en desiertos informativos. Una referencia evidente es la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que publica cada año la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF). En la edición de este 2025, EE. UU. ha descendido dos puestos más, ocupando ahora el 57, detrás de Sierra Leona y Rumanía. En 2022, ocupaba el puesto 42.
El informe señala que las condiciones han empeorado en este nuevo mandato de Trump, también por la intermediación en la distribución de la información de las grandes empresas tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, X…), plataformas mayoritariamente no reguladas y algunos de cuyos dueños son cercanos al presidente.
De impacto mundial ha sido congelar más de 40.000 millones de dólares de financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta decisión, firmada como una orden ejecutiva por Trump en su primer día en el cargo presidencial, dejó drásticamente un vacío de cerca del 47 % de la ayuda humanitaria a nivel global, según datos de la ONU, afectando a todo tipo de programas y proyectos sanitarios, alimentarios, medioambientales, de asistencia en desastres naturales, educación o de fomento de la democracia y derechos humanos. Tanto en Estados Unidos como por las oficinas repartidas por todo el mundo, miles de empleados de la organización, calificados por Trump como “lunáticos radicales de izquierda”, debieron dejar abruptamente sus puestos de trabajo por mandato de la Secretaría de Estado.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en una rueda de prensa que su pretensión era administrar mejor el dinero público y evitar el despilfarro destinado al “transgenerismo” y al “wokismo”. Estos, y otros más variados, son algunos de los argumentos sin pruebas que han servido para alimentar el descrédito y los bulos lanzados por Elon Musk y Donald Trump contra la USAID para justificar sus acciones, medidas que, en opinión de un tribunal federal, eran “probablemente” inconstitucionales.
La congelación de la USAID volatilizó casi 270 millones de dólares en subvenciones para medios independientes e iniciativas de libertad de prensa en más de 30 países
Fundada en 1961, en plena Guerra Fría, con el demócrata John F. Kennedy en la Casa Blanca, la misión de USAID iba más allá de la ayuda humanitaria, era una herramienta de “soft power” (“poder blando”) con el que se cumplían los intereses estratégicos de Estados Unidos a través de la asistencia a países aliados o con los que desgastar, a través de la influencia y el desarrollo, a los no cercanos o enemigos, como en aquella época eran la Unión Soviética y sus satélites. Como dice con buen criterio la exembajadora de EE. UU. ante la ONU y exadministradora de la USAID, Samantha Power, “es mucho más barato apoyar a otros países con la cooperación que respaldar un conflicto armado”. Pieza básica en esta estrategia han sido los medios de comunicación independientes del mundo, para los que EE. UU. era su mayor fuente de financiación.
La Red Mundial de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés) estima que la congelación de la USAID volatilizó casi 270 millones de dólares en subvenciones comprometidas por el Congreso para medios independientes e iniciativas de libertad de prensa en más de 30 países, incluidos aquellos bajo regímenes represivos. Solo en Ucrania, el 90% de las organizaciones de prensa dependían de la USAID; y en el resto del mundo, recibieron su apoyo en 2023 cerca de 6.200 periodistas, más de 700 medios no estatales y unas 280 organizaciones relacionadas con el periodismo o los medios independientes. En riesgo no queda únicamente el futuro o viabilidad económica de los profesionales, está también la amenaza a su seguridad, con el riesgo de que puedan ser revelados datos personales, como identidades o su participación en proyectos financiados por Estados Unidos. Son informaciones que pueden ser empleadas para justificar represalias de las autoridades en países como Somalia, Yemen, Afganistán, Nigeria, Sudán del Sur o Siria, que son algunos de los principales receptores de ayuda, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Otro eclipse informativo es el intento de desmantelar la Agencia de Medios de Comunicación Globales de EE. UU. (USAGM, por sus siglas en inglés). El 15 de marzo, Trump ordenó su cierre reduciendo el funcionamiento de la agencia “a la presencia y función mínimas exigidas por la ley”; y la Casa Blanca, en un comunicado, informó de que así se garantizaba “que los contribuyentes no sigan pagando la propaganda radical”. Esta agencia, independiente del Gobierno y parecida al Servicio Mundial de la BBC, financiado en parte por el Gobierno británico, fue creada en 1942 para contrarrestar la poderosa propaganda nazi. Décadas después, sus cerca de 2.000 empleados transmiten noticias e información en casi 50 idiomas a unos 361 millones de personas de todo el planeta; la mayoría, en entornos donde hay censura. En su red se encuentran Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia y Radio TV Martí, que desde 1985 ha transmitido noticias en español a Cuba.
