13/02/2026

El Gobierno aprueba, ¿y el periodismo?

Escrito por Josu Mezo

En otras ocasiones, he abordado en esta sección la excesiva credulidad de los medios ante los mensajes de Gobiernos, empresas u otros actores que anuncian acontecimientos futuros que pretenden llevar a cabo, normalmente acompañados de una retahíla de consecuencias positivas. A menudo, esos acontecimientos no llegan a producirse o no tienen los efectos beneficiosos que se prometían; pero, en el camino, los medios pueden haberlos presentado casi como hechos consumados, transmitiendo una sensación de optimismo injustificado a sus lectores, oyentes o espectadores.

En este texto quiero centrarme en un fenómeno similar, aunque no idéntico: el que se produce cuando los Gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, anuncian distintas fases de un proceso de toma de decisiones, típicamente en forma de ley, y al comunicar esos anuncios a la ciudadanía, los medios informan, al menos en los titulares, sobre que la autoridad de turno “ha aprobado” tal o cual medida. En realidad, muchas veces, lo que se ha hecho es avanzar apenas un paso dentro del largo -y, a menudo, complejo- proceso de elaboración normativa.

Tal vez mi argumento se entienda mejor con algunos ejemplos. Estos son titulares publicados en los últimos meses por medios impresos de alcance nacional:

1. “El Gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal”
2. “El Gobierno aprueba la reforma del registro horario”
3. “El Gobierno aprueba la reforma que obliga a celebrar al menos un debate electoral en la pública”
4. “El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario”
5. “El Gobierno aprueba una ley que prohíbe anunciar vehículos de gasolina y vuelos cortos”
6. “El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral”

Todos ellos hacen referencia a decisiones del Gobierno de España, aunque podrían encontrarse ejemplos similares en el ámbito autonómico. Imagino que los temas les resultan familiares; y, si es así, probablemente sabrán que varios de estos asuntos siguen en distintas fases del proceso legislativo o de decisión. Lo relevante es que, salvo una excepción que detallaré más adelante, estos titulares aluden a actos gubernamentales que no tienen efectos legales directos. En cinco de los seis casos, lo único que había hecho el Gobierno era completar uno de los trámites necesarios en el camino hacia la posible aprobación de la norma correspondiente.

Porque, en efecto, la aprobación de una norma legal promovida por el Gobierno suele implicar una serie de pasos -algunos obligatorios legalmente y otros potestativos- que empiezan por estudios preliminares, borradores, libros blancos o documentos similares, elaborados normalmente por el ministerio competente, con una difusión variable. A continuación, se redacta un anteproyecto de ley, que aprueba ya el Gobierno, y remite a diferentes organismos para que emitan sus informes. Seguidamente, si todo avanza según lo esperado, se elabora el proyecto de ley, aprobado también por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes para su debate y eventual aprobación. Una vez en las Cortes, el procedimiento puede variar, si bien lo habitual es que el Congreso vote primero la toma en consideración del proyecto. A continuación, este se examina en comisión, donde puede ser objeto de enmiendas. La versión resultante vuelve al pleno, el cual vota nuevamente sobre el texto y sobre las enmiendas que se mantengan. Posteriormente, el proyecto pasa al Senado, que dispone de un plazo limitado para introducir enmiendas o rechazar el texto en su totalidad. En cualquier caso, la última palabra la tiene el Congreso, que decide si acepta o rechaza las modificaciones propuestas por el Senado.

Existen múltiples variaciones sobre ese itinerario simplificado. Por ejemplo, si la ley es orgánica, necesita una mayoría absoluta favorable en el Congreso. Si lo enviado es un decreto ley, solo interviene el Congreso, que debe decidir en una única votación si lo convalida o no. En otras ocasiones, el pleno puede delegar la competencia legislativa directamente en una comisión, y el texto aprobado por ella pasa directamente al Senado…

Cuando el Gobierno 'aprueba' una medida que requiere la elaboración de legislación, dicha normativa no está realmente aprobada

