El “seudo medio informativo” nace cuando la tecnología facilita a cada individuo simular sus fuentes de información, producir por cuenta propia mensajes audiovisuales que requerían grandes instalaciones y difundirlos sin necesidad de acudir a empresas de distribución. Desinformar por no saber qué es informar o por ignorar la praxis que diferencia la información de la opinión es el lugar de encuentro de los “seudomedios”, actividades que surgen al margen del periodismo profesional, no sujetas a más reglas que la del interés del comunicador. Si nada se puede comprobar, no hay garantía normada para asentar ante el lector o la audiencia la credibilidad del informador. Del cumplimiento de estas reglas aceptadas socialmente depende la credibilidad informativa, la consistencia de las interpretaciones y la adecuación de los relatos.
* LUIS NÚÑEZ LADEVÉZE
1. Seudoactividad del medio de servicio público
Los problemas éticos y morales que gravitaban en torno a la profesión periodística al esbozarse la democracia hace medio siglo no eran diferentes de los actuales. Lo correcto era distinguir la información sobre el acontecimiento y el comentario de opinión sobre sus consecuencias, desligar el tratamiento informativo de todo vestigio propagandístico o publicitario, seleccionar en la identificación de la noticia lo principal de lo accesorio, diferenciar la narración de hechos de la interpretación de sus posibles efectos.
Lo problemático del oficio periodístico es que, aunque la narración publicada, antaño como hogaño, siempre tiene consecuencias beneficiosas para unos y gravosas para otros, la máxima deóntica de imparcialidad narrativa ha de regir la tarea del periodismo informativo para asegurar la información fidedigna que el ciudadano ha de tener en cuenta a la hora de decidir quién le representa en una democracia parlamentaria. El paradigma es los hechos son los que son, sagrados, tozudos; las opiniones, libres. La dificultad para el periodista es contarlos como son, independientemente de a quien perjudique o favorezca lo que cuenta.
El fundamento de la representación democrática requiere asegurar la libre formación de opinión y el derecho del ciudadano a disponer de una información veraz y una opinión ponderada. El periodista es un profesional que se responsabiliza y garantiza ante la sociedad y sus autoridades administrativas y penales de la veracidad informativa. Su credibilidad se funda en la ecuanimidad de su opinión que ha de ser congruente con los hechos que relata. El relato ha de ajustarse al supuesto de que el narrador es “objetivo”.
El problema estriba en que toda crónica tiene autor: detrás de lo escrito o de la grabado hay una persona, cuya subjetividad no puede suprimirse, ni siquiera invocando un estilo impersonal o el registro mecánico de la cámara, que puede focalizarse o ampliarse, detenerse en un aspecto y descuidar otro. Cualesquiera que sean los condicionantes, el periodista se compromete en una democracia ante el lector o su público a procurar no falsear descripciones ni imágenes, a atenerse cuanto sea posible a lo ocurrido, a no servir a un interés personal, ideológico, partidista o comercial.
La perfección nunca es conseguida del todo, lo exigible es que se trabaje para cumplir correctamente el compromiso moral de ser imparcial
La exactitud, la precisión, el rigor informativo son valores que quedan englobados en lo que nuestro filósofo Ortega y Gasset denominó “faena utópica”. Por ser condicionada, la aspiración de la tarea humana a ser plenamente correcta es inalcanzable. Su realización es siempre circunstancial y limitada. La medicina, el urbanismo, el conocimiento, la revisión histórica, el relato periodístico son actividades que no pueden asegurar el pleno cumplimiento de su fin: no se alcanza una salud perfecta, no es posible la ciudad sin deterioro, el conocimiento total nunca se adquiere, la certidumbre histórica sobre el pasado no llega a ser completa, la descripción exacta de lo acontecido es un ideal periodístico. La perfección nunca es conseguida del todo, lo exigible es que se trabaje para cumplir correctamente el compromiso moral de ser imparcial.