Con sede en la capital checa, Praga, y en Washington D. C., RFE/RL cuenta con más de 1.300 empleados y más de 20 oficinas en distintos países, lo que la convierte en uno de los mayores medios del mundo. Sus programas llegan al 9% de la población adulta de Rusia y al 10% de los iraníes. Desde comienzos de este siglo, RFE/RL ha puesto en marcha diversas iniciativas en ruso para neutralizar a los medios controlados por el Kremlin y a las campañas de desinformación. La Federación Rusa ha declarado a RFE/RL, candidata en 1991 al Premio Nobel de la Paz, como “agente extranjero” y “organización indeseable”.
El presupuesto de USAGM para 2025, aprobado por el Congreso estadounidense el año pasado, ascendía a 950 millones de dólares y se desglosaba en Voice of America: 300 millones de dólares; Oficina de Radiodifusión de Cuba: 16 millones de dólares; Radio Free Europe/Radio Liberty: 153 millones de dólares; Radio Free Asia: 71 millones de dólares; Middle East Broadcasting Networks: 103 millones de dólares, y Open Technology Fund: 50 millones de dólares. En un “enorme beneficio para el contribuyente estadounidense”, según anunció Kari Lake, asesora de Trump, Voice of America y Radio Martí emitirán contenidos del canal ultraconservador OAN (One America News Network) y firme partidario de Trump, que se ha ofrecido a proporcionar gratuitamente sus noticias y vídeos.
Una nueva realidad: el impacto en EE. UU.
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump pretendía, supuestamente, restaurar la libertad de expresión. La realidad contradice a esos supuestos buenos deseos. Antes de llegar a la Casa Blanca anunció que, si ganaba, perseguiría a sus enemigos políticos (entre otros, a los medios independientes), una amenaza inédita en una democracia considerada como sólida por la fortaleza de sus instituciones. Las amenazas no eran vacías, y los defensores de la Primera Enmienda (protege, entre otras libertades, la de expresión y prensa) afirman que nunca habían visto la libertad de expresión tan atacada en EE. UU.
Trump puede presionar y silenciar porque nunca estuvo en una posición tan fuerte ni los medios tradicionales tan débiles
Actuando como si no existieran límites a su poder, Trump y su círculo identifican a propósito la información basada en hechos como tendenciosa, injusta o “totalmente ilegal”. Han despojado a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de su potestad para decidir qué medios forman parte del grupo de prensa presidencial, una función que los periodistas han desempeñado durante más de un siglo y por la que reprochan que “en un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio cuerpo de prensa”. Se prohibió a Associated Press (AP) el acceso al entorno del presidente en represalia por negarse a renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Se ha demandado por 20.000 millones de dólares a la cadena de televisión CBS y conseguido que profesionales reconocidos dimitan, como la jefa de CBS News y el productor ejecutivo de 60 Minutes. Se han cancelado las suscripciones federales de noticias. Han modificado la composición del pool de prensa en las instituciones y reemplazado la presencia de medios convencionales por influencers o favorecido a los que apoyan abiertamente a las políticas conservadoras.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, ha abierto investigaciones a las cadenas públicas, a Comcast/NBCU, Paramount/CBS y Disney/ABC, pero no a Fox (propiedad de Rupert Murdoch, aliado de Trump). Algunos propietarios de medios de comunicación -como Jeff Bezos, de The Washington Post (fundador de Amazon y cercano a Trump), y Patrick Soon-Shiong, de Los Angeles Times- han modificado por “credibilidad” las páginas de opinión de sus publicaciones en respuesta a los cambios políticos, provocando dimisiones en sus plantillas. Los periodistas que cubren temas considerados importantes por la Administración Trump han expresado su preocupación por el aumento del escrutinio y la posibilidad de sufrir represalias por sus informaciones. En las redacciones y los consejos de administración gana terreno la prevención frente a posibles demandas, millonarias, que limitan la libertad para ejercer el periodismo.