Sea cual sea el procedimiento, lo que está claro es que cuando el Gobierno “aprueba” una medida que requiere la elaboración de legislación, dicha normativa no está realmente aprobada. Está en camino de serlo, y en ese trayecto puede experimentar transformaciones significativas. ¿Cómo de importantes? Depende, en gran medida, de la cohesión y amplitud de la mayoría parlamentaria del Gobierno, particularmente en el Congreso. En algunos periodos de nuestra historia reciente, cuando esa mayoría era sólida, apenas había sorpresas: los proyectos de ley enviados por el Gobierno salían del Parlamento prácticamente sin modificaciones relevantes. En este contexto, quizá -siendo indulgentes- podría justificarse un titular como “El Gobierno aprueba la ley…” o “El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral”, aunque, en realidad, lo que hacía el Ejecutivo era remitir a las Cortes un proyecto con altas probabilidades de ser aprobado.

Sin embargo, durante aproximadamente la mitad del periodo democrático -y con toda claridad en los últimos diez años-, no hemos vivido ese tipo de situaciones. Desde las elecciones de diciembre de 2015, hemos asistido a una sucesión de Gobiernos formados con grandes dificultades, con dos repeticiones electorales por falta de mayorías y con Ejecutivos que han dependido del apoyo o la abstención de un número creciente de pequeños partidos para sacar adelante sus leyes en el Congreso. En este contexto, titulares como “El Gobierno aprueba…” resultan cada vez más arriesgados.

No obstante, los titulares no hacen distingos. En todos los casos, “el Gobierno aprueba”. Además, varios de ellos hacen referencia a lo “aprobado” utilizando verbos en presente de indicativo: una reforma que “obliga” a celebrar al menos un debate en la televisión pública, una ley de consumo que “prohíbe” ciertos tipos de anuncios. El primero alude a un proyecto de ley enviado a las Cortes; el segundo, a un anteproyecto que ni siquiera sabemos si llegará a convertirse en proyecto. Sin embargo, ambos parecen describir hechos inminentes y seguros, cuando no lo son en absoluto. La prueba de ello está precisamente en el titular número 6, el cual se refería, como ya he mencionado, a un proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que el Gobierno envió a las Cortes en mayo y que en septiembre fue rechazado por el Congreso, impidiendo su tramitación*¹.

En definitiva, las medidas que, según los titulares de nuestros medios, el Gobierno “aprueba” presentan un grado de certeza muy variable. Como ya anticipé, hay casos en los que el Ejecutivo toma decisiones que entran en vigor sin más trámites, así ocurre con los decretos: normas de rango inferior, generalmente vinculadas al desarrollo de leyes que el Gobierno puede aprobar por sí mismo. Eso fue lo que sucedió en el caso del titular 1 sobre el uso medicinal del cannabis. Pero, en otras ocasiones, nos encontramos con propuestas que nunca llegan a convertirse en norma, como la reducción de la jornada laboral, o con ideas aún en estado embrionario, cuya evolución normativa es incierta.

Las medidas que, según los titulares de nuestros medios, el Gobierno 'aprueba' presentan un grado de certeza muy variable

Entiendo que algunos lectores puedan considerar que estoy siendo excesivamente puntilloso. Al fin y al cabo, los titulares son una herramienta para captar la atención, diseñados para atraer al lector y animarlo a profundizar en la noticia. Además, están condicionados por la exigencia de brevedad. Se podría argumentar que ya habrá espacio en el cuerpo de la noticia para aclarar que lo que el Gobierno propone no es aún una norma legal, y que quedan por delante varios trámites -algunos internos en la Administración; otros, parlamentarios- antes de que pueda considerarse aprobada. Y, en efecto, varios de los textos encabezados por esos titulares incluían explicaciones de ese tipo; si bien, también es cierto que, mientras en algunos casos esa advertencia aparecía de forma destacada en el primer párrafo, en otros se relegaba al séptimo u octavo, donde sabemos que la mayoría de los lectores no llega.

También habrá quien piense que subestimo al público, y que cualquier ciudadano con una cultura media entiende que, cuando se dice, por ejemplo, que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley, ello significa que aún se está deliberando internamente y que nada ha sido remitido a las Cortes. Puede que sea así, pero tiene poca defensa proponer que se publiquen titulares confusos y potencialmente engañosos, con el argumento de que ya se resolverá la duda en alguna parte del texto de la noticia.