Estas normas genéricas de la deontología profesional comenzaron a gestarse cuando la invención de la rotativa culminó el proceso iniciado por la imprenta de difundir un mismo texto en una multitud hasta consolidar lo que Gabriel Tarde denominó el público. Con la invención de la radio, fue posible multiplicar el mensaje oral y esas mismas normas pasaron a regir la praxis informativa de las emisoras. Cuando llegó la televisión a Europa, fue explotada como un monopolio público. Entonces, el problema, en un sistema democrático incipiente como el nuestro, fue cómo asegurar la independencia de los periodistas frente a la proclividad de los Gobiernos de que se plegara a sus intereses.
El modelo para imitar fue la BBC, cuyos estatutos salvaguardan la independencia del periodista de presiones gubernamentales o empresariales. Se trataba entonces, como ahora -cuando la BBC se enfrenta a una crisis sin precedentes a causa de la manipulación del discurso de Trump- de cómo asegurar que una parrilla confiada a un equipo profesional dirigido por un director general, que en España era propuesto por el Gobierno a un Consejo de Administración seleccionado por el Parlamento, no interfiriese en la actividad de los informadores. En la BBC, la independencia y su supervisión institucional está garantizada estatutariamente para asegurar que la praxis profesional no supedite el relato informativo a sumisiones ideológicas políticas o financieras.
Lo que tiene interés en estas líneas es que en la modélica BBC el debate sobre la imparcialidad de los profesionales de televisión pública no ha menguado, mientras que en España se ha diluido en el último quinquenio. Ni siquiera hay espacio para resucitar la preocupación sobre si la información de la televisión pública responde a las normas deontológicas del periodismo profesional o las conculca. Tras la pandemia, la sensibilidad ha cambiado tanto que la posibilidad de abrir un debate serio sobre el desviacionismo del servicio público se ha desvanecido.
A pesar de algunas protestas sindicales, el agravamiento de la deshonra televisiva no ha llegado apenas a trascender. En cambio, la firmeza de estos principios en la BBC ha sido un estimulante para reabrir desde dentro, ante la amenaza de un pleito por difamación en que se reclaman mil millones de dólares de indemnización, una intensa crisis en una institución que se tomaba por ejemplar. Ahora se examina al detalle si el resumen suministrado del discurso de Trump sobre el asalto al Congreso fue o no manipulado por los periodistas para presentarlo a la audiencia como una llamada al vandalismo. Si ha sido un error o fruto de una mala praxis intencionada, está por ver. En todo caso, la comparación del alcance de esta controversia con la actual inanidad ante la degradación de la televisión pública en España constituye una lección de dignidad profesional.
El debate implica, al menos, que los profesionales han de tomarse en serio la disciplina normativa a la hora de informar. Condicionantes siempre hay, pero las normas están claras, no han cambiado. La BBC tiene su propia cuenta de mala praxis, como haber aceptado que su libro de estilo evitara la expresión “terrorismo” para adaptar la imparcialidad informativa a la corrección política del momento en las informaciones sobre el terrorismo español. Sustituir, durante años, la apelación de “terrorista” por la de “activistas políticos” para informar sobre los atentados de ETA muestra que los principios deontológicos son claros y perduran, pero sus aplicaciones son a veces defectuosas y mejorables. No vale por ello adoptar como supuesto que el progresismo es una guía moral de la imparcialidad. Tal dogmatismo maniqueo camufla justificaciones indecentes o genera errores de perspectiva, “errores” intencionados o no a los que ahora se enfrenta la BBC apremiada por la necesidad de autodefenderse.
Tras la aprobación por un Gobierno socialista de la ley 10/1988 que dictaminó las condiciones a los operadores privados de televisión, en España también se abrió un debate en torno a un aspecto normativo relativo al desempeño de su función: si RTVE cumplía con el requisito legal de atenerse a “los fines de servicio público” consignados en su Estatuto fundacional y en su revisión del año 2006. Los operadores privados repudiaban que la programación de la televisión pública respondiera a intereses comerciales. TVE lo hacía para evitar que su audiencia disminuyera a medida que subían las de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), el oligopolio de compañías mercantiles. Para conservar la audiencia, en un nuevo panorama que inevitablemente la fragmentaba, TVE se desentendía de su condición de servicio público y adaptaba la programación a competir por ganar publicidad. Las televisiones agrupadas en UTECA arguyeron que el entonces Ente Público hacía competencia desleal por utilizar presupuestos del Estado sin tener que arriesgar el capital ni estar obligadas a obtener beneficios.