El mandatario republicano, que ataca rutinariamente a los periodistas y medios independientes, a los que considera “enemigos del pueblo”, los amenaza y pone en marcha contra ellos demandas judiciales. Incluso, podría intentar instrumentalizar el Departamento de Justicia, denunciando a los periodistas por filtraciones o difamación. Dinero no le falta, cuenta además con el apoyo de los millonarios tecnológicos y de sus algoritmos para librar en distintos campos estas batallas. Para Martin Baron, exdirector del Washington Post y del Boston Globe, Trump podría forzar una cultura de autocensura hacia su Gobierno. Puede presionar y silenciar porque nunca estuvo en una posición tan fuerte ni los medios tradicionales tan débiles. Según una encuesta de Gallup de 2024, la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación está en el menor nivel desde que esta se empezó a medir hace más de 50 años.
Sin duda, el ataque a los medios más demoledor ha sido el lanzado contra las cadenas públicas estadounidenses, la NPR (National Public Radio) y la PBS (Public Broadcasting Service), la radio y televisión públicas del país, similares a la BBC británica o a RTVE en España, como entidades de servicio público, aunque diferentes por su planteamiento empresarial e institucional. De nuevo a través de una orden ejecutiva, Trump ha pedido al Consejo de Administración de la Corporation for Public Broadcasting (CPB), que distribuye fondos a PBS y NPR, a las que acusa de parcialidad, que “cese la financiación directa” en la “máxima cantidad permitida por la ley y se niegue a proporcionar financiación futura”. La orden añade que “ninguna organización de medios de comunicación tiene un derecho constitucionalmente garantizado a la financiación pública”. De hecho, opina que su Gobierno ya recibe una cobertura suficiente de los medios privados, por lo que financiar a los públicos es “un desperdicio de dinero”.
La Administración Trump ha lanzado 'White House Wire', un sitio web que recoge y fomenta las noticias alineadas con la agenda y fines del presidente
En otra argumentación de dudosa veracidad, la Casa Blanca ha asegurado que “durante años los contribuyentes estadounidenses han picado el anzuelo para subvencionar la Radio Pública Nacional y el Servicio Público de Radiodifusión, que difunden propaganda radical y woke disfrazada de noticias”. Ambas se financian mediante la Corporación para la Radiodifusión Pública, cuyos fondos, federales, provienen del Congreso (al que también ha solicitado que elimine la financiación), por las cuotas de emisoras locales afiliadas y donaciones privadas. Su presupuesto ya había sido aprobado por el Congreso hasta 2027. Este año tenía asignados 535 millones de dólares.
Millones de estadounidenses dependen de estas emisoras y sus aproximadamente 1.500 filiales locales para informarse, especialmente en los crecientes “desiertos de noticias” del país, en los que podrían encontrar silencio en lugar de noticias. Las dos emisoras llegan a más del 99% de la población estadounidense, sin coste alguno, y en muchos estados y comunidades son un componente clave, el único, de los sistemas de emergencias. Kate Riley, presidenta y consejera delegada de America’s Public Television Stations (APTS), ha definido estos recortes como “una de las amenazas más graves” para los medios públicos en su historia.
Por si alguien pudiera criticar esta falta de información, la Administración Trump ha lanzado White House Wire, un sitio web que recoge y fomenta las noticias alineadas con la agenda y fines del presidente. Su Administración ha subido un peldaño en su estrategia de comunicación y, además de política, producen contenidos diseñados para viralizarse en su propio universo audiovisual. Desde sus propios medios, como Truth Social, o en X, con el apoyo de Elon Musk mientras se lo ofrezca, el presidente de EE. UU. tiene megáfonos para lanzar sus mensajes sin apenas oposición, una estrategia que pretende eludir y anular a los medios tradicionales y consolidar el control directo sobre las narrativas o el relato informativo institucionalizando la desinformación y la polarización, entornos en los que Trump se mueve como pez en el agua.
Si en su primer mandato se le contabilizaron 30.573 declaraciones falsas o engañosas, 21 al día de media, en este segundo mandato firmó una orden ejecutiva para “contrarrestar la censura y restaurar la libertad de expresión”. En ella se asegura que “bajo el pretexto de combatir la desinformación o la mala información, el Gobierno federal infringió los derechos de expresión constitucionalmente protegidos de los ciudadanos estadounidenses. La censura gubernamental de la expresión es intolerable en una sociedad libre”, un argumento empleado para acabar con la actividad de las distintas agencias federales dedicadas a detectar y contrarrestar los esfuerzos de propaganda y desinformación extranjeros, estatales y no estatales, destinados a socavar o influir en las políticas, la seguridad o la estabilidad de Estados Unidos, sus aliados y las naciones asociadas. En este escenario no es de extrañar que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses estén desmantelando sus departamentos de verificación.