Creo que el mundo ya es lo bastante confuso como para añadir más confusión. Conviene esforzarse desde el principio para ser más claros, buscando fórmulas para eliminar la ambigüedad desde los propios titulares, que también sabemos que son, en muchos casos, la única parte de la noticia que llega a leerse.

Para empezar, convendría desterrar de los titulares el sintagma “El Gobierno aprueba…”, salvo en casos como el del titular número 1, en el que el Ejecutivo aprobó efectivamente un decreto -una decisión que entra dentro de sus competencias y que tiene efectos reales e inmediatos-. En el resto de las situaciones debería evitarse el uso del verbo “aprobar”, a menos que su objeto directo sea precisamente el documento aprobado (el informe, el anteproyecto o el proyecto) y no la medida que este contiene*². En su lugar, habría que recurrir a otras fórmulas, más ajustadas al estado real del proceso: el Gobierno propone, impulsa, proyecta, plantea, pretende, busca, desea, quiere…

Además, cuando se menciona lo que esas normas pretenden hacer, habría que cambiar los tiempos verbales, evitando el presente de indicativo, al que me refería más arriba. Como mínimo, esos verbos tendrían que conjugarse en tiempo verbal futuro: una reforma que “obligará” a hacer ciertos debates, una ley que “prohibirá” algunas formas de publicidad. Realmente, aunque sospecho que esto contradice el libro de estilo que predomina en nuestras facultades de Periodismo, sería más adecuado un verbo en modo condicional: una reforma que “obligaría” a hacer debates en la televisión pública, una ley de consumo que “prohibiría” la publicidad de ciertos productos. El uso de esas formas verbales hace referencia a la existencia de una condición implícita: que dichas reformas legales lleguen a buen puerto y sean finalmente aprobadas.

Por último, conviene subrayar que no todo paso del largo proceso deliberativo de una norma debe convertirse automáticamente en noticia. El hecho de que exista un anteproyecto, o se esté elaborando, y se mencione en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no obliga necesariamente a los medios a informar sobre ello. Un “estamos trabajando en ello” no constituye, por sí solo, una noticia. Puede, eso sí, servir como punto de partida para un texto más amplio, en el que se expongan los pros y contras que distintos expertos, colectivos o instituciones desean plantear sobre el asunto en cuestión.

En cambio, lo que sí podría constituir una noticia, y rara vez aparece en los medios, es la existencia de procesos de participación ciudadana que permiten expresar opiniones o puntos de vista sobre las normativas en elaboración. Tanto en las fases previas como posteriores a la redacción de los anteproyectos, la Ley del Gobierno contempla mecanismos de consulta pública, invitando a ciudadanos, grupos de interés e instituciones a formular observaciones sobre esos textos preparatorios. En esos casos, sí estaríamos ante una información de verdadero interés para la ciudadanía. Si el tema le preocupa, cualquier persona puede acceder a la documentación disponible y participar directamente, o bien promover la implicación de asociaciones, colectivos o entidades a las que pertenezca.

En conclusión, el uso impreciso del verbo “aprobar” en los titulares políticos no es un simple detalle estilístico: tiene consecuencias sobre la percepción pública del proceso legislativo. En un contexto político fragmentado y con trámites legislativos complejos, los medios deberían evitar fórmulas que, por economía de lenguaje o por inercia, contribuyen a la confusión. No se trata de exigir precisión jurídica en cada titular, sino de no dar por hecho lo que aún está por decidir. En tiempos de sobreinformación y desconfianza, la claridad es más necesaria que nunca.

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*¹ No me puedo resistir a citar, en este sentido, un titular mucho más llamativo que los que menciono en el texto, el cual ha envejecido muy mal, usado por un medio de comunicación regional cuando el Gobierno aprobó el proyecto, en mayo de 2025: “Adiós a las 40 horas: España aprueba la semana laboral de 37,5 horas sin bajar el sueldo”

*² Pero debería evitarse la fórmula del titular 5, que se encuentra muy a menudo, del tipo “el Gobierno aprueba la ley...”

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Josu Mezo

Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y editor del blog Malaprensa.com.

Publicación número 51