Los principios deontológicos son claros y perduran, pero sus aplicaciones son a veces defectuosas y mejorables
Para examinar si la televisión pública satisfacía su función de servicio público, se me encargó que hiciera un estudio sobre el grado en que la TVE cumplía las funciones asignadas en el Estatuto. No tiene interés ahora describir los resultados del informe cuya principal consecuencia fue la supresión de la emisión publicitaria en las televisiones públicas. Lo que sí tiene interés es que, cualesquiera que fuesen entonces los resultados, si actualmente aplicáramos el modelo usado hace dos décadas, delataría que la programación de la televisión pública no cumple hoy en España ninguna de las directrices de servicio público usadas entonces para medir su grado de cumplimiento. Ni TVE ni ninguna televisión autonómica aborda una programación de servicio público con estándares admisibles.
La diferencia entre la situación actual y la de entonces estriba en que el debate entonces era incesante sobre las funciones de las televisiones públicas; ahora, el deterioro del sistema público de comunicación se ha normalizado, al punto de que apenas llegan a ser objeto de reclamación casos flagrantes, cuando los excesos son tan palmarios como el de presentar a una cocinera sanitaria como una doctora en medicina en un programa de servicio público. Impregnada de envilecimiento, la ciudadanía ha perdido la brújula que le oriente a hacer efectivo su derecho a ser destinataria de una información solvente y veraz, que ha de ser contrastada. La audiencia se ha adaptado al hedor y ni percibe que la televisión pública contrata a empresas privadas, muchas de las cuales creadas por profesionales del propio servicio. La autopublicidad de programas privados en televisiones públicas introduce subrepticiamente compensaciones económicas amañadas como patrocinio. Estas corruptelas no son menores. Las cadenas públicas, autonómicas incluidas, emprenden con un “seudo servicio público”, preparando el camino donde abrevará el “seudo medio informativo”.
Aunque la interferencia de los condicionamientos políticos y los intereses comerciales desvirtuaran el servicio público, estas prácticas no dañan los principios normativos de la praxis periodística. Si los periodistas no cumplen los principios de su función pública porque los directivos lo requieren, su praxis no alteró los patrones de la deontología profesional al pasar de ser escrita a ser audiovisual. La perversión del servicio público no modifica las normas de la información correcta y de la opinión ecuánime, degrada su aplicación parcial, pero los convierte en “seudomedios del servicio público”, porque contribuyen a formar un ambiente social de defraudación de la veracidad informativa.
Alterar la obligación de cumplir un servicio público programando como si se fuera una empresa privada es adulterar una función, si bien no pone en peligro la praxis normativa, sino la adaptación de un servicio público a una actividad distinta de la que lo justifica, como la comercial.
2. Los ‘seudomedios’ suprimen la deontología profesional
Novedades tecnológicas, antaño impensables, han ampliado tanto la capacidad del usuario que permite a cada individuo actuar como antes un medio. Puede producir y difundir informaciones en una gran audiencia. No todo lo que va aparejado a esa capacidad es socialmente ventajoso. El usuario puede camuflar su identidad, sustituir a la ajena y difundir información cuya veracidad no puede autenticarse. Palabras como “populismo”, “redes sociales”, “seudo medios informativos” ayudarán a detectar la trascendencia de estos cambios que sortean la posibilidad de contrastar la información y la autoría de la opinión. No puede formarse libremente una opinión solvente si el entorno dificulta detectar al autor o comprobar si la información transmitida es o no correcta.