Las alternativas: el silencio y la victoria de los 'malos'
Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la influencia y el poder global de Estados Unidos, como superpotencia, se respaldaron en lo que Joseph Nye definió como “soft power”, término ya mencionado, un poder que sumado al militar o económico permitía mantener e influir en el orden mundial a través de la diplomacia, la cooperación, el multilateralismo y la promoción de derechos y valores fundamentales como son la democracia y los derechos humanos. Frente a otras potencias o Gobiernos autocráticos, esta manera de ser y actuar permitió a Washington ser, durante décadas, un referente en la escena internacional, un aliado solvente y, sobre todo, un líder con principios garante de la estabilidad y el orden mundial.
El segundo mandato de Donald Trump ha supuesto, por medio de decisiones unilaterales, categóricas y provocadoras, impredecibles algunas de ellas, un cambio radical en el modo de ejercer el poder. Respecto a su relación con los medios y profesionales del sector, ya sean estadounidenses o del extranjero, desde su toma de posesión, el mandatario y su Administración han intensificado críticas y ataques, principalmente contra los que desmontan su nueva era política de posverdad, en la que se cuestionan los hechos y se utilizan ficciones para conseguir objetivos políticos.
Trump y quienes le rodean, personas poderosas, tienen fama de vengativos. No es difícil entender por qué. Ante las amenazas o las frecuentes demandas, los bufetes de abogados, las universidades, los medios de comunicación y tantos otros han decidido evitar la lucha y ceder o permanecer en silencio. Este deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos es alarmante y refleja una tendencia preocupante.
Es evidente que en EE. UU. no habrá apoyo para los periodistas que tienen que dejar su empleo o cuya vida corre riesgo
Aunque el Congreso de EE. UU. ha constatado que “es política de los Estados Unidos promover el derecho a la libertad de opinión y de expresión” y que “la comunicación abierta de información e ideas entre los pueblos del mundo contribuye a la paz y la estabilidad internacionales”, las decisiones de Trump bajo la agenda “America First” apuntan a que estamos entrando en una nueva era con nuevas reglas de compromiso. Los programas que han sido congelados, además de proporcionar un apoyo vital a proyectos que fortalecen los medios de comunicación, la transparencia y la democracia, mantienen informadas a poblaciones con noticias reales en las que poder confiar, para descontento de los Estados autoritarios que desean controlar lo que leen, oyen y hacen sus ciudadanos. Como escribió Max Boot en The Washington Post, “todo esto equivale a un repudio asombroso y contraproducente del legado de Estados Unidos como faro de la libertad en todo el mundo”.
En un entorno cada vez más hostil, complejo para trabajar con seguridad y sin temor a represalias, los líderes de países autoritarios suelen utilizar la presencia de “donantes extranjeros” como excusa para desacreditar al periodismo independiente, más ahora que es evidente que en EE. UU. no habrá apoyo para los periodistas que tienen que dejar su empleo, exiliarse o pueden ser amenazados y sufrir prisión o riesgos para sus vidas. Tampoco habrá nadie que desenmascare la corrupción estatal, las violaciones a los derechos humanos o que ofrezca información local veraz a sus comunidades y al resto del mundo, como tampoco quien luche contra la desinformación en estos regímenes.
Perder o denigrar medios, como RFE/RL, que “promueven los valores democráticos con noticias precisas y sin censura y el debate abierto en países donde la prensa libre está amenazada y la desinformación es omnipresente o informa de los hechos sin dejarse intimidar por las presiones”, permite que esos espacios sean ocupados por la mentira, la desinformación y la propaganda de oligarcas, políticos o naciones autoritarias. El presidente Trump justificó esta orden acusando, sin pruebas, a una supuesta “industria de la ayuda exterior” que no está alineada con los intereses de Estados Unidos. La trágica ironía es que esta medida creará un vacío que será aprovechado por propagandistas y Estados autoritarios, como afirma Clayton Weimers, director ejecutivo de RSF USA.
