En una democracia de calidad, los ciudadanos han de disponer de instrumentos fiables con los que poder formarse una opinión fundamentada. Los medios de comunicación son el principal instrumento de conformación de la opinión pública, pero también el lugar donde se forman y consolidan los marcos mentales que encuadran y condicionan el debate público. De ahí que en los últimos tiempos se haya acentuado la tendencia por parte de los poderes políticos y económicos a penetrar en las estructuras mediáticas para garantizar que tendrán capacidad de influencia y control.
En un contexto de democracia política y economía de mercado, la independencia económica de los medios es un requisito esencial para garantizar el pluralismo político y el derecho a una información veraz. Se entiende que la información partidista es legítima, si bien la función del periodismo como servicio público está mejor atendida si se garantiza esa independencia. Así que nos movemos entre dos fuerzas tractoras que tiran en direcciones opuestas: por un lado, la necesidad de independencia y, por otro, la necesidad de control. Esta tensión se exacerba en el mundo digital por la facilidad que dan las nuevas tecnologías para emitir contenidos y crear nuevos medios de difusión.
El resultado es un ecosistema en el que proliferan los medios de difusión creados para intervenir en el debate público y cuya actuación está condicionada por un propósito político oculto, pero que se presentan como medios independientes e incluso se erigen en adalides de la libertad de información y expresión. Muchos de estos medios no tienen por sí mismos solvencia económica y dependen de fuentes de financiación también ocultas. Y esto ocurre en un momento en que los excesos del periodismo de trinchera han creado una desconfianza profunda en la ciudadanía sobre la capacidad de los medios en su conjunto para atender a una cuestión fundamental: su derecho a recibir una información contrastada y veraz.
Puesto que en estos tiempos de posverdad y fake news ese derecho está comprometido y la desinformación se ha convertido en una amenaza para la democracia misma, el Parlamento Europeo ha emitido la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act -EMFA-), destinada a proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La norma entró en vigor en mayo de 2024 y es de obligado cumplimiento en todos sus apartados y en toda la Unión Europea (UE) desde agosto de 2025. En su preámbulo indica que es de vital importancia en una democracia “disponer de una amplia gama de fuentes de información fiables y de periodismo de calidad que capacite a la ciudadanía para tomar decisiones con conocimiento de causa, también sobre el estado de sus democracias”. Entre sus objetivos figura precisamente garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación de servicio público, mejorar la transparencia sobre la propiedad y la financiación y promover mecanismos de autorregulación deontológica.
La información se mueve entre dos fuerzas tractoras que tiran en direcciones opuestas: por un lado, la necesidad de independencia y, por otro, la necesidad de control
Además, este marco legal viene acompañado de una Recomendación de la Comisión Europea (EU-2022/1634) sobre garantías internas para la independencia editorial y la transparencia de la propiedad en el sector de los medios de comunicación. Incluye “normas destinadas a prevenir o revelar conflictos de intereses, incluidos, en particular, los requisitos de informar al público sobre cualquier vínculo comercial o profesional entre los propietarios o entidades de la estructura de propiedad o que tengan un interés en el prestador de servicios de comunicación de que se trate y las entidades o personas físicas mencionadas en su contenido editorial”. Y la obligación de los Estados de habilitar mecanismos para garantizar la transparencia sobre la propiedad de los medios.
El concepto de servicio público es, en este caso, la clave que justifica todo lo demás. Y la clave para la definición de un medio de comunicación como servicio público está en la “responsabilidad editorial”. Esa responsabilidad había sido ya destacada en 2022 por el Consejo Europeo en su recomendación para la promoción de un entorno favorable a un periodismo de calidad en la era digital, “en un momento en que la cantidad cada vez mayor de información accesible a grandes audiencias, unida a la dificultad de determinar las fuentes de toda esa información, pone a prueba la capacidad de las sociedades para evaluar su exactitud y fiabilidad. Las prácticas periodísticas que defienden este papel, así como los valores y principios expuestos, deben ser reconocidas como un bien público”.
La transparencia siempre ha sido un elemento esencial del sistema mediático en una democracia; pero, en este nuevo contexto, mucho más. Gran parte de esta normativa todavía debe implementarse, aunque en el plano teórico, de lo deseable, ¿hasta dónde debe llegar ese deber de transparencia? Lo más lejos posible.
Las medidas de transparencias deben afectar a la naturaleza y composición del propio medio. En segundo lugar, a su estructura y funcionamiento. Y finalmente, la transparencia es también exigible como un elemento central de la ética y las buenas prácticas en la elaboración de los contenidos.
- En estos tiempos de polarización extrema y de instrumentalización del periodismo para fines partidistas, es muy importante que los ciudadanos puedan conocer a quién pertenecen los medios de comunicación y qué intereses concretos están detrás de su propiedad. Como indica la ley europea, “dicha información es necesaria para que los destinatarios de servicios de medios de comunicación puedan entender e informarse sobre posibles conflictos de intereses, en particular en casos en que los propietarios de los medios de comunicación tienen exposición política, como condición previa para su capacidad de determinar la fiabilidad de la información que reciben”.
- Además de esta función desveladora, la transparencia en la propiedad supone un obstáculo para quienes utilizan la penetración en los medios con objeto de beneficiarse de su capacidad de influencia y protege a los medios existentes de injerencias indebidas del poder político o económico. La información más relevante para este propósito es quién detenta la propiedad y de dónde proceden los ingresos que permiten el funcionamiento del medio. Especialmente importante es revelar los ingresos publicitarios procedentes de organismos públicos o instituciones, porque constituyen mecanismos encubiertos de financiación que generan dependencia política.
- Vinculada con la transparencia financiera está también la transparencia en la medición de audiencias, en la que deben exigirse métodos homologados que permitan conocer la verdadera difusión de un medio.
- Transparencia en la estructura interna. Es un dato de gran relevancia para el receptor saber si el medio asume y respeta los códigos de autorregulación de la profesión periodística. La mayoría de estos códigos son de adscripción voluntaria, de modo que es un dato relevante si los asume o no. Y no de una forma meramente nominal. También lo es si dispone de mecanismos internos de control de calidad y cumplimiento ético, como comités de redacción, libros de estilo o instituciones como el/la defensor/a del lector.
- Para completar el cuadro de garantías, la transparencia debe afectar también al propio ejercicio profesional y el proceso de elaboración de contenidos. Normalmente, este tipo de transparencia debe recogerse en los libros de estilo o las normas internas del medio. Un ejemplo es la regulación del uso de las fuentes anónimas. Es importante que su uso quede restringido a los casos en que la revelación de la identidad pueda implicar un peligro para la fuente o para terceros. El anonimato es el principal instrumento de manipulación informativa del periodismo de trinchera y también de las campañas de desinformación. Un medio riguroso debe restringir al máximo el uso de fuentes anónimas.
Otro elemento de transparencia muy útil para la ciudadanía es el que afecta a las normas de comportamiento del propio medio: si obliga o no a sus periodistas a identificarse como tales cuando recaban información. O sobre los recursos utilizados: por ejemplo, de dónde proceden los datos que se utilizan para una información. Finalmente, la transparencia obliga a informar sobre si un contenido se ha elaborado con inteligencia artificial (IA).
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