El “seudo medio informativo” nace cuando la tecnología facilita a cada individuo simular sus fuentes de información, producir por cuenta propia mensajes audiovisuales que hasta entonces requerían grandes instalaciones y difundirlos sin necesidad de acudir a empresas de distribución. Lo novedoso es que, al disponer de un utensilio individual tan potente, ni el usuario dispone de elementos de contraste ni el que se presenta aparentando que es lo que no es, un abogado o un periodista, por ejemplo, ni siquiera necesita ser un aficionado que conozca, aprecie o entienda las reglas elementales de lo que aparenta ser. El más ignorante puede ser el mayor entrometido.
Del cumplimiento de estas reglas aceptadas socialmente depende la credibilidad informativa, la consistencia de sus interpretaciones y la adecuación de sus relatos. Para que sean eficaces ha de poder comprobarse cómo se cumplen. En esto no se distingue un periodista de un médico, un arquitecto o un piloto aéreo. Si su función es sanar o construir o conducir, las reglas profesionales no han de ser determinadas por un interés individual, el usuario ha de experimentar que funcionan y poder exigir responsabilidades si se infringen.
El teléfono móvil o la tableta permiten al individuo conectar con muchos en un escenario que amalgama las diferencias normativas y facilita ocultar al autor responsable. El acceso individualizado a las tareas periodísticas se envilece cuando el aficionado puede actuar como un intruso sin apreciar que un periodista es un intérprete profesional de la actualidad. Es una tarea sujeta a reglas deónticas definidas, emanadas y aprendidas por ejercicio del oficio, en el taller de redacción o en la enseñanza reglada. El informador de la red puede ser como un conductor de automóvil que no sabe conducir o infringe las reglas de tráfico, sin que se le pueda multar porque no deja rastro. Si la comunicación individual puede difundirse ilimitadamente, todo uso es posible. Desinformar por no saber qué es informar o por ignorar la praxis que diferencia la información de la opinión es el lugar de encuentro de los “seudo medios informativos”. Si nada se puede comprobar, no hay garantía normada para asentar ante el lector o la audiencia la credibilidad del informador y del comentario.
El avance tecnológico ha permitido individualizar el oficio periodístico y escindir la tarea informativa del aprendizaje. Este es el caldo de cultivo para que florezcan los “seudomedios”, actividades que surgen al margen del periodismo profesional, no sujetas a más reglas que la del interés del comunicador, muchas veces un intrigante o un agente de asuntos que nada tienen que ver con la formación de una opinión, abiertas a la selección algorítmica de las preferencias. Hacer un seudouso del “servicio público” no pone en riesgo los principios deontológicos a que ha de ajustarse la actividad periodística. Los principios están claros para quien dirige y quien ejerce la profesión; otra cosa distinta es que la praxis se ajuste o no a las reglas establecidas. Ahora bien, la continuada impunidad defraudadora del servicio prepara el ambiente social para que las preferencias e intereses sustituyan a las reglas y el uso individualizado corrompa la deontología.
La nueva tecnología que traslada al individuo lo que solo podía ser comunicado por empresas complejas fue celebrada en sus inicios por lo que aporta: un gran adelanto tecnológico que pone al alcance de cada persona lo que estaba reservado a trabajos en equipo que requerían grandes inversiones en maquinaria. Muchos intelectuales fueron más allá e interpretaron que aportaba lo que no aporta: la democratización de la actividad periodística profesional. Celebraron este singular avance como una prueba de que la tecnología implicaba una democratización que vendría forzada por el mismo imperativo que rige el rumbo del cambio tecnológico. Lo que se ha ido mostrando, al contrario, es que la evolución de la tecnología comunicativa tiene tan poca trascendencia moral o cultural como la que afecta a cualquier otro instrumento, un cuchillo, una caña de pescar o la energía atómica, que pueden ser usadas de modo diverso, ocasionando perjuicios o resolviendo problemas.
Algunos creyeron que el mundo no desarrollado podría ser seducido por las ventajas del pluralismo al difundirse por las antenas el bienestar occidental. Pronto tuvieron que rendirse a la evidencia de que la consistencia de los mundos culturales era indiferente a los programas difundidos por las televisiones. Igualmente, muchos intelectuales confiaron en que las tecnologías asociadas a tabletas y teléfonos móviles configuraría un ágora abierta al debate público, una vía de acceso a la democratización. Se equivocaron en interpretar que esa ágora serviría como un medio de comunicación al que pudieran aplicarse las mismas cautelas que rigen a los profesionales especializados en el tratamiento informativo.