Desde los tiempos de Stalin, el Kremlin, al igual que China, Irán, Cuba y Corea del Norte, se han dedicado numerosos recursos económicos y tecnológicos para acallar a la Voice of America o Radio Liberty, pero seguramente nunca, nunca, hubieran imaginado que los estadounidenses lo harían ellos mismos y de manera gratuita. Ahora que el “enemigo de Rusia” está siendo destruido por el propio Estados Unidos, “es una celebración para mis colegas de RT, Sputnik y otros medios, porque Trump anunció inesperadamente que va a cerrar Radio Liberty y Voice of America, y ahora están cerradas. Es una decisión impresionante”, ha declarado Margarita Simonyan, redactora jefa del canal de televisión internacional ruso RT y reconocida por ser admiradora de Trump. También desde Pekín se han celebrado los recortes de la “fábrica de mentiras”, que ha sido “desechada como un trapo sucio”.
En un contexto de crecientes nacionalismos y debilitamiento del multilateralismo, Rusia, Irán, China y organizaciones extremistas como el Estado Islámico o Al Qaeda, entre otras, tienen vía libre para llenar cualquier espacio con desinformación y propaganda con la que desestabilizar o redefinir el orden mundial o para fortalecer el control informativo de Gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Los recursos dedicados en Rusia a contrarrestar la acción estadounidense servirán ahora, con total impunidad, para potenciar campañas que encontrarán pocos límites a la difusión de falsas narrativas. China tiene la puerta abierta para expandir aún más su “poder blando” a través de asistencia e inversiones en países emergentes que antes recibían ayuda de Estados Unidos, y por los que parece ya no tener preocupación o interés, como Estados africanos o sudamericanos. En naciones en las que ha desaparecido la ayuda estadounidense, algunos medios están empezando a considerar la posibilidad de obtener financiación de China o Rusia, una posibilidad preocupante que, de ser así, tendrá importantes implicaciones para la estabilidad y la salvaguarda de los valores democráticos en el momento en que más se necesitan.
Frenos y ayudas frente al asedio de Trump hay escasos, pero los hay. Algunas de las medidas de la Administración Trump han sido demandadas judicialmente y paralizadas por jueces federales o por la Corte Suprema. Los magistrados entienden en sus decisiones que se podría estar vulnerando la libertad de prensa, la Primera Enmienda, las leyes para prevenir la extralimitación ejecutiva y la separación de poderes. Buen ejemplo es el juez Royce Lamberth del Distrito de Columbia, para quien la decisión del Gobierno Trump sobre la USAGM fue “arbitraria y caprichosa” y “la renuencia del Gobierno a gastar fondos de acuerdo con las leyes de asignaciones del Congreso constituye una afrenta directa al poder legislativo”.
La Unión Europea (UE) proporcionará fondos de emergencia para mantener a flote Radio Free Europe, una “red de seguridad” para el periodismo independiente, según afirma la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas. La iniciativa ha sido respondida desde la Casa Blanca con un mensaje claro: “Si la quieren ellos, que la paguen”.
Tampoco falta apoyo desde organizaciones nacionales e internacionales. European Broadcast Union (EBU), Public Media Alliance, RSF, Committee to Protect Journalists (CPJ) y Freedom of the Press Foundation (FPF) y otras organizaciones han enviado una carta en la que muestran su preocupación y recuerdan “la importancia de una prensa pluralista y libre” y que “el uso de una retórica que devalúe las contribuciones del periodismo podría alimentar los ataques contra periodistas y medios de comunicación por sus informaciones, independientemente de su persuasión política percibida o real”.
En otra carta abierta “que pretende ser una llamada al deber y al coraje cívico”, los líderes de las siete organizaciones de libertad de expresión y de prensa más prominentes de EE. UU. -American Civil Liberties Union, Freedom of the Press Foundation, CPJ, Knight First Amendment Institute at Columbia University, RSF USA, PEN America y Foundation for Individual Rights and Expre-ssion- piden una respuesta más robusta al asalto múltiple a las libertades de la Primera Enmienda, así como llaman a defender los derechos constitucionales en la defensa de las libertades “que son parte integral de nuestra democracia”. Por su parte, el National Press Club, uno de los principales grupos representativos de los periodistas estadounidenses, ha declarado que se está “socavando el antiguo compromiso de Estados Unidos con una prensa libre e independiente”.
Con el periodismo, los derechos y libertades que dan forma a nuestras democracias bajo asedio, inmersos en una escalada sin precedentes de la represión gubernamental destinada a frenar libertades e independencia, hay que dar luz a los faros que iluminan en su camino el Estado de derecho.
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