La distinción entre profesional y aficionado se difumina en la red y se diluyen así los principios a que se atiene un tratamiento profesional deontológico
Una consecuencia inmediata fue que la distinción entre profesional y aficionado se difuminaba en la red. Al esfumarse se diluían también los principios a que se atiene un tratamiento profesional deontológico cuando pasa a ser una comunicación casera de irradiación ilimitada. La falta de especialización implicaba la evaporación del rigor en el cumplimiento de una tarea que necesita adecuarse a reglas de aprendizaje y a distinciones establecidas por un oficio sometido a exigencias sociales. Si el comunicador no se exige a sí mismo con arreglo a una deontología, como ocurre con el servicio público, no cabe esperar que el destinatario convertido en informador vaya a ser más exigente que él.
¿A qué se puede atribuir la frustración de estas expectativas alentadas por quienes confiaron en que la tecnología comunicativa traería consigo una democratización? Se debió a no percatarse de que los valores morales están en el uso, no en los instrumentos usados. La moralidad es un atributo de la persona, no del medio. Como ocurrió con las antenas, las redes muestran igualmente que la técnica comunicativa es adaptable a cualquier supuesto moral, a cualquier sistema político, a cualquier entorno. Como la democracia y las dictaduras no son flores de un impulso técnico, son un reglamento moral, es indiferente que la iniciativa quede alterada en las redes por la capacidad de participar en la difusión, promoción y producción de contenidos informativos o culturales o que no lo esté. Los mundos culturales no cambian al ritmo marcado por la adaptación a las novedades técnicas. Si no fuera así, no seguiríamos hablando de islamismo, ateísmo, catolicismo, protestantismo, hinduismo, confucionismo, hábitos religiosos, culturales y morales que perduran a pesar de los cambios técnicos y que conviven tan fácilmente con esas novedades.
Lo que ha cambiado es un factor de la innovación, la capacidad individual en las redes como alternativa a los medios de comunicación de masas. Una errónea interpretación de la interdependencia individual, de la capacidad para habilitar a todo individuo a ser simultáneamente productor y consumidor (“prosumidor” lo llamaron), alentó la confianza de que entrañaría la democratización de los medios de producción. No solo no ha ocurrido, el desengaño llevó pronto a pensar lo contrario. Algunos que confiaron en ese cambio, como Habermas, acabaron desilusionados; otros, como Bauman, renegando de él.
El cambio producido por la irrupción de una tecnología -que, no solo dificulta la distinción práctica que distingue la información de la opinión entre quienes ignoran que están suplantando un trabajo profesional disciplinado, sino que también disemina la oferta informativa y la sustituye por otra corrompida- ha cogido desprevenido incluso a los menos confiados. Desde su origen se había venido consolidado una disciplina deontológica para hacer compatible la libertad de opinión con el rigor informativo: las opiniones nunca llegan a ser del todo libres, los hechos nunca llegan a ser del todo sagrados. Alcanzarlo es una faena utópica, pero estamos obligados a acercarnos tanto como podamos a cumplir con la máxima que regula esa diferencia.
Las opiniones nunca llegan a ser del todo libres, los hechos nunca llegan a ser del todo sagrados
Cité tres palabras novedosas: “populismo”, “redes sociales” y “seudo medios informativos”. Estas tres palabras suelen implicarse porque cualquiera de ellas es condición de uso de las otras. La desvinculación de la deontología en la red desvirtúa el sistema democrático en la medida en que la libertad de opinión generadora del pluralismo político constituye un supuesto básico del ejercicio de la libertad personal. La democracia impregna de valor ético la imparcialidad informativa y los procedimientos para distinguir el ámbito de libertades individuales del ámbito de prohibiciones punitivas. Antepone como principio la libertad de todo ciudadano a opinar como quiera y a profesar la creencia que desee mientras no vulnere la ley que represente la soberanía popular y la opinión se ajuste a reglas conforme a derecho. Como el reconocimiento del pluralismo es el eje sobre el que giran los procedimientos para resolver pacíficamente las discrepancias entre creencias e ideologías en una administración de justicia sujeta a la regla emanada de la voluntad popular, no de la voluntad del tirano, es también la garantía que tiene el ciudadano para resistir la propensión del poder político a la tiranía. Es el supuesto para deponer al soberano de turno mediante el recurso electoral sin tener que recurrir a la violencia. Esto es constitutivo de la democracia, la razón por la que se requiere la independencia del informador de la voluntad política. El valor moral de la democracia pluralista exige anteponer la adecuación a los hechos, por inaccesible que sea conseguir su exhaustividad, sobre cualquier otro interés subjetivo, emotivo, ideológico o comercial, y en exponer un comentario que sea consistente con la veracidad informativa.
3. Populismo desinformativo y ‘seudo medios informativos’
El problema actual del derecho a la información procede de que la circulación informativa por las redes sociales, además de ganar terreno a expensas de la información profesional sujeta a reglas deontológicas claras y precisas, desborda el circuito de garantías establecido por la experiencia continuada de los profesionales, lo convierte en una masa amorfa en la que no es posible distinguir entre lo que es información verdadera de lo que es ficción, lo que es noticia y lo que es farsa. Es una situación similar a la que abordó Platón cuando le llevó en la República a expulsar a los poetas por ser engatusadores de la juventud. Los mitos proponían como modelo de imitación la conducta innoble de los personajes míticos. Si se me permite usar la analogía, ahora Platón no expulsaría a los poetas, sino a los influencers cuando se presentan como periodistas y a los anónimos cuando se les identifica. El problema con que se enfrentaría sería que no tendría medios para identificarlos, pueden disfrazarse de tantos modos que no necesitan esconderse.
Las reglas de la profesión proceden de esa praxis profesional que ha ido generando los principios a los que debe servir sobre la base de que los hechos se pueden comprobar y desmentir, los datos pueden ser distinguidos de los comentarios, las noticias se pueden clasificar temáticamente para separar unas secciones de otras, los géneros tipificarse atendiendo a las diferencias de estilo: los más personales, como las crónicas y los reportajes, y los más impersonales, como las noticias. Estos principios básicos se aprenden y se aplican en las redacciones, coinciden con los que quedan sintéticamente expuestos en el artículo 20 de la Constitución y con las reglas que se vienen enseñando en las facultades de Ciencias de la Información. Siempre fueron orientados a asegurar que la comprobación de los hechos es el presupuesto de un periodismo independiente del poder político y de las influencias comerciales.
El problema hoy es qué implica “recibir información veraz por cualquier medio”. Dada la promiscuidad y la amalgama de actividades a que ha dado lugar la tecnología individualizada, donde se han difuminado la comprobación de la autoría y la fuente de los datos, está justificado el recelo ante una mescolanza en la que los hechos se han desdibujado en versiones sin rostro, en comentarios anónimos o de imágenes ficticias de inteligencia artificial o de autor irresponsable por no ser identificable.
La cuestión es cómo abordar la regulación de esta amorfa combinación de ingredientes entremezclados, fuente de alimentación de los “seudo medios informativos”. Con todo, esta es solo una parte del problema, pues la consecuencia es que la individualización propaga la actividad de anónimos y la disipación de las diferencias entre ficción y comprobación en un ambiente social que no puede prescindir de los instrumentos individualizadores. Aquí anida el fondo de la definición del “seudomedio”: canales que impiden la comprobación de los hechos y la identificación de la autoría.
El envilecimiento del servicio público sirve al desvanecimiento del dato
El problema del "seudomedio" se agudiza cuando se repara en que la depreciación de la comprobación de los datos y del autor también forma parte de un ambiente cultural nacido en las democracias occidentales y privativo de ellas. El envilecimiento del servicio público sirve al desvanecimiento del dato. Esta es la esencia del “populismo” y de otras ideologías que han venido nutriendo la mentalidad de las democracias occidentales desde que se derribó el muro de Berlín. El “populismo” no se limita a buscar la adhesión del ciudadano usando la demagogia, añade un procedimiento para sustituir el sujeto ciudadano de la democracia formal por el sujeto indefinible de la democracia popular.
Entonces, los procedimientos electorales solo son instrumentos de acceso a un poder, que, una vez alcanzado, no acepta motivos de retorno. Para impedir el camino de vuelta, se levanta un muro que amordace al pluralismo; se sustituyen los procedimientos de la democracia liberal por una táctica aglutinadora que reúna a los que se dejen llevar por la promesa de un futuro mejor. Las elecciones son solo el método de paso para un sujeto indefinido, el populus inverificable que emergerá en alguna fase del futuro ansiado. Las ideologías de la cancelación culminan la desvinculación de la experiencia al obligar a todo observador a aceptar como seña de identidad de la persona la profesión de un sentimiento inescrutable.
El “populismo” no es solo un tipo de sofística para ganarse el favor emocional del elector. Las artimañas retóricas para desviar la atención del auditorio, del público lector o de la audiencia, de lo racional a lo pasional, han sido constantes en el discurso público. Los griegos llamaron “demagogia” a la apelación que se limita a excitar el ánimo como consta en los diálogos platónicos. El populismo se sirve de la demagogia, pero va más allá de cómo enardecer a los seguidores para ganar un recuento electoral. El fango populista no se corresponde con el de la máquina de Umberto Eco en Número cero, sátira de un nuevo tipo de picaresca nacida del fracaso comunista. Emerge en las democracias occidentales para impedir la alternancia derivada de la limitación de mandatos, garantía para evitar la perduración del tirano en el trono. Para perpetuarlo se une el discurso político a una estrategia de dominación que comienza embarrando el sistema y sometiendo a la justicia, un entorno aglutinador de adhesiones y disidencias como hicieron los Kischner. Ahí se perennizó el peronismo.
La adhesión carismática justifica el desmantelamiento del Estado de derecho desde dentro. Su primer teórico, Laclau, pensó que, si el procedimiento era efectivo en una dictadura fascista tan ambivalente que consiguió el respaldo del terrorismo montonero, transformismo similar al que hizo del carlismo integrista una Batasuna marxista, es porque los procesos irracionales de adhesión emocional son ambivalentes y los intereses de los extremos pueden unirse por lo que combaten inhibiendo las incongruencias ideológicas. Lo que Laclau ofrecía a la izquierda para unirla contra la democracia plural era el envoltorio peronista que aglomeró al fascismo argentino con el terrorismo en torno al recuerdo carismático de Eva Perón. El procedimiento formó una minoría dirigente de un partido que representa a una mayoría electoral e impedía que fuera reemplazado por una nueva minoría dirigente. Perpetuar lo que Pareto llamó “circulación de las élites” en una sola élite, o la renovación de “la clase política”, como la llamó Mosca, en una sola clase como hizo el PRI en México y hace ahora, su sustituto, el PRD. El fin del populismo es eludir la alternancia de la representación electoral, exaltando emociones que conglomeren los residuos de una sociedad en torno a una clase dirigente.
Los “seudomedios”, el populismo y las ideologías de la cancelación se nutren de devaluar la comprobación de los datos. Comparten el rechazo a la comprobación empírica, base de la deontología periodística. Después de Laclau, el definitivo paso de la supeditación de lo objetivo a lo subjetivo se produce cuando se impone reconocer al observador un sentimiento inverificable como expresión de una identidad y se le obliga a rechazar los signos materiales que desmienten la identidad que se le obliga a reconocer. En nombre de la democracia se obliga a toda persona a admitir lo que cada otra desea que sea su signo de identidad. Lo primordial es cumplir con el sentimiento ajeno, aunque contradiga lo que se palpe o se vea. El woke cancela de la historia lo que no gusta al cancelador.
Cuando los sentimientos inventan incluso la realidad corporal no puede extrañar que también las estadísticas se falseen para deformarlas. Pueden ser las del INE, las que igualan el empleo provisional con el continuo o las electorales como en Venezuela. En los aledaños del progresismo occidental, la ficción electoral es aplaudida por los sicarios o los propagadores del despotismo cancelatorio.
Conclusión. Desregular el periodismo es el modo de protegerlo
Lo que se ofrece en el “anteproyecto” desvía la atención ciudadana por centrar el foco en regular lo que no necesita regularse. La información periodística se orienta por su praxis deontológica, pues es el único modo de hacer compatible la libertad de opinión con el derecho a ser informado. Excesos que se cometen, como presentar como médico a quien no lo es, pueden ser denunciados si son tipificados en el código penal. La conversión de la televisión pública en un "seudomedio" de servicio público tiene que dirimirse en normas avaladas por el Parlamento que garanticen la independencia profesional del informador. Llamar "seudomedio informativo" a lo que no puede serlo porque el autor es identificable, da la cara y, por tanto, se le puede atribuir la responsabilidad del falseamiento o de las adulteraciones es confundir una realidad comprobable con la falseada por los “seudomedios”. Las sentencias judiciales, la ley de protección del honor, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional son garantías necesarias y suficientes para que los periodistas respondan de los excesos que se cometan en el libre ejercicio de su profesión si incumplen las normas legalizadas de la información.
Lo importante es defender la libertad de los intentos de adulterarla y de los obstáculos que limiten el derecho fundamental del ciudadano a recibir una información fidedigna
Es evidente que los “seudomedios” promueven un aroma hediondo, pero hay que detectar dónde radica la ponzoña, qué es lo que envenena el ambiente sin desviar el foco. Las normativas propuestas son confusas. Confunden lo que hay que proteger con lo que hay que vigilar. Lo que peligra es la libertad de prensa, lo cual no puede remediarse apuntalando formas superfluas de control. Todo periódico tiene una nómina de profesionales y colaboradores identificables, razón por la que no se requiere de registros oficiales. Las asociaciones de la prensa pueden garantizar la profesionalidad y apreciar el intrusismo. La amplia disciplina de contención generada en las redacciones, que el ansia de libertad ha ido edificando, resguarda la información.
Aunque siempre habrá contaminaciones, la punición de los excesos debe quedar relegada a la legislación penal. Lo importante es defender esa libertad de los intentos de adulterarla y de los obstáculos que se interponen para limitar el derecho fundamental del ciudadano a recibir una información fidedigna. Lo discutible de la normativa propuesta es que se orienta a afianzar un control superfluo. La libertad no necesita controles. Hay que protegerla de los “seudo medios informativos” para evitar que se pueda confundir un servicio profesional de autorregulación con lo que no es, una información deforme de activistas que aprovechan la ventaja de conculcar o infringir las reglas que definen un servicio.
Sonroja que se regule una actividad libre mientras se encubre la degradación del servicio público de las televisiones. Para que la libertad sea efectiva hay que protegerla de la barbarie individualizada y del poder despótico, las mayores amenazas. Una normativa que no cuida de lo que infecta y requiere protocolos para lo protocolizado en la praxis democrática es más peligrosa que absurda.
Los principios de la deontología profesional son firmes. Ha cambiado la circunstancia tecnológica que los puede pervertir: el oportunismo, el anonimato, el intrusismo de las redes, el enmascaramiento de la autoría. Hace medio siglo, la ley de prensa fue un avance porque sujetaba la arbitrariedad despótica a un criterio objetivado por la ley. Cuando el principio legal pasa a ser la libertad de opinión y la praxis periodística es el supuesto principal para ganar credibilidad y prestigio, los ordenamientos, los listados y los condicionamientos legales están de sobra. La profesión necesita protegerse del intrusismo, de la amalgama seudoinformativa, de las ficciones que empañan al periodismo, de los cálculos populistas que amenazan con emponzoñar las instituciones democráticas y polarizan la alternancia levantando un muro para dificultar que el pluralismo sea el resultado electoralmente contable de la libertad de opinión.
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